Este asunto se centra en la supuesta manipulación de 74 votantes emigrantes en Argentina, de los que 72 votaron en las elecciones autonómicas de 1995 a una lista local vinculada al PP, y sobre la posible utilización de fondos públicos para captar esos votos. En la actualidad se encuentra en un Juzgado de Palma de Mallorca  tras la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para que retomara la instrucción  ya que coincide con el Fiscal encargado del caso : “ Los indicios aportados por el Fiscal [de Baleares] son, en definitiva, plausibles', ha dictaminado la sala del tribunal balear, que además considera que 'es claro que, a nivel indiciario, el delito de malversación puede existir' y que 'no puede descartarse terminantemente la existencia' de un delito electoral. Según el Tribunal existen “ los indicios para la imputación de Jaume Matas, [ actual presidente del Gobierno balear y ex ministro de Medio Ambiente], y Rosa Estarás [ actual consejera autonómica de Matas y ex diputada del PP en el Congreso

El Tribunal cuestiona el concepto de 'arraigo' en la inscripción de 74 votantes en la isla de Formentera, y la coincidencia con que se registraron: los emigrantes son naturales de otras islas, de Ibiza, de Llubí, de Santa Margarita y de Barcelona. 'La cuestión probablemente más importante' que contraviene el arragio, señala el auto, radica en 24 residentes ausentes que consiguieron mudar su lugar de votación a última hora, cuando ya se habían convocado las elecciones, extremo que contraviene gravemente la normativa electoral. Esos electores de última hora procedían de Palma, Ibiza, Mahón, Pollença, Barcelona, Santa Margarita y Sant Antoni. Formentera, cuyo único diputado suele ser decisivo en la formación de mayorías en la comunidad y en el consejo insular, fue supuestamente objetivo de un plan electoral del Gobierno de Matas, con participación de Rosa Estarás, entre otros. 

7. RICARDO ROMERO DE TEJADA Y SUS RELACIONES LABORALES

El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, se vio forzado a admitir en la Asamblea de Madrid que cobra 1.200 euros mensuales de la empresa MIC Servicio de Copias, una de las más de veinte sociedades activas del grupo empresarial Sánchez Lázaro, con intereses en el sector inmobiliario. Romero de Tejada reconoció que cobra y cotiza a la Seguridad Social a través de MIC desde 2001, pese a que el día anterior sólo admitió una vaga relación de amistad con uno de los empresarios. Éstos controlan al menos seis sociedades, registralmente activas, en el sector inmobiliario. El ex alcalde de Majadahonda (Madrid) y secretario regional del PP sólo admitió que cobra cada mes de los Sánchez Lázaro (primero dijo que 3.200 euros y luego precisó que 1.200) después de que se  informara en los medios de comunicación que Romero de Tejada cotizaba a la Seguridad Social a través de la sociedad MIC Servicios de Copias desde que en en 2001 abandonó su cargo de alcalde.

Según los datos de la Seguridad Social, Romero de Tejada fue dado de alta en MIC Servicio de Copias el 1 de octubre de 2001 con un contrato de tipo indefinido a tiempo completo e incluido en el grupo de cotización 3, que corresponde al de "jefes administrativos". Pese al tipo de contrato formal, Romero de Tejada explicó  que su dedicación a la empresa era esporádica y de asesor. Asesor "de MIC" precisó, que no "de Juan Carlos Sánchez Lázaro". MIC no ha presentado cuentas desde el año 2000.

MIC Servicio de Copias, con 32 empleados, forma parte de un amplio grupo de empresas controlado por los hermanos Sánchez Lázaro, fundamentalmente por Juan Carlos, Fernando y Javier. Dos de los hermanos Sánchez Lázaro, Fernando y Javier, han sido cargos electos de AP y del PP. Fernando fue diputado regional en el periodo 1995-1999 y Javier, senador de la antigua Alianza Popular por Extremadura. Los hermanos, según datos del Registro Mercantil, controlan más de una veintena de empresas activas en diferentes sectores, desde los espectáculos taurinos a las artes gráficas, pasando por los muebles de oficina y el sector inmobiliario (ver gráfico). Fernando Sánchez Lázaro controla también la gestión de la plaza de toros de Valencia. Su trayectoria empresarial está salpicada por algunos episodios polémicos. Los hermanos Juan Carlos y Javier trabajaron para el grupo Eurocapital y el Banco Europeo de Finanzas (BEF) del que su padre, Longinos Sánchez, con el 18%, era el primer accionista. Longinos Sánchez denunció al presidente del BEF, Francisco Peiró por diversas irregularidades. Peiró fue el único condenado por la Audiencia Nacional por apropiación indebida. Otro episodio polémico en torno a los Sánchez Lázaro fue puesto al descubierto por las grabaciones policiales ordenadas por el juez Luis Manglano al concejal del PP en Valencia, Salvador Palop. Éste, en conversación con el entonces presidente provincial de Alicante y hoy ministro, Eduardo Zaplana, aludió a Javier Sánchez Lázaro como posible comprador de un terreno por el que, supuestamente, habría de pagar una comisión. La grabación, finalmente, no fue admitida como prueba. Fernando Sánchez Lázaro fue también investigado en 1996 por el Comité de Conflictos y Disciplina del PP por el contrato que obtuvo su empresa MIC del Ayuntamiento de Madrid para realizar las papeletas y sobres de las elecciones sindicales en la corporación en 1995. IU denunció que la empresa fue designada a dedo y obtuvo un contrato por cuatro veces el valor real del encargo.

8. CASO DE LA FUNERARIA AYUNTAMIENTO DE MADRID

Querella Fiscalía Anticorrupción. Informe Tribunal de Cuentas. Implicados: dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, un parlamentario regional y tres directivos de una sociedad que cotiza en Bolsa por la «irregular» privatización de la Funeraria municipal de la capital. El fiscal Anticorrupción sostiene que la privatización parcial de la Funeraria municipal de Madrid, consumada en diciembre de 1992, fue irregular. Entiende que ni se adjudicó al mejor postor ni se vendió a su justo precio. El ministerio público sostiene que hubo malversaron de caudales públicos al permitir que la compraventa se cerrara por 100 pesetas. 

9. CASO AVE GUADALAJARA 

La familia de Esperanza Aguirre, beneficiada por el trazado del AVE a Lleida, ha promovido más de 9.000 viviendas en torno a la estación del tren en Guadalajara. El precio de estos terrenos supera los 8.000 millones de las antiguas pesetas. El negocio arranca en 1998, cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid-Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes. La decisión favoreció a Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, y a su familia, que poseen en este municipio y en sus aledaños miles de hectáreas. Ramírez de Haro y sus hermanos tienen 1.610 hectáreas repartidas en cinco fincas, se las compraron en 1987 a su madre a cambio de una renta vitalicia anual escasamente superior al millón de pesetas. El precio de este suelo rústico (aún no ha sido recalificado) sería hoy de 1.000 millones de pesetas. Pero la más beneficiada de estas revalorizaciones es la tía del marido de Esperanza Aguirre, Teresa Micaela Valdés. Los andenes de la estación del AVE han ido a parar a sus tierras. Después de las pertinentes expropiaciones de Fomento, ella ha decidido construir una urbanización, Valdeluz, de más de 9.000 viviendas.Los terrenos de esta futura urbe en Yebes, más conocida como Avelandia, fueron recalificados en 2001 en un plan de ordenación urbana. Este suelo es propiedad de El Arvejal, SL, cuyos dueños son Teresa Micaela y sus hijos, primos de Esperanza Aguirre. Micaela le otorga a estas tierras un valor de más de 8.000 millones de pesetas.El arquitecto municipal de Yebes es Jaime de Grandes, hermano de Luis de Grandes, diputado del PP, y de Lorenzo de Grandes, recientemente nombrado jefe de prensa de la Asamblea de Madrid por la presidenta de la Cámara, Concepción Dancausa. 

10. PILAR DEL CASTILLO Y SUS SITUACIÓN FISCAL 

Según informaciones no desmentidas, la  ministra de Educación y Cultura, tiene problemas con las cuentas. Al menos con las fiscales. De acuerdo con esas informaciones, Del Castillo evitó declarar al Fisco importantes plusvalías en una operación inmobiliaria realizada con su marido, el ex diputado del PP Guillermo Gortázar, durante los años 2000 y 2001. La ministra tampoco abonó el impuesto de sociedades de una empresa de su propiedad, aunque en este caso ya ha regularizado la situación al pagar a Hacienda con el correspondiente recargo.

La historia se inicia el 7 de octubre de 1999, cuando Pilar del Castillo y Guillermo Gortázar deciden convertirse en empresarios. Ese día constituyen una sociedad denominada Patrimonio Histórico e Inversiones, con un capital social de 30.052 euros, dividido a partes iguales entre ambos. El objeto social de la empresa abarca desde el "asesoramiento jurídico, laboral y fiscal" hasta "la adquisición de toda clase de bienes inmuebles". Gortázar es nombrado administrador único.Seis meses más tarde, el 7 de abril de 2000, Patrimonio Histórico e Inversiones adquiere su primer inmueble: el Palacio de Chaves Calderón, en la localidad extremeña de Trujillo. Se trata de una edificación histórica compuesta de tres plantas, con una superficie conjunta de 581 metros cuadrados, de los que 86 metros corresponden a la torre-terraza. A ello hay que añadir una zona ajardinada de 607 metros cuadrados y otro conjunto formado por "piscina, casa---piscina-vestuario, aljibe de agua independiente y cuarto de caldera-depuradora", que ocupa 62 metros. En ese mismo mes, abril de 2000, Gortázar jura su cargo como diputado del PP en el Congreso y Del Castillo es nombrada ministra de Educación.El primer hecho llamativo es que la empresa vendedora está domiciliada en el paraíso fiscal de Panamá y que su nombre, Historic Investments, es prácticamente idéntico al de la sociedad creada en España por Del Castillo y su marido. Pilar del Castillo sigue siendo dueña del 50 por ciento de las acciones de Patrimonio Histórico e Inversiones hasta el 12 de julio de 2001. Durante ese tiempo se producen dos hechos relevantes: la empresa no paga el impuesto de sociedades y la ministra reduce su factura fiscal gracias a que el palacio de Trujillo no figura como propiedad suya al estar a nombre de Patrimonio Histórico e Inversiones.Respecto al impago de impuestos Educación admiten que la empresa no realizó durante el año 2001 los ingresos anuales a cuenta que marca la ley para las sociedades que obtienen beneficios, circunstancia que atribuyen "a un descuido". Destacan, además, que ya se ha regularizado la situación al pagar a Hacienda con el correspondiente recargo.Las cuentas de Patrimonio Histórico e Inversiones correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, indican que la sociedad no ha pagado un solo céntimo de euro en concepto de impuestos. Las fuentes de Educación no tienen una explicación para este hecho, "salvo que se trate de una deficiencia formal en la presentación de las cuentas", pero insisten en que el impuesto de sociedades está pagado con su correspondiente recargo por hacerlo fuera de plazo.En cuanto a las ventajas fiscales obtenidas por la ministra al poner una empresa como titular del palacio de Trujillo, el resultado más evidente es que en el ejercicio 2001 hay más de diez millones de pesetas (60.000 euros) en deducciones que Del Castillo y Gortázar no habrían podido practicar en caso de que la propiedad figurase a su nombre. En el año 2000, dichas deducciones superaron los siete millones de pesetas (42.000 euros). La optimiza fiscal no es ilegal, como el impago impuestos, pero plantea una cuestión ética política tratándose de una ministra. Respecto a este tema, en Educación se limitaron a precisar que "la creación este tipo de empresas no siempre busca aminorar las obligaciones fiscales".En marzo de 2001, Pilar del Castillo y su marido deciden cambiar el régimen jurídico de su matrimonio, que pasa del sistema de gananciales al de separación bienes. Y cuatro meses más tarde, el 12 de julio de 2001, Pilar del Castillo vende ante notario el 50 por ciento de Patrimonio Histórico e Inversiones a su marido. El precio de venta fue de 15. 026 euros exactamente el valor nominal de las acciones. Por tanto, la ministra no declaró ninguna plusvalía. 

11. DOS DIPUTADOS DEL PP, TRAS HACERSE PÚBLICO,  RENUNCIAN A ASESORAR A EMPRESAS VINCULADAS A SU ACTIVIDAD PARLAMENTARIA  

Dos diputados del Partido Popular, Fernando López-Amor y Francisco Antonio González tras hacerse público y  tras el visto bueno de la Comisión del Estatuto de los Diputados se ven obligados a renunciar a  trabajar como asesores en dos empresas muy vinculadas a los cargos que ocupan como parlamentarios. El diputado López-Amor iba a  formar parte del Consejo de Administración de la constructora Chamartín, además de ejercer como uno de los ponentes del Proyecto de Ley de Liberalización del sector inmobiliario, mientras que González tenía previsto ser asesor en la empresa Seguridad España, y a la vez continuará con su cargo de vicepresidente primero de la Comisión de Defensa, donde se han abordado temas de seguridad ciudadana (Octubre 2002).  

12. LA EMPRESA QUE PRESIDE UN EX PORTAVOZ DEL EJECUTIVO LOGRÓ 26,5 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS 

La empresa de publicidad Carat España ha cobrado 26,5 millones de euros en contratos públicos desde que el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez ocupa la presidencia de esa compañía, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo. Desde la incorporación de Rodríguez, la agencia de publicidad Carat ha contratado con tres ministerios y con la televisión pública, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria. De Fomento recibió 3,9 millones de euros a través del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias en diciembre de 1998, un mes después de que el ex portavoz del Gobierno llegase a la presidencia de Carat. Para el Ministerio de Trabajo elaboró la campaña del "Dicho y hecho" y cobró por ella 7.200.000 euros. Interior le encargó dos campañas, una de ellas sobre seguridad vial, por un importe de casi 15 millones de euros. Además, Carat ha trabajado para TVE; entre otras emisiones, en el concierto de Operación Triunfo en el estadio Santiago Bernabéu en junio de 2002. Por sus encargos a TVE, la agencia que preside Miguel Ángel Rodríguez cobró 456.000 euros (Abril 2003). 

13. LOS CARGOS CONTRA EL SECRETARIO DE ESTADO BENIGNO BLANCO POR EL "CASO SANTALIESTRA" SE AMPLÍAN

Tras la anulación hace más de un año del proyecto constructivo del polémico embalse previsto del río Ésera y otros varapalos judiciales, ahora se amplía la lista de cargos por los que serán procesados el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco y otros acusados por el Ayuntamiento de la localidad altoaragonesa en la querella criminal paralela a otros contenciosos en curso o ya resueltos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado en febrero y marzo sendos autos donde da la razón al Ayuntamiento de Santaliestra en su intención de endurecer todavía más el proceso. En el primero, desestima el recurso de queja interpuesto por el abogado del Estado y la defensa del redactor del proyecto de regulación -el ingeniero Íñigo Barahona-, con el que se pretendía impedir que el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal pudieran recurrir el auto de procesamiento para que se incluyan algunos delitos descartados inicialmente.En el segundo, la Audiencia de Madrid estima los recursos de apelación del Ayuntamiento y la Fiscalía contra el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 contra Blanco, Barahona y otros ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), así como la empresa redactora del proyecto. En definitiva, se decreta que procede juzgar a los acusados de otros delitos además de los incluidos inicialmente -como prevaricación o malversación de fondos públicos-, que se ratifican para su vista oral. Contra Benigno Blanco -sobre quien ya pesaban sendos cargos por delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público en su anterior etapa de secretario de Estado de Aguas-, se añade ahora la imputación de un presunto delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos que no remitió a los tribunales. De esta forma, la petición de penas por parte del Ayuntamiento y la Fiscalía pasa de 10 a 14 años de prisión y también se amplía en seis años la solicitud de inhabilitación.La misma imputación de infidelidad en la custodia de documentos se extiende a Carlos Escartín, que ocupó la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, y a José María Vizcaíno, ex subdirector general de Proyectos y Obras.

14. CASO LINO: IMPUTADOS EN EL FRAUDE A DOS EX ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO  Y EXCULPA A LAS COMUNIDADES  

El juez Baltasar Garzón concluyó su investigación sobre el fraude en las subvenciones europeas por cultivo de lino y redujo de 53 a 25 el número de imputados en un delito de defraudación a la Hacienda comunitaria. Entre ellos destaca Gonzalo Ruiz Paz, ex director económico de Mercasa, y el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, imputado además en tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez destaca que el fraude se hizo sin conocimiento de las comunidades autónomas.

La resolución señala que "entre 1997 y 1999 una serie de personas, por sí o en representación de empresas -especialmente las transformadoras- y con ocasión de las ayudas que otorga la UE sobre cultivo y producción de lino, habrían falseado datos y documentos, así como cultivos en varias comunidades, (...) con el fin de cobrar las subvenciones".

El fraude se produjo durante el mandato de Loyola de Palacio al frente del Ministerio de Agricultura. Hace más de un año, De Palacio -que ocupa una vicepresidencia de la Comisión Europea, en la que es comisaría de Transportes- denunció los hechos ante la Audiencia Nacional y se comprometió a dimitir si se demostraba la relación de los altos cargos con el fraude. El magistrado especifica en su auto que el fraude se desarrolló "sin el conocimiento de las comunidades autónomas en las que los hechos se han producido (...) Es más", añade el juez, "en algunos casos, se han producido específicamente en contra de las medidas y controles que se diseñaron para evitar esos supuestos fraudes y a pesar de la actividad de los inspectores o personal encargados por los responsables regionales en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura para tal cometido".

El juez Garzón explica que los informes europeos han acreditado un fraude en el cultivo del lino para cobrar las subvenciones, pero destaca que, tras la investigación de los hechos, los límites de ese fraude "han quedado más reducidos", aunque "no por ello menos transcendente a los efectos estudiados".

El mecanismo a través del cual se ha realizado el engaño, según el magistrado, ha sido el de la subvención que se solicitaba "so pretexto del cultivo y recolección de una materia prima inservible o que, no siéndolo, no se le daba salida comercial alguna, quedándose unas veces apilada en el campo y otras, convirtiéndose en pasto de las llamas, en varios incendios de origen cuando menos no aclarado, y extrañamente reiterados".

Para dar credibilidad a la mecánica por la cual se podría tener acceso a la percepción de esas cantidades de dinero comunitarias, las personas y empresas implicadas desarrollaron todo un entramado de infraestructuras y de gestión y organización, distribuyéndose los papeles entre el agricultor y el transformador del lino textil, "quien, por su actividad gestora, recibía la cantidad estipulada y cuya certificación de entrega de varilla de lino y de transformación de las mismas se convertía en preceptiva para la obtención de la subvención", dice el auto.

En las solicitudes de subvención se hacían constar datos falsos, lo mismo que en los documentos comunitarios que justificaban las ayudas.

El auto hace constar que las empresas transformadoras del lino eran un "eslabón esencial e imprescindible" en la cadena para obtener la subvención desde que a partir de la cosecha 1997-1998 se estableció la obligatoriedad de transformar la producción de lino. "Se constata la actividad de sus responsables para, arteramente, conseguir de los agricultores que se prestaran a la estrategia falsaria, con el fin de repartirse las ayudas", agrega la resolución  

15. UN JUZGADO DE ORIHUELA RECIBE EL CASO DE LAS CESIONES DE CRÉDITO DE CARTAGENA   

El ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, será juzgado en la provincia de Alicante y no en la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal de 236.000 euros, en el denominado caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, según indicaron fuentes jurídicas. La pieza separada, que forma parte del sumario que mantiene imputado al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín y al resto de la cúpula del banco, ha sido recibida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela para que continúe el proceso judicial iniciado en la Audiencia Nacional. La magistrada de la Audiencia Nacional, Teresa Palacio, decidió en junio pasado remitir las piezas separadas de los 100 clientes que presuntamente adquirieron cesiones de crédito de nuda propiedad a los juzgados donde éstos mantienen su residencia fiscal. En el caso de Cartagena es Orihuela. El origen de la causa se inició en 1987 cuando el Banco Santander puso en el mercado la cesión de créditos, que ofrecían la posibilidad de no tributar por los beneficios obtenidos. El primer informe del fiscal del caso, en abril de 1997, Jesús Santos, concluyó que el banco había aportado nombres falsos para los clientes subscriptores de este tipo de créditos. En este sentido, imputó al ex consejero valenciano, quien presentó su dimisión el 15 de marzo de 1998. Un informe pericial atribuyó a Cartagena el nombre falso de un empresario ilicitano, Francisco Serrano Ibarra, quien invirtió en cinco ocasiones en este tipo de créditos desde 1998 una cantidad de 236.197 euros.  

16. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE Y DOS CONCEJALES POR EL SUPUESTO DESFALCO EN MERCALICANTE   

Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, que instruye el supuesto desfalco descubierto en la empresa Mercalicante, ha dictado un auto por el que imputa al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, a otros dos ediles más de ese partido y a dos directivos de la empresa estatal Mercasa, todos ellos integrantes de la comisión ejecutiva de Mercalicante, un supuesto delito continuado de apropiación indebida. 

17. CONDENADO POR  MALVERSACIÓN DE FONDOS UN PROCURADOR REGIONAL DEL PP 

El Tribunal Supremo ratificó una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se condenó a Camilo Hernando, procurador regional del PP y secretario regional de organización de este partido, por un delito de malversación de caudales públicos a una pena de multa de seis meses con una cuota diaria de doce euros y a la suspensión durante el mismo tiempo del empleo de secretario municipal que ocupaba en 1997 cuando se produjeron los hechos juzgados. La sentencia considera probado que Camilo Hernando ejerció durante seis meses como secretario municipal de los ayuntamientos zamoranos de Burganes de Valverde y Bretocino, puesto que ocupó como interino mientras los ayuntamientos también pagaron al secretario titular, Santiago Pérez, también condenado, a cambio de que éste no ocupara la plaza  

18. CASOS DE 'NEPOTISMO' DEL PP EN OURENSE

Se hacen públicos 296 casos de cargos públicos del PP o de familiares directos de dirigentes del partido que han sido empleados en los últimos años en diversas instituciones públicas, sobre todo en la Diputación Provincial. El mapa del nepotismo, comprende 63 de los 92 ayuntamientos de la provincia, cuyos alcaldes y concejales tienen hijos, hijos políticos, esposas, hermanos o cuñados empleados en distintos organismos que controla el PP. La Diputación también da trabajo directamente a 53 ediles populares. 

19. ESPIONAJE ELECTRÓNICO AL PSOE EN BALEARES   

La Audiencia de Palma de Mallorca ha ordenado la apertura de juicio oral por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra Francisca Pascual, directora general de Presidencia del Gobierno de Baleares. Pascual fue secretaria del actual presidente de la comunidad autónoma y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Los hechos que serán examinados en el juicio forman parte del presunto caso de espionaje al PSOE, mediante el pinchazo de buzones electrónicos, ocurrido en 1998 y 1999.El juez instructor decretó tres veces el archivo de la causa, pero la Audiencia ordenó en cada ocasión que el sumario llegara a juicio. Según el tribunal colegiado, existieron "determinados indicios" de espionaje del correo electrónico deL socialista de Mallorca Francesc Quetglas. Los mensajes dirigidos a Quetglas entraban al buzón del ordenador de Vallori, que administraba Pascual. La Audiencia afirma en un auto que "en ningún momento se ha puesto en tela de juicio que el redireccionamiento del correo electrónico existió"
 

20. ESPECULADORES DEL SUELO 

• primer teniente de alcalde del ayuntamiento de madrid,  Manuel COBO: Se ha visto relacionado con varios casos de recalificación de terrenos familiares en municipios de la CAM que han generado fuertes plusvalías (estación de Metrosur: la del polígono El Casar en Getafe. Según documentos regístrales, su madre y una de las hermanas han estado o están vinculadas a empresas beneficiadas .María Vega, madre del número dos de Gallardón, ha sido vicepresidenta de Inmobiliaria Cobo Calleja y de Construcciones Cobo Calleja hasta el año 2001, y su hermana Nuria es desde finales del año 2000 apoderada de Grucoca Inmobiliaria, y a finales de 2001 figura también como accionista de esta inmobiliaria.Respecto a la Ley de Incompatibilidades, cuando Cobo fue nombrado consejero de Presidencia en el 99 no realizó declaración de actividades en la que debían costar todos los apoderamientos que entonces estaban vigentes. Tanto los otorgados por su padre -apoderamientos que Cobo decía desconocer- como el otorgado por su hermana en la empresa Estaciones y Arrendamientos, del que sí dijo que tenía conocimiento.
• AL CONCEJAL DE VIVIENDA DE GALLARDÓN, LE DA TAMBIÉN POR INVERTIR EN SUELO: Sigfrido Herráez, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid  compró en mayo, a través de su empresa Arquitectura y Cultura, el 6% de una finca rústica de 155.000 metros cuadrados que Bravo puso a la venta en Móstoles. La mujer de Herráez adquirió otro 28%. En total, ambos se hicieron con 52.700 metros cuadrados por 2,6 millones de euros.
• JOSÉ MARÍA ERENAS, DIRECTOR DE SUELO DE MADRID HIZO NEGOCIOS CON ADJUDICATARIOS DE SOLARES PÚBLICOS  : La sociedad Whistle, SL, cuyo consejero delegado fue director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, José María Erenas Godín, permutó con la inmobiliaria Bigeco una finca de 7.308 metros cuadrados en Daganzo (Madrid) en abril de este año. Los documentos de la operación detallan que Whistle, constituida en diciembre de 2002, permutó la finca con Bigeco por 524.445 euros y 13 parcelas "totalmente urbanizadas", valoradas en otros 901.518 euros. Bigeco es un grupo muy activo en los Consorcios Urbanísticos de la Comunidad, en los que Erenas participa por su cargo. El grupo inmobiliario Bigeco es uno de los más activos en las adjudicaciones de los Consorcios Urbanísticos impulsados por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos desde el año 1997. Según la documentación disponible, Bigeco y sus participadas, Levantina de Explotaciones Residenciales y Castellterçol, han logrado la adjudicación de 1.427 viviendas (el 6,4% de los 22.120 pisos adjudicados por los Consorcios). La mayor parte de las viviendas de promoción pública adjudicadas al grupo (1.113) lo han sido en Parla y especialmente en los años 2002 y 2003.
• EL CONCEJAL DE URBANISMO EN CASTELLÓN ES ADMINISTRADOR DE UNA ASESORÍA URBANÍSTICA: El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Castellón, Alberto Fabra, es administrador solidario de la empresa Territorio y Urbanismo SL, que se dedica a la gestión de programas para el desarrollo urbanístico del suelo. Esta empresa se constituyó cuando Fabra ya ocupaba su actual cargo. La participación del concejal en Territorio y Urbanismo SL se conoció durante su comparecencia ante el juez que instruye la querella contra el alcalde de Castellón, el propio Fabra y la empresa Calviga por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación. El responsable del urbanismo castellonense negó ante el titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, haber tenido algún tipo de relación laboral con empresas del grupo Lubasa, de la que Calviga es una filial, aunque no pudo decir lo mismo respecto de sus dos socios en Territorio y Urbanismo, SL; dos aparejadores de los que dijo no conocer si "han realizado trabajos a nivel particular para dicha empresa". Territorio y Urbanismo, SL fue creada en enero de 2001 por el propio Fabra, cuando ya era responsable de urbanismo, y por dos aparejadores más, con un capital social de 360.000 euros.