EL SIGNORE FABRA  :  LAS NOTICIAS IGNOMINIOSAS QUE GENERA EL SUSODICHO (*)

 "Tiene todo el respaldo personal y político del Gobierno y del PP"
( Francisco Camps. Pte de la Generalitad valenciana.19.12.03 )

FABRA DIRIGIRÁ UN PLENO TRAS DECLARAR COMO IMPUTADO 

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, retirado de la vida política desde mediados de marzo, tiene intención de asistir a declarar como imputado ante el juez de Nules el próximo día 23 y de presidir el pleno de la institución provincial del día 28.  

La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión para el también presidente del PP de Castellón por la supuesta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Tras conocer, en julio, la petición del fiscal, Fabra pidió declarar ante el juez y aportó al sumario un informe pericial privado en su intento por refutar las conclusiones de Hacienda, que cifra en 1,4 millones de euros el fraude fiscal cometido por el dirigente del PP y su ahora ex esposa. 

La declaración de Fabra, a quien Rajoy calificó de "ciudadano ejemplar" en pleno proceso de investigación judicial, demorará el momento de sentarse en el banquillo. El jefe del PP en Castellón ha logrado que la instrucción judicial se prolongue durante más de seis años. Por el caso han pasado ya nueve jueces.  

Fabra no acudió a prestar declaración en mayo de este año por encontrarse de baja por enfermedad, pero en esta ocasión sí tiene previsto acudir al juzgado porque, según insisten fuentes de la Diputación, fue él mismo quien pidió declarar. 

Tras su declaración en el juzgado, Carlos Fabra ocupará de nuevo sus funciones como presidente de la Diputación de Castellón, un cargo que delegó en marzo en el vicepresidente Francisco Martínez para ser intervenido de un trasplante de hígado.  

(www.publico.es, 07/09/10)

FABRA DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR DELITOS DE FRAUDE FISCAL 

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado a declarar como imputado al presidente de la Diputación de Castellón , Carlos Fabra, el próximo 23 de septiembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). 

El juez ha citado a declarar al también presidente del PP provincial por la causa que tiene abierta en este juzgado por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal. Esta citación se produce después de que el juez fijara una primera declaración de Fabra para el pasado 21 de mayo a la que éste no pudo asistir debido a motivos de salud. 

En marzo, el presidente de la corporación provincial castellonense, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño. 

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente del PP, realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.  

(www.pubico.es, 29/07/10) 

NUEVA ARGUCIA LEGAL DE FABRA PARA RETRASAR SU JUICIO 

El titular del juzgado número 1 de Nules ha atendido la solicitud del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de acudir a declarar para explicar la procedencia de los ingresos millonarios no justificados detectados en sus cuentas. Esta decisión retrasará la resolución en la que, presumiblemente, se dictará la apertura de juicio, después de que el juez determinara la existencia de "indicios racionales de criminalidad". 

Fabra, ejerciendo uno de sus derechos, demora nuevamente la resolución de la causa, cuando las acusaciones ya habían formulado sus conclusiones provisionales, en las que piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. 

Carlos Fabra ha tenido más de cinco años para someterse al interrogatorio por el supuesto fraude fiscal del que le acusó la Agencia Tributaria. Fue llamado en julio de 2005 y se acogió a su derecho a no responder a ninguna pregunta. A lo largo de los más de seis años que se ha prolongado la instrucción, se conocieron detalles sobre su patrimonio y sus declaraciones de renta y tampoco manifestó su interés por acudir al juzgado a dar explicaciones. 

En mayo fue citado de nuevo y no acudió al juzgado al estar convaleciente de una operación de trasplante de hígado, a la que fue sometido en marzo. Ahora, cuando el juez ya había decidido dar por concluidas las diligencias, Carlos Fabra quiere acudir a declarar. El juez ha admitido esta solicitud y le ha citado para el próximo 23 de septiembre. 

(www.elpais.com, 29/07/10)

CARLOS FABRA MANTIENE ACTIVA LA EMPRESA QUE UTILIZÓ PARA OCULTAR PAGOS 

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, mantiene activa la sociedad Carmacas, firma que, según la fiscalía, utilizó "parte de su facturación para ocultar los pagos" realizados por el empresario Vicente Vilar, que posteriormente le denunció acusándole de cobrar cantidades millonarias a cambio de favores políticos. 

El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, desveló ayer que la empresa, creada por Fabra en 2000, "sigue activa y continúa teniendo su sede social en la residencia particular del presidente del PP". Mulet aseguró que desde 2004, cuando estalló el caso Fabra, la empresa dejó de tener ingresos, pero siguió repartiendo beneficios en forma de salarios a tres de los hijos del dirigente del PP, Claudia, Borja y Carlos, hasta 2007.  

En 2008, último año del que se conocen datos según el Registro, la sociedad solo pagó un salario de 36.000 euros anuales, según el portavoz de Iniciativa. 

Fabra cobró de las empresas de Vilar y a través de Carmacas más de 180.000 euros. En algunos casos, los pagos se realizaron "so pretexto de unos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", según el escrito que efectuó en su momento la fiscalía. 

Por otra parte, el presidente en funciones de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, se negó ayer a valorar la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de prisión para Carlos Fabra, imputado por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Según dijo Martínez durante el pleno de la institución provincial, se trata de un asunto "que no corresponde ni a la Diputación ni a la provincia" sino que es un "tema judicial". 

El presidente en funciones interrumpió en varias ocasiones al portavoz del PSPV, Francesc Colomer, cuando este reclamaba a los populares que "movieran ficha" porque "no pueden pasar a la historia como el equipo que ha avalado las peores conductas que se esperan de un cargo público". 

"Me parece una falta de respeto la que está teniendo usted hacia una persona que no está aquí presente para contestar en un tema que no corresponde a esta Diputación", reprochó Martínez en alusión a la ausencia de Carlos Fabra, que está de baja por enfermedad desde marzo. Colomer contestó que los hechos "tienen una enorme trascendencia pública". 

(www.elpais.com, 28/07/10) 

FABRA DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR DELITOS DE FRAUDE FISCAL 

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado a declarar como imputado al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el próximo 23 de septiembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El juez ha citado a declarar al también presidente del PP provincial por la causa que tiene abierta en este juzgado por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal. 

Esta citación se produce después de que el juez fijara una primera declaración de Fabra para el pasado 21 de mayo a la que éste no pudo asistir debido a motivos de salud. 

En marzo, el presidente de la corporación provincial castellonense, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño. 

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente del Partido Popular, realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. 

En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.  

(www.publico.es, 28/07/10)

INFORMAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN FISCAL DE FABRA NO ES DELITO 

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso interpuesto por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por considerar que diversas informaciones periodísticas publicadas en la revista 'Interviú' referentes a las investigaciones fiscales que se siguen sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada, injurias y calumnias. Por contra, la resolución judicial rechaza esta pretensión porque "no se ha acreditado el cumplimiento de los presupuestos de tipo penal". 

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, confirma de esta manera una resolución dictada por el juzgado de instrucción número 4 de Madrid que decretaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella interpuesta por Carlos Fabra. La defensa del presidente de la Diputación castellonense y del PP en la provincia recurrió esa decisión y ahora la Audiencia Provincial la ratifica y destaca que tuvo una "impecable motivación". 

En los razonamientos jurídicos, se explica que la querella parte de la base de que un funcionario de la Agencia Tributaria (AEAT) reveló información sobre el patrimonio de Fabra, un extremo que, apunta el auto, "resulta evidente". Pero lo que no está demostrado, añade, es que este funcionario anónimo haya sido quien ha facilitado la información a los querellados, un punto "importante, pues, al tratarse de una causa pericial, no caben las suposiciones sino los elementos constatados por prueba directa o, al menos, indiciaria". 

Del mismo modo, argumenta que "no está justificada la finalidad de perjudicar al querellado; lo único que consta es la finalidad de publicar determinada noticia, de emitir información". 

Asimismo, hace hincapié en que estas noticias "no hacen referencia a un particular, sino a toda una autoridad, nada menos que el presidente de la Diputación de Castellón". 

"No se han publicado en este caso datos reservados de su patrimonio, sino una investigación sobre el proceder patrimonial y fiscal de un hombre con responsabilidades públicas, que gestiona ingentes sumas de dinero, también público, y del que su comportamiento presenta un indudable interés para los ciudadanos de la provincia de Castellón y de todo el país", recalca. 

Por ello, el auto defiende que "no se puede pretender que una investigación fiscal con evidente interés público permanezca en secreto, e imputar semejantes delitos por el hecho de su publicación". Considera la Audiencia que el "dilema moral" sería más sencillo en el caso de hablar de un particular "pero es que el querellante es el presidente de la Diputación, al que se atribuye la adquisición de valiosos bienes a pesar de que percibe un sueldo que difícilmente alcanza para poder llegar a pagar el precio de sus inmuebles". 

En esta línea, sostiene que en el presente caso que los ciudadanos conozcan las investigaciones fiscales de Fabra "nunca podría constituir los delitos que imputa, dada su condición de autoridad pública". "El derecho al honor, a la buena imagen pública e, incluso, a la intimidad, deben ceder en favor del Derecho Constitucional a emitir y recibir información veraz", afirma. 

La sala subraya que la jurisprudencia va en este camino y hace notar que "el sistema democrático español no ha podido evitar la crisis de moralidad que padece en la actualidad la clase política, pero tiene indudables ventajas, y una de ellas, esencial, es la que permite la transparencia y el conocimiento de los datos referidos a personalidades públicas". "El comportamiento cívico de las autoridades es cuestión de especial interés para el ciudadano y su conocimiento también lo es", sentencia. 

Por último, el auto señala que la veracidad de la noticia de la investigación fiscal llevada a cabo es elemento importante pues el querellante se queja de la publicación pero no de que sea falso el contenido, "es decir no se queja de que no sea cierto que la AEAT le investigara por eventuales irregularidades fiscales". 

Por estas razones, la sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por Carlos Fabra y declarar de oficio las costas procesales a tenor de lo dispuesto e el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento criminal. 

(www.levante-emv.com, 27/07/10) 

CARLOS FABRA MANTIENE ACTIVA UNA EMPRESA QUE UTILIZÓ PARA OCULTAR PAGOS, SEGÚN LA OPOSICIÓN 

Iniciativa dice que Carlos Fabra mantiene activa la empresa Carmacas, que según Anticorrupción, había utilizado el líder del PP para ocultar parte del dinero que recibía como pago a sus supuestos servicios  

El portavoz de Iniciativa ha asegurado en un comunicado que la empresa Carmacas, creada por Carlos Fabra en 2000, sigue activa y continúa teniendo su sede social en la residencia particular que el presidente del PP y de la Diputación en Castellón tiene en Playetes. 

Carles Mulet afirma que desde 2004, cuando estalló el caso Fabra, la empresa dejó de tener ingresos, pero siguió repartiendo beneficios en forma de salarios a sus hijos Claudia, Borja y Carlos hasta 2007. En 2008, último año del que se conocen datos según el registro, dice Mulet, la sociedad sólo pagaba un salario de 36.000 euros anuales "posiblemente a Claudia Fabra", asegura el portavoz de Iniciativa. 

En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción aseguró que Carmacas, cuyo administrador único era Carlos Fabra, "utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vicente Vilar", el empresario que denunció el caso, al mandatario provincial. 

(www.cadenaser.com, 27/07/10)

LA ABOGACÍA DEL ESTADO RECLAMA A FABRA CASI 3,5 MILLONES DE EUROS 

La Abogacía del Estado ha presentado su escrito de acusación contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que reclama que devuelva el dinero supuestamente defraudado a Hacienda (886.000 euros), además del pago de una multa de más de 2,6 millones de euros, con lo que, en total, el dirigente del PP debería ingresar en las arcas públicas casi 3,5 millones de euros. 

La cuantía que solicita la Abogacía del Estado es más elevada que la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de calificación exige a Fabra el pago de 2,6 millones de euros por la supuesta comisión de los cinco delitos fiscales por los que está imputado. En ambos casos, la petición de las penas de cárcel es la misma: Un año por tráfico de influencias, cuatro por cohecho y diez por el fraude fiscal, que suman un total de 15 años. Por el delito de cohecho piden para el presidente de la Diputación, además, otra multa de 600.000 euros. 

La Abogacía del Estado está personada en el llamado caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Tras esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decidió que las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y de su familia fueran analizados. Tras cuatro años recabando información y cruzando datos, los peritos, que son inspectores de Hacienda, presentaron un informe en el que detallaban la existencia de ingresos imputables a Carlos Fabra y realizados entre 1999 y 2004 por valor de dos millones de euros, que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarados. 

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, los ingresos no justificados ascienden a otros 1,6 millones de euros. El informe también concluía que la "ocultación de ingresos" dio lugar a un fraude a Hacienda hasta en nueve ocasiones: cinco por parte de Fabra y cuatro de las que se responsabiliza a Fernández. El único año de los analizados que no se detectó una cuantía defraudada que superara el mínimo que lo convierte en delito (120.000 euros) fue en 2004, cuando la investigación del caso Fabra ya estaba en marcha. 

La diferencia de la cuantía de las multas que reclama la fiscalía y las que solicita la Abogacía del Estado estriba en que mientras que Anticorrupción solo pide que devuelva lo defraudado y pague una multa del doble de lo que dejó de ingresar a Hacienda, la defensa del Estado exige que devuelva lo que no ingresó en las arcas públicas y que pague una multa cuya cuantía asciende al triple de la cantidad defraudada. 

En cualquier caso, ambas peticiones distan de la reclamada por la acusación popular. Esta, que representa a la Unión de Consumidores, ha pedido que Carlos Fabra pague, en concepto de multa, el dinero defraudado multiplicado por seis, es decir, 5,3 millones de euros. Además, pide una pena de más de 20 años de cárcel. 

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado era el único que faltaba por presentar de las tres acusaciones que están representadas en el caso Fabra. 

Desde mediados de mayo, momento en el que el informe pericial llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, su titular, Jacobo Pin, ha llamado a declarar a los dos principales implicados, Carlos Fabra y María Amparo Fernández. El primero no acudió, convaleciente de un trasplante de hígado, y la segunda se negó a responder a otras preguntas que no fueran las de su abogado, al que le contestó que las cuentas las administraba su marido. Poco después, el juez puso fecha a la vistilla que dicta la ley del jurado en la que las acusaciones concretaron las imputaciones y las defensas solicitaron el archivo. 

La Fiscalía Anticorrupción sorprendió reduciendo el caso a cuatro imputados y, el 30 de junio, el juez dictó un auto en el que ante "los indicios racionales de criminalidad" pedía a las acusaciones los escritos en los que han reflejado las peticiones de cárcel y de multa. Ahora serán las defensas las que respondan a estos por lo que, previsiblemente, la posible apertura del juicio no se dicte hasta septiembre. 

(www.elpais.com, 26/07/10) 

RAJOY REITERA SU APOYO Y CONFÍA EN QUE LA JUSTICIA "PONGA LAS COSAS EN SU SITIO" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, está convencido de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para quien tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado piden 15 años de prisión, "no defraudará" ni al partido ni a los ciudadanos. 

Así se refiere Rajoy a Fabra, imputado por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, en una entrevista publicada ayer por ABC, en la que reclama para el político castellonense la presunción de inocencia y confía en que "la Justicia, como en tantos otros casos, pondrá las cosas en su sitio". 

De esta manera responde Rajoy a la pregunta de cómo afectarán al PP casos como el de Carlos Fabra, que podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. 

En su referencia al presidente de la Diputación de Castellón, el líder del PP dice que es "una persona de una gran experiencia política" y destaca el hecho de que "siempre ha contado con el apoyo de su partido, de los ciudadanos y seguro que no defraudará ni a uno ni a otros". Rajoy alude a la presunción de inocencia que asiste a Carlos Fabra "como a cualquier ciudadano" y destaca su trayectoria política "al margen de eso y de la defensa que Carlos Fabra desarrolle en los tribunales". 

El presidente del PP ha manifestado su apoyo a su homólogo en Castellón desde el primer momento. Ni Rajoy ni el presidente del PP autonómico, Francisco Camps, han escatimado elogios y alabanzas hacia Fabra, a quien el líder del PP nacional se refirió como un "ciudadano y político ejemplar". Hace más de seis años Carlos Fabra fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, quien le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A lo largo de la investigación, durante la que se conocieron detalles de la supuesta trama de favores, Fabra ha insistido en que es inocente y ha permanecido en todos sus cargos. 

En la entrevista, Rajoy también responde a una pregunta sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la que se cuestiona que el jefe del Consell vuelva "a ser candidato en la Comunidad Valenciana". La respuesta se limita a indicar que "Camps tiene el apoyo total de la dirección nacional del partido". 

(www.elpais.com, 26/07/10)

EL PP DE CASTELLÓN ACUSA A LA FISCALÍA DE "ACTUAR DE FORMA PARTIDISTA" CON FABRA 

La secretaria general del PP en Castellón, Marisol Linares, ha manifestado que en el seno de la formación están "muy tranquilos" pese a la petición de 15 años de prisión para Carlos Fabra por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque, ha dicho, creen "en la inocencia del presidente".  

Linares ha asegurado que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia está "tranquilo" porque "confía en la Justicia" y ha negado que el escrito de acusación haya despertado "preocupación" en los dirigentes del partido. 

Según ha sostenido, lo "único" que le preocupa al PP de Castellón "en estos momentos" es "ganar las próximas elecciones por mayoría". Hecho que se muestra convencida porque, afirma, los ciudadanos ya han valorado en los anteriores comicios "la labor" de Fabra. 

Se ha preguntado también "cómo van a demostrar los peritos judiciales aquello de lo que le acusan". Ha dicho que le produce "sonrojo" que la Fiscalía pida más pena para Fabra que para el empresario Vicente Vilar, quien ya se encuentra en prisión, algo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público "no actúa igual siempre". 

"Está claro que la Fiscalía Anticorrupción no actúa igual cuando tiene que calificar los casos que se abren con las siglas del PP, como es el caso de Fabra o de la actuación desmesurada en el caso Ripoll, y sin embargo actúa de forma más laxa cuando tiene que analizar casos del PSOE", ha aseverado. 

En ese sentido, ha acusado al organismo de actuar de "forma partidista" y de propiciar "juicios paralelos y mediáticos", al tiempo que ha asegurado que la causa abierta contra Fabra es "un juicio más que se quiere llevar a la calle". 

La diputada autonómica de Esquerra Unida del Paíz Valencià, Marina Albiol, ha manifestado hoy que la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "demuestra la gravedad de los delitos que se le imputan". 

Albiol ha remarcado en un comunicado que de esta situación son "también responsables" el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y el partido "al completo" por "no haber retirado de la vida política a Fabra hace años". 

"Es insoportable tener que tolerar a este personaje funesto día a día al frente de una institución provincial, carece de todo tipo de credibilidad y que ha caído en la ignominia", ha aseverado la diputada. 

Albiol ha señalado que la dimisión de Fabra "debería producirse hoy mismo, que no pase ni un solo día más como presidente de la Diputación, la que, lamentablemente, necesita otras depuraciones, como las de Francisco Martínez y Vicent Aparici", ha dicho en referencia a los vicepresidentes de la institución provincial. 

Desde la formación progresista esperan que el proceso judicial siga adelante y que "el PP asuma la responsabilidad política que le corresponde y obligue a Fabra a retirarse de la vida pública política, tal y como debería haber hecho hace años".  

(www.publico.es, 22/07/10)

EL FISCAL PIDE 15 AÑOS PARA FABRA POR SIETE DELITOS 

La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y de cinco delitos fiscales y reclama, por su comisión, penas de cárcel que suman un total de 15 años. Así lo expone el fiscal en su escrito de acusación, presentado ante el titular del Juzgado número 1 de Nules que, después de más seis años de investigación, dio por concluidas las diligencias el pasado mes de junio. 

Además de las penas de cárcel, el fiscal solicita 15 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. También exige el pago de 600.000 euros de multa por el delito de cohecho continuado, que devuelva los 886.000 euros defraudados a Hacienda y que pague otros 1,7 millones de euros por los delitos fiscales supuestamente cometidos entre 1999 y 2003, lo que hace un total de 3,2 millones. En el mismo escrito, el fiscal recuerda que, según los peritos, Fabra ingresó en sus cuentas más de dos millones de euros que no se corresponden ni con su patrimonio ni con la renta declarada. 

El escrito de acusación de la fiscalía acerca más al presidente del Partido Popular de Castellón al banquillo de los acusados para, en el caso de mantenerse las tesis del juez, ser juzgado por un jurado popular. 

Por el delito de tráfico de influencias, Anticorrupción pide la pena máxima, que es un año de prisión, por el delito de cohecho continuado reclama cuatro, mientras que por los delitos fiscales solicita dos años de cárcel por cada uno de los cinco supuestamente cometidos. 

La reacción oficial del PP tras conocerse las peticiones del fiscal fue, como en todo este proceso, llamarse andana. Un portavoz de Génova aseguró que el partido esperará a conocer el pronunciamiento del juez instructor antes de estudiar posibles decisiones. Desde el PP se subrayó que no existe ninguna línea de actuación predeterminada respecto a Fabra porque las causas que se le imputan proceden de años atrás y los jueces no han adoptado ninguna resolución definitiva 

Sobre el resto de imputados, la fiscalía pide para la ex esposa de Carlos Fabra, María Amparo Fernández, ocho años de cárcel por la comisión de cuatro delitos fiscales, la devolución de lo defraudado, 586.000 euros, y una multa de 1,1 millones de euros por el fraude a Hacienda.

Además, reclama cuatro años de prisión por un delito de cohecho para Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos y cuyas denuncias originaron la investigación. Para la ex esposa de este, pide otros cuatro años de cárcel. 

(www.elpais.com, 22/07/10)  

ANTICORRUPCIÓN DA POR PROBADAS GESTIONES DE FABRA AL MÁS ALTO NIVEL  

El escrito de acusación del fiscal anticorrupción revela que Carlos Fabra se empleó a fondo a la hora de mover sus contactos para favorecer a la empresa Naranjax.  

La Fiscalía da como hecho probado que el día 12 de julio de 1999 el presidente de la diputación mantuvo una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda y diputado del PP Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, en la que se abordaron los problemas que tenía Vicente Vilar para lograr que las comisiones técnicas ministeriales aprobaran sus productos plaguicidas. 

 Además, el 18 de octubre de ese año Naranjax, la empresa de Vilar, obtuvo la licencia para comercializar los productos, tras lo cual Fabra le pidió que le pagara 25 millones de pesetas. 

Según el escrito del ministerio público, Carlos Fabra llegó a mantener reuniones con ese mismo objetivo con Alfredo Timermans, en aquella época director del gabinete del presidente José María Aznar, y con la entonces ministra de Sanidad Celia Villalobos. Como anécdota de estos seis años de investigación judicial del caso Fabra quedará que la justicia no pudo localizar a Timermans, ya que el hombre de confianza de Aznar se marchó a vivir a Estados Unidos y ni el PP ni el Ministerio de Asuntos Exteriores fueron capaces de hallar su domicilio. Otro episodio curioso lo protagonizó Celia Villalobos, que declaró como testigo y por escrito. La ministra quiso dejar claro que Fabra y Vilar fueron a visitarla a su despacho para hablar de Naranjax, aunque -según dijo- los echó a los cinco minutos. 

El fiscal Luis Pastor recoge en su escrito de acusación provisional que el interés de Carlos Fabra en Naranjax era tal que llegó a implicar en estas negociaciones a su compañero de partido, el ex parlamentario Miguel Prim, y al ex subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, hoy fallecido. 

Al menos cuatro ex ministros del PP prestaron declaración en la Audiencia de Castelló como testigos: Jesús Posadas, Juan Costa, Arias Cañete y Celia Villalobos.  

El fiscal ha levantado la imputación contra los 9 cargos de los gobiernos de Aznar, sin embargo.Por otra parte, la dirección nacional del PP esperará a que haya una decisión judicial en firme antes de sopesar cualquier medida disciplinaria contra Fabra y restan importancia a la elevada petición de prisión que ha realizado el fiscal porque depende del Gobierno.  

El fiscal Luis Pastor ha pedido que Fabra pague una multa de 600.000 euros por el delito de cohecho y el «comiso de las cantidades percibidas». Además, por los delitos de fraude fiscal, el ministerio público solicita diferentes multas para Fabra con arreglo al dinero evadido al erario público. Así, por el agujero fiscal correspondiente a 1999, reclama una multa de 500.000 euros; 300.000 por el ejercicio 2000; 280.000 euros por las irregularidades fiscales detectadas en 2001; 350.000 por el ejercicio 2002; y 300.000 euros por no declarar a Hacienda todos sus ingresos en 2003.  

En resumen, el fiscal solicita para el presidente de la Diputación de Castelló una multa total de 2.330.000 euros por cinco delitos de fraude fiscal y uno de cohecho continuado. 

En el caso de su mujer, exige una multa de 1.186.000 euros por 4 delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para Vilar y Vives Plaja requiere una sanción económica de 600.000 euros. 

La denuncia que originó el caso Fabra fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar, quien acusó al líder del PP de cobrarle por hacer gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones fitosanitarias. A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en su IRPF de 1999. Tirando del ovillo, los inspectores llegaron a un fraude aún mayor. 

(www.levante-emv.com, 22/07/10)

EL PARTIDO POPULAR VOLVERÁ A SALTARSE SU CÓDIGO ÉTICO CON CARLOS FABRA 

Tras la noticia de que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra, nada se mueve en la dirección del PP, donde al parecer le siguen viendo como un “ciudadano ejemplar”, según le definió Mariano Rajoy hace unos años. Génova ha vuelto a demostrar que su recién estrenado código ético es papel mojado y no piensa tomar medidas contra el presidente de la Diputación de Castellón hasta que haya una decisión judicial firme. Mientras, PSOE e IU exigen a Rajoy que “Fabra no siga ni un minuto más”. 

Al igual que sucediera con la detención de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, la dirección del PP cree que “cada caso es diferente” y que no se puede tomar la misma vara de medir a la hora de aplicar las medidas disciplinarias de los Estatutos del partido, informa Europa Press. No obstante, aunque cada caso sea diferente, el PP ha vuelto a aplicar la misma doctrina: mirar para otro lado y, si se tercia, echar las culpas al PSOE. 

Cruzarse de brazos 

En Génova lo tienen claro: no van a mover ficha con Carlos Fabra hasta que un juez confirme las gravísimas acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel y 2.300.000 euros por una larga retahíla de presuntos delitos. Argumentan que cada caso es diferente y que van a actuar proceso a proceso. Sin embargo, queda en evidencia que la estrategia, a la hora de hablar de dirigentes valencianos, consiste en cruzarse de brazos y olvidar el cacareado nuevo código ético. 

“Sonrojo” 

La situación en el PP de Castellón no varía mucho, con la excepción de que allí se defiende en público a su presidente. La secretaria provincial del PP de Castellón, Marisol Linares, aseguró ayer que el popular está “tranquilo” y que en la formación mantienen la "máxima confianza en Fabra y en su presunción de inocencia". Además, añadió que les causa “sonrojo” la petición de 15 años de cárcel cuando al presunto compinche de Fabra, el empresario Vicente Vilar, por los mismos cargos, se le castigó con nueve años. 

 Mirar en casa 

Linares dijo que "si miramos las hemerotecas, se están cumpliendo las cosas que el ex ministro Jordi Sevilla dijo que haría si ganaban las elecciones: que mandaría la Fiscalía contra Fabra y eso se ha ido cumpliendo". También reprochó a los socialistas sus "acusaciones y salidas de tono", cuando, en su opinión, "no son los adecuados para realizarlas porque tendrían que mirar primero en su casa". 

Vergüenza 

Desde el PSOE de Castellón siguen con sus “salidas de tono” y piden responsabilidad política. Francesc Colomer, secretario provincial de los socialistas y a quien el presidente de la Diputación ha llegado a tildar de “hijo de puta” por pedirle explicaciones en los plenos, pidió a Rajoy que “deje de ver a Fabra como un político y un ciudadano ejemplar, y actúe de inmediato”. Los socialistas "por parte del PP de Castellón y de Francisco Camps no esperan nada, porque son lo mismo, personas encubiertas y cómplices". Desde IU exigen a Fabra que dimita de inmediato porque avergüenza a los castellonenses. 

(www.elplural.com, 22/07/10)

FABRA VUELVE A PERDER UNA QUERELLA CONTRA LOS SOCIALISTAS 

Los tribunales han vuelto a dictaminar en contra del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que llevó al juzgado las críticas políticas por permanecer en su cargo pese a estar imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. En este caso ha sido el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón el que ha acordado el sobreseimiento de la querella interpuesta por Fabra contra el portavoz Grupo Socialista municipal, Juan María Calles. 

El juez considera que la intervención del socialista en un pleno en el que criticó a Carlos Fabra por defraudar a Hacienda y durante el cual se refirió al presidente de la Diputación con los calificativos de "inmoral, indigno y hombre carente de ética", no es constitutiva de los delitos de calumnias e injurias que le imputaba el edil del PP, sino que son "críticas políticas amparadas por la libertad de expresión". 

El auto judicial, que es recurrible, recuerda que "la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo". 

(www.elpais.com, 21/07/10)

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN AUGURA QUE FABRA NO PODRÁ PROBAR LA PRESCRIPCIÓN DE LOS 5 FRAUDES 

Los abogados del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, trabajan contrarreloj en un recurso para evitar que su cliente tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, y responder así de cinco supuestos delitos fiscales.  

El principal argumento que mantienen los letrados en su recurso ante la Audiencia Provincial de Castelló es que todos los delitos han prescrito desde que se abrió la investigación en los juzgados de Nules a finales del año 2003. La prescripción es una figura legal que por transcurso del tiempo establecido en la ley produce la extinción de la responsabilidad penal. En el caso de las causas por delito fiscal, la prescripción opera por el transcurso de 5 años a contar desde que se descubre el fraude.  

El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, denunció al político popular por aceptar sobornos y comisiones millonarias. Alegar la nulidad de todas las diligencias practicadas desde hace 7 años es la última jugada a la que se aferra Carlos Fabra para evitar un juicio oral que parece cada día más cerca. La Fiscalía Anticorrupción acusa al presidente popular de haber cometido 5 supuestos delitos fiscales entre los años 1999 y 2004. Sin embargo, para Javier Boix, abogado del mandatario popular, los delitos estarían ya prescritos. Durante ese período, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado ingresos no declarados por importe de más de 1,7 millones de euros en las 94 cuentas corrientes del máximo responsable del PP en Castelló. 

Fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario consideran que en principio resultaría "imposible" aplicar la figura de la prescripción al delito detectado en el año 1999, ya que la denuncia que en su día interpuso Hacienda interrumpió esta posibilidad. El 16 de junio de 2004 los inspectores de Hacienda de Valencia iniciaron un expediente de investigación que concluyó, en junio de 2005, con una denuncia ante el juzgado al hallar 600.000 euros sin justificar en las cuentas del líder provincial del PP. 

Según la Fiscalía, el plazo de prescripción legal hubiera entrado en vigor el 1 de julio de 2005, pero los inspectores llevaron la denuncia al juzgado apenas unos días antes de que se agotara el plazo, por lo que se interrumpió la aplicación de esta figura legal y la investigación que se ha llevado a cabo durante estos años entra dentro de los plazos legales, añaden fuentes de Fiscalía.  

Durante los meses siguientes a la presentación de la denuncia , la Fiscalía Anticorrupción siguió indagando y halló dinero sin justificar con cargo a ese ejercicio del año 99: hasta 184 ingresos por importe de más de 768.000 euros.  

Respecto a los otros supuestos 4 fraudes detectados entre 2000 y 2004, el plazo para que pudiera haber entrado en juego la prescripción hubiera sido el 1 de julio de 2006. Boix pretende probar en su recurso ante los magistrados de la Audiencia que si no se inician actuaciones judiciales tras detectarse un supuesto fraude fiscal, el plazo de los 5 años para llegar a la prescripción sigue corriendo. 

(www.levante-emv.com, 18/07/10)

EL FISCAL ESTUDIA PEDIR UN MÍNIMO DE 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA POR FRAUDE  

El fiscal anticorrupción Luis Pastor ultima su escrito de acusación provisional contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado en delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Según ha podido saber este diario, Pastor podría enviar su petición al Juzgado de Nules a finales de esta semana o principios de la que viene y está valorando solicitar penas de cárcel para el líder provincial del PP, su esposa María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar (gerente de Naranjax) y la ex esposa de éste, Montserrat Vives.  

Fuentes próximas a Fiscalía explicaron ayer que Pastor pretende centrar el núcleo de su acusación principal en el artículo 305 del Código Penal, que castiga los delitos contra la Hacienda Pública. Este artículo establece penas de entre 1 y 4 años de prisión a quien "por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales (...)".  

Como los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción han hallado hasta 5 delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra entre los años 1999 y 2004, el líder provincial del PP podría enfrentarse a una petición de cárcel de 5 años como mínimo y de 20 como máximo.

Por otro lado, Pastor estudia a estas horas qué pena fija contra Fabra, Fernández, Vilar y Vives como imputados en delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de productos fitosanitarios agrícolas. Esta petición fiscal incrementaría aún más la suma de condenas para los implicados.El artículo 305 del Código Penal establece claramente que cometen un delito contra la Hacienda Pública todas las personas que hayan defraudado al fisco siempre que la cuantía de la cuota exceda de los 120.000 euros. Además, el fiscal podría solicitar una "multa del tanto al séxtuplo de la cantidad supuestamente defrauda". 

Carlos Fabra, que está acusado de haber obtenido cantidades millonarias sin justificar entre 1999 y 2004, no ha podido explicar en seis años de investigación en los Juzgados de Nules por qué no declaró casi un millón de euros al erario público.  

Así, los inspectores de Hacienda le imputan un fraude de 253.254 euros cometido en el año 1999; 158.976 en 2000; 141.302 en 2001; 174.836 en 2002; 158.105 en 2003; y 94.459 en 2004 (las irregularidades detectadas durante este último ejercicio no llegarían a los 120.000 euros fijados por el Código Penal para que puedan considerarse delito).

El secretario de organización del PSPV-PSOE y diputado provincial, Francisco Valverde, lamentó ayer el "vergonzoso" silencio que se "ha apoderado de todo el PP de la provincia de Castelló, con Alberto Fabra, Javier Moliner y Marisol Linares a la cabeza, así como de la Comunitat y de España, con Mariano Rajoy incluido", tras conocerse la decisión de la acusación particular de pedir 20 años de cárcel para el presidente de la diputación por delitos como el tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de dinero y el fraude fiscal.  

Valverde recordó que nunca ningún político de la provincia de Castelló "en toda su historia se ha enfrentado a una pena de cárcel tan importante por corrupción" y denunció que con su silencio "todos los responsables de Partido Popular deberán responder ante la opinión pública por haber dado cobertura durante tantos años a una persona como Carlos Fabra, a pesar de conocer la existencia de informes oficiales" y judiciales que lo inculpan. 

(www.levante.com, 13/07/10)

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE MÁS DE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA 

La acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, pedirá 20 años y nueve meses de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. El escrito de calificación, que se ha de formalizar ante el juzgado nº 1 de Nules, calcula así las penas correspondientes a las imputaciones por las que, a juicio de esta parte de la acusación, ha de ser juzgado el también presidente del PP de Castellón, al que el juez le ha imputado por los mismos presuntos delitos, salvo el blanqueo de dinero.  

Tal como adelantó en la concreción de las imputaciones, la acusación popular considera que Fabra debe ser condenado por cinco delitos fiscales, cometidos entre 1999 y 2003, por los que pide dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como una indemnización del dinero defraudado a Hacienda multiplicado por seis. Según el informe pericial, Fabra dejó de ingresar en estos años un total de 980.000 euros, conclusión a la que llegaron después de que en sus cuentas hallaran ingresos por un valor superior a los dos millones, que no se correspondían ni con la renta ni con el patrimonio declarados. 

Además, la acusación considera que Fabra ha sido autor de un delito de tráfico de influencias por el que reclama una pena de un año de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. En cuanto al cohecho, apunta que habría de ser condenado por los delitos de cohecho activo continuado y cohecho pasivo continuado, por los que pide un total de cuatro años. A ellos se une la petición por blanqueo, de tres años, lo que eleva a más de 20 años las penas de cárcel que solicita. 

Respecto al resto de imputados, la acusación popular pide 13 años para la ex esposa de Fabra, por cuatro delitos de fraude fiscal y blanqueo, y cuatro de prisión tanto para el empresario que acusó a Fabra, Vicente Vilar, como para su ex esposa, Monserrat Vives.La Fiscalía Anticorrupción ha retrasado la presentación de su escrito de calificación porque tenía pendiente de notificación una parte del procedimiento, según indicaron ayer fuentes de la fiscalía. Las mismas fuentes manifestaron que Luis Pastor, el fiscal que interviene en el llamado caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, no disponía del total de las amplias diligencias que se han instruido a lo largo de los más de seis años que han pasado desde que se abrió la causa. 

Por ello, la fiscalía requirió al juzgado número 1 de Nules para que completara la documentación y entendió que, de esta manera, el plazo de cinco días marcado por el juez no contaba para esta parte de la acusación. Según fuentes fiscales, el juzgado ha remitido ya a la fiscalía la documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena. El ministerio público ha de concretar también las solicitudes de penas para el resto de imputados, Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, su ex esposa, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández. 

Pese a que la causa contaba con otros nueve imputados, en la vistilla que prevé la Ley del Jurado, la fiscalía solicitó el sobreseimiento respecto a todos los imputados excepto los cuatro citados. El fiscal se basó en la ausencia de indicios suficientes para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama. Por el contrario, la acusación popular sí que ha formulado una solicitud de pena para cinco de ellos, para los que reclama un año de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de dos millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias. 

La acusación insiste además en que debería imputarse a los directores de los bancos en los que Fabra realizó los ingresos, así como al empresario Antonio Bonet, que pagó un préstamo del presidente de la Diputación de Castellón en el que aparecía como avalista. Para todos ellos, a los que considera autores de un delito de blanqueo de dinero, pide tres años y tres meses de prisión. 

(www.elpais.com, 13/07/10) 

FISCALÍA CONCRETARÁ LA PENA CONTRA FABRA TRAS RECIBIR DEL JUZGADO EL RESTO DE DOCUMENTOS  

La Fiscalía Anticorrupción concretará la petición de pena contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra -imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración pública- después de haber recibido unos documentos pendientes del juzgado de número 1 de Nules, según fuentes fiscales. Asimismo, el ministerio público concretará las solicitudes de penas para el resto de imputados en el llamado caso Fabra, que son el empresario Vicente Vilar, su ex pareja, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández. 

Esta actuación se produce después de que el juzgado haya remitido a la Fiscalía una documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena, según las mismas fuentes. El titular del juzgado de Nules acordó el 1 de julio continuar con el procedimiento respecto de Fabra y de Vilar, Fernández y Vives. En un auto emitido en esa fecha, el magistrado aceptó las peticiones formuladas por el ministerio fiscal y la acusación particular en una vista celebrada el pasado día 25 de junio, que se prolongó durante casi tres horas. Ambas partes habían reducido de 13 a cuatro las personas imputadas en la causa. Así, el magistrado declaró el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para las ocho personas restantes que mantenían la condición de imputados. 

(www.levante-emv.com, 13/07/10)

EL JUEZ VE INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD EN LA ACCIÓN DE FABRA 

El titular del juzgado número 1 de Nules recibirá el lunes las peticiones de cárcel que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular soliciten para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Ese es el plazo otorgado por el juez para que presenten los escritos de acusación provisional y recogido en el auto del pasado 30 de junio, dictado tras la vistilla en la que se debían concretar las imputaciones. 

En dicho auto, el juez argumenta la confirmación de las imputaciones al considerar que "existen indicios racionales de criminalidad" en la actuación de Fabra y pasa a un relato en el que expone cómo el empresario Vicente Vilar "se puso en contacto" con Fabra, que "accedió a interesarse" por la situación de sus productos que fabricaba el fitosanitario "y a mediar" para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones. 

El auto añade que el presidente de la Diputación de Castellón "requirió" a Vilar el pago de 150.000 euros en metálico "en reconocimiento a su labor de mediación" y que Fabra "continuó con su labor a favor de las empresas de Vicente Vilar (...) valiéndose de sus relaciones", a la vez que, "en concepto de pago por unos supuestos informes", cobró otros 253.000 euros. Según el auto, "en parte por las ganancias mencionadas y en parte por otras partidas" el matrimonio Fabra obtuvo "ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública", concluye. 

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha proclamado siempre su inocencia, ante las imputaciones por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Dijo no haber intermediado a favor del empresario Vicente Vilar, primero su amigo y luego su acusador. Y, cuando la Agencia Tributaria presentó la primera denuncia por fraude fiscal, por la declaración de 1999, aseguró no haber defraudado nunca, aunque posteriormente, no ha aclarado el origen de los millones de euros ingresados en sus cuentas para los que los peritos que las han examinado no encontraron origen conocido y justificado. 

El último intento por archivar el caso fue el viernes 25 de junio, cuando el letrado del dirigente del PP sostuvo que no había indicios suficientes de que Fabra hubiera cometido los delitos contra la Administración pública y apeló a la prescripción para tratar de parar también las acusaciones de fraude fiscal. 

En el auto posterior a la vistilla, el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, expone que existen "indicios racionales de criminalidad", respecto al tráfico de influencias y el cohecho y argumenta por qué rechaza la solicitud de prescripción de los delitos. Así, en su escrito, recuerda el auto de la Audiencia, de febrero de 2006, por el que se acordó la elaboración de un informe pericial "que abarcase los ejercicios fiscales referidos a los años 1999 a 2004" y considera que, con esta decisión, "quedó el procedimiento ampliado" a los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y, por tanto, interrumpida la prescripción, que tiene un plazo de cinco años. 

En el caso de la acusación por los delitos contra la Administración pública, la defensa de Fabra apeló a que las acusaciones se habían basado en las declaraciones de Vicente Vilar, que "por estar contaminadas por motivos espurios, no deberían ser tenidas en cuenta". Sin embargo, el juez apunta que ni la acusación pública ni la acusación popular hicieron mención a las mismas. 

La resolución judicial entra a tratar por qué el juez atendió la tesis de la fiscalía, que solicitó limitar el caso Fabra, que implicó hasta 13 imputados, a tan sólo cuatro, Fabra, el empresario Vilar y las que, en el momento de los hechos eran las esposas de ambos, María Amparo Fernández y Monserrat Vives, respectivamente. En su escrito, considera que "de las exhaustivas y extensas actuaciones instructoras (...) no puede derivarse la comisión de ilícito penal alguno" y apunta que "solo puede deducirse" que los hasta ahora imputados, senadores, directores generales y otros cargos de la Administración central y autonómica, "se limitaron a atender a las peticiones de información procedentes del resto de imputados, principalmente de Carlos Fabra". 

Aunque el juez entiende que "atendieron" las peticiones formuladas por el dirigente del PP, resuelve que no se ha acreditado "que a cambio recibiesen contraprestación alguna o cualquier otro beneficio, directo o indirecto, menos aún que lo solicitasen u ofreciesen y aún menos que dictasen a sabiendas resoluciones injustas en las materias que son objeto del presente proceso". 

(www.elpais.com, 08/07/10)

EL PP VE UNA "CRUELDAD" JUZGAR A FABRA PORQUE HA SIDO OPERADO 

El PP valenciano echó ayer mano del historial médico de su presidente provincial en Castellón, Carlos Fabra, para presentarle como víctima de una persecución política y judicial y justificar de nuevo que se mantenga en el cargo pese a que un juez le imputa los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. 

Al secretario general del PP regional, Antonio Clemente, le parece "una crueldad" que la Justicia haya terminado ahora de instruir el caso Fabra y sitúe al dirigente de Castellón a un paso del banquillo cuando apenas han pasado "dos meses" de la intervención quirúrgica que le mantiene temporalmente apartado del poder. "Este juicio lleva preparándose años y años", lamentó Clemente en referencia a la larga investigación judicial contra Fabra. 

Además, el también presidente de la Diputación de Castellón "ya ha anunciado que no se volverá a presentar" a las elecciones por motivos de salud, añadió Clemente para subrayar la supuesta "crueldad" que desde su punto de vista "personal" se comete con Fabra. 

El secretario general del PP, en una conferencia de prensa convocada para hablar de la "actualidad", reiteró el apoyo del partido a Fabra, como ya hizo el Consell el pasado viernes, y defendió "la presunción de inocencia". Preguntado para qué sirve que el PP tenga un código ético que prevé que los cargos públicos imputados en una causa dejen su puesto, Clemente consideró que "de momento no se ha demostrado que el señor Fabra lo haya modificado o no lo haya cumplido". 

El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, en la misma rueda de prensa, evitó ahondar en el asunto y aseguró que en la dirección nacional no se ha hablado del apoyo del Consell de Francisco Camps a Fabra. En todo caso, Génova da su "respaldo" a lo que haya dicho el PP valenciano al respecto.González Pons sí fue contundente en el caso de Francisco Camps. Aseguró que es el candidato del PP a la Generalitat y "no necesita esperar a una proclamación" como tal, aunque esté pendiente de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano sobre su imputación por supuesto cohecho impropio en relación con los regalos recibidos de la trama corrupta del caso Gürtel.

El Tribunal Supremo reabrió el asunto el pasado mayo. Además, la situación de Camps y del PP valenciano se ha complicado con la decisión del TSJ madrileño de inhibirse en favor de Valencia de una parte de la investigación del caso Gürtel que apunta hacia la financiación ilegal del partido, entre otros delitos. 

"Siempre ha sido el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat y no hay ninguna razón hoy para que no lo sea", zanjó la cuestión González Pons. El dirigente popular, además, dijo desconocer unas declaraciones publicadas ayer en las que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, afirma que no está decidido cuándo se proclamará a los candidatos, y situó el anuncio oficial a finales de julio o "mucho más probablemente en septiembre". 

En su repaso a la "actualidad", Esteban González Pons se refirió, entre otros asuntos, a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. No para ahondar en el debate político, que en su opinión impide abordar los "problemas reales" de Cataluña, sino para acusar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de querer "engañar" a los catalanes por dejar la puerta abierta a que asuntos como el uso del catalán o el Consell de Justícia se resuelvan mediante otras normativas. Los artículos declarados inconstitucionales lo serían también en una ley, objetó. 

González Pons, en cambio, pasó de puntillas sobre la presión del PP nacional al Consell para que retirara su anuncio de que aplicaría la llamada cláusula Camps en el Estatuto valenciano para igualarse en competencias a Cataluña. Esquivó la cuestión constatando que la portavoz del gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ya aclaró la semana pasada que la sentencia del Constitucional no añade competencias a Cataluña, por lo que "no ha lugar" a aplicar la cláusula. 

El reparto de temas entre los dos dirigentes del PP dejó en manos de Clemente la crítica al ministro de Fomento, José Blanco, por el retraso del AVE a Castellón y por considerar que el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, "es hoy el futuro de la Comunidad Valenciana" sin "concretar si lo será mañana". "Nosotros tenemos claro que no y él también lo debe saber", apostilló. 

(www.elpais.com, 05/07/10)

EL CONSELL RESPALDA A CARLOS FABRA PESE A SU PROCESAMIENTO JUDICIAL 

La justicia sigue siendo el elemento que trasciende casi todas las semanas las reuniones del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps. El Consell, a través de su portavoz Paula Sánchez de León, respaldó ayer públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que tendrá que someterse a un procedimiento de juicio con jurado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. "Le apoyamos", dijo la portavoz, que argumentó que su cargo como presidente de la Diputación de Castellón es compatible con su situación judicial. "Lo que se presume es la inocencia, no la culpabilidad", enfatizó Sánchez de León. 

El juzgado de instrucción número 1 de Nules dictado el jueves rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. Las imputaciones también se mantienen contra la esposa de Carlos Fabra, María de los Desamparados Fernández, por fraude fiscal, y contra el empresario Vicente Vilar y su ex esposa Montserrat Vives, por tráfico de influencias y cohecho. 

La indulgencia del Consell con la situación judicial de Carlos Fabra contrastó ayer con la opinión de la consejera portavoz sobre la figura del juez Baltasar Garzón. Tras ser interpelada por su opinión sobre la candidatura de Garzón al premio Nobel de la Paz por parte de la Fundación José Saramago. "Lo que opino es que, a partir de esto, cualquier persona podríamos optar a ser premios Nobel", dijo Sánchez de León respecto al juez que realizó la instrucción inicial del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. 

Por otra parte, Sánchez de León explicó que el Consell ha decidido crear su propia blogosfera. Además del canal abierto en Youtube, la Generalitat tendrá su propio perfil en Twitter y los consejeros, de manera gradual, también tendrán su perfil en esta red social y en Facebook. 

Por lo que respecta a las medidas de gestión adoptadas por el Gobierno valenciano, la portavoz dio cuenta ayer de la fusión de las fundaciones para la Promoción de las Artes Contemporáneas y de las Artes Escénicas. 

El Consell también autorizó ampliar el capital social de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA en casi 74 millones de euros -unos 12.250 millones de las antiguas pesetas- para evitar que la sociedad incurra en riesgo de liquidación. 

Además de estas cuestiones, la portavoz informó del visto bueno al plan urbanístico Grao-Cocoteros, que prevé transformar en un futuro la fachada marítima de la ciudad de Valencia; del plan de implantación de una plataforma logística en Alicante; y del plan especial previo a la construcción de un hospital comarcal en el municipio de La Vall d'Uixò. También se aprobó el plan de prevención de agresiones a los sanitarios. 

(www.elpais.com, 03/07/10)

EL JUEZ RECHAZA LOS RECURSOS CONTRA EL JUICIO CON JURADO A CARLOS FABRA 

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decidido mantener las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el auto dictado ayer el juez rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. La decisión acerca, así, a Fabra al banquillo de los acusados, aunque todavía queda un trámite por cumplir, que se cumplimentará cuando las partes califiquen los hechos y especifiquen las penas de cárcel que le corresponderían al dirigente del PP por cada uno de los delitos cometidos. 

Después de que la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y las defensas presenten este escrito, el juez decretará el auto de conclusión del procedimiento en el que acordará el sobreseimiento o la apertura de juicio. 

Al margen de la decisión adoptada por el juez respecto a Fabra, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido seguir con la tesis de la fiscalía, que limitó a cuatro imputados el caso, excluyendo incluso de la acusación de los delitos contra la Administración pública a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. De esta manera, el juez solo mantiene la imputación sobre el presidente de la Diputación de Castellón, por los tres delitos mencionados, sobre su esposa, por fraude fiscal y sobre Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, y la esposa de este, Monserrat Vives, por tráfico de influencias y cohecho. 

Por ello, en el auto declara el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para ocho personas que mantenían la condición de imputadas, así como para el noveno imputado, que falleció durante la tramitación del procedimiento. 

El fiscal no esgrimió, ni en la vistilla ni a la salida del juzgado, las razones por las que adoptó esta decisión, que ahora ampara el juez y que, en cualquier caso, tiene como base legal la ausencia de indicios para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama, pese a las decenas de escritos que, por ejemplo, remitía el ahora ex senador del PP Miguel Prim interesándose por los productos de Vilar.El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del caso Fabra en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Entre los recursos se encontraba el de la Fiscalía Anticorrupción, en el que reclamaba que la competencia para juzgar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondía a un tribunal de jueces y no a un tribunal popular, tal como había señalado el juez e igual que había solicitado la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores. 

Sin embargo, en la desestimación del recurso, el juez de Nules insiste en que, por los supuestos delitos cometidos, tráfico de influencias y cohecho, la competencia es de un jurado popular que, además, deberá resolver sobre los presuntos delitos fiscales (aunque no son competencia del tribunal del jurado), dada la conexión de estos con las principales acusaciones, que son las de haber intermediado ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios y, después, cobrar por ello. 

Otro de los recursos que el juez ha desestimado ha sido el del letrado de Fabra, que reclamó la nulidad del auto que daba fin a más de seis años de instrucción. 

De igual modo, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido no atender la solicitud de la acusación popular, que pretendía extender la imputación a los directores de los bancos en los que operaba Fabra, después de que los peritos detectaran ingresos millonarios que "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", tal como sostuvo la acusación. Tampoco ha aceptado la solicitud de la acusación popular de que se imputara al empresario Antonio Bonet, quien admitió haberse hecho cargo de un préstamo de 390.000 euros solicitado por Fabra y que el empresario firmó como avalista. La acusación entendía que éste fue un "mecanismo alternativo" para ingresar dinero "dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago por algún favor o algún negocio del Señor Fabra". En cualquier caso, el juez no lo entiende así y Bonet no ha sido imputado. 

Otra de las decisiones que ha adoptado el juez ha sido la de no admitir la práctica de pruebas solicitadas por el abogado de Fabra y de su esposa en la comparecencia celebrada el pasado viernes. Entre otras cosas, el letrado había solicitado que se requiriera a la Agencia Tributaria para que aportara las actas de conformidad o disconformidad del matrimonio Fabra sobre las inspecciones del impuesto de patrimonio realizadas entre 1999 y 2002. El presidente de la Diputación de Castellón quería también que se tomara declaración, en calidad de testigo, al inspector de Hacienda que realizó la inspección sobre las declaraciones del matrimonio tanto del IRPF como de patrimonio del ejercicio de 1999, que concluyó con una denuncia de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal y que desencadenó el inicio de la investigación sobre el patrimonio y las cuentas de la familia Fabra. Las pesquisas concluyeron con la redacción de un informe, elaborado durante más de cuatro años, en el que los peritos judiciales, que también son inspectores de Hacienda, destaparon la existencia de ingresos en las cuentas del matrimonio Fabra que no se corresponden con su patrimonio ni con su renta. 

Según el informe, tras analizar más de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra entre 1999 y 2004, los peritos detectaron ganancias patrimoniales "no justificadas" que ascienden a 3,6 millones de euros. Además, el documento, que fue incluido en las diligencias, sostiene que el presidente de la Diputación de Castellón y su esposa defraudaron a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante esos años, una acusación que se concentra en la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales. 

(www.elpais.com, 02/07/10)

El juez tumba el recurso de Fabra para evitar su juicio

Acuerda continuar el procedimiento con jurado contra Fabra, su esposa, Vicente Vilar y su ex esposa, Monserrat Vives, por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha desestimado los cuatro recursos de reforma presentados contra el auto que transformó la investigación al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en un procedimiento de juicio con jurado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras la comparecencia celebrada el pasado 25 de junio, el juez ha dictado un auto en el que acuerda continuar el procedimiento contra Fabra, su esposa, María de los Desamparados Fernández, el empresario Vicente Vilar y su ex esposa, Monserrat Vives.

No obstante, archiva la causa por delito fiscal contra la esposa de Fabra correspondiente al año 2002, ya que la cantidad supuestamente defraudada no supera la cuota necesaria para ser considerada como infracción penal, apunta la citada fuente.

Respecto a las ocho personas que también tenían condición de imputadas en esta causa, el titular del juzgado ha declarado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

También ha acordado el sobreseimiento libre para un imputado que falleció durante la tramitación del procedimiento.

Además, el juez rechazado la práctica de las pruebas que solicitaron Fabra y su esposa en la citada comparecencia judicial, así como la ampliación la imputación a otras personas pedida por la acusación popular.

Según fuentes jurídicas, el matrimonio pidió que se citara a los peritos que elaboraron el informe que asegura que ambos defraudaron a Hacienda 1,7 millones de euros desde 1999 a 2004 para que se ratificaran y que un experto propuesto por la defensa elaborase un nuevo informe sobre el patrimonio de Fabra y su ex esposa.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre 2003 por el empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.

A raíz de esta acusación, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, y tras ello el juez acordó que se investigaran sus cuentas desde ese año hasta 2004.

www.levante-emv.com 01.07.10

EL FISCAL ACUSA A FABRA DE COBRAR 300.000 EUROS POR UNAS GESTIONES 

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Así lo explicó Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado número 1 de Nules, que presidió la vista en la que las partes debían concretar las imputaciones, previa a la decisión de archivar la causa o seguir con el procedimiento. 

Según el fiscal, Fabra recibió cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que después le denunció y acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el fiscal, Vilar le pidió a Fabra que "valiéndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtención de permisos y licencias". 

Luis Pastor afirmó que Vilar entregó dinero a Fabra "en atención por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputación] ante la Administración central a fin de agilizar la tramitación y conseguir las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios". Y concretó las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos". 

El fiscal apuntó que, por este motivo, Fabra recibió, entre septiembre y octubre de 1999, más de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibió otros pagos a través de la sociedad Carmacas, que facturó al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibió otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a más de 300.000, según el fiscal.La Unión de Consumidores, que representa la acusación popular, también concretó el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusación desgranó la trama y concluyó que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, llegó a recibir más de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acusó al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entregó en 1999, la acusación popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pagó" en 2001 "en una bolsa de plástico". En su relato detalló, además, cómo, a través de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibió otros 330.000 euros como "contraprestaciones económicas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes". 

La fiscalía mantuvo la imputación contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero consideró que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, cómplices o encubridores, por lo que pidió el sobreseimiento para ellos, excluyendo también de la acusación de dichos delitos a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. 

Por el contrario, la acusación popular sostiene que los imputados a los que la fiscalía no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinación de todos sus integrantes". 

El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene así dos opciones: aplicar la doctrina Botín, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusación popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular (como en el caso Fabra), la acusación popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse. 

En lo que sí coincidieron tanto la fiscalía como la acusación popular es en la imputación del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destapó ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusación popular consideró, además, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidió la imputación de siete de ellos. 

(www.elpais.com, 29/06/10)

La fiscalía quiere juzgar a Fabra por tráfico de influencias, cohecho y fraude

Anticorrupción pide procesar a los directores de sucursales donde hizo ingresos

La Fiscalía Anticorrupción concretó el viernes las imputaciones que pesan sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP): pide que se le juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y por cinco fraudes fiscales. Según expuso Anticorrupción, el dirigente popular hizo de intermediario para intentar influir en la autorización de productos fitosanitarios en beneficio del que era entonces su amigo, Vicente Vilar. Fue este empresario el que destapó el caso al acusar a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

La fiscalía considera probado que Fabra mantuvo reuniones con responsables políticos y administrativos, y que el empresario le pagó por esas gestiones. Como base de la acusación de fraude fiscal cuenta con un informe pericial que desvela que, entre 1999 y 2004, el matrimonio Fabra registró ingresos que no se corresponden ni con su patrimonio ni con su renta y defraudó 1,7 millones de euros a Hacienda.

El hecho más llamativo de la vista celebrada en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón) fue la solicitud de la fiscalía del sobreseimiento de todos los imputados citados excepto cuatro: Fabra; su mujer, María Amparo Fernández, a la que excluye de la autoría de los delitos contra la Administración pública ; Vicente Vilar; y la ex mujer de este, Monserrat Vives.

El fiscal no esgrimió sus motivos, pero la base legal es la ausencia de indicios para juzgar la participación de funcionarios o cargos públicos en la trama, pese a las decenas de escritos que remitía por ejemplo el ahora ex senador del PP Miguel Prim interesándose por los productos de Vilar. Por el contrario, la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, pidió en un detallado informe que a las citadas imputaciones se sume la de prevaricación. Solicitó además que se procese a los siete directores de oficinas bancarias en las que operaba Fabra, al entender que los movimientos en sus cuentas no hubieran sido posibles sin la "estrecha colaboración" de estos.

Horas después, Fabra remitió un comunicado en el que proclama su inocencia. "No he presentado la dimisión porque soy inocente", señaló. El presidente de la Diputación no acudió a la vista porque se encuentra convaleciente de un trasplante de hígado. Quien sí fue trasladado desde prisión, donde cumple condena por agresión sexual, fue Vilar, quien salió de los juzgados, esposado, defendiendo su inocencia de ese delito.

Favores políticos

- La Fiscalía Anticorrupción considera que Carlos Fabra cobró dinero de un amigo, Vicente Vilar, a cambio de reunirse con responsables políticos y de la Administración a los que debía convencer para que autorizaran la venta de los productos fitosanitarios (plaguicidas y venenos contra insectos) del empresario. Ese dinero recibido por los favores no lo declaró a Hacienda.

www.elpais.es 26.06.10

El fiscal sólo pide imputar a Carlos Fabra y su ex esposa

El Fiscal Anticorrupción también solicita la imputación de Vilar y su ex mujer y el sobreseimiento de la causa para el resto de acusados

El ministerio fiscal y la acusación particular redujeron hoy de 13 a cuatro las personas imputadas en el denominado 'caso Fabra', en el que ambas partes mantienen con esta condición al presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra; su ex esposa, María Amparo Fernández; al empresario Vicente Vilar y a su ex pareja Monserrat Vives. A través de un comunicado, el dirigente 'popular', que se encuentra de baja, afirmó que es inocente y advirtió de que seguirá "peleando" por su honor y el de su familia.

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castelló), que instruye la causa, celebró hoy una comparecencia que se prolongó durante cerca de tres horas, donde las partes concretaron las imputaciones. En los próximos días, el magistrado instructor dictará una resolución en la que se pronunciará sobre las peticiones y dará impulso a la causa, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, según informó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. A la vistilla asistió Vilar, quien actualmente cumple condena en Zaragoza por agresión sexual.

El ministerio fiscal y la acusación particular solicitaron el sobreseimiento respecto de los otros imputados al considerar que no hay suficientes indicios de delito, mientras que la acción popular concretó las imputaciones hacia Fabra, Fernández, Vilar y Vives, así como las que afectan a otras nueve personas. Además, ha pedido la ampliación a otras más por considerar que podrían haber intervenido en los hechos, según el TSJCV.

Durante la comparecencia, la defensa de Carlos Fabra y su ex mujer reiteró la solicitud de determinadas diligencias de instrucción que ya había planteado y la práctica de otras nuevas, así como el sobreseimiento de la causas sobre sus clientes, al igual que hicieron cada una de las defensas en relación a sus patrocinados.

El presidente de la Diputación de Castelló, --imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración pública--, aseguró en un comunicado que, "con independencia" de las acciones que decida llevar a cabo su dirección letrada, "siempre" ha "respetado" y "respetará" los tiempos así como las decisiones de la Administración de Justicia, tal y como subrayó que ha hecho "durante los seis años y medio" que ha estado imputado en las causas judiciales pendientes de resolverse.

"Absoluta perplejidad"
Según Fabra, esto ha sido así "a pesar de que mis adversarios políticos y los medios de comunicación afines a éstos me han negado derechos fundamentales y principios que nos asisten a todos, como la presunción de inocencia". Al respecto, manifiesta su "absoluta perplejidad al haber llegado incluso a ser acusado de ser el responsable del retraso en la instrucción de mi causa judicial, dilación en la que el único perjudicado he sido yo, debido a mi condición de cargo público".

El presidente de la Diputación subrayó que "recientemente he tenido que enfrentarme a un proceso judicial, por el que tuve que soportar un linchamiento público y mediático vergonzoso, que ha sido archivado" y añadió que "nadie, a día de hoy, me ha pedido disculpas por haberme condenado antes de que se pronunciara la Justicia".

Según Fabra, durante todo este tiempo no ha dimitido porque es inocente. "Lo era en 2003 y lo sigo siendo hoy", recalcó, y añadió que "desde el principio" decidió quedarse "para pelear por mi honor y el de mi familia demostrando mi inocencia" y advirtió de que "eso es lo que voy a seguir haciendo".

También quiso Fabra "agradecer a tantas y tantas personas, conocidas y desconocidas que, desde la cercanía o en la distancia, me han mostrado su apoyo y confianza durante todos estos años" y aseguró estar "convencido de que no se arrepentirán de haber creído en mí y en el trabajo que vengo haciendo por el progreso de la provincia de Castellón y de sus ciudadanos en mis casi 30 años de servicio público".

Directores de oficinas
Al término de la comparecencia, el abogado que ejerce la acción popular, José Luís Vera, explicó que junto con las imputaciones formuladas en su momento en la querella --Carlos Fabra, María Amparo Fernández, Vicente Vilar y Montserrat Vives; el ex director general de Agricultura, Rafael Milán; la ex directora general de Salud Pública del ministerio de Sanidad, Dolores Flores y el ex secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, Rubén Moreno-- han pedido la incorporación de una serie de directores de oficinas bancarias yla ex presidente del CD Castellón, Antonio Bonet.

Por su parte, Alfonso Rubiales, abogado defensor del ex director general de Agricultura, Rafael Milán, subrayó que el sobreseimiento de su cliente --según la petición del fiscal-- "debería haber ocurrido hace mucho tiempo y parece que ahora ya va a ocurrir, aunque aún tiene que dictar resolución el juez".

Dos años
Otro de los abogados, Wenley Palacios, que ejerce la defensa de Montserrat Vives, consideró que hasta que se celebre el juicio "pueden pasar dos años" porque "las acusaciones son muy flojas" e insistió en que, en su opinión, la Fiscalía "hace todo lo que puede para complacer a los jefes pero no hay nada".

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules acordó a principios de junio transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra 13 imputados del denominado 'caso Fabra' y entendía que, "en principio", y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.

De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los relativos a la Hacienda Pública.

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004.

El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

www.levante-emv.com 25.06.10

CARLOS FABRA: ´SERÉ INOCENTE HASTA EL DÍA QUE HAYA UNA SENTENCIA QUE ME CONDENE´  

El presidente de la Diputación de Castelló y del PP provincial, Carlos Fabra, convaleciente de un reciente trasplante de hígado, ha vuelto a salir a la opinión pública tras la operación en una entrevista en la que, al margen de valorar la actualidad política, denuncia la presunta aparición de una "mano negra" detrás de todos los procesos judiciales que tiene abiertos en los juzgados de Nules. 

Fabra señala, en una entrevista, que "hay una mano, no negra, negrísima" en los informes de Hacienda, de la Agencia Tributaria o de los peritos judiciales". El presidente provincial del PP, que se recupera ya en su casa de Platgetes de Bellver de Orpesa, critica que se le disfrace de presidiario, que digan que ha obtenido seis millones de euros de empresarios o que le llamen corrupto "y aquí no pase nada", lamentando que "todas las demandas que he presentado en defensa de mi honor prácticamente no han sido estimadas", lo que le lleva a valorar que "aquí calumniar e insultar sale gratis". 

Sobre su proceso judicial, pendiente de si se abre juicio oral el próximo 25 de junio, Carlos Fabra, en la entrevista concedida al citado diario, subraya que "todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y yo seré inocente hasta el día que tenga una sentencia firme que me condene, y como soy inocente voy a seguir hasta el final liderando con mi partido una nueva victoria electoral".  

Fabra se muestra irónico al apuntar que "la Fiscalía Anticorrupción a mí siempre me tiene presente, parece que me quiere sacar el hígado que me han puesto, y sin embargo no veo que con Bono -en alusión al presidente del Congreso- tenga el más mínimo interés en investigarlo".  

Sobre Francisco Camps, asegura no tener "ninguna duda" de que debe ser el candidato del PP a la Generalitat en 2011 y, frente a las críticas vertidas contra el presidente del ejecutivo valenciano desde las propias filas populares, asevera que "sólo me interesa lo que piense Rajoy, y estoy seguro de que le va a apoyar". En relación al caso Gürtel, se pregunta si cualquier político, del presente y del pasado, "no ha recibido alguna vez un regalo con motivo de su santo o de Navidad", apuntando que "si eso es cohecho impropio y es un delito, nos deberían procesar a todos".  

Sobre su futuro, asegura que volverá a primera línea en septiembre para organizar las candidaturas municipales y autonómicas y descarta ser candidato "salvo circunstancias muy especiales", en clara alusión al futuro político de Camps.  

Igual de relacionado con el presidente del Consell está la candidatura a la alcaldía de Castelló, que volverá a estar presidida por Alberto Fabra "salvo algún imponderable imprevisto". 

(www.levante-emv.com, 21/06/10)

LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓ CENSURA UN ARTÍCULO DE COLOMER CRÍTICO CON FABRA 

El equipo de gobierno en la Diputación de Castelló ha censurado un artículo de opinión del portavoz socialista, Francesc Colomer, en la revista institucional "Les Aules". La justificación es que el escrito -en el que Colomer pide explicaciones a Fabra por el posible fraude fiscal- no tiene relación con la actividad de la entidad. El PP ha hecho uso de la misma revista para criticar al PSOE por cuestiones ajenas a la diputación.  

La publicación "Les Aules" dispone de un espacio para los artículos de opinión de los portavoces de los tres grupos políticos. Para el próximo número, Colomer remitió un artículo con el título "El silencio vergonzante". El socialista critica en el texto que en la provincia se dan casos "muy graves de presunta corrupción". Sobre todo, el que afecta a Carlos Fabra, que lleva "castigando la imagen de las instituciones democráticas y lesionando la percepción que tiene mucha gente de la política". Colomer insiste en pedir a Fabra que justifique "el origen de sus millonarios ingresos". 

El PP ha censurado este artículo. Un escrito firmado por el jefe de prensa traslada a Colomer que la revista "Les Aules" es "un instrumento de comunicación para difundir la actividad que la institución realiza día a día". "Entendiendo que todos los diputados tienen que ser respetuosos con la institución provincial y con cada uno de los miembros que la representan".  

La diputada Esther Pallardó evitó dar explicaciones sobre el veto: "No tengo nada que decir". No quiso pronunciarse sobre el hecho de que miembros del equipo de gobierno hayan publicado artículos sobre temas que nada tienen que ver con la actividad de la diputación.  El portavoz del PP, Vicent Aparici, es el que más se prodiga en escritos trufados de críticas al PSPV y a Francesc Colomer. 

(www.levante-emv.es, 18/06/10)

EL FISCAL SE OPONE A QUE UN JURADO DECIDA SOBRE FABRA 

El fiscal anticorrupción designado para el caso Fabra ha recurrido el auto del titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón) en el que, tras seis años de diligencias, da por finalizada la instrucción de la investigación e indica que la competencia para su juicio es del jurado. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, el fiscal entiende que el caso debería seguir como un procedimiento abreviado y no con las características que determina la Ley del Jurado. 

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que se le imputan los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, ha recurrido también el auto y plantea la nulidad del mismo, ya que considera que no existen indicios de la comisión de los supuestos delitos que señala el juez. 

El titular del juzgado número 1 de Nules decretó el pasado 1 de junio el fin de las diligencias previas del caso Fabra y decidió transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado, tal como planteó la Unión de Consumidores (UCE), que ejerce de acusación popular, dado que los delitos de tráfico de influencias y cohecho son competencia del jurado. El juez entiende que la conexión entre estos y los supuestos delitos contra la Hacienda Pública impide juzgarlos por separado y que todos ellos han de ser vistos por un jurado. 

(www.elpais.com, 16/06/10)

¿Cacique o ciudadano ejemplar?

El final de la investigación judicial deja a Carlos Fabra más cerca del banquillo

"Si ser cacique es ejercer de presidente, sí soy cacique". "El que paga, manda". "Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida". "Ni sé a la gente que habré colocado en 12 años". "El pueblo me ha absuelto". Estas son algunas de las frases más sonadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Frases que revelan su forma de entender la política, su forma de hacer política.

En la corta distancia y hasta hace poco tiempo, Charly tenía pocos límites. Divertido, ameno, espléndido en su atención a amigos o invitados, se ha caracterizado por beberse la vida a tragos largos.

Antes de que finalice el año podría estar sentado en un banquillo, frente a un jurado popular, para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, bajo cuyo paraguas se especifican delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Se le acusa de haber utilizado su cargo, haber sacado rédito por ese uso ilícito y, además, no haber declarado a la Hacienda pública todos sus ingresos que, en parte, podrían tener su origen en ese enriquecimiento ilícito. La vida pública y la privada mezcladas y unidas en una causa judicial.

El caso es que la Agencia Tributaria y dos peritos inspectores de Hacienda han destapado un incremento patrimonial que no se ajusta a los ingresos declarados. Según el informe que analiza sus movimientos bancarios y patrimoniales, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, movieron, entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros en sus cuentas, de los que algo más de cuatro tienen origen y procedencia conocida y lícita, lo que no pasaría con otros 3,6 millones de euros. El informe se ciñe a las cuentas personales de los Fabra. Al presidente provincial, durante esos años, todas las declaraciones de Hacienda le salieron a devolver.

¿Qué han hecho los Fabra con ese dinero del que ahora se cuestiona la licitud de su origen? El mismo informe indica cómo la familia adquirió, durante esos años, varias parcelas, una casa en la urbanización Les Platgetes de Oropesa y un piso de 400 metros cuadrados en Las Salesas de Madrid. Según los datos del mismo informe, el coste de estos inmuebles asciende a, aproximadamente, 1,5 millones de euros que, en cualquier caso, no fueron desembolsados sino que forman parte de las deudas que, a través de préstamos hipotecarios, adquirieron. Aún así, el informe también indica que los Fabra han vendido otros inmuebles por los que, en estos años, deben haber percibido algo más de un millón de euros.

¿Y el resto del dinero? Los movimientos de las tarjetas de crédito de Carlos Fabra desvelan su tren de vida. En uno de sus momentos más álgidos, en 2001, el presidente de la Diputación de Castellón llegó a gastar más de 45.000 euros en un solo mes, la mitad de lo que supone su sueldo anual al frente de la institución provincial. Los montantes fueron cargados en diferentes cuentas por el uso de varias tarjetas, todas ellas a su nombre o a nombre de Carmacas, la sociedad de asesoría que preside. Hoteles, restaurantes, tiendas... Algunos de los pagos realizados durante esos años con tarjeta superan los 9.000 euros.

Durante los más de seis años que ha durado la investigación, Carlos Fabra apenas ha dado explicaciones públicas de los datos concretos que se le imputan. Desde el principio, negó haber mediado ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de quien ahora es su enemigo pero que, durante años, fue su amigo, el empresario Vicente Vilar. Adujo haberse interesado por los negocios de este empresario como se interesó por los de otros. Contra esta afirmación existen decenas de documentos remitidos y recibidos por diputados, senadores, directores generales, e incluso ministros, en respuesta a las preguntas sobre la tramitación de los productos de Vilar.

Bolsas de plástico con millones, relojes y joyas y otros ingresos "millonarios" fueron, según el empresario, la forma de pago de los favores realizados por Fabra para que sus productos obtuvieran las autorizaciones necesarias. Carlos Fabra negó haber percibido contraprestación alguna por las gestiones realizadas, que él enmarcó en su deber político. "Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial, salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia", ha afirmado.

Después de que la Agencia Tributaria le acusara de fraude fiscal, Fabra leyó un comunicado en el que negaba haber defraudado a Hacienda. Pero, al margen de estas explicaciones, cualquier mención al caso Fabra ha sido tomada como una ofensa y tratada como una campaña orquestada en su contra y de la que no ha sido más que una víctima.

"Es un ciudadano ejemplar", dijo de él Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. Carlos Fabra no ha mostrado ningún problema en asumir el calificativo de "cacique". Y Rajoy, por ahora, no se ha desdicho de sus alabanzas al presidente provincial de Castellón.

www.elpais.es 06.06.10

Seis años de argucias y poca colaboración

"El acopio de la información, como todo el proceso de obtención en el que el perito ocupa una situación pasiva, ha sido prolongado en el tiempo e incompleto, ya que a esta fecha hay limitaciones, no impeditivas, por carencia de determinada información". Los peritos que han realizado el informe pericial que analiza las cuentas y el patrimonio del matrimonio Fabra han tardado más de cuatro años en concluir su investigación. En su escrito detallan que no podían "cumplir su mandato sin disponer de la documentación que soportase los hechos sobre los que la pericia debería pronunciarse" y con esta diplomacia hacen saber que los bancos y cajas a los que se solicitó información no han sido todo lo colaboradores que deberían.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que encargó el informe, ha realizado decenas de requerimientos a las entidades para que facilitaran la información. En cualquier caso, el Banco de España podría haberles advertido de su deber de colaborar con la justicia, cosa que nunca ocurrió.

Además de la poca diligencia en la aportación de documentación, el caso Fabra ha topado con otros obstáculos judiciales y procesales. Judiciales porque el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha sido lugar de paso de nueve jueces durante los seis años que ha durado la investigación, en la que también han participado cuatro fiscales. Procesales porque la defensa de Fabra, y las de la mayoría del resto de imputados, han recurrido cada auto, providencia y solicitud de prueba de los jueces, fiscales o de la acusación popular, que está representada por la Unión de Consumidores. Los recursos se pueden contar por decenas y aunque Carlos Fabra ha clamado en más de una ocasión contra la lentitud de la justicia, uno de sus últimos escritos al juzgado desvela un intento de frenar el cierre de la investigación, ya que reclamó que se realizara un informe semejante al realizado por los peritos durante más de cuatro años.

www.elpais.es 06.06.10

EL JUEZ FRENÓ EL INTENTO DE FABRA DE EVITAR EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

El presidente del PP de Castellón pidió un nuevo informe pericial

El caso Fabra ha llegado, después de más de seis años, a la conclusión de la fase de instrucción, decretada el martes por el titular del juzgado número 1 de Nules. Sin embargo, el principal imputado en la causa, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, trató que las diligencias previas, el tiempo de investigación, se prolongara durante un tiempo impredecible. Pero el juez lo ha frenado y ha dado por concluida ya la instrucción al encontrar indicios de la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Fue entonces cuando el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que no debía conocer el intento de Fabra de dilatar el procedimiento, se alegró de que "por fin", con la celebración del juicio, el presidente del PP de Castellón pudiera demostrar su inocencia.

"Han esperado a que estuviese acabado para proponer otro igual", dice el juez

El juzgado esperaba, desde hace más de cuatro años, un informe pericial que "determinara la naturaleza y el origen del incremento patrimonial experimentado" por Fabra, su esposa, María Amparo Fernández, y sus hijos. El presidente de la Diputación recurrió la decisión judicial de realizar el informe y la habilitación general otorgada a los peritos, que son inspectores de Hacienda. Recurrió porque consideró que el acceso a la información de sus cuentas podía lesionar su intimidad. Pero, una vez desestimados todos estos recursos, no consideró la necesidad de realizar otro informe. Han "esperado a que el informe estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", es parte de la respuesta otorgada por el juez de Nules, Jacobo Pin, en un auto en el que reprocha a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años" desde que la Audiencia Provincial ordenó el informe pericial, que finalmente ha destapado nueve presuntos delitos fiscales cometidos por el matrimonio Fabra que, según los peritos, defraudó 1,7 millones de euros a Hacienda.

"No se puede pretender que se practiquen diligencias de prueba indefinidas", responde el juez a la petición de que un experto, propuesto por los imputados, elabore un nuevo informe patrimonial. En cualquier caso, deja la puerta abierta a que encargue otro análisis de sus cuentas y lo aporte como prueba en el juicio.El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, había evitado pronunciarse sobre la decisión judicial de concluir la investigación del caso y confirmar las imputaciones por tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública de las que se acusa al propio Fabra. Sin embargo, ayer, reaccionó después de que el secretario de organización del PSPV-PSOE de Castellón y diputado provincial, Francisco Valverde, replicara al alarde de los resultados electorales obtenidos por el PP pese a las imputaciones. "A Al Capone también le iba muy bien", dijo Valverde, quien se preguntó "si el resultado electoral justifica que una persona pueda defraudar más de un millón de euros a Hacienda o delitos como el tráfico de influencias o el cohecho".

La defensa a Fabra llegó en boca de uno de los vicepresidentes de la Diputación de Castellón y vicesecretario de Organización del PP, Vicent Aparici, quien dijo que "la única referencia" que existe en España con "algún parecido a actuaciones realizadas por Al Capone es la que se llevó a cabo el Gobierno socialista con la creación del GAL".

Guerra abierta

Aparici quiso mostrar su "indignación" con el PSPV: "En este país, en esta Comunidad y en esta provincia, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario". Y añadió: "No se puede injuriar, calumniar y faltar al respeto al líder provincial, en tanto en cuanto es un ciudadano contra el que no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria". Aparici está imputado por un presunto delito ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel como responsable de permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall d'Uixó, de donde era alcalde.

La guerra abierta entre populares y socialistas no se queda en la oratoria y llega a los juzgados. Fabra ha presentado una querella criminal contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, al que acusa de un supuesto delito de calumnias e injurias por unas declaraciones efectuadas en un pleno. Ese día Calles dijo que el Ayuntamiento de Castellón "está bajo la sospecha indigna de la actuación de un concejal que ha defraudado a la Hacienda pública y del que penden graves imputaciones judiciales". Fabra ya presentó una demanda contra Calles, que archivó la Audiencia, por una campaña publicitaria sobre sus ingresos millonarios y sobre las donaciones de fincas al vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.

www.elpais.es 05.06.10

EL JUEZ PROPONE SENTAR A FABRA ANTE UN JURADO POR COHECHO Y FRAUDE FISCAL 

Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado número 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado. 

El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública".  

No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero. 

El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación. 

Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial. 

(www.elpais.com, 02/06/10) 

EL JUEZ PREPARA LA VISTA ORAL CON JURADO CONTRA FABRA POR COHECHO Y FRAUDE FISCAL 

El día que Carlos Fabra ganó las últimas elecciones locales y autonómicas dijo aquello de "el pueblo me ha absuelto en las urnas". Ahora podría darse la gran ironía de que sea el pueblo, un tribunal popular, quien tenga que juzgarlo de verdad.  

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha dictado un auto en el que acuerda "transformar" las diligencias penales abiertas desde hace más de 6 años contra el líder provincial del PP y otros 12 imputados en "procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado", según informó ayer en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).  

En su auto, el juez Jacobo Pin entiende que, "en principio y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado".
De esta manera, el instructor considera que hay indicios suficientes de que en los primeros años de la década de 2000 Fabra y otros mandatarios del PP castellonense mediaron ante altos cargos de los gobiernos de Aznar con la finalidad de beneficiar a Naranjax, una empresa privada fabricante de productos plaguicidas. El gerente de esta firma, Vicente Vilar, en aquellos tiempos socio de Fabra, rompió trato comercial con el líder provincial del PP y decidió, a finales de 2003, querellarse contra él y acusarle de cobrar comisiones millonarias a cambio de hacer favores políticos al más alto nivel.  

Pero el auto del juez Jacobo Pin va aún más allá. A los delitos contra la Administración Pública deben sumarse, según el titular del Juzgado de Nules, "otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los delitos contra la Hacienda Pública".  

El auto de Pin recuerda que la conexión de todos estos delitos -los que tienen que ver con el cohecho y el tráfico de influencias, por un lado, y los relacionados con el fraude fiscal por otro-, fue "declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castelló el 24 de enero de 2006". Separar la investigación de ambas ramificaciones del caso Fabra "afectaría a la continencia de la causa", según recoge la resolución de Pin apoyándose en la Audiencia Provincial. Además, el instructor da una razón más para que se investigue todo el caso Fabra según la Ley del Jurado: la presunta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública del matrimonio Fabra "podría servir para lograr la impunidad de los hechos presuntamente constitutivos de cohecho y tráfico de influencias". 

Así las cosas, el próximo 25 de junio los abogados de los imputados y de las acusaciones particulares acudirán al juzgado de Nules para cumplir el primer paso de la Ley del Jurado: "concretar la imputación, solicitar el archivo o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación". 

El auto de Pin se produce 12 días después de que el fiscal anticorrupción asignado al caso, Luis Pastor, asegurara a las puertas del Juzgado de Nules que la instrucción del caso Fabra está "prácticamente concluida". La Fiscalía entiende que el informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda sobre las cuentas de la familia del presidente de Castelló es "suficiente prueba" para formalizar una acusación por escrito. Según ha podido saber Levante-EMV, este informe ha detectado que Fabra evadió un millón de euros al fisco, mientras que su esposa dejó de declarar 800.000 euros.  

Pin considera en su resolución judicial que el supuesto fraude fiscal cometido por los Fabra deriva de "ingresos no justificados en sus cuentas corrientes", por lo que en principio podría haber conexión entre este incremento patrimonial y los pagos millonarios que fueron denunciados en su día por el empresario Vilar. 

Se da la circunstancia de que la UCE, personada como acusación particular a través de sus abogados José Luis Vera y Virgilio Latorre, ya pidieron en su querella del año 2004 que el proceso se siguiera bajo la Ley del Jurado.Durante estos 6 años de diligencias previas, el caso Fabra ha sufrido todo tipo de vicisitudes. La causa pasó por las manos de 10 jueces y 4 fiscales.
Además, el ex fiscal jefe de la Audiencia de Castelló, Javier Arias, primero en investigar el asunto, no vio indicios racionales de criminalidad en las querellas de Vilar y formuló aquella polémica pregunta a Fabra durante su interrogatorio: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?". "Nunca. Ni por un precio irrisorio ni por nada", contestó el presidente de la diputación. 

(www.levante-emv.com, 02/06/10)

CARLOS FABRA, IMPUTADO POR COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha acordado transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados del denominado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP castellonense, Carlos Fabra, y a su ex mujer, María de los Desamparados Fernández. 

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el instructor entiende que, "en principio" y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado. 

De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los relativos a la Hacienda Pública. La conexión de estos delitos fue declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castellón el 24 de enero de 2006, según el TSJCV. 

El próximo 25 de junio se celebrará en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación. 

La última diligencia practicada en relación con este caso tuvo lugar el pasado 21 de mayo, cuando declaró en el juzgado la ex mujer de Fabra, que sólo respondió a las tres preguntas efectuadas por su abogado defensor. En esta jornada también había sido citado inicialmente al presidente de la Diputación castellonense, aunque su comparecencia quedó aplazada porque el dirigente del PP se encuentra de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid. 

No obstante, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, apuntó tras la declaración de Fernández que el procedimiento estaba "listo para cerrarse" y consideraba que la declaración de la ex mujer del presidente de la Diputación sería la última, por lo que Fabra no sería citado de nuevo a declarar. Asimismo, señalaba que la instrucción de la causa "podría cerrarse antes del verano" porque no quedaban más diligencias por practicar. 

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004. En relación con esta causa, un informe de los ingresos del dirigente conservador, realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. 

El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño. 

(www.publico.es, 01/06/10)

El fiscal da por acabada la instrucción del 'caso Fabra'

Después de seis años y medio de investigación, el fiscal anticorrupción encargado del caso Fabra, Luis Pastor, considera que las diligencias ya están concluidas y el asunto, listo para ser calificado. Tras la formulación de los supuestos delitos cometidos que realizarán las partes, el juez decidirá si existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o, por el contrario, archivar el caso.

Así lo indicó ayer Pastor a las puertas del Juzgado de Nules (Castellón) que investiga a Fabra por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. El fiscal calculó que "antes de verano" se presentarán las calificaciones.

Ayer, la esposa de Fabra se negó a declarar ante el juez para explicar el origen de los millonarios ingresos detectados en las cuentas del matrimonio entre 1999 y 2004. Los peritos apuntan que ambos cometieron nueve presuntos delitos de fraude fiscal.

www.elpais.es 22.05.10

LA ESPOSA DE FABRA SE NIEGA A DECLARAR POR SUS INGRESOS MILLONARIOS 

María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia, hoy, ante el titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón). Fernández iba a ser interrogada sobre los ingresos millonarios detectados en las cuentas del matrimonio y sobre los cuatro presuntos delitos fiscales que se le atribuyen en el informe pericial encargado por el juzgado, que investiga a Fabra ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. En los apenas diez minutos que permaneció en el interior del juzgado, María Amparo Fernández únicamente contestó a las preguntas de su letrado. 

A juicio del fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, el caso está ya para calificar, tal como dijo a la salida del juzgado, tras considerar que el periodo de instrucción ha finalizado. Así, Pastor descarta, a la vista de que Fabra ya se negó en una ocasión a declarar por estos hechos y dada la respuesta de su esposa, que el presidente de la Diputación sea de nuevo citado, tras el aplazamiento de la comparecencia de hoy debido a que está aún convaleciente de un trasplante de hígado. El fiscal apuntó que antes del verano el juez podría determinar si hay indicios suficientes para que Fabra se siente en el banquillo o, por el contrario, archivar el caso. 

Los peritos encargados de investigar el incremento patrimonial del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han detectado un total de nueve presuntos delitos fiscales en las cuentas de Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. Según el informe, Hacienda dejó de ingresar 1,7 millones de euros que, entre ambos, deberían haber abonado a las arcas públicas por el IRPF. Los peritos han analizado los más de 8 millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra y sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones de euros. 

(www.elpais.com, 21/05/10)

EL PP DE CASTELLÓN EVITA DEFENDER A FABRA TRAS EL INFORME SOBRE DELITOS FISCALES 

"No es motivo de esta rueda de prensa". Bajo esa excusa, los dirigentes del PP de Castellón han evitado defender al presidente provincial y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tras el informe pericial que le apunta como presunto autor de nueve delitos fiscales cometidos junto a su esposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. Ayer fueron el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, que ocupa la presidencia mientras Fabra se recupera de un trasplante de hígado, y el vicepresidente Vicent Aparici. Ninguno de los dos quiso hacer valoración alguna de los datos que se conocen sobre el informe que señala que el matrimonio dejó de ingresar a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante el período investigado por el juzgado número 1 de Nules, donde se instruyen las diligencias ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. 

Tampoco la secretaria general del PP de Castellón, Marisol Linares, quiso referirse esta semana al tema. Ni siquiera manifestó la confianza del partido en la actuación de su presidente. El silencio también fue la respuesta escogida por el diputado por Castellón Juan Costa, que pese a sostener que él nunca evita pronunciarse sobre cualquier tema, por peliagudos que sean, optó por no valorar los nuevos datos. 

El coordinador general del PP y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, fue el único que no encontró escapatoria a las preguntas, aunque remitió a sus abogados: "Tendrán que ser sus abogados los que den las aclaraciones oportunas, y estoy convencido de que lo harán". 

Fabra está llamado a declarar el viernes, precisamente, para ser interrogado sobre los ingresos detectados en sus cuentas. Sin embargo, su convalecencia hace prever que no acudirá al juzgado. 

El informe pericial ha analizado los más de ocho millones de euros ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias) en las cuentas de los Fabra y sostiene que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones. Además, el documento refleja cómo el matrimonio solicitó más de una treintena de préstamos y que el montante de la cantidad aportada por los bancos supera los 3,7 millones de euros. 

(www.elpais.com, 19/05/10) 

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LA CUENTA CON LA QUE FABRA Y MARTÍNEZ MANEJABAN EL DINERO DEL PP 

Entre 1999 y 2004 el dinero del PP estaba en manos de los dos hombres fuertes del partido en Castelló: el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y su vicepresidente, Francisco Martínez. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción investiga la cuenta corriente que ambos compartieron como cotitulares y de la que entraban y salían cantidades millonarias mediante transferencias o talones.  

El fiscal asignado al caso, Luis Pastor, trata de indagar la procedencia del dinero que llegaba a esta cuenta, de la que supuestamente se nutría el PP para sus gastos de financiación. Cabe recordar que Hacienda ha detectado al menos 3,7 millones de euros sin justificar, en 6 años, en casi un centenar de cuentas en las que Fabra aparece como titular, cotitular o persona autorizada. 

Según consta en el informe que los inspectores de Hacienda han enviado ya al Juzgado de Nules sobre el estado patrimonial de Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, la cuenta 0182-6827-51-0201812100 fue abierta en el BBVA a nombre de Fabra y Martínez. Los peritos son concluyentes cuando afirman que de la documentación facilitada por la entidad financiera puede deducirse que la titularidad de esa cartilla «corresponde realmente al Partido Popular». 

Los inspectores llegan a esta conclusión porque los fondos transferidos a la cuenta lo son «en todos los casos por el Grupo Popular o el Grupo Partido Popular Diputación». Además, según el informe, el domicilio que Francisco Martínez hace constar en esa libreta como el del partido es el suyo propio: «Avenida Pasillos 2 BJ (Gpo. Popular) Vall d´Alba». 

A esa cuenta iban a parar supuestamente las subvenciones anuales que el PP obtenía de la Diputación. En el año 2001, Fabra y Martínez, o lo que es lo mismo, el Partido Popular, fueron beneficiarios de casi 65.000 euros en sendas transferencias de la corporación provincial, la misma cantidad que se embolsaron en 2002. 

En el año 2003, el informe de Hacienda recoge dos nuevas transferencias de la Diputación a esta misma cuenta por importe de 32.455 y 42.819 euros, respectivamente. En 2004, otros dos ingresos procedentes de la corporación se elevan a 42.995 cada uno, es decir, un total de casi 86.000 euros. En algunos casos el concepto que queda reflejado en la operación es el de «Aportación a grupos políticos» y en otros simplemente aparece la entidad beneficiaria, en este caso el PP. 

Además, el extracto recoge decenas de talones que Fabra y Martínez libraron con cargo a esta cuenta, y por cantidades millonarias, entre el 26 de enero de 2001 y el 22 de diciembre de 2004. Sin embargo, tampoco se aclara en qué concepto abonó el PP estos talones ni el nombre de la persona física o jurídica beneficiada. 

Cabe recordar que Francisco Martínez es, a fecha de hoy, el presidente en funciones de la Diputación de Castelló, ya que Carlos Fabra sigue convaleciente en Madrid tras un trasplante de hígado.
 

El informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda a instancias del Juzgado de Nules que investiga a Carlos Fabra y a su mujer, María Amparo Fernández, señala que ambos obtuvieron «ganancias patrimoniales no justificables» por 3,7 millones de euros entre 1999 y 2004. Fabra habría cometido 5 delitos fiscales y dejó de ingresar una cuota de 980.935,37 euros en el periodo investigado. A su mujer se le imputan 4 delitos contra las arcas públicas. 

(www.levante-emv.com, 19/05/10)

LA AMERICAN EXPRESS DE FABRA REGISTRA MÁS DE 2.000 EUROS SÓLO EN COMIDAS EN UN MES 

El tren de vida del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, fue tan intenso en los últimos años que pocos serían capaces de seguir su ritmo de cartera. El extracto sobre el estado de cuentas de su tarjeta American Express revela que no se privaba de capricho alguno mientras los ingresos en transferencias y cheques sin justificar -al menos 3,7 millones en 6 años- engordaban sus cerca de cien cuentas bancarias en las que aparecía como titular, cotitular o persona autorizada.  

Un buen ejemplo es el resumen de American Express de septiembre del 99. Ese mes, Fabra sufragó comidas y cenas en las mejores mesas del país. Así, el 8 de agosto abonó 674,11 euros en el restaurante Tristán de Portals Nous (Baleares); al día siguiente firmó otra factura de 559,18 euros en el restaurante del Puerto-Comida internacional de la misma localidad balear, donde además se gastó 501,66 euros en el Hotel de lujo Son Vida. Horas después, el líder provincial sucumbió a otro banquete regio por 553 euros en el restaurante Can Joana San José (Baleares), según consta en el balance de American Express. Pero las experiencias culinarias del presidente de Castelló no quedaron ahí: el 12 de agosto Fabra volvió a tirar de Visa para pagar otra comida en el restaurante vasco-navarro Amalur de Ibiza (354,34 euros).  

Noviembre del año 2000. La asesoría Carmacas del presidente está a pleno rendimiento y la American Express echa chispas: Restaurante José Luis-Teatro Real de Madrid (195,33 euros); Restaurante Combarro de Madrid (639,36 y 303,48 euros el 7 y el 22 de noviembre, respectivamente); Marisquería Veracruz de Almería (189,32); y restaurante José María de Segovia (127,33). Pero los caprichos de Carlos Fabra no se ceñían sólo al mantel exquisito. Así, el 7 de agosto del 99 adquirió calzado por 420 euros en la zapatería Yanko de Palma de Mallorca y esa misma tarde finalizó sus compras en la boutique de Hermenegildo Zegna de la misma ciudad, donde firmó otra factura en ropa por importe de 516 euros.  

El 10 de agosto, la boutique de moda y complementos Arias de Ibiza recibió la visita de Fabra, que se llevó a casa prendas por 206,75 euros. Dos días después,volvió a sacar la Visa en la zapatería de señora Campos de Ibiza (146,50 euros), así como el 2 de septiembre en Madrid, en la tienda Azul (71 euros) y Angel Schlesser, boutique de señoras (238 euros). Noviembre de 2000 fue proclive para los gastos varios: Perfumería Alvarez Gómez (4 de noviembre, 159,27 euros); Lotusse zapatos (8 de noviembre, 228 euros); Faconnable boutique (8 de noviembre, 283,68 euros); Angel Schlesser (24 de noviembre, 393,06 euros); zapatería Superga (24 de noviembre, 83,54); Cat-Madrid (2 de diciembre, 252,43 euros); Ocho Cinco boutique (2 de diciembre, dos compras por 111,734 y 219 euros); y Lamarca Madrid, zapatería de señora (2 de diciembre, 207 euros). El 1 de diciembre pagó ropa por 207,29 euros en la boutique Jaquetón de Segovia. 

Por otro lado, el informe de los peritos de Hacienda revela que al matrimonio Fabra le tocó cuatro veces la lotería en cinco años, según informó ayer Radio Castellón Cadena Ser. En total, entre los años 2000 y 2004, Onlae ingresó en las cuentas del matrimonio 268.000 euros.  

(www.levante-emv.com, 18/05/10)

LOS BANCOS CONCEDIERON A FABRA 33 PRÉSTAMOS POR VALOR DE 5 MILLONES EN NUEVE AÑOS 

El informe pericial elaborado por dos inspectores de Hacienda para el juzgado número 1 de Nules, revela que desde 1995, fecha en la que Carlos Fabra logró la presidencia de la Diputación de Castellón, y hasta 2004, cuando concluye la investigación de los peritos, los bancos y cajas de ahorro concedieron a la familia Fabra un total de 33 préstamos. 

Carlos Fabra y Amparo Fernández pidieron todos estos préstamos, a pesar de que durante los 6 años investigados por los peritos, ingresaron 8,3 millones de euros en sus cuentas en efectivo, en cheques o por medio de transferencias bancarias. 

El matrimonio Fabra acumuló los pagos de muchos de estos préstamos a la vez, como los créditos por 2.3 millones obtenidos entre 2002 y 2004, y hacían frente al abono de las cuotas con un salario declarado de unos 10.000 euros brutos al mes entre ambos cónyuges, según el informe pericial. 

Los peritos de Hacienda sostienen que Carlos Fabra defraudó a Hacienda entre 1999 y 2004 una cuota de 980.000 euros. María Amparo Fernández habría defraudado una cuota de 750.000 euros en el mismo periodo. Según el informe pericial, el matrimonio Fabra habría cometido nueve delitos fiscales en el periodo investigado. También les tocó la lotería cuatro veces en cinco años según el mismo informe 

(www.cadenaser.com, 18/05/10)

AL MATRIMONIO FABRA LE TOCÓ CUATRO VECES LA LOTERÍA EN CINCO AÑOS, SEGÚN LOS PERITOS 

El informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda para el juzgado de Nules que investiga al presidente del PP y de la Diputación de Castellón revela que la fortuna sonrió hasta en cuatro ocasiones al matrimonio formado por Carlos Fabra y María Amparo Fernández entre los años 2000 y 2004. 

En concreto, los peritos dicen que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ingresó en las cuentas del matrimonio Fabra en 2000 casi 113.000 euros. Al año siguiente, en 2001, les volvió a tocar la lotería, ya que figura otro ingreso del ONLAE de 103.000. La suerte volvió a agraciar en 2002 a Carlos Fabra y María Amparo Fernández porque ingresaron 29.000 euros más. 

En 2003 no les tocó nada, pero un año después lograron 23.000 euros. En total, entre los años 2000 y 2004, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ingresó en las cuentas del matrimonio más de 268.000 euros. 

Los cuatro premios logrados en cinco años no son los únicos conseguidos por el presidente del PP y de la Diputación en Castellón. En 2008 Carlos Fabra ganó dos millones de euros con el Gordo de la Lotería del Niño. 

Como avanzó la Cadena SER, los peritos aseguran en su informe que Carlos Fabra y María Amparo Fernández habrían cometido nueve delitos fiscales entre 1999 y 2004. Según el mismo informe, Carlos Fabra habría defraudado a Hacienda en ese periodo una cuota de 980.000 euros. Durante todos los años de la investigación, a Fabra la declaración de la renta le salió a devolver. 

(www.cadenaser.com,  1505/10)

Un empresario pagó un crédito de 390.000 euros de Fabra

Un ex presidente del Castellón CD se hizo cargo de la deudaLos peritos no encuentran justificación al abono de mejoras en su domicilio

El informe pericial encargado para investigar el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre 1999 y 2004, desvela que el ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet se hizo cargo de un préstamo de 390.000 euros concedido al político, del que era avalista. Bonet fue llamado a declarar ante el juzgado número 1 de Nules, que investiga a Fabra por varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Allí, Bonet admitió que, en su condición de avalista, satisfizo los importes del préstamo: entre 1999 y 2004 aportó algo más de 280.000 euros para hacer frente a los vencimientos, según el informe pericial.

El informe destaca que Fabra ingresó 8 millones de euros en cinco años

La investigación de los peritos sobre las cuentas de Carlos Fabra y su familia entre 1999 y 2004 desvela la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales en los que el presidente de la Diputación y su esposa, María Amparo Fernández, habrían dejado de pagar 1,7 millones de euros al fisco.

El crédito con la Caja Rural Credicoop fue suscrito, con un plazo de diez años, en 1996, apenas un año después de que Fabra accediera a la presidencia de la Diputación. El acuerdo tuvo como avalistas a la esposa de Fabra, a Bonet y a Fernando Roig, empresario y presidente del Villarreal CF. Ambos clubes reciben subvenciones y patrocinios de la Diputación y de la empresa pública Aeropuerto de Castellón, que preside el propio Fabra.

Según la documentación, Bonet se hizo cargo, al menos, durante los seis años que abarcan el período investigado, del principal, los intereses y las demoras que se sumaban cuando Carlos Fabra no pagaba las cuotas.El período investigado por los peritos, que han analizado las cuentas de la familia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre 1999 y 2004, incluye el pago de algunas facturas domésticas: mobiliario de cocina, electrodomésticos, carpintería, obras de reforma... La mayoría de estos pagos se hacía en efectivo, según relatan los peritos, que son inspectores de Hacienda, en el informe encargado por el juzgado número 1 de Nules que investiga a Fabra ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Sin embargo, tal como expresan en su referencia a cada uno de estos pagos, contra los que se emitieron facturas, "no se justificó el origen de los fondos con los que se realizaron los pagos, sin que tampoco hayan podido localizarse en fechas próximas a las facturas cheques o reintegros que hubieren podido ser aplicados al pago de las mismas", ya que los peritos han buscado no sólo fechas coincidentes sino también cantidades aproximadas a lo que posteriormente se pagaba. En estos casos se encuentran pagos que van desde los 1.200 euros hasta los 12.000 euros.

Los peritos destacan en el informe la ingente cantidad de movimientos bancarios en las cuentas de Fabra y su esposa y, tras analizar los más de 8 millones de euros ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias), sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones de euros. Del análisis se han suprimido, tal como indica el informe, las cuentas que corresponden a Fabra como representante público en instituciones.

El informe detalla "otros pagos" y, entre éstos, figura la adquisición de participaciones de Explotación Minera Vanessa, la sociedad que pasó a estar formada por la esposa y el chófer de Fabra, José del Campo, en 1999. Según los peritos, la escritura de adquisición de las 360 acciones estipulaba un precio de compraventa de 21.636 euros. El documento indica que "la parte vendedora confiesa haber recibido 7.212", mientras que el resto del pago debía materializarse durante 2000 y 2001. "No se ha justificado el origen de los fondos" y tampoco se han "localizado en las cuentas bancarias disposiciones de fondos que pudieran haberse aplicado al pago de las citadas cantidades en las fechas indicadas". En cualquier caso, la esposa de Fabra (titular de las acciones) decidió desprenderse de ellas en 2001 y venderlas a Tierra Atomizada, empresa con la que firmó un contrato de promesa de venta por un total de 150.253 euros. "De esta forma, la cantidad ahora percibida casi septuplica la satisfecha menos de dos años antes", inciden los peritos.

Tierra Atomizada fue protagonista de un litigio, que comenzó en 1996, cuando la empresa amplió sus instalaciones sobre un suelo de protección agrícola, que no permite el desarrollo de actividad industrial. Sin embargo, la empresa logró, con el Ayuntamiento de L'Alcora como valedor, que el Gobierno valenciano, presidido entonces por Eduardo Zaplana, aprobara una Declaración de Interés Comunitario, que legalizaba la obra hasta que el TSJ declaró la decisión del Consell "contraria a derecho" en julio de 2001.

Entre los otros pagos también se encuentra el de la adquisición de una parcela rústica, comprada por la esposa de Fabra en 2002. El precio confesado de la compraventa fue de 12.020 euros, cantidad por la que se emitió un cheque. Según los peritos, en la misma fecha en la que se adeuda éste (son movimientos consecutivos) se produce un reintegro de 48.080 euros. La suma de ambos asciende a 60.101 euros, exactamente 10 millones de pesetas, por lo "parece deducirse que el precio realmente satisfecho fue este último y no el confesado en la escritura", según los inspectores.

El informe de los peritos

- Patrimonio. El juzgado de instrucción número 1 de Nules encargó un informe sobre el patrimonio de Carlos Fabra entre los años 1999 y 2004 para investigar presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

- Delitos. El informe de los peritos sobre las cuentas de Fabra y de su esposa desvela nueve presuntos delitos fiscales entre los años 1999 y 2003.

- Fraude. La cantidad defraudada durante seis años ascendería a 1,7 millones de euros, según indican los inspectores de Hacienda.

- Ingresos. Los movimientos bancarios destapan la existencia de más ocho millones de euros de ingresos en efectivo, cheques y transferencias en las cuentas de Fabra y su esposa.

- Ganancias. Las "ganancias patrimoniales no justificadas" ascienden a un total de 3,6 millones de euros.

- Movimientos. El examen de los movimientos bancarios de Carlos Fabra no incluye las cuentas de las instituciones y entes en los que ostenta cargos públicos.

- Premios. Entre 1999 y 2004 Fabra resultó agraciado con ocho premios de la lotería por los que ingresó 266.000 euros. - - - -Préstamos. Uno de los préstamos solicitados por Fabra fue pagado por el ex presidente del Castellón CD Antonio Bonet, que ha abonado más de 287.000 euros en su condición de avalista.

- Avalista. El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, también avaló el préstamo que pagó Antonio Bonet.

- Origen. Los peritos desconocen el origen de los fondos con los que los Fabra pagaron electrodomésticos, carpinteros y diversas obras de reforma.

- Venta. La esposa de Fabra vendió en 2001 unas acciones por las que recibió 150.000 euros, cantidad que casi septuplica la satisfecha menos de dos años antes con su compra.

- Compra. De los movimientos bancarios, los inspectores deducen que el pago de la compra de una parcela rústica no coincide con "el confesado en la escritura"

www.elpais.es 15.05.10

LOS PERITOS HALLAN NUEVE SUPUESTOS DELITOS FISCALES AL MATRIMONIO FABRA 

El informe pericial encargado para investigar el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, señala al dirigente del PP como presunto autor de cinco delitos fiscales entre 1999 y 2003. Según los peritos, que son inspectores de Hacienda, Carlos Fabra dejó de ingresar cerca de 900.000 euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A éstos habría que añadir los 94.000 que, a juicio de los peritos, defraudó en 2004 y que no pueden considerarse delito porque no superan el umbral de los 120.000, que marca la diferencia entre falta y delito. 

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, el supuesto delito fiscal se ha detectado en cuatro ejercicios tributarios, 1999, 2000, 2001 y 2003. Así, entre los dos, las arcas públicas dejaron de contar con los 1,7 millones de euros que debía haber ingresado el matrimonio Fabra, según el informe. 

Sin embargo, todas las declaraciones de renta presentadas por Carlos Fabra en esos años le salieron negativas. Las declaraciones de su esposa fueron positivas, a excepción de las de 1999 y 2000. 

Los peritos han analizado los más de ocho millones ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias) en las cuentas de los Fabra y sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones. Del análisis se han suprimido, tal como indica el informe, las cuentas que corresponden a Fabra como representante público en instituciones. 

El informe de los peritos responde a la decisión judicial de investigar los ingresos, gastos y patrimonio de la familia Fabra entre 1999 y 2004, con el fin de determinar si existió un enriquecimiento injustificado. La decisión se adoptó como parte de las diligencias abiertas por el juzgado número 1 de Nules (Castellón) contra Fabra, que está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. La Agencia Tributaria ya presentó una denuncia por el ejercicio de 1999. Ese mismo año, 2005, el juzgado acordó investigar el patrimonio de Fabra y su familia por lo que se paralizó el plazo de prescripción de los delitos, que es de cinco años. 

Para llevar a cabo el informe, los peritos han analizado los ingresos y movimientos en las cuentas hasta obtener un montante al que se han restado los traspasos entre sus propias cuentas, los procedentes de ventas de inmuebles, los sueldos y el pago de préstamos. 

También se han restado otras cantidades "con imputación específica" entre las que se encuentran ocho premios de lotería de Carlos Fabra. En 2000 percibió 112.909 euros del Organismo Nacional de Loterías. Al año siguiente, los premios también sobrepasaron los 100.000 euros. El total de los ocho premios asciende a más de 266.000 euros. 

(www.elpais.com, 14/05/10) 

"ABSURDO Y DIFÍCILMENTE CREÍBLE" 

El informe de los peritos, que ya ha sido remitido al juzgado número 1 de Nules (Castellón), donde se investiga a Carlos Fabra por la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, no sólo detalla los ingresos no justificados (3,6 millones de euros) y las cantidades que tanto Fabra como su esposa deberían haber ingresado a Hacienda (1,7 millones de euros) entre 1999 y 2004. 

El escrito también hace referencia a las alegaciones esgrimidas por los imputados y sostiene que éstas "deben considerarse no justificativas, en ningún caso, del origen de los ingresos en efectivo realizados en las cuentas". Según el informe, Fabra ha esgrimido dos argumentaciones. Por una parte, alegó que sacaba muchas cantidades de sus cuentas ante la necesidad de tener efectivo para "hacer frente a las amortizaciones de préstamos o saldos negativos". Es decir, que sacaba dinero en el banco y lo tenía en casa hasta que se acercaba un vencimiento o tenía un saldo negativo y, entonces, lo ingresaba. 

Los inspectores de Hacienda consideran este planteamiento "absurdo y artificioso", ya que, según explican, para evitar saldos negativos o amortizar futuras amortizaciones "hubiera bastado simplemente con no efectuar reintegros previos, ya que éstos disminuyen los saldos que se dice que luego han de regularizar". 

Por otra parte, Fabra alegó que los ingresos procedían de importes previamente obtenidos de extracciones de cajeros automáticos y después ingresados en efectivo en las cuentas. En opinión de los peritos, "resulta difícilmente creíble por la sencilla razón" de que los cajeros sólo expiden billetes de 50 euros y los ingresos se realizan, mayoritariamente, con billetes de 100, 200 y 500 euros. 

(www.elpais.com, 14/05/10)

EL JUEZ DE NULES LLAMA A DECLARAR A FABRA POR LOS INGRESOS MILLONARIOS

El titular del juzgado número 1 de Nules ha llamado a declarar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el próximo día 21. Sin embargo, el delicado estado de salud del también presidente del PP en la provincia de Castellón, recientemente sometido a un trasplante de hígado, apunta a que el interrogatorio será aplazado.

El motivo de la nueva citación es que Fabra nunca ha sido interrogado por los millonarios ingresos detectados en sus cuentas ya que, cuando la Agencia Tributaria presentó la denuncia por un presunto delito fiscal, se acogió a su derecho a no declarar.

www.elpais.es 08.05.10

¿Cumplió Fabra el protocolo de trasplantes?

Fuentes del Hospital 12 de Octubre de Madrid manifiestan "serias dudas" sobre cómo se ha procedido en la operación a la que se sometió a mediados de abril el presidente de la Diputación de Castellón y que se produjo justo un mes después de que dimitiera como consejero de Sanidad su yerno Juan José Güemes.

El episodio, cuanto menos, resulta sospechoso. El presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, fue sometido el pasado 22 de abril de madrugada a un trasplante de hígado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La operación la realizó Enrique Moreno González, Premio Príncipe de Asturias y uno de los cirujanos con más renombre del panorama médico español, el mismo, por cierto, que realizó otro trasplante hepático al cantante Raphael.

Fabra delegó de sus funciones en la diputación de manera indefinida al vicepresidente primero, Francisco Martínez, justo un día antes –el 17 de marzo- de que su yerno Juan José Güemes (casado con Andrea Fabra, diputada nacional del PP e hija del dirigente valenciano) dimitiera de su cargo como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Su traslado a la capital fue inmediato y en los días posteriores se empezó a gestionar la operación quirúrgica. En poco más de treinta días los trámites estaban resueltos.

El asunto ha sido comentado en los últimos días en algunas páginas digitales del ámbito sanitario como Acta Sanitaria, donde se apuntan ciertas sospechas al modo de proceder en el trasplante hepático a Fabra y se pone sobre el tapete la posibilidad de que ello haya podido determinar la fulminante salida de Güemes.

Pues bien, fuentes del citado hospital han manifestado a nuevatribuna.es tener “serias dudas” sobre cómo se ha procedido en la operación realizada a Fabra, y ya no sólo por cómo se ha gestionado en este caso la lista de espera y la posibilidad de que se la haya saltado, sino también y principalmente por el hecho de que el trasplante no se hiciera en el Hospital de la Fe de Valencia, donde hubiera sido lo natural, siendo como es este centro hospitalario (como lo es también el 12 de Octubre) uno de los mejores de España en trasplantes.

”ESTABA CONTRAINDICADO”

Al parecer, las listas de espera son fáciles de manipular. En puridad, sólo se necesita un informe médico favorable para proceder a un trasplante de manera inmediata que puede determinar que el paciente entre por la vía de urgencia. El facultativo es el que avala todas las decisiones y en el caso de Fabra “ni desde el punto de vista económico, político o profesional se justifica que haya sido operado en Madrid en lugar de en Valencia”, afirman.

Sin embargo, la razón por la que no se sometió a la operación en el Hospital de la Fe y siempre según las fuentes a las que hacemos referencia, fue porque “estaba contraindicado para recibir el trasplante”. Es decir, Fabra no tenía indicaciones médicas favorables, no cumplía los parámetros adecuados, en definitiva, no era apto para proceder a la operación. Estas consideraciones se determinan en función de otras patologías o enfermedades paralelas. Para entendernos, si una persona tiene un cuadro clínico adverso (cáncer en otros órganos, metástasis, poca esperanza de vida o avanzada edad) es lo que determina la contraindicación, en cuyo caso ya no depende del criterio del médico que lleva al paciente. Y aún así, en el caso de Fabra, se realizó el trasplante hepático. ¿Por qué?

EL CIRUJANO LLAMADO ‘DIOS’

El papel que haya podido jugar en este asunto el eminente cirujano Enrique Moreno González determina en buena medida que la operación se llevara a cabo. Las polémicas rodean a este doctor, no por su profesionalidad que nadie pone en duda –se ha ganado a pulso el apodo de “Dios”- sino por las polémicas surgidas en torno a su figura. La Comunidad de Madrid aprobó un decreto ‘ad hoc’ para que siguiera trabajando a pesar de haber superado la edad de jubilación. Es el llamado decreto de los eméritos, la fórmula legal para que siga ejerciendo, en teoría sin responsabilidad directa.

Pero el caso de este cirujano es distinto. De él se dice que “ha operado a quien nadie operaba”. Ha tenido problemas con el Comité Ético que dimitió en bloque por serias desavenencias con él. Cuando ocurrió el episodio del Severo Ochoa, Enrique Moreno se posicionó claramente a favor del entonces consejero Manuel Lamela y en contra del Luis Montes. “Es muy poderoso. Ha creado un servicio en el 12 de Octubre a su medida. Se salta a la torera las normas. Se le han consentido muchas cosas”, señalan estas mismas fuentes. “Su vinculación con el PP de Aguirre es evidente”, añaden.

”¿CHANCHULLO? ¿ENCHUFE?”

A esto se une la polémica con su propia familia. En el Hospital 12 de Octubre es vox populi el enfrentamiento con su primera esposa y sus hijas, una de ellas casada con otro cirujano al que Enrique Moreno metió en su equipo. El “yernísimo”, le llaman. Hasta tal punto que se llegó a montar un rifirrafe familiar a la vista de todo el mundo, en la misma planta de cirugía después de que Moreno tuviera un affaire con una mujer mucho más joven que él con la que ha tenido un hijo. Las ‘vendettas’ familiares son como un culebrón y su ex mujer no le perdona.

Pero al margen de problemas familiares y sin poner en discusión su profesionalidad y su excelencia a la hora de coger el bisturí (realiza muchísimas operaciones, se tira horas y horas en el quirófano y siempre está disponible) lo que se le critica fundamentalmente es que actúa al margen de todo y de todos. “Hay pacientes que sólo ve él”, se asegura desde el 12 de Octubre, donde también denuncian la “desorganización” del servicio y la falta de control de recursos.

Y a la par, estas mismas fuentes también manifiestan su desconcierto por la actuación de Juan José Güemes, cuya precipitada dimisión algunos achacan a este episodio con el propósito de “reducir –dicen- el impacto de la noticia” (el trasplante de su suegro). Otras voces son aún más contundentes y califican de “chanchullo” y de “enchufe” por parte del ex consejero la operación de su suegro.

http://www.nuevatribuna.es/noticia/34254/ESPAÑA/cumplió-fabra-protocolo-trasplantes.html

LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA EN EL PP DESPUÉS DE FABRA 

El pleno de la Diputación de Castellón se convirtió ayer en escenario de la lucha por la supervivencia que mantienen algunos diputados del PP, o de la pugna por los restos de poder que puedan quedar cuando el elegido por Carlos Fabra para su sucesión, Javier Moliner, llegue al palacio de la plaza de las Aulas. La participación de varios diputados, además de cuatro vicepresidentes, en el debate de la sesión dejó entrever los deseos de posicionamiento de unos y otros, mientras Fabra sigue convaleciente tras un trasplante de hígado. 

Ante lo que parecía una apuesta por quién se mostraba más crítico, intervinieron los vicepresidentes Vicent Aparici, Rubén Ibáñez y Ramón Tomás, además del presidente en funciones, Francisco Martínez, y las diputadas Esther Pallardó y Susana Marqués. 

Hasta ahora, Martínez mantenía el mando delegado por Fabra junto a la diputada Esther Pallardó. Otro de los vicepresidentes, Vicent Aparici, trataba de ensanchar su supuesta parcela de poder, mientras que Rubén Ibáñez se mantenía en la discreta posición a la que Fabra le relegó al principio del mandato. Pero el panorama ayer fue distinto. 

Aparici sigue tratando de alzar su voz, pero tuvo que ceder la defensa de la postura del PP en una moción sobre transparencia, una cuestión de argumentario político que habitualmente debate él. En su lugar lo hizo Marqués, que, además, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benicàssim con un discurso, en su primera intervención, leído. La estrategia fue recibida con sorpresa en el banco socialista en el que el portavoz y alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer, llegó a tutearla, algo inusual. 

Pallardó parece haberse distanciado de la doctrina oficial y, pese a que su competencia es la Comunicación, también quiso mostrar su incisiva oratoria en una propuesta sobre el sector cerámico. Francisco Martínez sólo atendió a los ruegos y preguntas pero las contestó in voce, en lugar de hacerlo por escrito, como solía hacer Fabra. Al margen de eso, intervino para defender la ausencia de algunos diputados durante la exposición de una propuesta del Bloc, alegando que éstos "también tienen derecho a hacer pipí". En el caso de Ramón Tomás, el reto lanzado al portavoz socialista con su "arréglate el cerebro" y "te lo digo a la cara", aunque sin el micrófono encendido, fue una muestra más de la tensión. 

(www.elpais.com, 28/04/10)

FERNANDO ROIG AVALÓ A FABRA UN PRÉSTAMO DE 390.000 EUROS EN 1996 

El empresario Fernando Roig fue uno de los avalistas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en un préstamo concedido por la Caja Rural Credicoop en 1996. La entidad concedió a Fabra algo más de 390.000 euros en un préstamo en el que figuran como avalistas la entonces esposa de Fabra, María Amparo Fernández, Fernando Roig, presidente del Villarreal, y Antonio Bonet, ex presidente del Castellón. 

El préstamo, tal como señaló ayer la Cadena SER, se suscribió en 1996, apenas un año después de que Fabra accediera a la presidencia de la Diputación de Castellón, y se determinó que tendría un plazo de amortización de 10 años. 

La existencia de este préstamo ya se conocía debido a que uno de los avalistas, Antonio Bonet, fue llamado a declarar al juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación y del PP de Castellón está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal.

Bonet fue interrogado entonces por un ingreso efectuado en una de las cuentas de Fabra y lo justificó asegurando que se trataba del pago de una cuota que cubría el impago del crédito que avalaba. El juzgado le requirió para aportar la documentación que acreditara dicho aval, que ahora se ha sabido que también suscribió Fernando Roig. 

En cualquier caso, ésta no es la primera ocasión en que el nombre del presidente del Villarreal sale en las diligencias del caso Fabra. La documentación presentada por el propio Fabra en el juzgado desveló que la empresa Cottocer, SL, que tiene como apoderado a Roig, facturó a Carmacas, la sociedad que el presidente del PP de Castellón formó con dos de sus hijos, 153.378,28 euros entre los años 2000 y 2002. Así, según estos documentos, la mercantil de Roig era una de las destinatarias de los trabajos de asesoramiento que, según dijo Fabra, realizaba a determinadas empresas a través de la mercantil que creó con sus hijos. 

Tanto Roig como Bonet se encuentran en el círculo de amistades del presidente de la Diputación, institución que ha subvencionado durante años a los equipos de fútbol de los clubes que presidían. Además, ambos equipos se han beneficiado del patrocinio de Aeropuerto de Castellón, a través de la sociedad pública Aerocas. 

(www.elpais.com, 22/04/10) 

EL JUEZ INVESTIGA SI EL PRESIDENTE DEL VILLARREAL AVALÓ PRESTAMOS A FABRA  

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, Jacobo Pin, investiga si los empresarios Fernando Roig y Antonio Bonet avalaron préstamos millonarios del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. En concreto, la Justicia investiga uno de esos préstamos por importe de 390.000 euros que Fabra suscribió en el año 96, según informaron ayer fuentes judiciales. En ese documento bancario, que está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción, figuran en calidad de avalistas tanto Roig como Bonet.

En su declaración como testigo, Bonet, ex presidente del CD Castellón, reconoció ante el juez que los ingresos que realizaba en las cuentas de Fabra servían para cubrir las cuotas de un préstamo cuando el líder provincial del PP no lo hacía. O lo que es lo mismo: el empresario castellonense hacía las veces de avalista.  

El juez dictó una providencia en la que pidió al industrial que aportara una copia de ese contrato de préstamo con el fin de poder estudiar su contenido y determinar si otros avalistas firmaron en la misma operación. La declaración de Bonet se produjo a instancias del fiscal anticorrupción asignado al caso, Luis Pastor. Por otra parte, el nombre de Fernando Roig sale a relucir después de que un informe de la Agencia Tributaria detectara ingresos realizados por Cottocer, empresa dirigida por el presidente del Villarreal CF, en cuentas del líder provincial del PP.  

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace seis años el origen de las decenas de ingresos millonarios que el líder provincial del PP recibió supuestamente y transfirió a sus casi cien cuentas corrientes.  

Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castelló en el año 1995. Un año después, según figura en el sumario abierto en el juzgado número 1 de Nules, solicitó a la Caja Rural Credicoop un préstamo de 390.000 euros. Para la concesión del crédito, Fabra necesitó de tres avalistas, que fueron su esposa, María Amparo Fernández Blanes, y los empresarios Fernando Roig y Antonio Bonet. 

No es la primera vez que los nombres de estos dos empresarios aparecen relacionados con el caso Fabra. Bonet admitió en su declaración judicial del pasado mes de noviembre que ingresó 26.000 euros en las cuentas del presidente porque era avalista de este préstamo, que Carlos Fabra había dejado de pagar. En el caso de Fernando Roig, abonó supuestamente y en tres años más de 150.000 euros a Carmacas, la asesoría de Fabra.

La empresa Cottocer SL, vinculada a Fernando Roig, facturó a Carmacas, la asesoría de Fabra, miles de euros entre los años 2000 y 2002, según los informes que barajan la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria.  

Previsiblemente, el juez de Nules llamará a declarar al líder del PP provincial después de que los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción hayan detectado en sus cuentas más de 5,3 millones de euros en ingresos bancarios y cheques sin justificar durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004. 

(www.levante-emv.com, 22/04/10)

CONOCIDOS EMPRESARIOS AVALARON UN PRÉSTAMO DE MÁS DE 390.000 EUROS PARA FABRA 

Dos conocidos empresarios de Castellón avalaron un préstamo de 390.000 euros para el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra. Los empresarios ingresaron después decenas de miles de euros en las cuentas del presidente y en una de sus empresas. La documentación forma parte del sumario del caso Fabra a la que ha tenido acceso la Cadena SER. 

Se trata de los empresarios Fernando Roig y Antonio Bonet, presidente y ex presidente respectivamente, del Villarreal y del CD Castellón, que avalaron en 1996 un préstamo de 390.000 euros concedido por una entidad bancaria al presidente del PP y de la Diputación en Castellón. 

No es la primera vez que los nombres de estos dos empresarios aparecen relacionados con el 'caso Fabra'. Antonio Bonet admitió en su declaración judicial del pasado mes de noviembre que años después ingresó 26.000 euros en las cuentas del presidente porque era avalista de este préstamo, que Carlos Fabra había dejado de pagar. En el caso de Fernando Roig, pagó en tres años más de 150.000 euros a la empresa Carmacas de Carlos Fabra, a través de su sociedad Cottocer, según los datos aportados por el propio Fabra al juzgado. 

El presidente del PP y de la Diputación en Castellón está imputado desde 2004 por los supuestos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho, y fraude fiscal. Un empresario acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad en la época de Aznar, para aprobar licencias de fitosanitarios. 

(www.cadenaser.com, 21/04/10) 

EL PP ELUDE DEFENDER A FABRA 

La defensa férrea que hasta ahora había hecho el PP de su presidente provincial en Castellón y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se va enfriando. La dirección nacional del PP ha optado por no pronunciarse sobre las conclusiones del informe pericial del llamado caso Fabra, según las que el dirigente del PP habría cobrado 5,3 millones de euros supuestamente ajenos a sus retribuciones oficiales. El PP autonómico ha decidido hacer oídos sordos a la publicación de estos datos, adelantados por EL PAÍS el lunes. Y, mientras, sus acólitos en Castellón tampoco han salido en defensa de su presidente y han elegido el silencio como respuesta. Ayer, ni el vicepresidente primero de la Diputación, ni el segundo, ni el cuarto, Francisco Martínez, Vicent Aparici y Rubén Ibáñez, respectivamente, quisieron hacer valoración alguna de los datos del informe pericial. 

Simplemente recurrieron a un "no vamos a hacer valoraciones sobre filtraciones", que es la misma respuesta que dio la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Esa ha sido la reacción del PP mientras el propio implicado está de baja por enfermedad, con lo que tampoco puede dar unas explicaciones que, en cualquier caso, el PP no le ha pedido ni vía telefónica y le mantiene en sus cargos. Han quedado atrás calificativos como el de "ciudadano ejemplar", pronunciado por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy.

Todos los partidos han exigido al PP que se pronuncie sobre las conclusiones del informe que supuestamente pondrá fin al procedimiento judicial, abierto hace más de seis años, en el que Fabra está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. 

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, señaló directamente al presidente del PP valenciano, Francisco Camps, como "responsable político de todo lo que ha hecho Carlos Fabra", ya que "ha consentido y apoyado un comportamiento político exento de ética". La dirección provincial del PSPV-PSOE se reunió ayer en Moncofa y su secretario general, Francesc Colomer, exigió al PP que "actúe con contundencia ante los casos de corrupción tras las revelaciones del caso Fabra". La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol calificó de "incomprensible" la inacción del PP "ante un caso tan grave de corrupción como el caso Fabra". Para el portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, las conclusiones del informe pericial "ponen aún más contra las cuerdas la credibilidad de Mariano Rajoy". 

(www.elpais.com, 07/04/10)

EL JUEZ CITARÁ A FABRA PARA QUE JUSTIFIQUE 5 MILLONES DE EUROS EN INGRESOS Y CHEQUES  

El juez de Nules llamará a declarar al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción hayan detectado en sus cuentas más de 5 millones de euros en ingresos bancarios y cheques sin justificar durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004. 

Tal como adelantó Levante-EMV en su edición del 23 de octubre de 2009, los inspectores han hallado indicios de un posible delito de fraude fiscal por la existencia de "operaciones raras desde el punto de vista tributario cuyo origen y procedencia no se ha podido acreditar". 

Los peritos tienen prácticamente concluido su informe y lo pondrán en manos de Jacobo Pin, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, en los próximos días. A partir de ahí, el instructor del caso Fabra remitirá el documento a las partes, para que puedan hacer sus alegaciones, y citará al presidente de la Diputación, por cuarta vez desde el año 2003, para que aclare cómo obtuvo tal cantidad de ingresos millonarios. De esta manera, a partir de ahora se invierte la carga de la prueba, y ya no serán los inspectores de Hacienda quienes tengan que probar los hechos, sino que será el propio Fabra quien estará obligado a demostrar que obtuvo esos 5 millones de euros por "procedimientos lícitos".  

Según fuentes próximas al caso, los abogados de Fabra tratarán previsiblemente de contrarrestar este nuevo vendaval judicial enviando al juez un certificado médico que acredite la grave enfermedad por la que atraviesa su cliente. Cabe recordar que en la actualidad Carlos Fabra se encuentra en Madrid para someterse a un tratamiento médico y que antes de darse de baja delegó todos sus poderes y las funciones de su cargo, por tiempo indefinido, en su vicepresidente primero y alcalde de la Vall d'Alba, Francisco Martínez. 

El informe elaborado por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción concluye que entre 1999 y 2004 Carlos Fabra se benefició de 240 entregas de dinero en metálico por valor de casi 1.800.000 euros, 130 cheques por 2.700.000 y cerca de 80 transferencias bancarias por un montante de 800.000 euros. Sólo en el año 1999, el primer ejercicio por el que está siendo investigado, obtuvo ganancias no justificadas de patrimonio por un importe de al menos 600.000 euros.  

El informe es fruto de la denuncia que la Agencia Tributaria puso en manos de la Justicia en junio del año 2005, cuando el fisco detectó graves irregularidades en la situación tributaria del líder provincial del PP.  

Según consta en esa denuncia, Fabra canalizaba el dinero que le llegaba a través de ingresos en efectivo en sus casi 100 cuentas bancarias.  

Seis años después de que estallara el caso Fabra, la Fiscalía Anticorrupción está tratando aún de determinar el "origen y procedencia" de tanto dinero negro en efectivo y en cheques. 

(www.levante-emv.com, 06/04/10)   

FABRA INGRESÓ 5,3 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN SEIS AÑOS, SEGÚN EL INFORME PERICIAL 

La investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos. 

Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra. Durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público. 

En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes. 

Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. 

Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas. 

Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía. 

Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual. 

Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.

El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra.

Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.

Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también.

Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete.

Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.

(www.elpais.com, 05/04/03) 

NUEVE JUECES Y CUATRO FISCALES

Carlos Fabra comenzó a ser investigado cuando un empresario, Vicente Vilar, le acusó de cobrarle "cantidades millonarias a cambio de favores políticos". Bolsas de plástico y maletines fueron algunos de los medios usados, según el empresario, para transportar el dinero con el que compensaba la mediación del dirigente del PP para agilizar autorizaciones para productos fitosanitarios. Vilar presentó facturas de joyerías de regalos realizados tanto a la familia Fabra como a otros cargos del PP que, según alegaron, los devolvieron. Y facturas emitidas por una empresa del presidente de la Diputación de Castellón y firmadas por él mismo, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías. 

La investigación desembocó en una inspección de Hacienda y en un proceso por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. Pero, además, el empresario aseguró que la documentación para las autorizaciones de los fitosanitarios estaba falsificada, por lo que se abrió otra causa por falsedad documental. Esta imputación fue archivada el pasado febrero, al no encontrar la Audiencia de Castellón indicios suficientes para mantener la acusación. 

Pero el procedimiento por los delitos contra la Administración y el fraude fiscal sigue vivo, tras el paso de nueve jueces y cuatro fiscales por el Juzgado número 1 de Nules. Carlos Fabra aseguró no haber defraudado nunca a Hacienda y trató de justificar las decenas de ingresos ya detectados en el ejercicio de 1999 alegando que sacaba dinero de una cuenta y lo ingresaba en otra. 

(www.elpais.com, 05/04/03)

FABRA TIRA DE MANDO A DISTANCIA 

El PP mostró ayer las consecuencias de la ausencia de su presidente provincial, concejal del Ayuntamiento de Castellón y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, de baja por enfermedad. A la espera de reponerse, Fabra sigue tratando de dirigir y marcar, por teléfono, las líneas a seguir. Aunque no le salen tan rectas como quisiera. 

En el PP, orgánicamente, la secretaria general, Marisol Linares, es quien debe asumir la presidencia en funciones, ya que el cargo de adjunto a la presidencia, que ocupa el vicealcalde, Javier Moliner, fue un invento del propio Fabra para auparle como elegido para la sucesión. De hecho, este únicamente cuenta con las funciones que en él delegue el presidente. Ambos, Linares y Moliner, se alternan con el protocolo. 

Ayer hubo constancia de ello, en la propia sede del PP, donde los dos habían convocado una reunión junto a alcaldes y portavoces afectados por el desdoblamiento de la N-340, uno de los temas "preferidos" del PP local. Linares no acudió al encuentro y fue Moliner quien hizo las presentaciones, pero también quien cedió el protagonismo, cosa que Fabra no hubiera hecho nunca y menos tratándose de tema que implicaba a varios municipios. Quizá, tampoco hubiera permitido incongruencias como la de la presencia de la alcaldesa de La Vall d'Uixó, municipio que nada tiene que ver con la infraestructura y, sin embargo, la ausencia de Vila-real, directamente afectado por el futuro del vial. 

Así, fue el alcalde de Castellón y presidente del PP local, Alberto Fabra, quien tomó las riendas de una comparecencia en la que desdijo la teoría del propio Fabra (que apostó únicamente por la N-340 porque "liberalizar la AP-7 vale una fortuna") y justificó la presencia de los alcaldes con un nuevo eje costero. En cualquier caso, se pudo comprobar que el tándem presidente local-adjunto a la presidencia provincial, parece mucho más resuelto que en las ocasiones en las que se limitaban a acompañar y ratificar a Fabra. No en vano, el alcalde es también coordinador del PP autonómico y, por lo tanto, referente de los castellonenses en esa dirección. 

Alberto Fabra también fue protagonista de otra de las consecuencias de la ausencia de Carlos Fabra. Ayer, durante el pleno del Ayuntamiento de la capital de La Plana, hubo de utilizar su voto de calidad para que no prosperasen dos mociones presentadas por el Grupo Socialista. De esta manera, se tuvo que negar a la creación de un cheque fiscal para compensar la diferencia entre el incremento de impuestos y tasas aprobado por el PP y el IPC de los últimos tres años. 

En la Diputación, el vicepresidente primero y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, ha asumido la presidencia en funciones. La primera consecuencia de su nueva condición ha repercutido en su propio pueblo, en donde pospuso la celebración del pleno municipal previsto para ayer, pese a que este sólo tiene carácter trimestral. 

En cualquier caso, Martínez mantiene el mando delegado por Fabra, a quien consulta constantemente, sobre todo, a través de la diputada de Comunicación, Esther Pallardó. Otros se esfuerzan por aprovechar su ausencia para tratar de ensanchar su poder públicamente, pero el margen de maniobra es mínimo, puesto que es donde Fabra ha dejado más atada la marcha de la institución, mientras dure su recuperación. 

(www.elpais.com, 26/03/10)

FABRA DELEGA ´SINE DIE´ LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN EN MARTÍNEZ POR MOTIVOS DE SALUD  

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha cogido la "baja laboral" por tiempo indefinido y ha cedido su cargo al vicepresidente primero y alcalde de la Vall d'Alba, Francisco Martínez, por motivos de salud, según reveló ayer un decreto interno de la institución provincial.  

Fuentes de su entorno aseguraron que su ausencia será provisional y que se prolongará mientras se realiza unas pruebas sanitarias en Madrid, comunidad en la que su yerno, Juan José Güemes, es consejero de Sanidad, y apuntaron que regresará entre un mes y medio y dos meses. Fabra mantiene la presidencia del PP de Castelló, aunque desde el partido señalaron que la secretaria general, Marisol Linares,y el adjunto a ala presidencia, Javier Moliner, llevan las riendas desde diciembre. 

Fabra -que según las fuentes consultadas podría someterse en los próximos días a un trasplante de hígado-delegó sus poderes el pasado 12 de marzo. El comunicado de la diputación, firmado por el jefe de Negociado, indica que dicho día fue sustituido por Francisco Martínez hasta "su nueva incorporación" que "será comunicada previamente". Se encuentra en Madrid desde el lunes y está "muy bien, estupendamente", añadieron fuentes de la diputación. En la capital de España, el dirigente popular, de 64 años de edad, se someterá a un tratamiento médico y permanecerá cerca de dos meses.  

El vicealcalde y adjunto a la presidencia del PP, Javier Moliner, restó importancia a esta decisión y espetó que "no es más que una delegación normal para cogerse unos días al igual que lo hace el alcalde y delega funciones en mí u en otra persona". Por su parte, Martínez, quien ayer ejerció de presidente provincial en la inauguración de un helipuerto en Montanejos, evitó pronunciarse.

Es la primera vez que Carlos Fabra delega "sine die" la presidencia de la diputación desde que accedió a ella en 1995, y su retirada provisional siembra más dudas en el futuro del Partido Popular de Castelló.  

Sólo falta un año para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y Fabra todavía mantiene la incertidumbre sobre su continuidad o retirada de la política, una incógnita que no deja de alimentar. El pasado 15 de febrero afirmó sentirse"animado y feliz" por el sobreseimiento provisional de la causa que le investigaba por una supuesta falsedad documental y aseveró: "Falta un año y tres meses. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Me mantengo en mi puesto y cuando llegue el momento Dios proveerá".  

Hace tiempo apuntó su intención de abandonar la política en esta legislatura, aunque dejó abierta la posibilidad a repetir un mandato más si las circunstancias cambian, y éstas pasarían por una marcha del alcalde de Castelló, Alberto Fabra, a Valencia. En este nuevo escenario, su sucesor para la diputación, Javier Moliner, debería seguir en el ayuntamiento.

El secretario provincial del PSPV y portavoz en la diputación, Francesc Colomer, explicó que Martínez le llamó el martes para informarle, y trasladó su "máximo respeto" a la decisión de Fabra y a los "motivos personales" que le han llevado a tomarla. Por su parte, la diputada provincial del Bloc, Maria Gràcia Molés, destacó que con la llegada de Martínez a la presidencia provincial "habrá un cambio de rumbo en la diputación porque Fabra lo asumía todo". "Las responsabilidades estarán más focalizadas en cada diputado". 

(www.levante-emv.com, 18/03/10)

Fabra delega sus poderes por motivos de salud

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha delegado temporalmente sus funciones en el vicepresidente primero de la corporación provincial, Francisco Martínez, para ser sometido a unas pruebas médicas en Madrid.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Diputación, Fabra se encuentra de "baja laboral" y por esta razón ha decidido delegar sus funciones en Martínez, como ha hecho en anteriores ocasiones en una medida que publicará próximamente el Boletín Oficial de la Provincia.

Fabra se encuentra en Madrid desde el pasado lunes y está "muy bien, estupendamente", han añadido las mismas fuentes.

Según el documento remitido el pasado jueves a los grupos por el secretario general de la Diputación, al que ha tenido acceso EFE, Fabra ha sido sustituido por Martínez desde el viernes "hasta su nueva incorporación, que se comunicará previamente".

Carlos Fabra, de 64 años y presidente de la Diputación desde 1995, aseguró el pasado 15 de febrero sentirse "animado y feliz" por el sobreseimiento provisional de la causa que le investigaba por una supuesta falsedad documental y, sobre un hipotético empeoramiento de su estado de salud, dijo: "No tengo tiempo de morirme".

www.levante-emv.com 17.03.10

FABRA ASIGNA 34.800 EUROS A INTER ECONOMÍA PESE A QUE INCUMPLIÓ SU CONTRATO ANTERIOR  

La diputación insiste en patrocinar a la cadena ultraconservadora Inter economía. A pesar de que la emisora incumplió el año pasado su compromiso contractual de realizar un programa desde Castelló, la institución provincial ha vuelto a consignar una partida de casi 35.000 euros para que la cadena emita el 25 de marzo desde la capital de la Plana su espacio televisivo "El gato al agua".  

La diputación aprobó el año pasado por decreto el patrocinio de "El gato al agua", en una edición especial que debía haberse emitido desde el Teatro Principal de Castelló el 16 de octubre. Finalmente la cadena no realizó su espacio, así que hubo que resolver el contrato. Lejos de desistir tras el plante de Intereconomía, la diputación ha consignado, a través de un nuevo decreto, 34.800 euros para el grupo mediático.

La relación entre la diputación e Intereconomía es estrecha. Dos de sus reporteros tendieron una emboscada al abogado José Luis Vera, que ejerce de acusación en el caso Fabra. Se hicieron pasar por empresarios y le invitaron a participar en un negocio millonario. La encerrona se resolvió con la intervención de la Policía. También fueron los autores de la polémica con una reportera del "Caiga Quien Caiga". Intereconomía envió al pleno de la diputación a pseudoperiodistas ataviados con gorras y gafas de sol e impidieron a la reportera la Sexta preguntar a Carlos Fabra. Poco tiempo después se descubrió que uno de estos reporteros había sido guardaespaldas de Tamayo y Saez después del "tamayazo", cuando dos diputados socialistas desbancaron al PSOE e IU del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre en unas elecciones posteriores. Aguirre ha sido una de las máximas defensoras de esta televisión que recibió varias licencias de TDT del Gobierno valenciano. 

También hay una relación por vía familiar. El yerno de Fabra, Juan José Güemes, ha acudido varias veces de invitado al plató de Intereconomía y, en concreto, del programa "El gato al agua". De hecho, el grupo mediático entronca ideológicamente con el ala más dura del Partido Popular.La diputación castellonense ha inyectado en los últimos años a Intereconomía decenas de miles de euros en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes, como ha relatado este diario. La presencia en los despachos de cabeceras como Trámite parlamentario y municipal o Época ha sido habitual. Ahora aporta 34.800 euros para un programa televisivo de audiencia limitada. 

(www.levante-emv.com, 15/03/10)

LAS DILIGENCIAS DEL 'CASO FABRA', A PUNTO DE CERRARSE 

El presidente de la Audiencia provincial de Castellón, Carlos Domínguez, aseguró ayer que las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en las que se le investiga ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, están "a punto de cerrarse". Así lo manifestó ante los micrófonos de la Cadena SER, cuando fue preguntado por la lentitud de la justicia y, del caso concreto que afecta al presidente de la Diputación de Castellón. Domínguez mantuvo que "ha pasado un tiempo excesivo respecto a lo que es razonable" desde que se inició la investigación, hace más de seis años. 

Ahora, el juzgado número 1 de Nules está pendiente de recibir el informe pericial elaborado tras el análisis de ingresos, gastos y patrimonio de Carlos Fabra y del resto de su familia, entre 1999 y 2004. El juzgado decidió, en 2005, que la investigación se extendiera a toda la familia Fabra al considerar que, en este tipo de casos, no resultaba "infrecuente" que el lucro obtenido se "trate de ocultar en la esfera familiar". Así, se designó a dos inspectores de Hacienda, adscritos al Banco de España, para la redacción de un informe. 

"Por el bien de todos", dijo y nombró tanto a las acusaciones como a loas acusados, "las diligencias se deberían acabar cuanto antes", señaló el presidente de la Audiencia. 

(www.elpais.com, 10/03/10)

El PP de Castellón 'castiga' a la SER

El Ayuntamiento de Castellón ha denegado a Radio Castellón-Cadena SER la instalación de una carpa desde la que emitir su programación durante las fiestas de la Magdalena, tal como venía haciéndolo en los últimos años. La negativa coincide con la decisión de la emisora de presentar seis contenciosos, que ya han sido admitidos a trámite, contra la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de Castellón, Almassora, Vila-real, Burriana, y La Vall d'Uixó, todas ellos gobernadas por el PP, por discriminar publicitariamente a este medio de comunicación.

En su escrito, el Ayuntamiento señala que la instalación de la carpa de 10 por cinco metros "afectaría al mobiliario urbano, tales como bancos, papeleras, así como al reducir el espacio de peatones". Sin embargo, la emisión desde este mismo punto, con el mismo mobiliario, se ha realizado desde 2007, con la preceptiva autorización municipal. La emisora realizó la petición de ocupación de vía pública (que en la capital de La Plana, durante las fiestas, se otorga por decenas) en diciembre. Sin embargo, no fue hasta el miércoles cuando el PP trasladó su decisión de negarla.

Las denuncias de discriminación en inversión publicitaria institucional se basan en que la SER ocupa el puesto de líder de audiencia en la provincia, según el Estudio General de Medios.

www.elpais.es 05.03.10

LA BENEFICENCIA DE FABRA ES RUINOSA 

Para entregar una donación de 68.000 euros, la Diputación de Castellón se gastó cerca de 170.000. Ésas son las cuentas de la última feria taurina de la Beneficencia organizada por la institución provincial, en junio del pasado año. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, desveló ayer la recaudación obtenida tras la celebración de los dos festejos taurinos (una corrida de toros y una novillada sin picadores) y entregó a las dos asociaciones beneficiarias sendos cheques por valor de 34.500 euros cada uno. Sin embargo, el montante de los gastos, que se aprobaron por decreto, para sacar adelante esta feria son más del doble de lo que finalmente se ha donado a las asociaciones, fin último, al menos en teoría, de la organización de estos festejos. 

Para la celebración de la Beneficencia, la Diputación corrió con los gastos de contratación de toros y toreros, que ascendió a más de 120.000 euros. A éstos añadió el coste de todos los servicios que supuso la apertura de la plaza de toros y otros gastos para la celebración de los festejos, luz, agua, publicidad, limpieza, incluso el pago de una factura a una sociedad dedicada a regalos de empresa, que sumaron cerca de 20.000 euros. 

Pero el desembolso de dinero de las arcas públicas no se quedó en eso. La Diputación adquirió entradas para los festejos que la misma institución organizaba por un total de 25.440 euros. 

Un graderío lleno suele ser muestra del interés que levantan los carteles. En el caso de la corrida de la Beneficencia, la labor de la Diputación se despliega para que todos los ayuntamientos se vuelquen en la celebración. Y Fabra envía entradas a todos los ayuntamientos de la provincia que se las quedan, previo pago, o no. Ayer, Fabra desenfundó la lista de "insolidarios". "Con el tiempo me voy haciendo malo", se justificó el también presidente provincial del PP. Sólo dos ayuntamientos del PP osaron devolver todas las entradas: el de Algimia de Almonacid y el de Alfondeguilla.  

Otros cinco ayuntamientos gobernados por independientes también optaron por no "contribuir" de esta manera, al igual que una ristra de consistorios socialistas. "Morella devolvió el 75% de las entradas que se mandaron", quiso precisar Fabra, quien dijo que "afortunadamente, también en estos tiempos de crisis, algunos ayuntamientos se han vuelto a volcar en la petición de entradas". 

Para hacer entrega de los cheques, tamaño concurso de televisión, Carlos Fabra se rodeó de representantes y miembros de las asociaciones beneficiarias. Una de ellas, El Rinconet, realiza una destacada labor con un centro de empleo con una plantilla integrada por 14 personas que reciben remuneración. La otra asociación beneficiaria es la de Padres y Amigos del Sordo de la Provincia de Castellón (Aspas), un activo colectivo que trabaja duro a favor de la integración. A ellos se unieron representantes de la empresa que gestiona la plaza de toros, Tauro Castellón, que también se deshicieron en alabanzas hacia Fabra y se preguntaron, apesadumbrados, qué será de esta feria de la Beneficencia cuando "don Carlos" deje la Diputación.  

(www.elpais.com, 25/02/10)

FABRA EJECUTA SÓLO EL 50% DE LA INVERSIÓN PREVISTA, PERO EL 96% DEL GASTO CORRIENTE 

El pleno de la Diputación de Castellón aprobará hoy la liquidación del presupuesto de 2009, que incluye el estado de ejecución de las cuentas y previsiones aprobadas para el ejercicio pasado. De éstas se concluye que la institución provincial, presidida por Carlos Fabra, sólo ha ejecutado el 50,28% de la inversión prevista para el pasado año, ya que de los poco más de 42 millones de euros anunciados para invertir, se han gastado poco más de 21. 

El grado de cumplimiento de las inversiones dista mucho del logrado en el apartado del gasto corriente, que asciende a alrededor del 96%. 

Así, el dinero que Carlos Fabra no invirtió en 2009, unos 40 millones de euros, pasa, como remanente, a las cuentas de 2010. Sin embargo, la mayoría de éstos ya tienen nuevo destino porque en el mismo pleno se aprobará una modificación de crédito que echa mano de 37 de esos 40 millones de euros. Algunos de ellos irán a parar a los proyectos que no se ejecutaron el pasado año y otros estarán destinados al pago de facturas que se arrastran de otros ejercicios o que se adeudan sin que haya mediado ningún procedimiento reglado o concurso. 

El pleno tratará además una propuesta del Grupo Socialista que, según su portavoz, Francesc Colomer, pretende buscar "un acuerdo básico". Por ello, el socialista insta al PP a "aparcar las diferencias y volcar toda nuestra capacidad defensa del empleo" y a apoyar un documento, de ocho puntos, que reclama a la Generalitat y al Gobierno de España atención para las necesidades de Castellón, la provincia que más empleo ha destruido y en menos tiempo. 

Por su parte, la diputada del Bloc, Maria Gràcia Molés, reclamará al pleno de la Diputación de Castellón que inste al Consell a rechazar el Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Benifassà que incluye un sector de desarrollo, junto al río Sénia, donde se prevé construir una urbanización con cerca de 250 adosados en un área afectada por un incendio forestal en 2001.
(www.elpais.com, 23/02/10)

Los chóferes de Fabra revelan cómo les daba sobres con dinero para ingresar

Afirman que sólo él se los entregaba y que llegaban a ir varias veces al día al banco

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. Así se desprende del interrogatorio al que fueron sometidos ayer los dos conductores oficiales, que acudieron al juzgado número 1 de Nules, donde se investiga a Fabra de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y fraude fiscal. Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Una de las cuentas registró 20 ingresos en cuatro días sin origen justificado

Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos", tal como señaló la propia Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Por ello, se llamó a declarar a los cajeros de las entidades bancarias con el fin de saber quién realizaba los ingresos en las cuentas. Tres empleados de dos entidades diferentes identificaron al "chófer de Fabra" como la persona que acudía al banco. Dado que entonces la presidencia de la Diputación de Castellón contaba con dos conductores oficiales, José Salvador del Campo y Guillermo Redón, el juez citó para ayer a los dos. Y ambos reconocieron haber sido porteadores del dinero.

En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día.

El asunto del chófer portando sobres ya salió a la palestra en 2007, cuando la secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que Del Campo acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas".

La relación de Carlos Fabra con, al menos, uno de sus chóferes sobrepasa el plano profesional. José Salvador del Campo Marín fundó, en 1995 y junto a conocidos empresarios de la provincia, una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra y en la que el propio presidente de la Diputación contaba con una participación del 30%. Además, la hija de Del Campo fue una de las agraciadas con una beca concedida por el Instituto Valenciano de la Exportación, de la Generalitat valenciana.

Dos causas pendientes

- El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, fue acusado por un empresario de cobrar cantidades millonarias por mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar autorizaciones de productos fitosanitarios. Desde hace seis años se le investiga por la posible comisión de varios delitos (tráfico de influencias y cohecho, entre otros). Además, la Agencia Tributaria presentó denuncia por fraude fiscal, tras detectar un desfase entre sus declaraciones de Hacienda y el dinero de sus cuentas, entre ellas, una en la que sus chóferes ingresaron los sobres con dinero. También tiene un procedimiento por falsificar sellos y analíticas para lograr autorizaciones para fabricar pesticidas y herbicidas.

www.elpais.es 30.01.10

El chófer de Fabra: de tal palo, tal astilla

José Salvador del Campo, chófer del multi imputado presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), tuvo ayer una cita en los Juzgados de Nules, en los que debía aclarar los millonarios ingresos que, según varios cajeros que ya testificaron, hicieron él y otro chófer en las cuentas de su jefe. Finalmente, ambos conductores han reconocido que llevaron "bastantes" sobres cerrados para ingresar en las cuentas de Fabra. Un informe de Hacienda, que acusa a Fabra de fraude fiscal, asegura que las cuentas del político registraron hasta once ingresos el mismo día. Tanto trabajo, por supuesto, está bien recompensado. Este periódico ha tenido acceso al boletín oficial de la Diputación en el que consta que Del Campo cobraba la friolera de 67.633,38 euros… hace dos años. Pero como no sólo de emolumentos públicos se vive, el conductor ha sabido buscarse la vida compartiendo sociedades con la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, o consiguiendo becas del IVEX en Méjico para su hija, Vanessa del Campo. Los hay con olfato para los negocios.

• El IVEX, un órgano al servicio del "nepotismo del PP"

• Carlos Fabra exporta candidatos del PP a Cataluña

• Denuncian que su chófer recogía "sobres y cajas" de la emrpesa Naranjax a cambio de favores...

• Declaran los empleados de bancos en los que Fabra ingresó cientos de miles de euros

• Los millonarios chóferes del PP valenciano

El Boletín Oficial de la Diputación de Castellón de la Plana de diciembre de 2007, en el que se recogen los sueldos y puestos de algunos cargos públicos provinciales, menciona a D. José Salvador del Campo Marín como “conductor adscrito al Sr. Presidente”, un trabajo del grupo D por el cual el sueldo base es de 40.000 euros íntegros anuales. Llevar el coche de Fabra tiene, además, un complemento específico anual de 27.633,38 euros, una cantidad que es, de por sí, muy superior a algunos sueldos.

La hija becaria
Por si esto fuese poco, Del Campo ha sabido compatibilizar su sueldo público con ayuditas extra, también públicas. Así, en diciembre de 2005 se supo que la hija del citado conductor, Vanessa del Campo Suller, era beneficiaria de una beca del Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) en Méjico, el mismo que en la época de Zaplana, presuntamente, habría desviado 600 millones para costear un concierto de Julio Iglesias. La oposición había puesto en el punto de mira al centro, exigiéndole clarificar sus criterios de contratación de becarios: casualmente, entre ellos pululaban, de forma creciente, los familiares de cargos populares.

Sociedad con la mujer de Fabra
Por aquel entonces, Del Campo (padre) ya había salido del anonimato por ser, además de testigo de una de las muchas causas que Fabra tiene pendientes en el Juzgado de Nules, socio de la mujer del político, María Amparo Fernández, en un negocio de minas que resultó indirectamente implicado en un caso de contaminación acústica. Ambos salieron mejor parados del lance que el alcalde de Vila Real, Manuel Vilanova, al que se inhabilitó y acusó de prevaricación.

De las listas a los juzgados
Ya en 2007, Fabra volvió a demostrar su aprecio a este empleado con un gesto tan notorio como irregular: ante la sequía de militantes del PP en Cataluña dispuestos a presentarse en las listas municipales, el político metió a Del Campo en las de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida). Meses después, en septiembre del mismo año, el nombre del conductor volvía a salir a la luz, esta vez en el ámbito judicial: la secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó al político de cobrarle para conseguir licencias de productos fitosanitarios, le señalaba como la persona que acudía a recoger “sobres y cajas” en nombre del presidente.

El chico de los recados
También habría sido Del Campo quien hacía ingresos en efectivo y por miles de euros en las cuentas del político. Eso dijeron al juez en noviembre del año pasado varios cajeros y ayer lo reconocieron tanto él como otro de los conductores de Fabra. Hacienda ha llevado a los Juzgados un informe sobre la intensa actividad bancaria del político, quien incluso llegó a hacer 11 ingresos en metálico el mismo día. La Agencia Tributaria acusa a Fabra de fraude fiscal.

www.elplural.com 30.01.10

Un aeropuerto con alas de plomo

Carlos Fabra promete abrir en 2010 el aeródromo proyectado hace 13 años

Trece años después de anunciarse el proyecto y cinco años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto de Castellón sigue publicitándose como emblema de modernidad de la provincia sin fecha exacta de inauguración. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha vuelto a anunciar esta semana -como ya hizo en 2008 y 2009- que el aeropuerto de la provincia se inaugurará en "breves meses". La realidad es que 13 años después de que Fabra se marcara como objetivo "prioritario" el aeropuerto está construido, pero éste no tiene suministro ni de luz ni de agua y faltan las vías de acceso, así como saber qué compañías aéreas operarán desde Castellón.

Aeroport Castelló está hecho pero no tiene luz, ni agua y falta el permiso

La infraestructura abrirá en medio de la crisis económica e inmobiliaria

La indefinición, las continuas demoras, los pleitos y la manera de formular su desarrollo ha hecho que otros aeropuertos, planteados con posterioridad, como el de Lleida, hayan tomado este mismo mes la delantera. La instalación aeroportuaria de Lleida, iniciada en 2007, empezará a operar este mes de febrero con Vueling y Ryanair a cuatro destinos europeos, tras haber invertido alrededor de 95 millones de euros en una infraestructura pensada para 400.000 pasajeros y 6.000 toneladas de mercancías anuales.

En Vilanova de Alcolea, el término municipal que acoge el aeropuerto de Castellón a unos 35 kilómetros de la capital, se puede comprobar el avanzado estado de una obra que aún está inacabada. La Generalitat y la Diputación, las administraciones que lo impulsan a través de la sociedad Aerocas, tardaron siete años en poseer los proyectos y autorizaciones necesarias, de 1997 a 2004, año en que se colocó la primera piedra. Y, tras varios aplazamientos, ahora se prevé inagurar este aeropuerto a lo largo del año 2010.

La obra está prácticamente concluida. No sólo se ha construido la pista, se ha levantado la terminal y la torre de control sino que, incluso, se ha decorado el interior, con bancos y papeleras diseñados especialmente. Y además ya se organizan visitas para ver el nuevo aeropuerto. Sin embargo, ni las obras de las vías de acceso, ni las de suministro de luz y agua han acabado.

El escenario socioeconómico al que se enfrenta ahora el aeropuerto de Castellón es bien distinto al que existía cuando se planteó.

La idea surgió en pleno boom urbanístico, con decenas de proyectos de campo de golf salpicando la provincia y la iniciativa de construir el parque temático de Mundo Ilusión. Ahora, las promociones están paradas, los constructores confían en prolongar los plazos para demorar el atractivo turismo de golf y Mundo Ilusión está en dique seco tras negarse la Generalitat a aportar financiación y admitir que ningún empresario apostaba por este tipo de reclamo.

En el aeropuerto de Castellón se invertirán alrededor de 150 millones de euros, tal como apunta el director general de Aerocas, José María García Navas.

La Generalitat arrancó el proyecto con la expropiación del suelo y dejó, por la vía del contrato, la responsabilidad de la construcción y la explotación en manos del sector privado. Pese a sus buenas relaciones con el entonces presidente José María Aznar, Carlos Fabra no logró que el Gobierno asumiera la financiación de esta "indispensable" infraestructura, como tampoco lo hizo la Generalitat, que se convirtió en promotora. El Consell sí se comprometió con la concesionaria del aeropuerto a que, en caso de que no se alcanzasen los 600.000 pasajeros anuales, pagaría seis euros por cada viajero previsto que no utilizase finalmente el aeropuerto. Desde 2003, el Consell ya ha cambiado las condiciones del contrato en tres ocasiones para compensar los costes imprevistos de la concesionaria, pero no ha revisado la previsión de los 600.000 viajeros.

Carlos Fabra comparó la celeridad con la que el Gobierno catalán ha logrado los permisos de Fomento para el aeropuerto de Lleida con las supuestas trabas que tiene el de Castellón. Sin embargo, desde el principio, los promotores de Aerocas sabían que contaban con el inconveniente de que los terrenos elegidos para el aeropuerto era el hábitat del aguilucho cenizo, una especie protegida. Así, la declaración de impacto ambiental obligó a supender las obras cada año durante varios meses para no interferir en la nidificación del ave. Inconveniente al que se unió otra paralización por presunta comisión de delito ambiental y otra tercera de Fomento por carecer el aeropuerto del preceptivo plan director.

Pese a ello, la concesionaria -un consorcio liderado por la constructora FCC- ha ido ejecutando la obra. No ha ocurrido lo mismo con la parte pública. La Administración quedó encargada del acceso y de negociar los suministros de agua y luz y todavía está en obras la autovía CV-10 que ha de enlazar con autopista y carretera nacional.

La luz, según Aerocas podría llegar a finales de enero, aunque el problema no está del todo resuelto. Y sobre el agua, no fue hasta la semana pasada cuando la Diputación de Castellón empezó a pagar las cuotas a los afectados por las obras de abastecimiento de suministro al aeropuerto y se piensa que en junio estará finalizada la obra.

La solicitud de la autorización de apertura, que ha de conceder el Gobierno, ya ha iniciado sus trámites y Aerocas mira el ejemplo de Lleida para lograr las licencias. Aún así, aunque Air Nostrum parece interesada en el aeropuerto de Castellón, nada se sabe de qué compañías y a qué destinos volarán. Y de hecho, ni siquiera se sabe si Aeroport Castelló tendrá controladores propios o no.

Dos realidades

- Coste: En la infraestructura de Castellón ya se han invertido alrededor de 155 millones de euros. El coste declarado en Lleida ha sido de unos 95 millones.

- Empleo: Aeroport Castelló calcula que creará, una vez que empiece a operar, entre 40 y 50 puestos de trabajo directo. Lleida ha empleado 60 personas.

- Capacidad: El aeropuerto de La Plana tiene una pista de 2.700 metros y una terminal de pasajeros de dos plantas que prevé atender 600.000 pasajeros el primer año. La infraestructura catalana con una pista de 2.500 metros ha previsto una terminal para 400.000 pasajeros y 6.000 toneladas de mercancías.

- Conexiones: Aerocas afirma que Air Nostrum está interesada en operar desde Castellón pero no tiene garantizada todavía la presencia de ninguna aerolínea. En Lleida operarán este año Vueling y Ryanair a cuatro destinos diferentes.

www.elpais.es 24.01.10

El Colegio de Periodistas de Castellón reprende a Fabra por vetar a los informadores que no le gustan

La Asociación de Periodistas de Castellón (APC) he emitido un duro comunicado contra la Diputación de Castellón, presidida por el popular Carlos Fabra, en el que lamentan el “veto” y la “actitud discriminatoria” de la Institución con dos periodistas de la Cadena SER y el diario Levante respectivamente. La Diputación impidió el acceso de las dos periodistas a una cena de gala que se celebraba en Madrid con motivo de la feria de turismo Fitur, y que estaba financiada con dinero público. El resto de los reporteros, asegura el comunicado, sí pudieron acudir a la cena.

El multi-imputado presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, ha tenido sus más y sus menos con la prensa, especialmente con los medios progresistas, de los que se ha burlado en repetidas ocasiones. Esta semana ha protagonizado un nuevo encontronazo que ha sido denunciado por la Asociación de Periodistas de Castellón (APC) a través de un comunicado en su página web.

"Actitud discriminatoria" con la SER y Levante
La organización denuncia que la Diputación tuvo una “actitud discriminatoria” con “las enviadas especiales de Radio Castellón-Cadena SER (Gloria López) y de Levante (Nerea Soriano)” cuando estas intentaron acceder, junto con sus compañeros de otros medios de Castellón, a una cena de gala que la institución ofrecía en Madrid con motivo del inicio de la feria de turismo Fitur.

"Con dinero público"
Según el comunicado, “el veto a estas dos periodistas en la cena oficial pagada con dinero público no ha tenido más explicación que un informal comentario en el que se decía que las dos reporteras se habían apuntado tarde”. Sin embargo, destacan que esta explicación “no se sostiene”, ya que ambas profesionales “se desplazaron hasta Madrid en el autobús que la propia Diputación puso a disposición de los enviados especiales de los distintos medios” castellonenses invitados.

Sin acreditaciones
Además, la nota precisa que las dos periodistas, que trabajan para medios progresistas, ya se habían encontrado unas horas antes de la cena, a su llegada a la feria “con la desagradable sorpresa de ser las únicas que no tenían acreditación” para acceder a los pabellones, lo que obligó al personal del Patronato de Turismo a “facilitarles a toda prisa las pertinentes acreditaciones de acceso”.

Instituciones "al servicio de la sociedad"
La organización lamentó que “no es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo” y recordó “a quienes gobiernan que las instituciones no son ni de su propiedad ni de los partidos a los que representan, y que tanto los cargos públicos como las instituciones públicas deben estar al servicio de la sociedad”. En este sentido, apuntaron que “los políticos no deberían olvidar que sin la abnegada labor de los profesionales de la información, su trabajo no podría ser conocido por la ciudadanía”.

www.elplural.com 22.01.10

EL PP NO APLICARÁ SU CÓDIGO ÉTICO A FABRA 

Lo que esté mal, estará mal a partir de ahora. Este es el espíritu que impregnará el código ético del Partido Popular y que permitirá que no roce al polémico presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, según asegura el PP. 

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha aclarado que los posibles delitos de Fabra no serán de aplicación en las nuevas directrices morales y jurídicas que deberán cumplir los cargos públicos del PP, porque "no tendrá carácter retroactivo", ha explicado en una entrevista a Los desayunos de TVE. 

Por tanto, el PP hará tabla rasa con Fabra, una suerte de prescripción de sus posibles imputaciones y los procesos judiciales que tiene abiertos, como el de un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. 

Abaratamiento del despido con la 'complicidad' sindical  

Pons ha reconocido que el nuevo contrato que propone el PP supondría un abaratamiento del despido. Y hace cómplice a los sindicatos de la propuesta del PP, porque asegura que proponen el mismo contrato "que aprobaron los sindicatos en el año 97", cuando gobernaba JoseMaría Aznar: "Acordaron reducir la indemnización por despido a cambio de favorecer una estabilidad en el empleo".  

También ha explicado que los conservadores pretenden reducir las cotizaciones sociales a los empresarios.  

Pons no cree que el José Luis Rodríguez Zapatero decida presentarse a las elecciones. "Él sabe que ha perdido la confianza de los españoles y, por las declaraciones que le oigo, no creo que se presente". 

El dirigente popular, por otra parte, ya se ve en La Moncloa, y es otro de los motivos por los que presume que Zapatero no se presentará a las elecciones. "El Gobierno ya está derrotado, pero lo peor es que a España le quedan dos años de legislatura en manos de un Gobierno que ya está derrotado", ha explicado. 

Ha cargado Pons contra el Gobierno muy duramente por el caso del supuesto chivatazo a ETA en el bar Faísan por parte de la Policía. "Este es el GAL pero al revés, contra la Policía", ha espetado Pons. 

Ha especulado también sobre una posible orden directa del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sin aportar más prueba que sus propias sospechas. Sin embargo, eso no le ha impedido pedir la dimisión de Rubalcaba: "Tiene que dimitir, ya sea por que dió la orden o porque desconocía lo que estaba sucediendo". 

(www.publico.es, 18/01/10)

FABRA SEXTUPLICA LA DEUDA EN LOS 15 AÑOS DE GOBIERNO 

Si la diputación de Castelló fuera una empresa privada estaría al borde del concurso de acreedores, tan común en estos tiempos de crisis. Los tres lustros de gobierno de Carlos Fabra han supuesto que la deuda se dispare de manera vertical. Cuando tomó las riendas de la institución, se debía a los bancos menos de 20 millones de euros y acabará este año 2010 con 113,7 millones pendientes de devolución. En 15 años, habrá sextuplicado la deuda e hipotecará a las futuras corporaciones.

Fabra, que se encuentra en su cuarto mandato, llegó en 1995 a la plaza de les Aules y relevó en el cargo al socialista Francisco Solsona, quien dejó las arcas provinciales con una deuda de 19,2 millones de euros. Especialmente significativo fue la primera etapa del líder del PP, en la que elevó la deuda por encima de los 100 millones de euros. A partir de su segunda legislatura se estancó la tendencia al alza, en buena medida debido a la entrada de un nuevo equipo de intervención, que empezó a ejercer un control sobre la cuantía de los préstamos contraídos con los bancos.

En el tercer cuatrienio de la "era Fabra" la diputación disminuyó ligeramente la carga de deuda, aunque siempre rondando los 90 millones de euros. El presente mandato 2007-2011 arrancó con un pasivo de 86 millones de euros, que se convirtieron en 95 millones en el ejercicio 2009. Al cierre de este año, la cifra habrá aumentado hasta los 113,7 millones. La justificación del equipo de gobierno es que el descenso de las aportaciones del Estado obliga a recurrir a los bancos para garantizar las inversiones. Para este año 2010, ha solicitado un préstamo de 28,7 millones de euros -seis millones más que en 2009- y sólo devolverá diez millones.

El resultado de pedir más dinero del que se devuelve es que la deuda se dispara: los 113,7 millones equivalen al 75% del global del presupuesto de la diputación. En lo que llevamos de legislatura, se ha triplicado la cuantía del préstamo anual a través del cual se costean las inversiones: en 2008 solicitaron 12 millones; en 2009, 22,7 millones; y en 2010 la cifra se situará en 28,7 millones.

El crecimiento de la carga negativa supera con creces al del presupuesto global de la diputación, que ha pasado de los 100 millones en 1996 a los 151 millones en 2010. Y eso que este año se ha recortado en 19 millones.

Inversiones costeadas a través de préstamos

El debate reside en cómo se justifican los 113,7 millones de deuda. El PP defiende su gestión en la diputación y argumenta que las cuentas cumplen las directrices del plan de estabilidad presupuestaria. Además, señala que desde que gobierna ha multiplicado la actividad de la institución, se han alcanzado unas cotas de inversión históricas, ha extendido a todos los municipios los planes provinciales de obras y servicios y ha impulsado infraestructuras como el aeropuerto de Castelló.

Desde la oposición se reprocha que todo ello se ha hecho sin miramientos, de manera que serán las futuras corporaciones las que tendrán que apretarse el cinturón. También hacen ver que cada año la diputación contrata el préstamo más alto que puede para pagar obras en municipios y no reduce deuda. Uno de los puntos que más se cuestiona es el elevado gasto en sueldos para los políticos y sus asesores. En este mandato, Fabra ha concedido la dedicación exclusiva a 13 de sus 16 diputados. Los sueldos de los altos cargos suponen un gasto anual de 1,3 millones de euros. Para asesores, se han presupuestado 1.224.416 euros. 

(www.levante-emv.com, 11/01/10)

En el primero de los recursos resueltos por la Audiencia, Fabra se quejaba porque, a su entender, no existía conexión entre la investigación ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. En este sentido, el tribunal hace suya la consideración de la juez que ya apuntó que la investigación estaba tratando de averiguar si Fabra, "haciendo uso de su influencia por el cargo que ostenta, medió ante las distintas autoridades para la concesión de las licencias y autorizaciones necesarias para la comercialización de productos fitosanitarios, recibiendo por ello dádivas y cantidades de dinero en efectivo". A su vez, recoge, tal como hizo la juez, que "en la denuncia de la Agencia Tributaria se constata la existencia en las cuentas corrientes de las que es titular o cotitular el señor Fabra de numerosos ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con las rentas declaradas, sin que por el contribuyente se haya justificado ese origen", y que se corresponden, por fechas, al momento "en el que presuntamente comienza su relación con el señor Vilar [el empresario que le denunció]".

Respecto al trámite de audiencia que se le negó, el tribunal sostiene que "el procedimiento de inspección se inició con anterioridad al 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la ley procesal tributaria", que es la que incluye, sin carácter retroactivo y como exigencia legal, la ejecución de este trámite. Precisamente, antes de notificar el auto con la resolución de los dos recursos, Fabra presentó un escrito para que el tribunal tuviera en cuenta el auto dictado por la Audiencia de Valencia en el caso de Terra Mítica. Sin embargo, además de que la resolución ya estaba dictada, la Audiencia de Castellón considera, al igual que el fiscal del caso de Terra Mítica, que el requisito no es exigible si el procedimiento de inspección se inició antes de la entrada en vigor de la nueva ley tributaria . Publicado en El País.08.02.06

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