EL 'CUMPLE' DE MICHAVILA
En uno de los asientos de la contabilidad de la 'caja B' de la red de Francisco Correa aparece el pago de 480 euros a una empresa de animación para el cumpleaños de «Michavila», en alusión al ex ministro de Justicia con José María Aznar, recién retirado de la política.
Según recoge el sumario del 'caso Gürtel', el contable de la red, José Luis Izquierdo López, respondió a preguntas del juez Baltasar Garzón sobre el citado pago, realizado con fecha de 22 de octubre de 2004.
-Esto es una cantidad menor, pero pone 'pago more/cumpleaños Michavila'. ¿Qué significa eso?-, le preguntó el magistrado.
-Pues eso, es alguien que se llama Michavila que no sé quién es, y pagaron eso a una empresa de animación. Debe ser por el cumpleaños de esa persona, lo obsequiaron con el detalle ése, respondió el contable.
Al ex ministro se le relacionó con 'Gürtel' porque varios ayuntamientos implicados en la red contrataron los servicios del despacho en el que trabaja.
(www.elmundo.es, 07/10/09)
EL BUFETE DE MICHAVILA LOGRÓ UN CONTRATO CON EL VOTO DE SU HERMANA
Villanueva del Pardillo sería uno más de los pueblos gobernados por el PP que han contratado al despacho de abogados Eius, donde colabora el ex ministro José María Michavila, si no fuese por quién es su teniente de alcalde. Se llama María del Carmen Michavila Núñez y es hermana del dirigente popular que renunció la semana pasada a su escaño en el Congreso de los Diputados.
José María Michavila siempre ha sostenido que Eius no es su bufete, sino el despacho en el que colabora como abogado. Entre los contratos que ha conseguido, están los de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y de Boadilla del Monte cuando estaban gobernados por los alcaldes ahora imputados por el caso Gürtel.
Villanueva del Pardillo contrató por 30.000 euros anuales desde 2006 a 2008 a dicho bufete en concepto de asesoría. Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, en las tres ocasiones la hermana del ex ministro votó favorablemente.
Este periódico trató ayer de contactar con la teniente de alcalde de Villanueva del Pardillo (14.763 habitantes) para preguntar si conocía que había votado a favor de contratos con el despacho donde colabora su hermano y si creía que podía haber alguna incompatibilidad en ello. Tras varios intentos, una portavoz del Ayuntamiento explicó que el equipo de Gobierno había estado toda la mañana reunido tras las vacaciones y que por la tarde "ya no había nadie". Esta fuente asegura que "todos los contratos que se firman son públicos y están conformes a derecho", pero prefirió no facilitar la forma de contactar con Michavila.
La relación de Eius Abogados con el consistorio de Villanueva del Pardillo comenzó en 2006. Una Junta de Gobierno aprobó en el mes de abril de ese año la contratación del bufete para el servicio de consultoría y asistencia en materia laboral y contencioso-administrativa. En las actas, a las que ha tenido acceso este periódico, María del Carmen Michavila figura como una de las participantes que votó a favor de esta contratación por "el procedimiento negociado sin publicidad". El Ayuntamiento convenía pagar 30.000 euros a la empresa por la asesoría de todo el año. Esta contratación, que no requería concurso, se volvió a ratificar en 2007 y 2008 y ha estado en vigencia hasta este verano. También votó a favor Michavila en sucesivas Juntas de Gobierno que aprobaban las facturas del Consistorio, en la que cada mes aparecía una de 2.500 euros a favor del despacho de abogados, que hasta el momento ha percibido unos 90.000 euros del ayuntamiento madrileño.
María del Carmen Michavila comenzó su labor en el pueblo trabajando en proyectos de formación de desempleados. Llegó al Ayuntamiento tras las elecciones de 2003. Con la victoria del PP fue nombrada concejal delegada de Cultura, Desarrollo Local y Consumo y poco a poco fue ganando peso en el organigrama municipal. Tanto fue así, que en los siguientes comicios, los de 2007, fue una de las encargadas de redactar el programa electoral de los populares en la localidad y pasó del número cinco a ser la segunda en la lista. Con la reedición de la victoria, dio el salto a la Primera Tenencia de Alcaldía. También es concejal de Administración General, Hacienda y Coordinación de Áreas y presidenta del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal. Era, la mano derecha del alcalde, Juan González Miramón, cuando se ratificaron por dos veces los contratos a Eius.
El despacho tenía acuerdos similares con otras administraciones del PP. Saltaron a la luz por el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la trama de empresas de Francisco Correa. En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros por contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. También había firmado convenios para trabajar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, corazón de la presunta trama corrupta. Al alcalde con el que se suscribieron los contratos, Arturo González Panero, le impusieron la mayor fianza de todos los imputados, 1,8 millones. Eius también ha recibido adjudicaciones de la Comunidad Valenciana, donde trabaja otra hermana de Michavila, Ana, como jefa de gabinete de Francisco Camps.
EL PAÍS ya desveló estas relaciones en marzo. El Congreso comenzó a estudiar entonces las posibles incompatibilidades de las labores de otros dos abogados de Eius, que eran también letrados de las Cortes. No así las del ex ministro, a quien la ley permitía realizar a la vez estas actividades de dentro y fuera de la Cámara. Finalmente, el político, que también es representante de artistas como Alejandro Sanz o Shakira, decidió abandonar su escaño el viernes. Con él se marchó de las Cortes Alberto Borrego, uno de los letrados que trabaja también para Eius. Michavila envió una carta al presidente del Congreso, José Bono, en la que decía que su salida se debía a "razones familiares y personales que tú seguro entenderás". El ex ministro, que nunca ha querido explicar su labor en el despacho más allá de decir que es un colaborador, asegura que pretende continuar en la dirección del PP. Su hermana ayer tampoco dio una explicación a pesar de los sucesivos requerimientos de este periódico.
(www.elpais.com, 02/09/09)
EL CARPETAZO A LAS INCOMPATIBILIDADES DE DORREGO SERÍA UN FRAUDE DE LEY
La Mesa del Congreso podría dar hoy carpetazo a la investigación por incompatibilidades abierta contra Alberto Dorrego, director del despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro José María Michavila y letrado de las Cortes. El bufete Eius fue contratado en reiteradas ocasiones por las administraciones del PP implicadas en la trama Gürtel, pese a que el Estatuto del Personal de las Cortes Generales impide tanto a diputados como abogados del Estado trabajar para otras instituciones públicas. El propio Dorrego actuó hasta en cinco ocasiones en representación del Ayuntamiento de Boadilla, contratado por el imputado Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla. Según ha podido saber El Plural, se ha pactado una salida política al conflicto que incluye la dimisión de Michavila –anunciada por carta a Bono-, y la renuncia de Dorrego a su puesto como letrado de las Cortes. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico, argumentan que se estaría haciendo un fraude de ley si se archiva la investigación.
El secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación a Dorrego al saber, por informaciones periodísticas, que el letrado había representado no sólo al Albondiguilla sino también a la Generalitat valenciana (asesorándola en la elaboración de la norma autonómica para la concesión de las TDT’s y, posteriormente, asesorando nada más ni nada menos que a uno de los empresarios que se presentó al concurso, el magnate caído en desgracia tras su imputación en la Gürtel José Luis Ulibarri) . Estas diligencias previas o información reservada debía haber acabado en expediente, sin embargo, la petición de excedencia de Dorrego ha paralizado el asunto y todo parece indicar que acabará en agua de borrajas.
Posible fraude de ley
Sin embargo, la renuncia a su puesto de funcionario no debería librarle de la sanción. Según fuentes jurídicas consultadas por El Plural, se podría estar produciendo un fraude de ley. Según el artículo 64.2 de la Ley 7/2007 por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia no podrá ser aceptada mientras el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. Esta ley derogaba el artículo 19.2 del Reglamento Disciplinario de 1986 que sí lo permitía, precisamente para impedir que pudiera producirse una salida no pretendida por el legislador. Así, la normativa actual obliga a terminar el expediente disciplinario, se pida o no la excedencia. De confirmarse el carpetazo, se daría la paradoja de que el experto en leyes Dorrego se libra de una sanción amparándose en una normativa no vigente.
Condiciones para la excedencia
Por otra parte, la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público determina que la renuncia voluntaria a la condición de funcionario (y Dorrego lo es en calidad de Letrado de las Cortes), no podrá ser aceptada cuando esté sujeto a expediente disciplinario. Fuentes del Congreso consultadas por El Plural alegaron que no existe tal expediente disciplinario y que se encontraban en la fase previa de recogida de información.
Posible pérdida de la condición de funcionario
Según el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se considera falta muy grave el “incumplimiento reiterado de las normas sobre incompatibilidades” y podría ser sancionada con la suspensión de funciones de seis meses a seis años o la separación definitiva del servicio, con lo que perdería la condición de funcionario. En el caso de Dorrego, estas incompatibilidades han quedado documentadas en el Congreso, mediante un escrito dirigido a la Mesa y que entró por registro el pasado 13 de marzo en el que el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo. Este documento incluye una relación con los procedimientos judiciales contratados por El Albondiguilla a los letrados del despacho de Michavila.
Manifiestamente ilegal
Según fuentes jurídicas consultadas por El Plural, al Secretario General de las Cortes, Manuel Alba, no le quedaba otra que trasladar a la Mesa del Congreso una propuesta de continuar con el expediente disciplinario ya que los hechos, a la vista de los datos presentados por Galindo y las informaciones periodísticas, están probados. “El caso es fácil, sólo es necesario que el Congreso se dirija a los juzgados ante los que ha actuado Eius Abogados en representación del Ayuntamiento de Boadilla.. Una vez abierta la investigación y acreditados los hechos, como sucede en este caso, el expediente disciplinario tiene que finalizarse con la imposición de la sanción que proceda. Lo ocurrido con Dorrego, de confirmarse, es manifiestamente ilegal”, concluyen estas mismas fuentes.
(www.elplural.com, 01/09/09)
Michavila y el director de su bufete de abogados dejan el Congreso
El ex ministro, uno de los diputados con más negocios, aduce "razones personales"
El polémico despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila abandonará el Congreso. El hasta ahora diputado del PP anunció ayer su intención de abandonar su escaño por Valencia, y el director del bufete, Alberto Dorrego, ha solicitado una excedencia indefinida de su puesto de letrado de las Cortes.
El jefe del despacho, forzado a pedir una excedencia como letrado de las Cortes
La actividad del despacho Eius salió a relucir de forma colateral como consecuencia del caso Correa. Este periódico reveló que el bufete fue contratado reiteradamente por ayuntamientos y comunidades del PP que se han visto salpicados por este caso. Especialmente, el bufete fue contratado en multitud de ocasiones por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, dirigidos entonces por los populares Arturo Panero y Jesús Sepúlveda, hoy imputados en el caso Gürtel.
Además, EL PAÍS publicó contratos de Eius con la Comunidad Valenciana para la elaboración de normativas. El despacho asesoraba luego a empresas que concurrían a concursos regulados en esas leyes autonómicas. Por ejemplo, uno sobre televisión digital. La ley impide que los letrados de las Cortes y los diputados contraten con las administraciones públicas y, por eso, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación contra Dorrego. También fue investigado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro porque no firmaba los contratos.
Contra Michavila -cuya hermana Ana es jefa de Gabinete de Francisco Camps- no hubo ninguna actuación porque él tampoco firmaba. La posible sanción a Dorrego no superaría los cuatro meses de empleo y sueldo y el Congreso tendría que recabar oficialmente documentación de esas administraciones. Finalmente, se optó por forzar la petición de excedencia voluntaria e indefinida del letrado, tras archivar la investigación.
La petición tiene efectos desde el 31 de julio y sólo falta el trámite de formalización en la Mesa del Congreso la próxima semana. Coincidiendo con el inicio de esa excedencia del jefe del bufete, Michavila ha anunciado que abandona también el Congreso, aunque seguirá formando parte del Comité Ejecutivo del PP. Michavila es uno de los diputados con mayor actividad privada al margen de la Cámara. Obtuvo autorización para ejercer como abogado, actuar como representante de artistas, dirigir una empresa de gestión de grandes patrimonios y presidir una fundación solidaria y sin ánimo de lucro.
Recientemente comunicó a Mariano Rajoy y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría su intención de dejar el escaño, y ha remitido una carta a José Bono, presidente del Congreso, en la que da los motivos: "Razones personales y familiares que a buen seguro tú entenderás bien". La portavoz del PP expresó a este periódico su reconocimiento al trabajo de Michavila en la Cámara.
www.elpais.es 29.08.09
MICHAVILA DEJA EL ESCAÑO Y EL CONGRESO FUERZA LA EXCEDENCIA DE UN ABOGADO DE SU DESPACHO
El 'caso Gürtel' provoca daños colaterales en el PP.- La Cámara Baja obliga a salir al letrado por sus contratos con otras Administraciones
Daños colaterales del caso Correa en el PP. El ex ministro de Justicia y diputado del PP, José María Michavila, abandona el Congreso y la Cámara fuerza la excedencia como letrado de las Cortes de Alberto Dorrego, responsable de su despacho de abogados.
El bufete Eius en el que trabajan ambos fue contratado reiteradamente por ayuntamientos del PP implicados en la trama como el de Boadilla del Monte y Pozuelo, así como por comunidades autónomas como la de Valencia. EL PAÍS desveló los contratos de este despacho con esas administraciones, formalizadas a pesar de que los diputados no pueden trabajar para otras instituciones públicas y los letrados de las Cortes tienen también establecida esa incompatibilidad por ley.
Incluso, el despacho elaboró leyes para la Comunidad de Valencia y, posteriormente, representó a empresas que concursaron según esas normas, por ejemplo, en adjudicaciones sobre televisiones.
A raíz de las informaciones de este periódico, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió expediente a Dorrego, letrado adscrito a comisiones parlamentarias como la de Administraciones Públicas. Fuentes de la Cámara aseguran que, ante la dificultad de pedir documentación oficial a todas esas administraciones, Alba optó por forzar a Dorrego a pedir una excedencia indefinida.
Además, la sanción máxima solo podía ser de cuatro meses de suspensión y sueldo por incompatibilidad y, por eso, se optó por forzar la excedencia y convencerlo de que la solicitara. La petición de excedencia tiene fecha del 31 de julio y será formalizada en la reunión de la Mesa del Congreso del próximo día 1 de septiembre. También fue expedientado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro, porque no firmaba los contratos.
Michavila ha enviado una carta al presidente del Congreso, José Bono, comunicándole su renuncia al escaño. Fuentes de la Cámara aseguran que Bono no ha recibido aún la misiva.
El ex ministro, no obstante, asegura que pretende continuar en la dirección del PP. Michavila tiene una larga trayectoria política que, en los últimos años, compagina con su actividad en el despacho Eius, su representación de artistas como Shakira y Alejandro Sanz y una empresa de gestión de grandes patrimonios, entre otras actividades.
En la carta dirigida a Bono, Michavilla asegura que renuncia al escaño "por razones personales y familiares que a buen seguro tu entenderas". Michavilla ha hablado con Bono por telefóno para explicarle el contenido de la misma.
www.elpais.es 28.08.09
EL BUFETE DE MICHAVILA FICHÓ AL ABOGADO JEFE DEL GOBIERNO DE CAMPS
El despacho Eius, con el que colabora el diputado del PP José María Michavila, fichó al jefe de la abogacía de la Generalitat valenciana, José Marí Olano, con el que firmó los contratos para redactar proyectos de ley para el Gobierno autónomo. Marí Olano forma parte del círculo de confianza de Francisco Camps, presidente valenciano, y su jefa de gabinete, Ana Michavila. Con Camps estuvo en el Ministerio de Administraciones Públicas cuando éste era secretario de Estado y en la actualidad es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas.
De mayo de 2004 a mayo de 2007 fue director del gabinete jurídico y abogado general de la Generalitat. En mayo de 2005, el bufete Eius fue contratado para redactar varias leyes, entre ellas la del sector audiovisual. Y en enero de 2007 Marí pasó a trabajar directamente para el despacho que había contratado. Marí se negó ayer a hacer declaraciones a este periódico.
(www.elpais.com, 08/05/09)
EL BUFETE DE MICHAVILA COBRÓ POR HACER LEYES PARA GOBIERNOS DEL PP
El bufete de abogados en el que colabora el diputado del PP José María Michavila, Eius, ha sido contratado en numerosas ocasiones por comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP para elaborar y aplicar leyes. El bufete incluso compatibilizó sus labores como redactores de una ley de la Generalitat valenciana con el asesoramiento a empresas privadas sobre la misma materia. Así, Eius fue contratado por la Generalitat para redactar el anteproyecto de ley audiovisual de la comunidad en 2005 y siete meses después representó a una empresa que logró 13 licencias de TDT de esa Administración.
Entre mayo de 2005 y agosto de 2008, el despacho firmó al menos una veintena de contratos con la Generalitat y los ayuntamientos de Valencia, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, éstos últimos en Madrid y todos gobernados por el PP.
Los contratos los firma Alberto Dorrego, administrador único del despacho y letrado de las Cortes. Dorrego y Andrés Jiménez, también letrado del Congreso y socio del bufete, están siendo investigados por la Cámara por presunta vulneración de la ley que les impide asesorar o elaborar dictámenes para comunidades y ayuntamientos. El artículo 62 les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas".
Dorrego aseguró ayer a este periódico que no hay incompatibilidad porque el "espíritu de la ley" es que los letrados del Congreso no intervengan en la elaboración de normas que sean competencia de las Cortes. Y Michavila se negó a facilitar a este periódico su versión de los hechos. Su tesis ha sido siempre que Eius no es su bufete, sino sólo el despacho en el que colabora como abogado.
Varios de los contratos con los consistorios se refieren a cómo aplicar la ley 57/03 de medidas para la modernización del gobierno local que, entre otras cosas, permitía acceder a determinados municipios a la condición de grandes ciudades. Dorrego es precisamente letrado en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. Con la Generalitat, Eius firmó al menos tres contratos entre febrero y mayo de 2005. La hermana de Michavila es jefa de gabinete del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y forma parte del despacho el actual portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas, José Marí Olano. Uno de los contratos, de mayo de 2005, tenía por objeto la "asistencia técnica para la elaboración del anteproyecto de ley de ordenación del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana". En diciembre de ese año, sólo siete meses después, el bufete también cobró 150.000 euros por ayudar a la sociedad Mediamed a lograr la adjudicación de 13 licencias de TDT. Es decir, Eius cobró de la Generalitat al mismo tiempo que representaba a una empresa ante esa Administración para lograr contratos.
Dorrego asegura que la norma que elaboró habla de la TDT, pero no de los concursos a los que luego optó la empresa que representa y que, por tanto, no hay, en su opinión, ninguna incompatibilidad ni inconveniente ético. Fuentes del equipo de la Generalitat que otorgó dichas licencias aseguran que no hubo ningún trato de favor, ni irregularidad.
Con el Ayuntamiento de Valencia firmó entre mayo de 2005 y mayo de 2006 al menos cuatro contratos para hacer el reglamento del consistorio y el de participación ciudadana, entre otros.
Contratos con Pozuelo
En Pozuelo, Eius recibió al menos 64.000 euros de contratos firmados entre marzo de 2007 y agosto de 2008, por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, imputado por Garzón por cohecho. Los conceptos de las adjudicaciones son: "Elaboración de un dictamen técnico-jurídico orientado a la progresiva adaptación normativa y organizativa de esta corporación local al régimen de grandes ciudades"; "memoria acreditativa de la corporación de circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales relativas a la consideración del municipio como gran población"; "contrato de consultoría y asistencia jurídica"; "estudio general de recursos humanos y posibilidad de modernización" y "entrega de los borradores de reglamento orgánico de gobierno y administración del pleno del ayuntamiento".
(www.elpais.com, 07/05/09)
Mes y medio de investigación al despacho de Michavila
El secretario general del Congreso, Manuel Alba, mantiene abierta desde el 3 de marzo una investigación a dos abogados del despacho del diputado del PP José María Michavila. Los abogados Alberto Dorrego y Andrés Jiménez son además letrados del Congreso y la investigación, que concluirá en breve, trata de determinar si han incurrido en incompatibilidad.
La ley les impide "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones Públicas", pero Dorrego ha firmado multitud de contratos de asesoría con ayuntamientos. Por ejemplo, en 2007 firmó uno con el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) cuyo objeto es "la elaboración de dictamen técnico-jurídico orientado a la progresiva adaptación normativa y organizativa de esta corporación local al régimen de grandes ciudades". Por ese dictamen cobró 12.000 euros. En 2008 Dorrego firmó al menos seis contratos con el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, imputado en la trama de corrupción que investigó Garzón.
www.elpais.es 19.04.09
