EL PSPV CRITICA EL "TRATO DE FAVOR" A LA FAMILIA DE JUAN COTINO

El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del PSPV en las Cortes, Francesc Signes, aseguró ayer que las adjudicaciones a la empresa Sedesa "demuestran el trato de favor" que recibió con dinero de los valencianos la empresa de la familia del actual presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino.

Signes aseguró que ha examinado la documentación sobre dos nuevas adjudicaciones de la Generalitat, en 1998 y 2008, a la empresa de Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes. Según Signes, estas se hicieron "indebidamente y sin causa legal que lo justificase". El diputado explicó que estos "nuevos casos se suman a otros muchos ejemplos que ponen en duda la necesaria igualdad de oportunidades" con la que deberían concurrir las empresas valencianas a los concursos públicos.

El diputado socialista resaltó que a la oposición se le ha "negado información sobre estas adjudicaciones durante años, y ahora que salen a la luz nadie ha asumido responsabilidades políticas", por lo que exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y al propio Juan Cotino que "den explicaciones de lo ocurrido".

Según el parlamentario, la documentación revela que en 1998 la Consejería de Obras Públicas adjudicó la conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte a Sedesa, "a pesar de que no obtuvo la mejor puntuación global y se aprobó con el precio inicial sin la rebaja del 6,59% que había propuesto dicha empresa".

Sospechas

Además, Signes indicó que también se adjudicó a Sedesa otra obra en 2008 para realizar el puente sobre el río Bergantes en la CV-14 en Zorita, una contratación que se hizo "sin justificación coherente alguna", puesto que la empresa de Vicente Cotino "no había conseguido la mejor calificación". Para Signes, "las sospechas sobre las irregularidades de Sedesa se acumulan y cada día aparecen nuevas informaciones".

Así, el parlamentario del PSPV recordó que la empresa de la familia de Cotino "también está en el sumario del caso Gürtel por haber financiado presuntamente de manera irregular al PP valenciano" y que ya se está investigando en los tribunales. Signes criticó que estos "tratos de favor, el despilfarro, el nepotismo y la corrupción han llevado a la Comunidad Valenciana a la bancarrota y a la quiebra" y ahora pretende Fabra que todos paguen "la mala gestión del PP".

www.elpais.es 30.01.12

EL CONSELL ADJUDICÓ A SEDESA DOS OBRAS SIN HABER GANADO LOS CONCURSOS

La empresa de la familia de Cotino reparó una carretera y construyó un puente en Castellón pese a que fue la segunda en puntuación

Unas obras de "conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte" fueron adjudicadas en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Sedesa. Por otra parte, en 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transporte adjudicó a Sedesa la construcción de un puente sobre el río Bergantes, en Sorita. En ninguno de ambos casos la empresa que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de la Cortes, Juan Cotino, había ganado el concurso.

La firma ganadora fue descartada por tener otras adjudicaciones

En un concurso se dice que tiene la mejor valoración sin ser cierto

Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes, después de tres años de reclamar reiteradamente los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa.

El concurso para la reparación de la carretera en Castellón, efectivamente, fue ganado por la oferta de Lubasa, que obtuvo una puntuación de 8,43. La UTE de Sedesa quedó en segundo lugar de las tres que fueron aceptadas a la licitación, con 7,69 puntos, seguida de Pavasal, que logró 7,58. Sin embargo, el proyecto se adjudicó a la UTE de Sedesa con el argumento de que "el licitador mejor puntuado ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de esta misma provincia".

"Ese criterio es totalmente ajeno a las determinaciones de la legislación que regula la contratación pública", señala Signes. "La ley exige una motivación de la adjudicación de acuerdo con los criterios que la propia Administración ha preestablecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la contratación". El diputado añade otro aspecto llamativo del concurso: el hecho de que se adjudicó a la UTE de Sedesa por 820 millones de las pesetas de entonces (4,92 millones de euros), que era el precio de licitación inicial, pese a que se recoge en el expediente que la UTE había propuesto una baja del 6,59%.

Por lo que se refiere al otro concurso, se trataba de la construcción de un puente sobre el río Bergantes en la CV-14, en Sorita del Maestrat. El acta de adjudicación, de abril de 2008, afirma que entre las ofertas económicas recibe la mayor puntuación, 98,86 puntos, la oferta presentada por Sedesa, Obras y Servicios, por 2,42 millones de euros, cuando la tabla misma que se recoge a continuación incluye dos ofertas mejores, por 2,40 y 2,39 millones respectivamente. En la puntuación total, es decir, sumando la puntuación de la oferta económica y la puntuación técnica, Sedesa queda en segundo lugar, con 83,8 puntos, por detrás de Pavasal, que logra 84,4 puntos. Pese a ello, se le adjudica la obra a la empresa de la familia Cotino asegurando que se trata de "la oferta que ha obtenido mejor puntuación".

Para el parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, tanto en un caso como en otro "es evidente que se adjudicó indebidamente" a Sedesa los concursos, "en perjuicio de los intereses públicos y de los principios que rigen la contratación pública".

No son las únicas contrataciones de la Generalitat con Sedesa en las que Signes ha encontrado irregularidades. Como ya publicó este periódico, en 2007, la empresa Sedesa Concesiones, SLU, consiguió la adjudicación para construir y explotar durante 38 años un aparcamiento subterráneo y en altura en el hospital Doctor Peset, en Valencia. El aparcamiento no se construyó porque la propia empresa pidió rescindir el contrato, pese a lo cual cobró de la Consejería de Sanidad 336.380 euros como resarcimiento. En 2006, Sedesa, Obras y Servicios, SA, ganó un concurso de algo más de seis millones de euros del Instituto Valenciano de la Vivienda para construir 105 pisos destinados a alquiler en Pilar de la Horadada pese a que fue solo la tercera en puntuación. En aquel caso, la propuesta consistió en "adjudicar indistintamente" a una de las tres empresas mejor puntuadas las obras. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, optó por la tercera.

Francesc Signes: "Nadie ha asumido responsabilidad política alguna por esto"

El interés de los socialistas por las contrataciones de la Generalitat con el grupo Sedesa viene de lejos, debido a que Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes, ha sido consejero de varios departamentos y hasta vicepresidente de la Generalitat en la legislatura pasada, pero también a que Vicente Cotino, sobrino del primero, es uno de los empresarios valencianos que contratan con la Administración imputados, dentro del caso Gürtel, en la supuesta financiación ilegal del PP. A ello se suma el despilfarro que ha desembocado en la alarmante situación de las cuentas públicas, agudizada por la crisis económica.

"Este es un caso más de la perversión de la libre concurrencia y la igualdad entre licitadores que ha venido practicando la Generalitat en sus contrataciones durante todos esos años en los que todo valía para Francisco Camps y el PP", señala el diputado socialista Francesc Signes. "Al mismo tiempo se nos impedía a la oposición que pudiéramos ejercer nuestra labor de fiscalización".

"Los tratos de favor del PP a sus amigos y correligionarios, el despilfarro, el nepotismo y la corrupción", añade Signes, "han conducido a nuestra comunidad a la situación de bancarrota en que se encuentra y al desmantelamiento de la sanidad, la educación y los demás servicios públicos".

El diputado socialista solo ha podido acceder a los expedientes, 43 en una última lista, después de haberlos reclamado en cuatro ocasiones a lo largo de los tres últimos años, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha abierto un poco la puerta de la transparencia en la gestión. "Es indignante", exclama, "que el Consell no pague a nadie, que muchas empresas hayan tenido que cerrar y despedir a sus trabajadores por esos impagos y, sin embargo, otras empresas amigas hayan sido tan irregularmente beneficiadas sin que nadie haya asumido responsabilidad política alguna por todo esto".

www.elpais.es 29.01.12

COTINO GASTÓ 364 EUROS EN ENVIAR A ITALIA TRES CAJAS DE NARANJAS

Juan Cotino, que entonces era consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, gastó 364 euros de la caja fija de su departamento en noviembre de 2010 para enviar tres cajas de naranjas a Italia. Así lo revela la documentación que ha llegado a manos del diputado socialista Rafael Rubio. Concretamente, un documento con el conforme de su director de gabinete, Ignacio Calabuig, certifica que se destinaron 444,6 euros, justificados como "gastos protocolarios" al envio de tres cajas de mandarinas a "destino nacional", cuyo coste fue de 63 euros, y otras tres a Italia, con un coste de 364,5 euros.

Rafael Rubio destaca que "sólo los portes multiplican por diez el coste de enviar las cajas a Italia" y califica de "mentalidad de nuevos ricos" este tipo de gastos. Entre la documentación que maneja el diputado socialista, figura también la compra, atribuida igualmente a "gastos protocolarios", de 18 figuras y 11 placas a las Carmelitas Descalzas de Valencia por importe de 947,54 euros en la Navidad de 2010, así como un tiquet atribuido a "gastos de restauración" de Juan Cotino en octubre de ese mismo año en Madrid por 32,15 euros y otro de una "comida de trabajo" en una marisquería de Valencia para cuatro comensales por 131,12 euros.

Ureña en el 'súper'

Este tipo de gastos se suman a otros que, como ya publicó este diario, efectuó la entonces secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, en un supermercado y que también cargó a la caja fija del departamento.

"La cuestión es qué concepto tiene la intervención de la Generalitat para considerar correctos esos gastos", señala Rubio. "Y qué concepto tiene el consejero para utilizar de esa forma la caja fija, cuya función es atender necesidades urgentes y cosas puntuales".

El diputado socialista reconoce que se trata de cantidades menores en comparación con el volumen de despilfarro de los gobiernos del PP, pero cree que delatan la actuación "manirrota" del Consell. "Aunque el volumen de lo despilfarrado, por ejemplo, en la Ciudad de las Artes, es mucho más bestia", apunta, "también este tipo de gastos menores hacen que no nos sorprenda la situación a la que han llegado las cuentas de la Generalitat".

www.elpais.es 29.01.12

LA FIRMA DE LA FAMILIA COTINO COBRÓ 336.000 EUROS DE UN PARKING QUE NO SE CONSTRUYÓ

No se justificaba la rescisión del contrato, advirtió la Abogacía de la Generalitat

Había que construir un aparcamiento subterráneo y en altura de al menos 600 plazas para el hospital Doctor Peset, en Valencia, pero no se construyó, aunque la empresa adjudicataria cobró más de 336.000 euros. El concurso, al que se presentaron 17 ofertas, fue adjudicado en 2007 por la Consejería de Sanidad, a través de la Agència Valenciana de Salut, a la empresa Sedesa Concesiones, SLU, con un coste de 9,9 millones de euros. El parking, cuya explotación correspondía a la concesionaria por un periodo de 38 años, no llegó a ejecutarse. Sedesa Concesiones, firma del grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, solicitó en octubre de 2008 la resolución del contrato y pidió el "resarcimiento" de los costes, que evaluó en 336.380,05 euros. "No interesando a ninguna de las partes la continuación del indicado contrato de concesión de obra", decía la empresa literalmente para justificar la rescisión, "de mutuo acuerdo se ha convenido la resolución del mismo".

Sedesa recibió de la Generalitat la indemnización que había solicitado

La Abogacía de la Generalitat, en un informe de diciembre de ese año, señaló que "ni en la propuesta de resolución ni en el expediente se ha hecho mención de la innecesariedad e inconveniencia del mantenimiento del vínculo contractual, tampoco se ha indicado la no concurrencia de otras causas de resolución imputables al contratista, ni se ha valorado, ni invocado, de forma expresa, el interés público". La abogada de la Generalitat añadía: "Únicamente se han limitado a señalar que las obras no se han iniciado sin determinar la causa ni el porqué".

De hecho, sólo en un informe posterior del Servicio de Mantenimiento, de febrero de 2009, en el que se basó la consejería, entonces dirigida por Manuel Cervera, para aceptar la rescisión, se apuntaba que "a pesar de que en un principio se estimaba plena disponibilidad de la totalidad de los terrenos, en la actualidad no es posible disponer de una parcela de 479,81 metros cuadrados necesaria para la construcción del aparcamiento subterráneo y en altura del hospital". En el pliego de condiciones para la concesión, la Agència Valenciana de Salut, especificaba que el aparcamiento objeto de concurso afectaría "exclusivamente a terrenos de la Generalitat Valenciana, adscritos a la Consejería de Sanidad".

La información está recogida en uno de los expedientes de contratación de Sedesa con la Generalitat a los que ha tenido acceso, tras haberlo solicitado reiteradamente, el diputado socialista Francesc Signes.La Abogacía de la Generalitat también consideró que no se justificaban los costes que Sedesa exigió como resarcimiento por la anulación del contrato del aparcamiento del hospital Doctor Peset, unos costes que la Consejería de Sanidad acabó aceptando íntegramente. "Si bien es cierto que en la resolución por mutuo acuerdo los derechos de las partes", señalaba en su informe, "se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes entre ellas (en este supuesto al parecer son las propuestas del contratista), no deja de ser más cierto que dicho acuerdo se debería establecer sobre los trabajos efectivamente ejecutados y que fueran de recibo, realizando la liquidación de los trabajos que el contratista hubiera eventualmente llevado a cabo, determinándose plenamente en el expediente". La Abogacía de la Generalitat concluía que, "según lo indicado en la propuesta de resolución las obras no se han iniciado (sin indicarse por qué causa), por lo que salvo que se acredite otra cosa y no haya mediado culpa del contratista, sólo se deberán abonar los pagos de redacción del correspondiente proyecto".

En la relación de gastos que la Generalitat pagó a Sedesa Concesiones por el aparcamiento no construido figuran el proyecto básico, que supuso un coste de 6.000 euros, y el de ejecución, que ascendió a 205.868,57 euros. A eso se añadieron otros costes, como licencias de obras, publicación en el diario oficial o garantías, además de salarios de un director técnico, un ayudante del director técnico, un técnico auxiliar, un director del proyecto, un asesor jurídico, un jefe de obra y un ayudante de jefe de obra.

"Parece evidente que ha existido en este caso un trato de favor", asegura el diputado socialista Francesc Signes, que ha tenido acceso al expediente. "La consejería no sólo permite sin oposición la extinción del contrato sin establecer penalización alguna para la empresa adjudicataria, sino que llega a plegarse al abono injustificado legalmente de la totalidad de las indemnizaciones económicas exigidas, en un claro supuesto de connivencia no permitido por el ordenamiento jurídico vigente".

Según Signes, que ha comenzado a revisar con detalle una cuarentena de expedientes de contratación del grupo Sedesa con la Generalitat en diversas áreas, seguramente la empresa se dio cuenta en 2008, una vez empezó a producir efectos la crisis económica, de que la explotación del aparcamiento (por la que debía pagar un canon de 75 euros anuales por plaza) no le generaría el margen de beneficio que había estimado. "Se benefició irregularmente a la concesionaria, reconociéndole un derecho a indemnización notoriamente superior al que, en aplicación de los criterios contenidos en el informe jurídico, hubiera podido tener derecho", concluye.

Contrato rescindido

- Adjudicación. Sanidad resuelve en marzo y firma en mayo de 2007 con Sedesa Concesiones el contrato del parking del hospital Doctor Peset por 9,9 millones de euros.

- Propuesta de resolución. Sedesa propone en octubre de 2008 rescindir el contrato de mutuo acuerdo y pide 336.380 millones por gastos.

- Recesión. Pese al informe en contra de la Abogacía de la Generalitat, la consejería lo rescinde en mayo de 2009 y paga lo reclamado.

www.elpais.es 08.01.12

LA EXSUBSECRETARIA DE COTINO CARGÓ AL CONSELL LA NOCHE DE AÑO NUEVO DE 2010

Otras facturas de la conselleria revelan gastos elevados de taxi, centros de flores o el arreglo de un bonsai Cristina Serrano achaca algunos de los abonos firmados por ella a errores de otros

La exsubsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente durante la etapa de Juan Cotino, Cristina Serrano, cargó algunos gastos "peculiares" a cuenta del departamento para el que ha trabajado ininterrumpidamente desde 2003, cuando fue fichada por Rafael Blasco como secretaria autonómica de Territorio y Vivienda. Serrano trabaja actualmente para el alcalde de Gandia, Arturó Torró, como asesora de Economía y Hacienda y en la dirección de la empresa municipal Iniciatives Públiques.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Cristina Serrano pasó a las arcas públicas el coste de la estancia en el Hotel Amérigo de Alicante (de cinco estrellas) del 1 y el 2 de enero de 2010 (que en aquella ocasión cayeron en viernes y sábado). La misma Serrano es la persona que se autoriza el gasto (que asciende a 444,27 euros), sin que se aclare el motivo de por qué usó el hotel en fechas tan señaladas, aunque la factura también fue supervisada por la secretaria general administrativa de la conselleria, Maria José Ortolà. El mismo hotel volvió a alojar a Cristina Serrano un año antes, del 27 al 29 de diciembre (con un gasto de 1.322,37 euros) aunque en esta ocasión sí se puntualiza que la estancia se debe a "motivos de reuniones de trabajo con restauración".

También durante la época de subsecretaria (la máxima responsable de autorizar facturas, contratos menores adjudicaciones), el área que dirigía Cristina Serrano abonó en cuatro meses cuatro facturas para "suministros de flores para actos protocolarios", un obsequio de flores y "el arreglo y mantenimiento de un árbol bonsai del despacho de la subsecretaria", que ascienden a 569,65 euros. En este caso las facturas estaban autorizadas por la misma Serrano y un subordinado suyo del servicio de gestión económica y presupuestaria, Clementino García Llatas.

Una veintena de comidas de la entonces subsecretaria, con dos, tres y hasta cinco comensales, también corrieron a cargo de las arcas de la Generalitat. Destacan las cargadas a cuenta del restaurante Novecento (de junio a noviembre de 2011 por valor de 660,75 euros), en la calle Conde Salvatierra de Valencia y enfrente del gimnasio al que aún es asidua la exsubsecretaria de Medio Ambiente. Desde el Sushiclub del Paseo de la Alameda también sirvieron tres cenas (por la hora en la que se suministran), presumiblemente a la vivienda de la ex subsecretaria, por valor de 162,97 euros, que se justificaron como "comidas" o "restauración" de trabajo, aunque también sirven comidas en el mismo local.

En otra cena de trabajo celebrada en el restaurante Aragón, 58 de Valencia entre tres comensales, el menú con gambas rayadas, quisquillas cocidas, canaillas y un Glenrothes de 12 años para el café, entre otros, acarreó a las arcas públicas un gasto de 213,45 euros.

Carreras de taxi de 100 euros

Por último, también resultan llamativos algunos gastos de taxi a cuenta de la tarjeta destinada a la subsecretaria de Medio Ambiente durante el año 2010. En 11 días se abonaron 595,10 euros en taxis. En un caso el desplazamiento desde la sede de la conselleria hasta la avenida donde reside Cristina Serrano se prolonga durante casi tres horas con un coste de 110,80 euros. De hecho, comparada con los gastos en taxis de la entonces secretaria autonómica (Maria Ángeles Ureña) que son los habituales (de 7 a 11 euros), algunas carreras con cargo a subsecretaria ascienden a cantidades desorbitadas : 72,10 euros por un viaje de la conselleria a la calle Caballeros. En 11 días de noviembre de 2010 el gasto sólo en taxis ascendió a 820 euros.

La exsubsecretaria de Medio Ambiente aseguró ayer a Levante-EMV sentirse "muy tranquila porque no tengo conciencia de haber malgastado". Sobre la factura del hotel del 1 de enero, achaca lo peculiar de esta fecha a "un error del hotel". "A principios de 2010 me reuní con González Varas por las alegaciones a la LUV pero el día 1 y 2 debe ser un error del hotel que voy a intentar que enmienden", asegura Cristina Serrano. Sobre los trayectos en taxi, explica: "la tarjeta la usaba todo mi departamento, no todos se me pueden achacar a mi". Y asegura que dispone de varias plazas de garaje "por lo que no tengo ninguna necesidad de usar un taxi desde el gimnasio a mi casa", aunque es el trayecto que desvelan los servicios ofrecidas por la compañía (al menos 5 de los 11 viajes prestados por la empresa de taxi en noviembre de 2010). "Será de unas reuniones que mantuvimos en la conselleria con organizaciones empresariales que se celebraron por la tarde y en las que me recogían en Conde Salvatierra", explica Serrano.

www.levante-emv.com.17.10.11

COTINO CARGÓ A LA CONSEJERÍA GASTOS POR IR A VER AL PAPA

El jefe de gabinete del exconsejero daba la conformidad a las facturas

El representante habitual del Consell ante la jerarquía católica, el entonces vicepresidente Juan Cotino, cargó a la caja fija de su departamento, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, gastos de viajes, comidas y alojamiento correspondientes a la asistencia a actos del Papa en Roma, Santiago de Compostela y Barcelona en 2009 y 2010. Los justificantes que lo reflejan forman parte de la documentación en que se ha basado la portavoz adjunta de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, para formular una pregunta oral al Consell en el pleno del próximo día 19 de octubre.

Oltra preguntará: "¿Cómo piensa el Consell garantizar la tan anunciada austeridad en la Administración pública en relación con los criterios aplicados por el anterior Gobierno para el pago por caja de determinados gastos como los relacionados, por ejemplo, con los desplazamientos y manutención pagados por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda durante los años 2009 y 2010?".

Cotino explicó ayer a este periódico que los gastos cargados a la caja fija, que ascienden a 3.590 euros, se realizaron durante viajes oficiales que realizó en representación del Gobierno valenciano. Bien en sus viajes a Roma o acompañando las visitas del Papa a varias ciudades de España.En octubre de 2009, mediante un certificado que firmó su propio director de gabinete, Ignacio Calabuig, un cargo de confianza que no suele ser quien está capacitado para justificar gastos de la caja fija, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, pasó al cobro 394,90 euros por un viaje a Roma, donde el Papa canonizó a dos valencianos. Ese mismo mes, pero unos días más tarde, la caja de Medio Ambiente pagó 254,88 euros de billetes de avión de ida y vuelta entre Madrid y Valencia a alguien en principio ajeno al departamento, José Ramón Pin. En el certificado firmado por Calabuig se consignaba la cantidad como "gastos de transporte, José Ramón Pin, viaje a Roma".

No fue el único de los viajes a Roma ni de los gastos por asistencia a actos del Papa que se pagaron desde la Consejería de Medio Ambiente. Así, una "comida de trabajo en el ejercicio de las funciones propias del cargo", para ocho comensales, el 31 de agosto de 2010 en Italia, costó a Cotino, que lo cargó a su departamento, 445 euros. Entre los días 5 y 7 de noviembre del año pasado, el ahora presidente de las Cortes viajó a Santiago de Compostela y Barcelona, siguiendo la visita del Papa, en la que representó a la Generalitat. Medio Ambiente pagó 320 euros por una pensión con encanto en Santiago y una comida de 100,15 euros en la ciudad gallega, así como una habitación de hotel de 130 euros en Barcelona.

En Santiago de Compostela ya había estado Cotino unos meses antes porque la caja fija de su consejería registró 588,52 euros de viaje de avión desde Valencia el día 5 de agosto de 2010.

A Mònica Oltra, que ya ha presentado sin éxito iniciativas para controlar los pagos de caja fija, le ha llamado la atención el uso que se hace en la Generalitat de un instrumento cuyo objeto es atender gastos imprevistos y contingencias de poca cuantía, al margen de los procedimientos de pago habituales de la Generalitat. Un tipo de gastos entre los que probablemente puede justificarse el tíquet de un taxi o la compra de algún material necesario, pero no deja de sorprender una factura de 1.612,37 euros de una empresa de limusinas, vehículos profesionales y de lujo, por el alquiler de un coche con conductor en Bruselas los días 6 y 7 de mayo de 2010. Cotino había acudido esos días a la capital belga a reivindicar ante la Comisión Europea que se retomara la construcción del trasvase del Ebro. También aprovechó para inaugurar el puesto de la Comunidad Valenciana en una jornada de puertas abiertas organizada por el Comité de las Regiones y para participar en unas jornadas organizadas por la Fundació Vives per l'Humanisme i la Solidaritat, una entidad muy cercana al entonces vicepresidente de la Generalitat.

www.elpais.es 17.10.11

EL ASESOR DE COTINO TAMBIÉN USA TWITTER PARA DESCALIFICAR A DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN

El presidente de las Corts rehúsa pronunciarse mientras la oposición pide el cese de Mínguez, al que califica de «personaje con ínfulas de Torquemada»

Calificativos como «sinvergüenza» dirigidos al secretario general del PSPV y portavoz en las Corts, Jorge Alarte, comentarios despectivos hacia otros parlamentarios como Mireia Mollà (Compromís) o alusiones al atuendo de Marina Albiol, diputada de EU. Es parte de la febril actividad «tuitera» de Ángel Mínguez, el joven asesor de la Presidencia de las Corts que ostenta Juan Cotino. El domingo, Mínguez se enzarzó con Ana Pastor, la presentadora de «Los desayunos de TVE», tras escribir un mensaje en el que «avisaba» a la periodista de que tras el 20N, una vez que el PP gane las elecciones, se verá obligada a abandonar la cadena pública estatal. «Encuesta: qué nombre se pondrá @anapastor_tve tras el #20n? dicen por ahí que será @anapastor_canalsur», «tuiteó».

Pero su actividad en la red va más allá de este incidente. Sin ir más lejos, en su cuenta de Twitter aparecen muchos mensajes, redactados durante el pleno de las Corts de la semana pasada —por tanto, en horas de trabajo— o con posterioridad, con descalificaciones hacia parlamentarios de la oposición. En la sesión del 5 de octubre, a las 12.11 minutos, Mínguez, quien ejerce funciones de secretario en la Presidencia de la Cámara, escribió: «cómo tiene tanta cara @jorgealarte de hablar de paro juvenil? #caradura», enlazando con el «hashtag» (tema de conversación) «#caradura». Y 2 minutos después: «qué sinvergüenza jorge alarte... comparando el sistema educativo de ahora con el de joan lerma #caradura».

Veinte minutos después escribe un «tuit» bromeando sobre la indumentaria del diputado de Compromís Fran Ferri: «bonita chaqueta fran xd». Peor es la alusión que en otro momento hace al atuendo de una parlamentaria de Esquerra Unida: «Marina Albiol viste siempre muy parecido o me lo parece solo a mí? qué opinas @frafera», dice, dirigiéndose a Fran Ferri. También hay mensajes sobre la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra, quien esa mañana intervino también en el pleno. «Relax, dona, relax», «ni siquiera su propio grupo aplaude a @monicaoltra...» o «creo que le va a dar un día un infarto a @monicaoltra si no se relaja un poco!» son algunos.

Mínguez, quien en su perfil de Twitter se presenta como secretario de la Presidencia de las Corts» y «gerente de la Fundació Vives», entidad impulsada por el sector cristiano de los populares, dedica las mayores andanadas a los socialistas: «diputados del PSPV aplauden a Monica Oltra, quizá deberían cambiarla por Jorge Alarte».

Tal como refleja Twitter, ese mismo día, a las 23.45 horas, la diputada Mollà vio los mensajes de Mínguez referidos a su compañera Oltra y le envió un «tuit»: «¿en Cortes te dedicas a trabajar por la institución o el sueldo gracias a tu padrino Cotino es para hacer campaña al PP?». Entonces el asesor empieza a discutir con la parlamentaria asegurando que dedica a las conoce su horario laboral y que puede «ver el pleno en directo o desde la tv de mi despacho». Aunque pasa a mayores cuando se dirige a la parlamentaria así: «querida @mireiamolla, el día que hables con conocimiento de causa te respetará alguien». Aunque acto seguido, al igual Corts «más horas de las que se espera incluso que le dedique», que la parlamentaria no que hizo con Ana Pastor, señala: «Me caes bien».

En la discusión se cuela Víctor Soriano, un exdirigente local del PP y portavoz del sindicato Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios (Aveu), afín al sector cristiano de los populares y enfrentado en la Universitat a Generación Universitaria, el mayoritario y próximo a Alfonso Rus, presidente del PPCV de Valencia. Soriano espeta a Mollà que si trata a todo el mundo igual en el Parlamento «será como para denunciarte por mobbing, sra di puta da».

«Hoy es Pastor, mañana otro»

Ayer, la oposición pidió la destitución del asesor de Cotino en las Corts por sus comentarios referidos a Ana Pastor, mientras Cotino declinó hacer declaraciones sobre el asunto. Para Oltra, es «indignante y vergonzoso» que este asesor, «con ínfulas de Torquemada» y «cuyo único mérito es haber sido colocado a dedo», se dedique a «amenazar» a una periodista. Para la diputada, lo más preocupante es que no haya habido una «reacción contundente» del PP desautorizándolo. También dijo «echar de menos una reacción, no ya airada, sino prerrevolucionaria, del colectivo de periodistas levantándose en armas dialécticas contra este comentario, porque hoy es Ana Pastor y mañana cualquiera».

Para la socialista Cristina Moreno, es una «evidencia más para explicar a los ciudadanos lo que podría pasar si gobernara el PP este país: que se permiten amenazar a los periodistas con posibles despidos simplemente por hacer su función». Ignacio Blanco, de EU, dijo que los mensajes muestran una «actitud irrespetuosa que retrata al personaje», y son «una imprudencia temeraria».

La sombra de las listas negras de Ràdio 9 en la etapa Zaplana

El incidente protagonizado por Mínguez y Pastor evoca un episodio negro en RTVV. Fue a principios de 1996, al poco de alcanzar Zaplana la Generalitat, en mayo de 1995. El jefe de Programas de Ràdio 9 denunció que dos directivos de la emisora (Ramón Varó y Santiago Lumbreras) lo habían conminado a elaborar una «lista negra» de periodistas desafectos al PP, que debían ser relegados.

Fue un escándalo mayúsculo que motivó la comparecencia en las Corts del entonces director de Ràdio 9, el periodista Francisco Mora, quien a preguntas de la oposición admitió el intento, que él rechazó, de hacer «listas negras» de periodistas. La operación supuestamente estaba dirigida desde el entramado de Presidencia. Finalmente, el consejo de administración de RTVV dio carpetazo al asunto asumiendo la versión de los denunciados de que se trató de una «chiquillada». Mora renunció al cargo en octubre de 1998 —en la antesala de las elecciones de 1999— al sentirse desautorizado por el Consell de Zaplana, que desde su cita en las Corts lo tenía relegado.

Con todo, antes de las elecciones de 1995, la primera victoria del PP en la Generalitat, se desveló un intento del PP de elaborar una lista con periodistas de confianza y otros desafectos. En 1995, Zaplana proclamó su objetivo de acabar con «el último bastión socialista», RTVV.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/10/12/asesor-cotino-twitter-descalificar-diputados-oposicion/847546.html

NUEVO RIFIRRAFE ENTRE ANA PASTOR Y EL PARTIDO POPULAR

Un miembro del PP bromea en Twitter de la continuidad de la periodista en TVE tras las elecciones del 20-N

Ana Pastor sigue en el punto de mira del Partido Popular. Un comentario en Twitter de Ángel Mínguez, secretario de Presidencia de las Cortes Valencianas, ha provocado una pequeña discusión entre el miembro del PP y la directora y presentadora de Los desayunos de TVE. Mínguez ha pedido a sus seguidores en la red social explicar en qué medio acabará la periodista tras las elecciones generales, según informa Efe. "Encuesta: ¿Qué nombre se pondrá @anapastor_tve tras el #20n? Dicen por ahí que será @anapastor_canalsur", ha bromeado al tiempo que ha pedido en otro tuit "privatizar RTVE". Pastor ha respondido con una pregunta: "¿Qué quieres decir? ¿Manejas buena información? Después ha añadido: "Me sorprende que teniendo responsabilidad en tu partido hagas ciertos comentarios..." Sin embargo, la periodista ha decidido zanjar la conversación rápidamente. En otro tuit ha dejado escrito: "No me apetece entrar en las provocaciones de quienes desde la política dicen saber qué será de TVE y sus periodistas el 21-N".

Mínguez, que ha explicado que es "una broma que le haría a cualquier amigo", se ha disculpado a través de twitter ante la presentadora. "Pido públicamente perdón si he ofendido a alguien. No era en absoluto mi intención. Se está sobreexagerando la cosa". El político también ha pedido que no se lo tome a mal. "Solo era curiosidad, en el fondo me caes bien.

Este no es el único rifirrafe protagonizado por Pastor y un miembro del PP. A finales de abril, la periodista y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya se enfrentaron en una entrevista en directo en Los desayunos de TVE. En esa ocasión, el motivo de disputa fue la objetividad en el tratamiento informativo de la cadena pública. La dirigente popular, actual presidenta de Castilla-La Mancha, denunció entonces que "a veces, las informaciones de TVE dejan mucho que desear en el ámbito de lo político", ya que "no está siendo desde el punto de vista informativo una televisión pública imparcial como debería ser". Pastor contraatacó argumentando que "es un orgullo para los trabajadores de TVE trabajar en esta etapa de libertad" y apuntó que "las encuestas y todos los premios que han recibido los informativos de la cadena no dicen que sea como otras épocas anteriores con el PP o del PSOE.

www.elpais.es 10.10.11

Cotino declara de interés un solar para un centro vinculado al Opus

La Fundación Mainel proyecta un complejo sociocultural en Massarrojos

La Fundación Mainel, vinculada al Opus Dei, solicitó en 2005 a la Generalitat que declarase de interés comunitario 53.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Massarrojos, pedanía de Valencia, para construir un centro sociocultural, con pistas de pádel, tenis y piscina. Seis años después, Juan Cotino rubricó esta declaración de interés comunitario pasadas las recientes elecciones y poco antes de dejar vacante el cargo de consejero de Territorio para presidir las Cortes Valencianas.

El exconsejero de Urbanismo firmó la resolución estando en funciones

La declaración de interés comunitario se suele emplear cuando en caso de que no exista suelo urbano en un municipio y el proyecto tenga un uso o aprovechamiento colectivo. Es una fórmula que se emplea, por ejemplo, para edificar colegios o residencias públicas cuando no existe suelo programado para ello. En este caso, la Fundación Mainel planea un edificio para residencia privada con instalaciones socioculturales y deportivas cerca del paraje del Tos Pelat. El Consistorio que preside Rita Barberá tramitó con celeridad la petición de la fundación en 2005. Tres años antes, descartó, sin embargo, la posibilidad de desarrollar un campo de golf en esta misma pedanía de Valencia, explica el Grupo Municipal Socialista.

La solicitud de declaración de interés comunitario, en 2005, provocó una oleada de alegaciones de vecinos de la pedanía -que presentaron firmas en contra-. El complejo está proyectado junto al término de Moncada, en las faldas de la montaña donde se descubrió un poblado Íbero. La Colla Ecologista de Massarrojos alegó entonces que la construcción de la Fundación Mainel se situaría a escasos 150 metros del Poblado Ibérico del Tos Pelat (siglos VI-IV a. C), donde se llevan a cabo excavaciones desde el año 2002. Además, la Colla argumentó que el complejo privado estaba previsto en una zona catalogada por el Patricova como inundable, en el lecho del Barranco del Palmar, con una cuenca de centenares de kilómetros de recepción.

La declaración de interés comunitario se concede por el periodo máximo permitido, 30 años, pero la Fundación Mainel tendrá que pagar a cambio un canon al Consistorio de algo más de 800.000 euros, según el expediente urbanístico, al que ha tenido acceso este diario.

Los vecinos afectados insisten en que la parcela se ha vallado sin permiso municipal, el paraje tiene una vegetación autóctona que puede verse amenazada o que la actuación no se justifica en suelo no urbanizable. "Lo lógico es buscar suelo ya urbanizable o intentar una permuta de terrenos", se quejan. El suelo fue cedido por dos particulares a la Fundación Mainel hace años.

Por otro lado, los vecinos insisten en que el acceso rodado a lo que será este complejo de ocio es insuficiente -una carretera que parte de Massarrojos en la que apenas caben dos coches-. Los promotores tienen ahora seis meses para solicitar la licencia.

www.elpais.es 28.06.11

UN CRUCIFIJO PRESIDE LAS CORTES VALENCIANAS

Juan Cotino se estrena hoy al frente del Parlamento autonómico haciendo gala de su confesión.- El Gobierno paralizó a finales de 2010 la reforma de la ley de libertad religiosa

El séptimo presidente de las Cortes Valencianas ha jurado su recién estrenado cargo frente a una Constitución Española, un Estatuto de Autonomía, una Biblia y un crucifijo. La actitud de Juan Cotino, conocido miembro del Opus Dei, ha soliviantado a la oposición de izquierdas. Desde Compromís y Esquerra Unida han lamentado que la sesión de constitución del Parlamento regional haya estado presidido por un símbolo religioso cuando España es “un Estado aconfesional", tal y como ha remarcado el diputado Enric Morera, por lo que, en su opinión, “no deben de estar en las instituciones". La también diputada Marga Sanz ha pedido que no se vuelva a repetir el hecho “por respeto a los valencianos, a nuestra Constitución y nuestro estatuto".

El portavoz de los socialistas, Jorge Alarte, ha sido más cauto y ha asegurado que "afortunadamente, el Estado de Derecho y el estatuto de autonomía garantiza la capacidad de cada uno de jurar, prometer o expresarse en base a sus ideas". Sin embargo, ha sido portavoz adjunta del PSPV, Carmen Ninet, quien ha tomado la primera fotografía del crucifijo, con su teléfono móvil, y la ha subido a su cuenta de Facebook para denunciar el hecho.

El crucifijio que hoy ha presidido la constitución del Parlamento valenciano tiene también una larga trayectoria pues ha estado presente desde hace años en los despachos que ha ocupado Juan Cotino a lo largo de su carrera política

Con su elección de hoy, Juan Cotino ha conseguido para el sector cristiano del PP su máxima representación institucional dentro de la Generalitat valenciana. Inició su carrera política en el Ayuntamiento de Valencia, fue después director general de la Policía durante los mandatos de José María Aznar, tras lo cual regresó a su tierra como delegado del Gobierno.

En 2004, entró a formar parte del Ejecutivo de Francisco Camps, con quien comparte credo, donde alcanzó la vicepresidencia tercera. A él se deben el impulso de las políticas antiabortistas del Consell de Camps, entre las que destaca la Ley de Protección de la Maternidad, dirigida a torpedear la reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de la nación. A esto hay que añadir el refuerzo a la presencia de las órdenes religiosas en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda o la atención a ancianos y discapacitados (sector en el que su propia familia tiene intereses) y la preparación de cuadros cristianos en el seno de la Generalitat.

Cotino usa también las nuevas teconologías para su labor proselititsta. Desde su página web, el presidente de las Cortes valencianas extiende sus creencias, utiliza su cuenta de Twitter para rogar a sus seguidores que pidan "a Santo Tomás Moro Patrono de los Políticos" (sic) por él, o sube a su canal de YouTube vídeos en los que arremete contra el Gobierno mientras predica los valores del humanismo cristiano.

Ley de libertad religiosa

"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso". La frase corresponde al borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa que el Gobierno central tenía preparado en junio del año pasado para cumplir una de sus promesas electorales en 2008 y que corregía la anterior de 1980. Por primera vez, una norma establecía la "laicidad del Estado" e impedía hechos como los ocurridos hoy en el Parlamento valenciano.

Tras la investidura del segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advertía a la Iglesia católica de que el Gobierno iba a mantener su defensa de la laicidad. Ese mismo día, sin embargo, PSOE y PP tumbaban una iniciativa de Izquierda Unida e ICV que pedía los símbolos religiosos de las tomas de posesión con el argumento de que asunto de tanta relevancia no le podía ser impuesto por las minorías. Un año y medio después, en diciembre de 2009, el propio Parlamento exigía al Ejecutivo en comisión la retirada de los símbolos religiosos de los colegios, esta vez sí con el apoyo del PSOE.

2010 parecía el año en el que se iba a reformar la norma. En enero, De la Vega daba por seguro su aprobación para ese periodo de sesiones. En junio, Zapatero informaba al propio Benedicto XVI de los pormenores de una ley que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzaba que también se limitaría el uso del burka en los espacios públicos.

En noviembre de 2010, sin embargo, fue el propio Zapatero el que anunció en el Congreso la paralización de la norma. La justificación: la falta de consenso que generaba. Entre medias el Gobierno sufrió una gran remodelación que sacó de escena a María Teresa Fernández de la Vega y situó como vicepresidente primero a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su toma de posesión aseguró que los objetivos del Ejecutivo eran la recuperación económica y la creación de empleo.

España no es el único país de Europa en el que los símbolos religiosos resulta polémicos. En marzo de este mismo año la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos daba la razón al Estado italiano y al considerar que la presencia de cruces en los colegios públicos no viola los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. La sentencia no es vinculante para otros países pero sí marca jurisprudencia para casos similares que se puedan presentar ante el tribunal en el futuro.

www.elpais.es 09.06.11

UN HOMBRE DE FE RELACIONADO CON SEDESA, AL FRENTE DE LAS CORTES

Cuando hoy sea elegido presidente de las Cortes, Juan Cotino, habrá conseguido para el sector cristiano del PP su máxima representación institucional dentro de la Generalitat valenciana.

Cotino (Xirivella, 1950) siempre ha tenido claras sus raíces. Formó parte en los primeros años de la transición de Unió Democrática del País Valencià, un partido desde el que acabó en el seno del PP.

Sin embargo, el despegue político del ya ex vicepresidente tercero del Consell no llegó hasta 1991, en que fue elegido concejal con Rita Barberá. En 1996 se incorporó al Gobierno de José María Aznar como director general de la Policía y después como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota de Mariano Rajoy en las generales de 2004, Francisco Camps le nombró consejero de Agricultura. Desde entonces, Cotino, que forma parte del círculo más íntimo de Camps -con quien comparte religiosidad-, ha ocupado también las carteras de Bienestar Social y de Medio Ambiente.

Es difícil encontrar en el seno del PP alguien que hable de Cotino como un buen gestor, aunque pocos dudan de su capacidad de influencia y de su instinto político para moverse entre bambalinas y trazar los trazos gruesos del argumentario.

Políticas confesionales

Miembro del Opus Dei, Cotino siempre ha estado pendiente de sus relaciones con la jerarquía de la Iglesia católica, con la que mantiene unas relaciones fluidas. A él se deben el impulso de las políticas antiabortistas del Consell de Camps, el refuerzo a la presencia de las órdenes religiosas en ámbitos como la educación, la sanidad o la atención a ancianos y discapacitados y la preparación de cuadros cristianos en el seno de la Generalitat.

Sin embargo, lo que ha marcado los últimos años del recorrido político de Cotino han sido los escándalos de Sedesa, el grupo de empresas que dirige su sobrino Vicente. Un grupo empresarial involucrado en la supuesta trama de financiación ilegal del PP destapada con el caso Gürtel y que ha recibido contratos millonarios de la Generalitat con el PP.

Con todo este bagaje, Cotino accede a la presidencia de las Cortes. En su partido, unos creen que se trata del destino final de Cotino. Otros especulan con la posibilidad de que sea un tránsito, mientras esperan que un futuro Gobierno de Mariano Rajoy lo llame a sus filas. Pero eso está por ver.

www.elpais.es 09.06.11

LA CONSELLERIA DE COTINO ADJUDICA A LA EMPRESA DE SU SOBRINO UN CONTRATO A LAS PUERTAS DEL 22-M

A menos de un mes de que se celebren las elecciones autonómicas y expire su mandato, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha adjudicado una obra a Ezentis Infraestructuras, empresa que tiene entre sus accionistas de referencia (11%) a su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, propietario de Sedesa.

Ezentis Infraestructuras construirá el aliviadero del colector central de Xàtiva, según el contrato adjudicado por la entidad pública de Saneamiento de Aguas Publicas (EPSAR), que preside Juan Cotino, por 1,84 millones de euros, según informó la compañía. Una canalización de mas de un kilómetro, desde el actual cruce del colector central con el colector Norte hasta el río Canyoles.

Las obras servirán para completar la red de saneamiento de la población, donde ya se encuentran en funcionamiento los colectores Este, Oeste y Norte, que conducen las aguas residuales a la depuradora, así como el tramo del colector central.

En diciembre, Ezentis Infraestructuras resultó adjudicataria, también por parte de EPSAR, del último gran contrato de la legislatura para la construcción de la estación depuradora y los colectores generales de Peñíscola, en UTE con Dragados, por un importe de 18,39 millones.

La adjudicación a Ezentis se produce en plena catarata de críticas de los constructores por el retraso en la licitación de obras públicas en la Comunidad Valenciana. Vicente Cotino presidió Sedesa, fundada en 1942, hasta que fue adquirida por Ezentis en 2010, mediante una ampliación de capital con la que Cotino se convirtió en el principal accionista individual (11%). Sedesa forma parte del grupo de empresas constructoras que, según informes del caso Gürtel, habría financiado actos electorales del PP a cambio de obras.

La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, en la que están representadas todas las grandes del sector en España, junto a firmas locales, ha elaborado un informe titulado «Aplazamiento sine die de inversiones de la Generalitat Valenciana en Justicia, Ciegsa y EPSAR», en el que denunciaba estos hechos.

Contratos 'congelados'

En el informe se explica que el conseller Cotino anunció en abril de 2010 que licitaría por sistema concesional «17 nuevas depuradoras y 20 modificaciones de otras tantas (terciario y obras anexas)». Las obras se agrupaban en siete lotes o zonas y alcanzaban los 303 millones de euros (113 para construcción y 190 para explotación y financiación)».

En aquel momento, aseguran los contratistas, «se nos indicó que la primera licitación (junio 2010) sería la zona 4 (Jalance, Jaraduel, Yátova, Turís y Riba-roja), seguidamente en julio/agosto sólo se licitaría la zona 1 (Benejúzar, Orihuela, Almoradí, Crevillente, Hondón de las Nieves, Villena y Bombeo Alicante norte)». Posteriormente, «a lo largo del cuarto trimestre de 2010 y primer trimestre de 2011 se licitarían las siete zonas».

La conclusión de los constructores es contundente: «Esos plazos no sólo no se han cumplido, sino que incluso concursos licitados en 2008 y 2009 por el EPSAR, alguno de ellos adjudicado provisionalmente, se han anulado a través del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana».

Según el informe, la Conselleria informó a los contratistas de que añadiendo esos contratos e incorporando algunas reconsideraciones de la Administración en materia de tasas de amortización y financiación, al sector se le comunicó que los siete lotes alcanzarían un importe de 450 millones. Pero, a pesar de tener un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 300 millones de euros, no hay avances.

Fuentes del gabinete de Juan Cotino explicaron que el contrato del colector de Xàtiva fue licitado en 2009, pero por los problemas de disponibilidad presupuestaria no se había podido adjudicar hasta ahora. Por las características de la obra, la Conselleria habría decidido no esperar más para no causar problemas a la población, añadieron las mismas fuentes.

La licitación del concurso recibió ofertas de 32 empresas, entre las que la mesa de contratación, integrada por personal técnico escogió la más favorable desde el punto de vista económico, continuaron las fuentes de la Conselleria. Cotino asegura que no tiene competencias en materia de adjudicación porque las delegó tras ser elegido para el cargo.

APOYO

Adjudicaciones a cuentagotas

Durante 2010 y hasta marzo de 2011, según el propio EPSAR, se han adjudicado dos estaciones depuradoras y una modificación de terciario. Las dos EDAR son las de Peñíscola, adjudicada a Ezentis-Dragados y la de Benicarló, de la que se encarga la UTE Drace Medio Ambiente-Agricultores de la Vega de Valencia (SAV)-Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), por 18,9 millones de euros. En cuanto al terciario, se encuentra en la EDAR de Moraira y se adjudicó a la UTE SAV-DAM.

La práctica totalidad del resto de concursos adjudicados tienen que ver con la explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los cinco últimos recayeron en SAV-DAM (dos), Aguas de Valencia-Sociedad Española de Abastecimiento (dos) y Cadagua-Ingeniería Verificaciones Electromecánicas.

www.elmundo.es 06.05.11

COTINO DICE QUE EL GOBIERNO FINANCIÓ A ETA EN LA TREGUA DE 2006

El ex director general de la Policía con el PP y actual vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, apuntó ayer que tras el caso Faisán se esconde una posible financiación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la última tregua de la banda armada.

En una entrevista en Ràdio 9, la emisora pública de la Generalitat valenciana, Cotino sostuvo que lo importante del caso Faisán no es si hubo un chivatazo o no, sino que "allí se estaba negociando para pagar dinero a ETA, para que comprara las pistolas y los explosivos con los que volaron la T-4 y que los criminales viviesen refugiados en Francia". "Allí se estaba negociando con dinero para pagar durante la tregua", dijo Cotino, que insinuó que el dinero lo llevaba gente vinculada al "PSOE y PNV". El socialista Jorge Alarte dijo que Cotino debe "acabar ante un juez para aportar pruebas o para pagar por la basura que ha afirmado".

www.elpais.es 17.02.11

COTINO SE QUEDA SIN DINERO PARA ASEGURAR LOS PISOS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE ALQUILER

Las dificultades económicas del Consell han alcanzado a su red de mediación de alquileres. El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero, Juan Cotino, ha renunciado a contratar una póliza de seguros para cubrir impagos y posibles daños en las viviendas alquiladas a través de la Agencia Valenciana de Alquiler, lo que supone un grave contratiempo para ese servicio público, que ya no ofrece cobertura a quienes ponen en sus manos pisos en alquiler.

Licitado el pasado mes de mayo por 5,6 millones de euros, al seguro frente a "riesgos de impago y daños por actos vandálicos en el continente por parte del inquilino en viviendas arrendadas a través de la red de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler" presentaron documentación una docena de empresas del sector, como Mapfre, Banco Vitalicio, Asefa o Catalana Occidente. Sin embargo, el 30 de septiembre publicaba el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una resolución de la secretaria autonómica, María Ángeles Ureña, en la que se hacía pública "la renuncia a la celebración del contrato".

Los motivos aducidos por el departamento que dirige Cotino eran bien explícitos: "Como consecuencia del actual escenario económico de contención presupuestaria del gasto, se ha producido una reducción presupuestaria, tanto en el ejercicio corriente como en la programación del presupuesto del próximo ejercicio, lo que ha obligado a una reprogramación de las políticas de gasto acorde con las exigencias económicas actuales". La diputada socialista María José Salvador recuerda que la póliza de seguros es una condición sine qua non para que funcione la red de alquileres. Por ello, en su opinión, la renuncia "implica en la práctica el desmantelamiento de la red de mediación de alquileres". "Todavía se hacen modificaciones de crédito para pagar la visita del Papa y avales para financiar la fórmula 1", comenta Salvador, "pero para una función social como la de ayudar al alquiler de viviendas no llega el dinero".

(www.elpais.com, 13/10/10)

Cotino vende Sedesa para librarse del lastre de Gürtel y frenar las críticas al vicepresidente

El empresario, salpicado por el caso de financiación ilegal del PP, busca reinventarse con la vista puesta en Brasil o Galicia Ezentis, antigua Avánzit, confirma que negocia la compra de la constructora fundada por la familia en 1942

Deshacerse de Sedesa, desligarse de su marca, montar una nueva empresa y desarrollar el grueso de la actividad fuera de la Comunitat Valenciana. Estos son los objetivos que se ha marcado Vicente Cotino, presidente de Sedesa para tratar de reinventarse y quitarse de encima el lastre que supone verse salpicado por el caso Gürtel por presunta financiación ilegal del PP valenciano. La operación busca también reducir la presión sobre el Consell de Francisco Camps, y especialmente sobre su vicepresidente tercero y principal asesor del presidente de la Generalitat, Juan Cotino, tío de Vicente.

Ezentis, antigua Avánzit, confirmó ayer oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está "manteniendo negociaciones" para la compra de Sedesa, "sin que hasta el momento se haya alcanzado ningún acuerdo vinculante entre las partes". La negociación se produce tras la llegada de Mario Armero a la presidencia de Ezentis y la posible adquisición, que algunas fuentes dan casi por cerrada, se enmarca dentro del plan estratégico de la antigua Avánzit para los años 2010-2102. La intención de Ezentis es concentrar su actividad en las infraestructuras y la energía pese al fuerte descenso de la licitación de obras públicas por parte de las administraciones.

Por contra, según conocidos de Vicente Sedesa, éste planea iniciar nuevos proyectos tras desprenderse de la marca Sedesa. Algunas fuentes lo sitúan en Brasil, donde puede aprovechar su cerrada amistad con el empresario valenciano Enrique Bañuelos, que ha desplegado en el país sudamericano una intensa actividad inmobiliaria. Vicente Cotino también tiene la vista puesta en Galicia, de donde es originario su suegro, el empresario José Antonio Souto, con intereses en el sector inmobiliario. No obstante Souto también ha tenido problemas con la justicia. El fiscal le pide tres años de cárcel por un presunto delito de fraude a algunos de sus socios en la compraventa de terrenos en Almería.

El aviso del PSOE

Según algunas fuentes, Vicente Cotino había establecido contacto con el el PSOE para sondear las opciones de Sedesa en el sector de la obra pública tras el estallido del caso Gürtel. La respuesta socialista fue que Sedesa ya estaba estigmatizada y manchada por el caso Gürtel y que sería muy complicado que recibiese nuevas adjudicaciones. Con la Generalitat, Sedesa ha disfrutado de jugosos contratos, que se elevan al menos 830 millones de euros de facturación en los últimos diez años, optando a concursos de obra pública en solitario o en UTE con otras firmas. El PSPV ha reclamado sin éxito en las Corts los expedientes de contratación, que el Partido Popular de Camps se niega a hacer públicos.

Sedesa ha sufrido en los últimos años los embates de la crisis económica y ha desplegado un proceso de reestructuración que le llevó a vender a ACS su filial medioambiental. Además los negocios de Sedesa en Europa del este tampoco están siendo tan exitosos. Su proyecto estrella de construir un circuito en Hungría está paralizado por falta de financiación.

www.levante-emv.com 19.06.10

LA OPOSICIÓN CARGA CONTRA EL DECRETO QUE CENTRIFUGA LA GESTIÓN DE COTINO

Tres sombras planeaban ayer sobre el pleno de las Cortes Valencianas: la próxima sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas sobre el urbanismo valenciano, la corrupción que ha afectado a empresas públicas como Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y el partido del Mundial de fútbol entre España y Suiza que mantuvo suspendida la sesión de las tres a las seis de la tarde.

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, Juan Cotino, artífice del denominado decreto de "medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo", argumentó la urgencia de simplificar trámites en la gestión urbanística -con decisiones como la eliminación de un plumazo de los conciertos previos a los planes generales de ordenación urbana, y de ciertas exigencias de información pública- para facilitar el desarrollo de actividades. Cotino alegó, como después haría también el portavoz del PP, José Marí Olano, que no es ahora el momento de modificar la legislación urbanística valenciana, cuando se está pendiente de la sentencia de los tribunales europeos, prevista para inicios de 2011. Sí que consideró, en cambio, necesario prorrogar las reclasificaciones asociadas a Programas de Actuación Integrada (PAI) no ejecutados para "evitar una desclasificación masiva de suelo urbanizable".

El vicepresidente tercero apenas mencionó la parte del decreto ley dedicada a Vaersa y a otras dos empresas públicas vinculadas a la consejería, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales y el Instituto Cartográfico, que ven sensiblemente ampliadas sus competencias y funciones. Precisamente fue ese el tema en el que centró la oposición sus duras críticas. El diputado socialista Adolf Sanmartín aseguró que las modificaciones permiten a Vaersa, con unos 1.800 trabajadores, "fagocitar" a la consejería, que tiene un millar de empleados, semiprivatizando la gestión y fomentando una todavía mayor opacidad para que sea posible "amañar de forma generalizada los contratos públicos". Sanmartín dijo que los cambios "intrascendentes" en algunos aspectos urbanísticos sirven en el decreto para "esconder" una reforma de gran calado que convierte a Vaersa en una nueva Ciegsa, la empresa encargada de construir centros educativos, de difícil control parlamentario. Según el diputado socialista, todo eso fomentará "el nepotismo y el trato de favor".

Marí Olano replicó en tono airado, insinuó que hay conocidos cargos socialistas trabajando en empresas de las mismas características que Vaersa, como Tragsa, del Ministerio de Medio Ambiente, y otras, y afirmó que los socialistas son especialistas en "campañas de difamación".

Sanmartín no desaprovechó la ocasión de recordar que en 2004 Vaersa, cuando era consejero de Territorio Rafael Blasco y, por tanto, presidente de la empresa, adjudicó el primer contrato de la Generalitat a Orange Market, en un concurso con otras sociedades de la trama Gürtel que no se ejecutó y pese a ello la empresa de Álvaro Pérez cobró la mitad del importe, sin que Blasco reclamara su devolución.

La alusión irritó al portavoz popular, hoy consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que pidió intervenir por alusiones para asegurar que las afirmaciones del diputado socialista eran "falsas de toda falsedad". La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, negó a Sanmartín el derecho a responder con el argumento de que solo le concedería el turno si era "para retirar sus palabras". En medio de las protestas de los bancos de la oposición, Martínez amonestó dos veces al parlamentario del PSPV.

También Lluís Torró, de Esquerra Unida, arremetió contra el decreto, que calificó como una "huida hacia adelante" para "insistir en el saqueo de lo público". Torró se preguntó qué fomento del empleo conseguirán esas medidas y calificó de "falacia" el título del decreto, que los populares tramitarán como proyecto de ley.

Por su parte, Mireia Mollà, de Compromís, dijo que el decreto es "un ejercicio hipócrita" para reducir las exigencias en materia urbanística y profundizar en la "perversión de la Administración pública" que representa la actuación de Vaersa. Mollà expresó su asombro por el hecho de que, con la excusa de superar la crisis que en buena medida ha propiciado el urbanismo salvaje, el Consell siga apoyando "un modelo caduco y acabado".

(www.elpais.com, 17/06/10)

Valencia pagará 2,8 millones más a la familia Cotino por una negligencia

El Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, del PP, deberá pagar 2,8 millones de euros de más por un terreno que expropió a una empresa de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino. Así lo explicó ayer el concejal socialista Juan Ferrer, quien comentó que "está claro que se trata de una negligencia" del gobierno local y que estudiará llevar el caso a la fiscalía.

Los sobrecostes en el Parque de Cabecera alcanzan los cuatro millones

El consistorio inició un proceso de expropiación en 1998 para hacerse con el suelo necesario para construir el Parque de Cabecera. Precisaba de 30 hectáreas de huerta del entorno del barrio de Campanar, que estaban divididas en 140 parcelas y preparó 7,3 millones de euros (1.200 millones de las antiguas pesetas) para pagarlas. Una de ellas pertenecía a Alquería Dolores, SL, firma administrada por Vicente Cotino Ferrer, hermano del también consejero de Medio Ambiente. El Ayuntamiento, en la expropiación, valoró el suelo de los Cotino, clasificado como rural, en 148.000 euros. El Jurado Provincial de Expropiaciones elevó esta estimación, en 2005, hasta los 687.000. El tiempo pasaba y así como los otros propietarios recibían su dinero, los Cotino no. Solo otros dos, las familias Trénor y Benlloch, quedaron en la misma situación que la del vicepresidente del Consell: no cobraban.

En mayo del año pasado, Alquería Dolores, SL, se acogió a la Ley de Expropiación Forzosa y pidió la retasación de su parcela, de unos 13.600 metros cuadrados de extensión. El Jurado de Expropiaciones, tras valorarlo, estimó que el suelo ya no era rural sino urbanizado y tasó el terreno en 3.517.723 euros, 2,8 millones más de la cantidad dada en 2005. Las otras dos familias, Trénor y Benlloch, que también pidieron la retasación, han conseguido que el Jurado eleve sus valoraciones hasta 1,5 millones de euros, 1,3 millones más de la estimación inicial. En total, el Ayuntamiento de Valencia, que va a recurrir las sentencias del Jurado, deberá enfrentar un sobrecoste de más de cuatro millones de euros. Todo por retrasarse.

El concejal Juan Ferrer, que ha criticado al gobierno local por negarse a investigar los hechos, ve poco probable que la impugnación del consistorio cambie las cosas. José Luis Martínez Morales, letrado experto en temas de urbanismo, concreta que "si el suelo está urbanizado en el momento de la retasación, la valoración debe atender esta tipología y no otra", como suelo rural.

Ferrer advirtió además de que "si no se paga a los propietarios antes de seis meses, [estas cantidades de dinero] empezarán a devengar intereses" por lo que el sobrecoste continuará creciendo.

El caso de las expropiaciones del Parque de Cabecera ha demostrado también que el Ayuntamiento es consciente de su nivel de endeudamiento desde hace meses pese a obviarlo. El pasado marzo, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, aseguró que el consistorio no estaba tan endeudado como para tener que pedir permiso a la Generalitat para pedir más préstamos. En cambio, el interventor municipal, en el expediente de expropiación de la familia Cotino, explicaba que si se les quería pagar haría falta pedir un crédito, operación "supeditada a la autorización previa de la Consejería de Economía".

www.elpais.es 03.06.10

COTINO: ´CON LA VERDAD SE LLEGA A TODAS PARTES´

El coordinador del PPCV y vicepresidente de Bienestar Social del Consell, Juan Cotino, cerró el acto con un encendido discurso contra Zapatero en el que instó a los populares a "trabajar con claridad y transparencia, porque no tenemos ningún miedo a nadie". "Con la verdad se llega todos los sitios", sentenció el conseller, en el punto de mira por la relación de las empresas de su familia con la Generalitat y su posible implicación en la finaciación irregular del PP valenciano. El vicepresidente tercero denunció que las "dos coordenadas que no fallan" en los gobiernos socialistas son "el desastre económico" y "la manipulación de los servicios de la Administración pública". Reivindicó el papel de Camps en mantener el trasvase Tajo-Segura: "Las cosas hay que hacerlas públicamente cuando tocan y en los despachos cuando hace falta", aseguró.

Tanto Cotino como el resto de intervinientes -falló el secretario provincial, Vicente Betoret, por un problema familiar de última hora-pusieron en valor la figura del presidente Camps, quien tenía su propia agenda institucional y no acudió al acto. Desde las Corts, el portavoz popular y conseller, Rafael Blasco, Francisco Camps, es el político valenciano "mejor valorado, el que cuenta con una mayor adhesión social y electoral y el más querido por los valenciano". Luna, por su parte, aseguró que alcaldes del PP "están poniendo una vela a Dios y otra al Diablo para que no coincidir con Camps como candidato".

(www.publico.es, 02/06/10)

VALENCIA DEBERÁ PAGAR 3,5 MILLONES DE EUROS A LA FAMILIA COTINO POR NO LIQUIDAR A TIEMPO UNA EXPROPIACIÓN

El retraso en liquidar una expropiación le puede costar un dineral al Ayuntamiento de Valencia. El Jurado Provincial de Expropiaciones ha dado la razón a una empresa de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, que pidió la retasación de una parcela que le fue expropiada en el Parque de Cabecera después de esperar más de dos años el pago del terreno. El precio del suelo se fijó en 2005 en 678.000 euros, y ahora le costará al Ayuntamiento 3.517.000 euros, según la sentencia, que ya ha sido recurrida por el consistorio.

El equipo de gobierno que dirige Rita Barberá, del PP, inició un proceso de expropiación en 1998 para hacerse con los terrenos necesarios para construir el Parque de Cabecera. Necesitaba 30 hectáreas y calculó que costarían unos 7,3 millones de euros (1.200 millones de las antiguas pesetas). La empresa Alquería Dolores, SL, administrada por Vicente Cotino Ferrer, hermano del también consejero de Medio Ambiente Juan Cotino, poseía un terreno de 13.600 metros cuadrados en la zona afectada. Su parcela era una de las 140 que Valencia debía adquirir. No hubo problemas en abonar la mayoría, pero sí con las tres que afectaban, respectivamente, a las familias Cotino, Trénor y Benlloch. El retraso del Ayuntamiento en pagar el precio aprobado en 2005 por el Jurado Provincial de Expropiaciones, que fijaba la factura en 687.000 euros, animó a los Cotino a pedir una retasación de sus tierras. Los afectados alegaron que ya no se traba de un suelo rústico, como en 2005, sino que con el paso del tiempo se había convertido en una zona semiurbana con más valor.

Así, en mayo del año pasado Alquería Dolores, SL, amparándose en la Ley de Expropiación Forzosa, pidió formalmente la retasación de sus terrenos por el retraso en el pago. Casi un año después, el pasado 28 de abril, el Jurado de Expropiaciones les ha dado la razón y ha aumentado el precio de la parcela en 2,8 millones de euros.

El Ayuntamiento ha recurrido ya la sentencia. Según ha explicado esta mañana Juan Ferrer, concejal socialista en el consistorio, "la ley es muy clara: si pasan dos años desde la sentencia del jurado de expropiaciones [que obligaba a pagar al Ayuntamiento 687.000 euros en 2005 ] y la Administración no ejecuta el pago, la propiedad tiene derecho a pedir la retasación de su suelo y a exigir un precio acorde a los tiempos". Ferrer, que ya ha denunciado en otras ocasiones los sobrecostes del Parque de Cabecera,ha asegurado que eso es "al menos, una negligencia del Ayuntamiento por no haber efectuado el pago en su día", por lo que estudiará llevar el caso a la fiscalía.

(ww.elpais.com, 02/06/10)

COTINO DESVÍA A LA EMPRESA VAERSA LA GESTIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL

La publicación ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del decreto ley que agiliza los trámites urbanísticos reveló algo que la consejera portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, no explicó el viernes al dar a conocer el acuerdo del Consell.

La empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residudos, SA (Vaersa), salpicada por el caso Gürtel (fue la primera en contratar a la trama de corrupción en un concurso ficticio del que Orange Market cobró la mitad sin llegar a ejecutar el encargo) y reiteradamente señalada por la Sindicatura de Comptes por incumplir la normativa de contratación pública, ve ampliada su capacidad para "impulsar la inversión de la Generalitat en la construcción de infraestructuras y en la gestión de servicios públicos".

Declarada "medio propio e instrumental y servicio técnico de la Generalitat", Vaersa se convierte en un instrumento similar a lo que representa Ciegsa para la ejecución de inversiones educativas, un órgano capaz de ejecutar la práctica totalidad de la gestión del departamento de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino.

Los socialistas denunciaron la maniobra, que pretende, en su opinión, crear "una red opaca de entes públicos fuera de todo control", unos entes que son el "germen de gran parte de los casos de corrupción".Vaersa no es la única sociedad sobre la que la consejería que dirige Juan Cotino deriva su gestión. En el mismo paquete están Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) y el Instituto Cartográfico Valenciano. Estas sociedades podrán contratar obras e infraestructuras relacionadas con los sectores de residuos, forestal, hídrico, modernización de regadíos, agrícolas y ganaderos.

Desde el punto de vista técnico, el decreto impide la fiscalización de los proyectos, sobre todo, a partir de su adjudicación, momento en que empieza a regir el derecho privado. Así, cuestiones relacionadas con el control de las certificaciones de obra o con posibles sobrecostes quedan amparados por el régimen mercantil y dificultan cualquier control de la oposición. "Lo que realmente pretende", explicó ayer el diputado socialista Francesc Signes, "es incrementar la ya existente opacidad en su gestión". Otro efecto del decreto es que permite a estas sociedades, como "poder adjudicador", contratar obras con aplazamiento en el pago para no engordar la deuda de la Generalitat.

El decreto que transfiere la gestión a las sociedades públicas facilita igualmente la entrada de financiación privada en la construcción de infraestructuras. El consejero de Medio Ambiente, que no salió el viernes a explicar el decreto en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell, justificó ayer la modificación: "Es para favorecer que los trámites sean más rápidos y la burocracia se lleve a cabo en un plazo más corto". En la oposición solo ven nuevas trabas a la ya complicada tarea de fiscalización del Consell.

El decreto convierte en papel mojado la oferta de consenso que el PP lanzó a la oposición para reformar la legislación urbanística. Cotino presentó un borrador para simplificar el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico, con apenas seis años en vigor.

El texto estaba redactado por tres catedráticos universitarios que, entre otras cuestiones, proponían que cuando los Programas de Actuación Integrada (PAI) caduquen, no solo decaiga el proyecto sino que prescriba también la reclasificación de suelo que lleva aparejada. Ese extremo se lo cargó de un plumazo el decreto aprobado el pasado viernes por el Consell.

No en vano, el consejero subrayó entonces, tras conocer el borrador de los expertos, que sus propuestas serían tenidas en cuenta por el Gobierno pero sería el Consell quien tomara la decisión última.

"El Gobierno del señor Camps demuestra con este cambio hasta qué punto era falaz su manifestada voluntad de establecer un gran pacto urbanístico", criticó Francesc Signes. "Es un parche no consensuado", insistió el diputado socialista, en cuya opinión el Consell renuncia a solucionar la situación en que han quedado grandes superficies de suelos programados y reclasificados durante estos últimos años por el Gobierno del PP.

Sobre el urbanismo valenciano pende no solo la reforma legislativa, sino una denuncia contra España en el Tribunal de las Comunidades Europeas, cuyo primer trámite se llevará a cabo el próximo septiembre. El abogado del tribunal comunitario expondrá su postura ante los magistrados en torno a si la Ley Urbanística Valenciana (LUV) cumple las directivas europeas en materia de contratación.

(www.elpais.com, 01/06/10)

EL DECRETO DE COTINO

- Efectos: Modifica el régimen jurídico de Vaersa, Epsar y el Instituto Cartográfico para gestionar obras y servicios que antes eran propias de la Consejería de Medio Ambiente.

- Funciones: Se encargarán de realizar todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras y gestión de servicios en materia de medio ambiente, agua, ordenación del territorio, paisaje y litoral. Pueden llegar, incluso, a ejecutar directamente los proyectos

- Fiscalización: La oposición denuncia que el decreto "crea una red opaca de entes públicos, fuera de control, tanto de la Sindicatura de Comptes como de las Cortes Valencianas".

- PAI: Pese a la propuesta de varios catedráticos, que abogaban por que la reclasificación de suelo no urbanizable prescriba si decae el PAI después de un plazo, lo prorroga.

- Leyes urbanísticas: La oposición ve amenazada la posibilidad de consenso para reformar las leyes urbanísticas valencianas.

(www.elpais.com, 01/06/10)

Cotino demanda a Luna por insinuar favores a Sedesa

El PSPV denunció tráfico de influencias en los contratos del Consell con la empresa de la familia del vicepresidente

El vicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino ha presentado una demanda de conciliación contra el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, por denunciar tráfico de influencias y trato de favor en los contratos de la Generalitat con la empresa Sedesa, de la familia de Cotino.

Estas denuncias se formularon en el transcurso de una rueda de prensa el pasado 30 de marzo, cuando Luna aseguró que iba a buscar las pruebas "por todos los medios posibles" de que ha habido "tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor" en esas adjudicaciones.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes, participante en esa rueda de prensa y contra el que también se ha presentado la demanda, denunció entonces "amenazas" para no seguir investigando.

Los diputados explicaron que la Generalitat les había negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de euros, lo que a su juicio situaba esos contratos "al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo" que los de "la trama Gürtel".

El PSPV pidió esa documentación tras conocerse el Informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que se refería que Vicente Cotino, de Sedesa, habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado, vinculados a la trama Gürtel, para comprar la firma Easy Concept, proyecto en el que participaría el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

La demanda de conciliación que hoy se ha notificado al PSPV-PSOE señala que ambos diputados son autores de unas manifestaciones públicas de contenido "calumnioso y con expresión pública de la imputación de un delito" realizada "con total desprecio a la verdad".

"Los demandados, sin recato ni pudor alguno, imputan" a Cotino "la comisión de diferentes delitos y lo hacen en rueda de prensa, a efectos de su mayor difusión", indica el texto, que destaca el "propósito expreso" de los demandados de "atentar contra el honor y la dignidad" de esta persona.

Por ello, se solicita a los demandados que "se avengan a reconocer su autoría material" en las declaraciones realizadas en esa rueda de prensa, y que dichas afirmaciones se hicieron "con el ánimo de causar un perjuicio y menoscabo en el honor personal" del conseller.

También se reclama que reconozcan que esas afirmaciones las hicieron "sin que obrase evidencia alguna de autoría" del conseller, "siendo absolutamente conscientes de su total desprecio a la verdad y de la ausencia de la más mínima reserva en la imputación".

Asimismo, se insta a que remitan a Cotino una carta "disculpándose por todas y cada una de las afirmaciones" hechas en la rueda de prensa, "reconociendo la falsedad de todas ellas y la absoluta honorabilidad del demandante", quien hará de esa carta "el uso que estime oportuno para defender el honor menoscabado".

Finalmente, piden a los diputados que remitan a todos los diarios de difusión pública de la Comunitat Valenciana una carta en los mismos términos que el anterior punto.

Tanto Luna como Signes han sido citados para que comparezcan a un acto de conciliación en la Ciudad de la Justicia el próximo 22 de junio por la mañana, con los apercibimientos legales correspondientes en caso de incomparecencia.

El texto indica asimismo que el demandante se reserva expresamente el ejercicio de las acciones de resarcimiento correspondientes por los daños y perjuicios sufridos en su persona y en su honor ante la opinión pública por las manifestaciones hechas por los demandados.

LOS SOCIALISTAS NO ACUDIRÁN

El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, ha adelantado hoy que ni él ni el diputado Francesc Signes acudirán al acto de conciliación solicitado por el vicepresidente del Consell Juan Cotino y ha asegurado que no van a renunciar "en ningún caso" a su labor de oposición.

Luna se ha pronunciado así sobre la demanda de conciliación que Cotino ha presentado contra los dos diputados socialistas por denunciar el pasado mes de marzo en una rueda de prensa "tráfico de influencias y trato de favor" en las contrataciones de la Generalitat con la empresa Sedesa, de la familia de Cotino.

En declaraciones a Efe, Luna ha explicado que una demanda de conciliación es un "paso previo" a la presentación de una querella, y se ha mostrado "contento" de que Cotino haya adoptado esta iniciativa, ya que una manera de oponerse a una querella de esta naturaleza es con la "exceptio veritatis", la excepción de la verdad.

Así, ha explicado que para poner de manifiesto que lo que los socialistas han dicho es la verdad, si la querella sigue adelante los tribunales tendrán que investigar sobre los expedientes de contratación que han reclamado y sobre el derecho de la oposición para acceder a ellos.

Luna ha insistido en que no van a renunciar a exigir el control que el Consell hace de los medios públicos, sobre todo en un supuesto como éste, en que existe un informe "muy contundente de la Brigada de Blanqueo de Capitales que implica a Sedesa en la supuesta financiación irregular del PP".

El portavoz socialista ha indicado que tienen que preguntar por elementos donde hay "un indicio de prueba" de que se han realizado "actuaciones irregulares" en una serie de adjudicaciones, y ha considerado que "lo sorprendente es que, en vez de poner los expedientes sobre la mesa, los ocultan e intentan confundir al no dar acceso".

En opinión del portavoz socialista, esa actitud del Gobierno valenciano refuerza sus "sospechas de que hay algo irregular" en esas contrataciones, pues si no hubiera "nada que ocultar" enseñarían los expedientes.

www.levante-emv.com 31.05.10

COTINO INTENTÓ BLINDAR EL NEGOCIO DE GERIÁTRICOS DE SU FAMILIA

Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.

Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.

(www.elpais.com, 31/05/10)

EL CONSELL OCULTA LOS PAGOS A LA FIRMA DE RESIDENCIAS DE LA FAMILIA COTINO

Bienestar Social se resiste a informar al PSPV sobre los contratos con empresas por 177 millones

Saber cuánto ingresa la empresa Gerocentros del Mediterráneo, que opera con el nombre comercial Centros Residenciales Savia, de la Generalitat por las plazas concertadas con Bienestar Social es un enigma. Los pagos a esa firma, controlada en un 38,7% de sus acciones por Sedesa Concesiones, en el año 2009 están incluidos en un capítulo de gastos que comprende nada menos que 177,6 millones de euros. Todos y cada uno de los abonos por "trabajos realizados por empresas y profesionales" para el departamento de Angélica Such, comprendidos en esa cantidad, siguen siendo casi secreto de Estado.
Cuatro meses después de que el diputado socialista Antonio Torres solicitó, el 25 de enero, una copia de todo el "listado del mayor, por centro de gasto y concepto" de los distintos programas del capítulo II del presupuesto de Bienestar Social, el Consell sigue negando la información. El 3 de marzo, Such respondió al parlamentario del PSPV que los datos solicitados "forman parte de los sucesivos resúmenes de información contable cuya ejecución es objeto de la información que periódicamente se remite desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a las Corts".

Torres recurrió en amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, para indicar que la documentación que él solicita "no es objeto de información periódica". Porque Gerardo Camps remite simplemente número de programas e importes, pero no el listado de los beneficiarios. La última noticia que el diputado socialista ha recibido en su particular cruzada es un escrito de Angélica Such en la que se reitera en su posición de remitirse a los números de euros, pero no revelar ningún nombre beneficiario de los mismos. Centros Residenciales Savia ingresó en 2007 casi 16 millones de la Generalitat, cifra que se elevó a 30 millones en 2008, según el diputado socialista. Se da la circunstancia de que en el accionariado de Gerocentros del Mediterráneo también figura la empresa Enrique Ortiz e Hijos, con la misma participación del 38,7% que Sedesa Concesiones. Hormigones Martínez controla el 10% del capital social y Lubasa otro tanto.

Las cuatro principales accionistas de Gerocentros del Mediterráneo están acusadas por el juez Pedreira y la Brigada de Blanqueo de financiar ilegalmente al PP al abonar facturas a Orange Market por servicios que nunca les prestó y con el fin de reducir la deuda del PP valenciano con la firma Gürtel por actos que le montó.

´No damos abasto a tantas irregularidades´

"Este Consell comete tantas irregularidades, es tan opaco en la gestión y está tan abonado a favorecer a amigos como El Bigotes que no damos abasto a ver tanto expediente bajo sospecha, que además deberían entregarnos cuando se les pide sin tanta historia". Así respondió ayer el socialista Antonio Torres al informe del Consell, publicado ayer por este diario, que revela que la oposición sólo ha acudido a revisar 6 expedientes de los 108 que el Consell puso a disposición de los diputados que quisieran pasarse por la conselleria. Torres explicó que "no damos abasto y encima cuando vas te dicen que la mitad de la documentación está en las direcciones territoriales". Con todo, "que no se preocupen que iremos a ver lo que tenemos pendiente, como hemos ido otras veces". Dicho lo cual, Torres denunció que en estos momentos tiene otras 13 solicitudes de documentación sobre el destino de 7 millones de Bienestar Social pendiente de respuesta. Se trata de fondos de la dependencia o en campañas publicitarias, entre otros. "¿No sería mejor que fuesen más demócratas y transparentes?", se pregunta. f. a. valencia

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/05/29/damos-abasto-irregularidadesbr/709637.html

LOS GERIÁTRICOS DE LOS COTINO COBRAN MÁS PORQUE CAMPS NO RECURRIÓ UN FALLO

La Consejería de Bienestar Social paga más dinero por plaza al grupo de residencias de la familia del vicepresidente social de Francisco Camps, Juan Gabriel Cotino, que al resto de empresas que se encuentran en la misma situación contractual, después de que esta firma ganara una sentencia de revisión de precios del contrato inicial del concierto de plazas residenciales.

En concreto, la firma Gerocentros-Savia, de familiares del ex consejero de Bienestar Social, es la única empresa de gestión de residencias que cobra más por el servicio residencial -unos 2,5 euros más por plaza-, al ser la única que, de forma aislada, denunció a la Administración autonómica.

Pero, aunque es innegable que la mejora en el precio se consiguió judicialmente por esta empresa, se observa cierta dejadez por parte de la Administración con el grupo familiar de los Cotino, porque la sentencia no fue recurrida, a pesar de que era posible entablar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como se expone en una notificación añadida al fallo, en la que se otorgan 10 días para iniciar ese proceso.

Este desinterés de la Consejería de Bienestar Social para no recurrir la sentencia se aprecia también en que ni siquiera se planteó el recurso. La fecha de notificación de la sentencia -30 de marzo de 2007- y el aviso al grupo de los Cotino -19 de abril de 2007- por parte de Bienestar Social demuestran que el tiempo de 10 días hábiles para recurrir el fallo se empleó en la redacción del establecimiento de unos nuevos precios con Gerocentros-Savia, en los que se asumía completamente el aumento.

Desde la Consejería de Bienestar Social se argumentó ayer que no se recurrió en el Supremo la sentencia que beneficiaba a las firmas de la familia del vicepresidente social por «razones estrictamente jurídicas y técnicas» y que se aplicaron los mismos criterios en otros casos a los que se ha enfrentado el Departamento social.

Fuentes vinculadas con la Abogacía de la Generalitat Valenciana explicaron ayer a EL MUNDO que la tendencia habitual de la Administración valenciana es recurrir todas los fallos posibles si el resultado puede ser beneficioso para el erario público.

Las mismas fuentes advirtieron de que para presentar un recurso de casación ante el Supremo deben concurrir dos requisitos: el económico, que indica que la cuantía en litigio debe superar los 150.000 euros; y el jurídico, que impone que el caso afecte a normativa estatal.

En la sentencia ganada por las empresas de la familia del vicepresidente concurren los dos supuestos, ya que anualmente el incremento de más de dos euros para cada plaza concertada de las que el grupo tenía del primer tercio del concierto supera los 300.000 euros y, de igual modo, la sentencia también afecta a la normativa estatal, en concreto a la Ley de Contratos del Estado.

(www.elmundo.es, 27/05/10)

LOS DOCUMENTOS DESMIENTEN A COTINO

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y actual conseller de Territorio y Medio Ambiente, Juan Cotino, ha remitido a este diario un escrito de aclaración en el que discrepa de las informaciones publicadas en los últimos días sobre su gestión al frente de la Consejería de Bienestar Social, cargo que ocupó entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Sin embargo, tanto los documentos oficiales de diferentes órganos de la Administración valenciana como la declaración firmada por la actual consellera, Angélica Such, desmienten las tesis de Cotino de forma clara y contundente. EL MUNDO sostiene que Cotino benefició con sus decisiones a las empresas de su familia, el grupo Gerocentros-Savia, uno de los más importantes del sector en la Comunidad, y que las decisiones del consejero no sólo permitieron que ampliara el número de plazas concertadas, sino también el dinero que percibían de la Generalitat. El vicepresidente sostiene que todo eso es falso, aunque no aporta datos sobre las residencias de su familia. Cotino desmiente que fuera apoderado de una empresa mientras era conseller -como reflejan el Borme y el Registro Mercantil, y confirma el propio presidente de la compañía-. El escrito del consejero relata, fundamentalmente, la teoría sobre la que se basó su política en su etapa como responsable de Bienestar Social. Posteriormente, Camps le hizo responsable de Territorio, sector en el que su familia también tiene una de las empresas más importantes de la Comunidad, Sedesa, investigada en el caso Gürtel por financiación ilegal del PP.

LA VERSIÓN DE COTINO

«Estimado Sr. Director, en relación con la información aparecida en el periódico de su digna dirección el pasado lunes 24 de mayo de 2010, en la portada nacional con el titular «Cotino cambió normas como conseller beneficiando a empresas de sus familiares» y en página 6 de la edición nacional, y en portada edición Comunidad Valenciana con el titular «Cotino cambió normas como conseller que beneficiaron a las empresas de su familia» y páginas 2 y 3 de la edición de la Comunidad Valenciana, considero que en el mismo se vierten datos inexactos y que la información difundida en dicha noticia es inveraz, incierta, inexacta y resulta gravemente perjudicial para mi imagen pública. Es por ello que, por la presente, en uso del derecho de rectificación que ampara la Constitución, le requiero que publique la rectificación de los hechos que se acompaña como anexo:

1 Cotino no cambió ninguna norma como conseller con el fin de beneficiar a empresa alguna. El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, no ha realizado ninguna modificación del marco jurídico para la gestión de residencias de la tercera edad con la finalidad de mejorar las condiciones de negocio de empresas vinculadas a su familia, ni a ninguna otra empresa privada.

2 El vicepresidente siempre ha actuado dentro de la legalidad.

3 La Orden de 5 de diciembre de 2007 a la que se refirió este periódico, regulaba los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas de atención a las personas y sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, y no suponía, en ningún caso, la ampliación del número de plazas concertadas ni el incremento del precio de las mismas.

Las residencias de la Comunitat Valenciana con plazas concertadas por la Administración son las adjudicatarias del concurso convocado en el año 2001, es decir seis años antes de que el vicepresidente Cotino accediese a la Conselleria de Bienestar Social y dos años antes de que Francisco Camps ocupase la Presidencia de la Generalitat. El objeto del citado concurso, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 8 de febrero de 2001, consistió en la creación de un máximo total de 9.000 plazas residenciales para personas mayores y la puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de parte de estas plazas. Este concurso, aprobado el 6 de febrero de 2001, con el informe jurídico favorable y la fiscalización previa de la Intervención de la Generalitat, citaba explícitamente que la adjudicación sería por un periodo de 15 años prorrogable hasta un máximo de 25. Al mencionado concurso se presentaron 19 empresas resultando adjudicatarias 13, entre las que se encontraba el Grupo Savia.Con este concurso se materializaba el acuerdo del Consell de 30 de enero de 2001, por el que se aprobaba el Programa de Acceso a Plazas Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales para la ampliación hasta 9.000 del número de plazas residenciales para personas mayores, dada la insuficiencia de las mismas en la Comunitat Valenciana, según el mapa de necesidades de atención gerontológica.

4 Cuando en junio de 2007 Juan Cotino es nombrado conseller de Bienestar Social, todas las empresas que habían sido adjudicatarias del concurso en 2001 ya habían puesto en marcha 37 residencias. En concreto, el Grupo Savia ya había abierto las puertas de 13 de las residencias de tercera edad y tenía en construcción otras siete, todas ellas incluidas en el contrato de 2001. Además, todas las obras de las residencias vinculadas al grupo Savia habían obtenido la licencia correspondiente antes de mayo de 2006, es decir, un año antes de que el vicepresidente fuese nombrado conseller de Bienestar Social, por lo que Juan Cotino no intervino ni tomó ninguna decisión para la construcción de nuevas residencias, ni del Grupo Savia ni de ninguna otra empresa privada.

5 Asimismo es rotundamente falso que el vicepresidente Cotino aprobase una Orden para multiplicar por tres el número de plazas concertadas y aumentar el número de residencias adjudicatarias del Grupo Savia de 13 a 21, puesto que la única Orden en la que tuvo participación, de 5 de diciembre de 2007, mantiene el número de centros, el número de plazas en cada uno de los centros, el plazo de duración del contrato, así como el precio por día de cada plaza establecido en 2001. Lo único que modifica esta Orden, informada favorablemente por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana, es el régimen de las residencias contratadas en 2001, estableciendo su condición jurídica de centros concertados, respetando todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones inicial, y todo ello con la finalidad de atender las exigencias contempladas en los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El artículo 14 establece que los servicios de atención en residencias tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la que forman parte los centros públicos o privados concertados debidamente acreditados. Además, el artículo 16 insiste en que la red pública de centros estará formada por los de titularidad pública, así como por los privados concertados.

Por tanto, se trata de una Orden de la Conselleria que no suponía, en ningún caso, la ampliación del número de plazas concertadas ni el incremento del precio de las mismas, por lo que no representaba una mejora económica para las empresas.

6 Por otro lado, es falso que con la gestión del conseller Cotino el Grupo Savia pasase a disponer del 40% de las plazas financiadas por la Conselleria de Bienestar Social, alcanzando una cifra de negocio de 40 millones de euros. En la Comunitat Valenciana se ha pasado de 8.132 plazas autorizadas en 1995 a las 27.199 que existen actualmente. De ellas, el 63,9% están financiadas por la Generalitat. El Grupo Savia nunca ha tenido más de 2.000 plazas financiadas por la Conselleria de Bienestar Social. Así en la actualidad dispone de 1.604 plazas concertadas, que al precio establecido no pueden llegar a alcanzar una cifra de negocio de 40 millones de euros, como falsamente se atribuía.

En octubre de 2008 cuando la Ley de Dependencia ya estaba plenamente operativa y ante la necesidad de ampliar el número de plazas para dar respuesta a la creciente demanda de atención residencial, se firmó un protocolo de intenciones con 11 empresas de accesibilidad social, con 22 asociaciones sin ánimo de lucro y con 26 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que en conjunto representaban a 142 residencias. El objeto del protocolo era incorporar paulatinamente hasta 5.200 nuevas plazas a la red pública. Entre otras actuaciones dirigidas a materializar el protocolo de 2008 para incrementar el número de plazas, se tramitan nuevos contratos con las empresas adjudicatarias de 2001, que tenían reconocida la exclusividad en la gestión de nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes en sus correspondientes demarcaciones. Todos estos contratos fueron informados favorablemente por los servicios jurídicos de la Generalitat y fiscalizados por la Intervención, rigiéndose estrictamente por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para estos nuevos contratos, los precios plaza/día fueron calculados en función del precio de mercado, respondiendo además al encarecimiento experimentado por las exigencias establecidas en la Ley de Dependencia, que entre otras cuestiones, determina un incremento de las plantillas de personal. Este nuevo precio plaza/día es común a todas las empresas adjudicatarias.

Por lo que respecta al precio público de las plazas derivadas de 2001, es falso que se haya aumentado de 43 a 56 euros diarios en 2008. El precio de plaza/día en 2008 era de 51,16 euros y en 2009 de 51,88 euros por día. Las actualizaciones de estos precios se realizaron en el marco de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, previo informe favorable del Servicio Jurídico y fiscalización por parte de la Intervención de la Generalitat.

7 Con respecto a los precios por plaza que la Conselleria abona al Grupo Savia, como consecuencia de los contratos que le fueron adjudicados en 2001, cabe destacar que son resultado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que estimó el recurso interpuesto por Centros Residenciales Savia, SL contra la Resolución de 3 de agosto de 2004 de la Conselleria de Bienestar Social.

Los nuevos contratos suscritos en 2008, fruto del acuerdo alcanzado con todo el sector, fijaron el precio plaza día en 56 euros. Este precio se sitúa muy por debajo del establecido en otras comunidades autónomas para plazas de idénticas características, que llegan a alcanzar los 62 euros por plaza/día en Castilla-La Mancha, o los 87 euros en Baleares».

8 Por último, cabe señalar que Juan Cotino vendió sus acciones de la empresa Cyes en el año 1988, es decir antes de dedicarse a la actividad pública. Por ello, es falso, una vez más, la afirmación que asegura que el vicepresidente fue apoderado de la empresa Construcciones y Estudios, S.A. hasta el 7 de agosto de 2007.

LA RESPUESTA DE EL MUNDO

1 En ningún titular ni en el texto se dice que adoptara decisiones «para» beneficiar a sus empresas, sino que «Cotino cambió normas beneficiando a empresas de sus familiares» o que «realizó cambios que beneficiaron los negocios de su familia». El señor Cotino no sólo cambia nuestro titular, sino que se contradice entre lo que dice el encabezamiento de la carta dirigida al director -como se relata al principio de la crónica adjunta- y lo que pone en el punto número 1.

Con todo, si su empresa es una de las más importantes del sector y él es conseller del área, si ha beneficiado al sector con su gestión, por lógica, ha beneficiado también a las empresas de su familia.

2 En el editorial publicado el lunes en este diario explicamos que «puede que Cotino no haya cometido ninguna ilegalidad, pero sólo teniendo una manga muy ancha se puede considerar correcta su actuación». Obviamente, nadie le acusa de actuar ilegalmente, pero tanto Camps cuando le nombró, como él cuando aceptó el cargo de conseller de Bienestar Social, sabían que el grupo de su familia era uno de los más importantes del sector. Posteriormente, lo designó conseller de Medio Ambiente y Territorio, cargo que mantiene en la actualidad, y la firma Sedesa, de su familia, es una de las principales constructoras valencianas investigadas en la trama Gürtel por presunta financiación ilegal del PP.

3 El señor Cotino fue conseller de Bienestar Social entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. En la Orden del 5 de diciembre de 2007, la Disposición Transitoria Cuarta hace referencia a las 9.000 plazas residenciales privadas creadas en el año 2001, de las que un tercio estaban concertadas, y los respectivos contratos suscritos con empresas adjudicatarias. En su punto 4 dice: «...se podrá incrementar el número de plazas a sujetar al régimen de conciertos hasta el 100% de plazas disponibles en dichos centros». Es decir, la Orden desmiente la tesis de Cotino, ya que no sólo abre claramente la puerta a que se concierten más plazas, sino que da cobertura legal a las dos resoluciones que se adoptan bajo su mandato -6 de noviembre de 2008 y 29 de mayo de 2009-, en las que se concertaron más plazas con las empresas de su familia que pagaba la Generalitat, tal y como consta en los documentos en poder de EL MUNDO.

Y en el punto número 2 de la misma Disposición se dice: «No obstante lo anterior y sin perjuicio de esta conversión desde la entrada en vigor de esta orden en el plazo de un año, se establecerán de común acuerdo los posibles ajustes que resulten precisos en relación al régimen jurídico y económico». Es decir, la Orden permitía cambiar el desembolso económico, como confirmó la actual consellera, Angélica Such, el 22 de febrero de 2010, en una respuesta parlamentaria en las Cortes valencianas, al informar de la tramitación por procedimiento negociado de la ampliación de plazas y precios en 2008, 2009 y 2010, los dos primeros años bajo mandato de Cotino.

4 En su etapa como conseller de Bienestar Social, las empresas de su familia han pasado de tener 13 a 21 centros y de 716 a más de 2.000 plazas con concertación directa y con bonos-residencia. No cuestionamos cuándo se empezaron a construir, sino cuándo se finalizaron y, por tanto, comenzaron a concertarse, a recibir dinero de la Administración, cuya ampliación se realizó en la etapa de Cotino.

La «licencia correspondiente», que no concreta qué licencia es, se supone que es la de construcción, que la daría el ayuntamiento de cada localidad. Pero en el Pliego de Cláusulas del contrato de atención residencial a personas mayores dependientes del 5 de febrero de 2001 que firmó el ex conseller Rafael Blasco, se especifica en el artículo 22.2C como uno de los supuestos de extinción de contratos la «no puesta en funcionamiento de los centros residenciales en el plazo ofertado». Luego pese a que estaban en plazo de construcción con licencia, Cotino sí fue quien decidió ampliar las plazas concertadas de su familia, una vez terminadas las obras. Además, las concertó fuera de plazo, como informamos el martes y como confirmó el gerente de la empresa de su familia, Gerocentros, Arturo Alario: «La Generalitat consideró las dificultades de las empresas para encontrar parcelas de grandes dimensiones y por eso nos permitió entrar fuera de plazo».

5 La tesis del 'conseller' reitera una vez más lo explicado anteriormente, es decir, que tanto en la Orden del 5 de diciembre de 2007 como en las dos posteriores resoluciones, se amplió el número de plazas concertadas. Es más, cuando la actual consellera aludía a los procedimientos negociados, se refería a los procedimientos que fueron «negociados sin publicidad», como consta en la Resolución de Adjudicación Provisional, un documento de 20 páginas en poder de EL MUNDO, en el que se detallan, por empresas, localidades y precios, todas las nuevas plazas concertadas durante el mandato de Cotino. En concreto, al grupo Savia se le conceden 758 plazas concertadas.

6 El señor Cotino aporta una amplia explicación teórica de su política, pero en ningún momento da datos concretos de las empresas de su familia. En el año 2006 estas empresas de sus familiares contaban con 503 plazas de accesibilidad concertadas y cobraban de la Generalitat 43 euros por día, es decir, 7.894.585 euros al año, y 213 bonos a 1.317 euros al mes, es decir, 3.366.252 euros al año. La suma arroja un negocio de 11.260.837 euros en el año 2006, según los cálculos realizados a partir de los documentos oficiales en poder de EL MUNDO obtenidos de las respuestas parlamentarias del propio Juan Cotino en las Cortes.

En 2009 el grupo disponía de 2.020 plazas financiadas repartidas de la siguiente forma: 887 a 55,51 euros al día (17.971.640 euros al año); 758 plazas que durante medio año cotizaron a 56 euros (7.725.536 euros) y el resto del año a 58 euros (8.045.412 euros), y por último, poseía 375 bonos residenciales a 1.506,5 euros al mes (6.779.250 euros al año). De lo que se desprende que sólo de la Generalitat y del departamento que dirigía Cotino el volumen de negocio entre enero de 2007 y el año 2009 pasó de 11,2 millones a 40,5, si tomamos los años completos. EL MUNDO posee todos los documentos oficiales que lo demuestran.

Y en el documento firmado con la consellera Angélica Such el 22 de febrero de 2010, se confirma que en 2008 el precio era de 56 euros; el de 2009, de 56/58 euros (el precio varió a mitad de año), y en 2010, de 58, en contra de lo que apunta Cotino.

En 2009, había 52 residencias concertadas, de las que 21 eran de la familia Cotino, es decir el 40,3% del sector. Y en plazas, de las ampliadas, que son a las que se refiere el artículo, se amplió el concierto a 1.810, de las que 758 fueron para el grupo Gerocentros-Savia, es decir, el 41,8%. Y del total de las plazas financiadas -4.000-, 1.604 están controladas por los Cotino, es decir, el 41,1%, según los documentos oficiales. En estos datos no están incluidos los bonos-residencia.

7 La sentencia, de la que informa este diario, no fue recurrida por la Generalitat ante el Supremo, pese a que cabía recurso de casación, y apenas 20 días después de la decisión del TSJ de Valencia, el Gobierno de Camps, en el que Cotino era un influyente conseller, ordenó pagar a las residencias. El resto del sector no pudo recurrir y por eso las residencias de la familia hoy cobran más de la Generalitat que las demás empresas.

8 Juan Gabriel Cotino aparece en dos documentos en nuestro poder como apoderado de Cyes. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) figura hasta el 7 de agosto de 2007 y en el Registro Mercantil hasta el 25 de julio de 2007. Además, el presidente de la compañía, Felipe Almenar, en declaraciones a este periódico, confirmó que Cotino fue accionista de Cyes hasta 1988 y que después no tuvo relación con la empresa, pero no fue hasta 2007 cuando Cyes hizo «un barrido» de revocación de órdenes de apoderados y retiró los poderes a Cotino y otros ex consejeros.

Aunque este periódico no había publicado hasta ahora, el 27 de octubre de 2004, siendo conseller de Agricultura, Cotino adjudicó a la empresa de la que era apoderado una obra en Enguera por valor de 4.214.768,57 euros.

Todo lo aportado en la información de EL MUNDO está contrastado por documentos oficiales de diferentes organismos de la Generalitat Valenciana en poder del periódico. Tanto el señor Cotino como los representantes de las empresas de su familia declinaron facilitar la labor del periódico antes de publicar estas informaciones y renunciaron a aportar su versión y a aclarar las posibles dudas en reiteradas ocasiones y durante varios días.

(www.elmundo.es, 27/05/10)

EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL: «SUS PRECIOS SON SUPERIORES AL RESTO»

El beneficio para la empresa de los Cotino Gerocentros-Savia fue confirmado por el secretario autonómico, Joaquín Martínez, durante la comisión de Política Social de hace 15 días en las Cortes valencianas. Sobre los precios, Martínez admitió: «En los centros del grupo Savia [aproximadamente 20 residencias] son ligeramente superiores al del resto, pero eso es consecuencia de una sentencia, porque efectuó una denuncia a la Consejería y ganó el pleito, que modificaba la fecha a partir de la cual se había realizado la revisión de precios fijando una fecha anterior a la que veníamos aplicando en la Administración y, en concreto, esto ha supuesto que este operador tiene 2,5 euros más al día que el resto, por encima del decalaje ordinario que ha ido teniendo el IPC».

La sentencia número 417/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia da la razón a Gerocentros del Mediterráneo. En el fallo, la firma exige la revisión de precios que resulta de la variación del IPC producida desde el inicio del contrato de 2001 y el abono de la Consejería de los precios en el año 2004. Gerocentros pasó de recibir 39,27 euros a 41,93 euros. Un aumento de precios para el grupo familiar de Juan Cotino de un 2,6% más que el resto de compañías.

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, Alberto Giménez, aclaró que su colectivo empresarial no se enteró del aumento de precio para las plazas de Gerocentros-Savia «hasta que tuvimos conocimiento de la sentencia»; y luego algunas empresas intentaron recurrir, «pero ya no pudieron hacerlo porque se les había acabado el plazo para hacerlo».

(www.elmundo.es, 27/05/10)

COTINO ADJUDICÓ FUERA DE PLAZO AL GRUPO DE SU FAMILIA

El vicepresidente tercero del Gobierno de Francisco Camps, Juan Cotino, permitió, cuando era conseller de Bienestar Social, que las residencias en las que participa su familia se acogieran fuera de plazo al Plan de Accesibilidad.

En las cláusulas del Contrato de Atención Residencial de Personas Mayores Dependientes, publicado el 5 de febrero de 2001, se define, en su artículo 4.1b, que las residencias debían estar en funcionamiento en un plazo máximo de tres años desde la fecha de disponibilidad de los terrenos. Eso suponía que el día límite para que pudieran ser concertadas era el 1 de julio de 2005.

Sin embargo, 11 residencias adjudicatarias se crearon fuera del plazo establecido. De estas 11 residencias, ocho pertenecen al grupo Savia, lo que supone que el 80% de las que resultaron beneficiadas al permitirse que se saltaran un requisito del contrato, están vinculadas a la familia Cotino.

Hasta diciembre de 2006, el grupo Savia había concertado 13 centros con el Plan de Accesibilidad de la Generalitat Valenciana. Fue a partir de 2007, cuando Juan Cotino ya era responsable público del sector residencial, cuando el grupo familiar se acogió con sus residencias a las subvenciones fuera de plazo.

En 2007, el grupo Savia adhirió tres centros más (Manises, Requena y Xirivella) en Valencia. A finales de 2008, una residencia más en Castellón (Benicarló) y dos en Valencia (El Puig y Paiporta); y en 2009 sumó las residencias de Campanar y el Marítimo, en la ciudad de Valencia.

Las dos residencias de la familia de Cotino que se sumaron en 2009 se acogieron a la adjudicación del 2 de junio, antes de que el por entonces conseller de Bienestar Social dejara su cargo, el 28 de agosto de 2009, para ocupar la cartera de Territorio y Medio Ambiente, tras el fallecimiento del conseller José Ramón García-Antón.

Además, estas residencias de la familia del conseller se saltaron el artículo 22.2 de las cláusulas iniciales, que establecen como obligaciones contractuales -cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato- «no poner en funcionamiento los centros residenciales en el plazo ofertado».

De esta forma, se confirma otro beneficio de Juan Cotino para las empresas de su familia cuando era responsable de Bienestar Social, junto al cambio de legislación para aumentar el número de plazas concertadas y el precio de éstas.

La situación de incumplimiento de los plazos previstos fue confirmada ayer por el propio presidente del grupo Gerocentros-Savia, Arturo Alario, quien admitió a EL MUNDO que «la Generalitat había considerado las dificultades de las empresas para encontrar parcelas de grandes dimensiones para construir residencias y por eso había ampliado el plazo».

Alario destacó los problemas de su sociedad para hallar terrenos en los núcleos urbanos, especialmente en Valencia. Además, desde su firma se argumentó ayer que su relación con la Consejería de Sanidad se inició con el contrato de 2001, y que la orden del 5 de diciembre de 2007 se emitió para «materializar la garantía de exclusividad contractualmente reconocida a favor de las empresas del Plan de Accesibilidad Social».

Esta firma también quiso matizar que en 2009 disponía de 1.604 plazas, aunque obvió los bonos de residencia, que superan la cifra de 416. Por último, subrayó que Gerocentros-Savia se sentía «especialmente orgullosa de haber creado 986 empleos en los últimos cinco años» y reiteró su voluntad «de seguir trabajando día a día en este sentido, favoreciendo especialmente al colectivo de mujeres jóvenes en paro».

(www.elmundo.es, 25/05/10

COTINO CAMBIÓ NORMAS COMO 'CONSELLER' BENEFICIANDO A EMPRESAS DE SUS FAMILIARES

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era consejero de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. En concreto, con la orden del 5 de diciembre del año 2007, Juan Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía.

En aquella orden, el vicepresidente eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y alcanzó, de este modo, el 100% de las plazas existentes. De esta manera, la empresa familiar aumentó el número de plazas financiadas de residencias. El grupo Savia, participado en un 38,7% por Sedesa Concesiones S.L., de la familia Cotino, multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 al llegar a 2.020 plazas en 2009. De igual modo, pasó de poseer 13 centros en 2006 a disponer de 21 en 2009.

Es decir, con este cambio de normativa realizado por Juan Cotino, las empresas familiares pasaron a gobernar ocho residencias más y 1.304 plazas residenciales añadidas a las iniciales. La misma orden del 5 de diciembre de 2007 también permitió que las residencias de Savia, cuyo socio único es Gerocentros del Mediterráneo S.L, que a su vez está participado por la firma de la familia Cotino, pasaran a ser centros concertados con la Administración y, de esa forma, garantizó que sus plazas residenciales pudieran recibir subvenciones públicas.

Con esta orden del propio Cotino, se modificó sustancialmente el contrato administrativo de las plazas residenciales y se sorteó la Ley 5/97 de Servicios Sociales que regula, en su artículo 53 y en el Título Sexto, las condiciones de acceso a los conciertos. Aunque donde verdaderamente se observa el impulso que obtuvieron las empresas de la familia del por aquel entonces conseller de Bienestar Social es en el incremento del precio público de las plazas.

Con sendas resoluciones de adjudicación provisional, mediante procedimiento negociado y sin publicidad, el 6 de noviembre de 2008 y el 5 de octubre de 2009 -la segunda la adjudicó él, pero se publicó inmediatamente después de la marcha de Cotino de Bienestar Social-, se aumentó el precio público de las plazas subvencionadas de 43 a 56 euros diarios en 2008 y de 56 a 58 en 2009 (una parte la aporta el usuario y la otra es financiada en función de su grado de invalidez y de la distancia al domilio).Una maniobra que se realizó a sabiendas de que el grupo de la familia Cotino tenía cerca del 40,8% de las plazas ampliadas para ser concertadas en la Comunidad Valenciana.

El hecho de aumentar las plazas y subir el precio de éstas permitió triplicar el volumen de negocio de las empresas de las que participa la familia Cotino, de 11 millones de euros en 2006 a más de 40 millones en 2009, por su concierto residencial con la Administración.

El vicepresidente tercero rechazó, en repetidas ocasiones, dar su versión sobre el beneficio que habrían obtenido las empresas de su familia, aunque fuentes de su gabinete indicaron que ya había «contestado sobre estas cuestiones varias veces y no lo iba a hacer más». De igual modo, el cabeza visible de las empresas y sobrino del vicepresidente, Vicente Cotino, tampoco quiso hacer declaraciones sobre la mejora que supuso a su grupo la legislación puesta en marcha por su tío.

Según Bienestar Social, los centros del grupo familiar de Cotino acogidos al plan de accesibilidad el 31 de diciembre de 2006 eran cuatro en Castellón -Cabanes, Castellón, Montán y Moncófar- y nueve en Valencia -Alborache, Albuixech, Alcasser, Quartell, Cheste, Llíria, Picassent, Silla y Benagéber-.

El 31 de diciembre de 2007 el grupo Savia ya había creado otros tres centros más en Valencia (Manises, Requena y Xirivella). A finales de 2008 había adherido una residencia más en Castellón (Benicarló) y dos más en Valencia (El Puig y Paiporta). En 2009, añadió las residencias de Campanar y el Marítimo, que suman los 21 centros actuales.

Volviendo atrás, para el concurso del año 2001 se formó una UTE con Gerocentros del Mediterráneo, Gestió Sociosanitaria al Mediterrani S.A. y Hormigones Martínez S.A.

Gerocentros del Mediterráneo S.L. se constituyó el 26 de enero de 2000 por 10 empresas constructoras valencianas con una participación del 10% cada una: Sedesa, Ortiz e Hijos, Cyes, Ecisa, Construcciones Lujan, G y C, Doalco, Proisa, Lubasa y Torrescamara. El 4 de diciembre de 2003 se constituye Centros Residenciales Savia, S.L. con los mismos socios que forman Gerocentros del Mediterráneo S.L. y el mismo objeto social de esta sociedad.

El 22 de marzo de 2005, Gerocentros del Mediterráneo se convierte en socio único de Centros Residenciales Savia S.L. y el 11 de junio de 2007, Sedesa Concesiones S.L., firma perteneciente a la familia de Juan Cotino, ocupa la presidencia de Gerocentros del Mediterráneo S.L. Posteriormente, los accionistas de la empresa Gerocentros se establecen en Sedesa Concesiones S.L. (38,7%): Enrique Ortiz e Hijos servicios y Medio Ambiente S.L. (38,7%); Doalco S.A. (10,96%) y Grupo Corporativo Fuertes S.L. (11,64%), que fue sustituido por Infu-Capital S.C.R. de Régimen Simplificado S.A.

Curiosamente, en la documentación del caso Gürtel, tres de las cinco mercantiles que aparecen en la contabilidad de la trama de empresas de Francisco Correa y que podrían haber participado en la financiación del PP (Lubasa, Ortiz y Sedesa) forman parte de Gerocentros del Mediterráneo, adjudicataria del mayor concurso de la Conselleria de Bienestar Social.

(www.elmundo.es, 24/05//10)

MAYOR OREJA: 'COTINO FUE MI COLABORADOR MÁS HONRADO, DECENTE Y EJEMPLAR'

El eurodiputado del Partido Popular y ex ministro de Interior del Partido Popular (PP), Jaime Mayor Oreja, ha salido este lunes en defensa del vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, por las supuestas irregularidades en su gestión como conseller de Bienestar Social.

Mayor Oreja, que asistía a un acto en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), aseguró que "estamos hablando de una persona con la que tengo una especial relación por razones obvias, por nuestro trabajo conjunto, y manifiesto una vez más que si tuviese que escoger a una persona como la persona más decente, honrada y ejemplar entre los colaboradores que he tenido, esa sería sin duda, Juan Cotino".

Preguntado por si considera que el Caso Gürtel podría pasar factura al PP en las próximas elecciones autonómicas y municipales, el eurodiputado se limitó a manifestar que "deben ser los ciudadanos y en general, los valencianos, los que tienen que tomar la decisión correspondiente".

(www.elmundo.es, 24/05//10)

La familia de Cotino entra en la explotación de la fórmula 1

El presidente de Sedesa es socio en una empresa del consejo de Valmor Sports. La Generalitat paga el canon de 90 millones para que Valmor organice la F-1

La familia del vicepresidente tercero de la Generalitat y consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, tiene intereses en la explotación del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Valencia, -auspiciado por el Consell que preside Francisco Camps-, desde antes de que rodaran los monoplazas por el circuito urbano por primera vez, en agosto de 2008.

Vicente Cotino Escrivá, presidente de Sedesa y sobrino del vicepresidente del Consell, es socio del ex campeón de motociclismo Jorge Martínez Aspar en Worldwide Circuit Management, SL, una sociedad que forma parte del consejo de administración de Valmor Sports, SL, la empresa que explota el circuito urbano valenciano.

Valmor Sports tiene "tres patas" desde que se creara expresamente para organizar la prueba: el empresario Fernando Roig, que la preside, Bancaja y Aspar. El ex piloto entró en Valmor inicialmente, en mayo de 2007, con su empresa Box 55, SL, pero en diciembre de ese año, coincidiendo con una ampliación de capital, Box 55 fue sustituida en el consejo de administración de Valmor por Worldwide Circuit Management. Unos meses después, en marzo de 2008, entró Vicente Cotino en esa sociedad, a cuyo consejo se incorporó José María Ibáñez Cuenca, un hombre presente en más de 70 sociedades de la familia Cotino.

Con motivo de una reestructuración de su grupo empresarial orientada, según algunas informaciones, a su venta, Vicente Cotino pasó hace dos meses a ser administrador único de una buena parte de sus sociedades y a poner otras en liquidación. En ese momento sustituyó también a Ibáñez Cuenca como consejero de Worldwide Circuit Management.

Jorge Martínez Aspar explicó a este diario que Cotino y él son socios para proyectos internacionales relacionados con el motociclismo como la construcción del circuito de Balatonring, en Hungría, que promueve Worldwide Circuit Management y ha de ejecutar Sedesa, aunque de momento está paralizado por dificultades de financiación. "Él no tiene nada que ver con la fórmula 1. Eso es cosa mía", añadió."Vicente Cotino y yo somos socios para diferentes proyectos internacionales", explicó Aspar, que aseguró que el sobrino del vicepresidente del Consell "está desvinculado" de todo lo que se refiere a la fórmula 1. Pero el hecho es que la sociedad que ambos comparten forma parte de la empresa que organiza el Gran Premio en Valencia. Una competición automovilística que recibe un fuerte apoyo económico de la Generalitat. No sólo porque fue la Administración autonómica la que pagó las obras de construcción del circuito urbano de Valencia, sino porque el Consell se ha hecho cargo del canon de 90 millones de euros que Valmor ha de pagar a Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición.

Valmor ha adelantado este año al mes de junio la prueba con la esperanza de mejorar los resultados de las dos primeras ediciones del Gran Premio, que acabaron con pérdidas. Y eso que el acontecimiento recibe fondos públicos por muy diversas vías. Por ejemplo, la Agencia Valenciana de Turismo adjudicó a Valmor en agosto de 2008, por procedimiento negociado y sin publicidad, un contrato de un millón de euros para la "difusión y promoción de la imagen de la Comunidad Valenciana con motivo del Gran Premio de F-1".

El año pasado, la empresa pública, dependiente de la Generalitat, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, que gestiona el circuito de motociclismo Ricardo Tormo de Cheste, licitó contratos de suministros para el Valencia Street Circuit por valor de otro millón de euros. Se trataba de material para las señales de mensaje permanente, por valor de 600.000 euros; de micrófonos y altavoces, por valor de 275.000 euros, y del arrendamiento de pantallas gigantes, por valor de 150.000 euros. Un portavoz del circuito de Cheste, que ha sufragado gastos deportivos tan variados como el Open de Tenis o el club de Atletismo València Terra i Mar, explicó que la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva se hace cargo de la organización deportiva del Gran Premio de Fórmula 1. "Valmor pone el circuito y nosotros hacemos la carrera", comentó el portavoz.

Las quejas por la opacidad de todo lo que atañe a la organización de la fórmula 1 han sido reiteradas por parte de la oposición, que ha exigido sin éxito los contratos. El director general del Circuito de Cheste es Julio García, hermano de Pedro García, ex director de Ràdio Televisió Valenciana que dimitió tras conocerse su amistad con Álvaro Pérez, cabeza de la trama de corrupción del caso Gürtel en Valencia. Vicente Cotino Escrivá es uno de los empresarios que la policía vincula a la supuesta financiación ilegal del PP en el marco de la investigación de ese caso.

www.elpais.es 16.05.10

LA FAMILIA DE COTINO COBRARÁ CERCA DE TRES MILLONES DE EUROS GRACIAS A UN EXTRAÑO ERROR DEL AYUNTAMIENTO

Un error administrativo del Ayuntamiento de Valencia saldrá muy caro a sus ciudadanos. La demora a la hora de pagar unos terrenos expropiados puede llevar a la familia de Juan Cotino, el vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, a cobrar cerca de tres millones de euros en lugar de los 687.000 que le correspondían inicialmente. El edil socialista Juan Ferrer desea que no se trate de un error "deliberado, pues supondría la imputación de un delito", aunque añade que "los técnicos municipales siempre advierten de las demoras", por lo que en cualquier caso estaríamos ante "una negligencia inaceptable". Mientras, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, se manifestaba recientemente en el Congreso reclamando más dinero para los municipios.

A la hora de reclamar una mejor financiación para los municipios, Barberá acusó al Gobierno de “desprecio” a los ciudadanos por no aprobar una nueva ley y de dar "un tremendo zarpazo a los ingresos municipales, sin importarles las graves consecuencias que esto conlleva para los servicios sociales y asistenciales que presta la administración local”.

Un error que pagan los valencianos…

Ahora se ha sabido que errores de gestión en el consistorio de Barberá abultan absurdamente sus cuentas. Como ha informado Nueva Tribuna, el Ayuntamiento de Valencia se olvidó de pagar a tres familias cuyas parcelas habían sido expropiadas para levantar el Parque de la Cabecera, por lo que ahora los intereses de la deuda se han disparado.

… y que puede beneficiar a Cotino

La Justicia ha sentenciado a favor de una de las familias afectadas que cobrarán 1.401.599 euros en lugar de los 273.692 que les correspondían inicialmente. Otra de las parcelas expropiadas pertenece a la familia del vicepresidente Cotino, y al ser su tamaño el doble que la anterior, el digital calcula que en lugar de los 687.000 euros estipulados podrán reclamar por el mismo baremo una cantidad próxima a los tres millones.

“Negligencia inaceptable”

El concejal socialista, Juan Ferrer, apunta que no quiere pensar “que el retraso ha sido deliberado, pues supondría la imputación de un delito“. En cualquier caso, explica que “los técnicos municipales siempre advierten de las demoras”, y que, en cualquier caso, se trata de “una negligencia inaceptable” que costará a los valencianos 1,13 millones. Esas tres familias a las que se les retrasaron los pagos, entre ellas las de Cotino, son las únicas que no cobraron de todos los expropiados.

El caso de Burgos

Un caso similar de dejadez obligó al Ayuntamiento de Burgos a desembolsar cinco millones de euros por la demora a la hora de cerrar una gasolinera vinculada a su alcalde, el popular Juan Carlos Aparicio. Precisamente Aparicio aparecía este jueves en la contraportada de La Gaceta asegurando que “el nivel de endeudamiento” de los Ayuntamientos “es insoportable” y “nos tomas el pelo” desde el Gobierno ante la tardanza de una nueva ley de financiación.

(www.elplural.com, 07/05/10)

La familia Cotino podría embolsarse más de tres millones por un error administrativo

El Ayuntamiento de Valencia se olvidó de pagar a tres familias cuyas parcelas habían sido expropiadas para levantar el Parque de la Cabecera. Ahora, la deuda es muy superior a la cantidad que hubiera tenido que abonar en su momento.

Se trata de las familias Trénor, Benlloch y Cotino, que se han acogido a la retasación, ya que el consistorio rebasó los dos años que tenía para abonar el precio fijado por el Jurado de Expropiaciones. Por ahora, la Justicia ha fallado a favor de los Trénor para que se les pague 1.401.599 euros en lugar de los 273.692 que le correspondía pagar al ayuntamiento. Teniendo en cuenta que la extensión de la parcela de la familia del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, es el doble que la de los Trénor y que el Jurado de Expropiaciones había acordado para ellos el pago de 687.000 euros, es previsible que la cantidad final que le corresponda ronde los tres millones.

El consistorio que preside Rita Barberá aprobó el 24 de julio de 1998 expropiar 140 parcelas (300.000 metros cuadrados) de la antigua huerta de Campanar para levantar el Parque de Cabecera. Su previsión era gastar algo más de siete millones de euros. Se pagó a todos los propietarios menos a tres, las familias antes citadas, que ahora han pedido al Jurado de Expropiaciones que retase sus terrenos, es decir, que amolde la cantidad que el Ayuntamiento les había de pagar a la coyuntura actual. El motivo de que el coste de las parcelas se haya disparado es que cuando se inició la expropiación, en 1998, era suelo no urbanizable, mientras en 2008, cuando vuelve a iniciarse el proceso como resultado de la retasación, el jurado lo considera suelo urbano consolidado debido a la existencia del parque.

Lo ha explicado el concejal socialista, Juan Ferrer, que ha hecho la siguiente reflexión: “No quiero pensar que el retraso ha sido deliberado, pues supondría la imputación de un delito“. El concejal ha añadido que “los técnicos municipales siempre advierten de las demoras”, y que, en cualquier caso, se trata de “una negligencia inaceptable” que ha costado a los valencianos 1,13 millones, sin que se hayan depurado responsabilidades.

Sea como fuere, nunca cobrar tarde ha sido tan rentable.

http://www.nuevatribuna.es/noticia/34266/ESPAÑA/familia-cotino-podría-embolsarse-tres-millones-error-administrativo.html

LA INCOMPATIBILIDAD DE UN CONSEJERO

Francesc Signes ofreció ayer un dato significativo. Recordó que el 6 de octubre de 2009 solicitó a media docena de consejerías la documentación de las adjudicaciones a la empresa Sedesa. Posteriormente, en un pleno de las Cortes, preguntó al propio consejero Juan Cotino si había tomado decisiones que afectasen a las empresas de su familia y éste le respondió que había delegado las competencias de contratación. Lo que no dijo, y reveló ayer el diputado socialista, es que esa delegación se produjo el 14 de octubre, ocho días después. "Lo hizo después de que yo pidiera los expedientes", comentó Signes.

Pese a que Cotino ha ocupado departamentos como Agricultura, Bienestar Social y ahora Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en los que la empresa de su familia tiene intereses, Luna no cree necesario plantear ninguna reforma del régimen de compatibilidades si la Generalitat no vulnerase los derechos de los diputados a acceder a los contratos. "Si Francisco Camps considera que despejar la sospecha es más contraproducente que mantenerla", señaló Luna, "es que no se ha actuado con arreglo a la ley". "Tengo el presentimiento", añadió Signes, "de que son Medio Ambiente y Sanidad las que han abocado al resto de consejerías a una estrategia de opacidad coordinada".

"Esto no va a quedar así", concluyó Luna. "Ya puede lanzar Cotino miserables exabruptos para desviar la atención sobre el verdadero problema: la colección de tratos de favor que ha recibido su empresa familiar por parte de la Generalitat".

www.elpais.es 30.03.10

DENUNCIAN AMENAZAS PARA NO INVESTIGAR A LA FAMILIA DE COTINO

E diputado socialista en Les Corts Valencianes Francesc Signes ha denunciado hoy que ha recibido "recomendaciones o amenazas" de un cargo público y de una sociedad privada para que no investigue adjudicaciones del Gobierno valenciano a la empresa Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino.

Asimismo, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha asegurado que va a buscar las pruebas "por todos los medios posibles" de que ha habido "tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor" en esas adjudicaciones, y ha afirmado que estaría dispuesto a pagar de su bolsillo por algún documento "si el beneficio para la Comunitat" fuera "muy sustancial".

Los dos diputados han explicado en una rueda de prensa que la Generalitat les ha negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de euros, lo que a su juicio sitúa esos contratos "al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo" que los de "la trama Gürtel".

El PSPV pidió esa documentación tras conocerse el Informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que se refería que Vicente Cotino, de Sedesa, habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado, vinculados a la trama Gürtel, para comprar la firma Easy Concept, proyecto en el que participaría el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

Luna ha concluido que si el Gobierno de Francisco Camps se opone a "despejar la sospecha" sobre esa empresa es porque despejarla puede llevar a la "certeza" de que no se ha actuado "con arreglo a la ley" en los expedientes de contratación de la Generalitat, por lo que van a buscar los documentos, y si eso les permite acudir de nuevo a los tribunales de Justicia, lo harán.

En su opinión, esta puede ser una de las cuestiones que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el "caso Gürtel", y ha resaltado que ante acusaciones de trato de favor en la Administración hay quien pone los papeles sobre la mesa, y quien, como la Generalitat, "bajo siete llaves".

Signes ha desvelado que se le han hecho llegar "determinados mensajes y recomendaciones" para no "insista" en los expedientes que "el PP esconde", aunque ha rehusado dar detalles más allá de que proceden de un cargo público -que no es el conseller- y de alguna sociedad privada, y Luna ha añadido que, además, "en algún momento ha habido amenaza de querella".

Signes ha asegurado que no le van a intimidar y ha expresado su "presentimiento" de que muchos de los expedientes que "más preocupan" al Consell corresponden a las Consellerias de Medio Ambiente y de Sanidad, que han abocado al resto de Consellerias contratantes a una "estrategia de opacidad común y coordinada".

Por su parte, Luna ha hecho un llamamiento a personas que conocen lo que ha pasado para que les faciliten información, algo que ha asegurado que "se está produciendo ya en muchos casos", pues tienen la "convicción" de que ha habido actuaciones irregulares en esa empresa, pero no "las pruebas para llevarlas a ningún sitio".

A su juicio, el vicepresidente Cotino puede "seguir lanzando miserables exabruptos" para "desviar la atención del verdadero problema que tiene, que es la colección de tratos de favor que ha recibido su empresa familiar en relación con la Generalitat", pero van a perseguir todo delito que sea perseguible, si lo hay y lo pueden demostrar.

Preguntado sobre si pagaría para conseguir informes, Luna ha dicho que hasta ahora no ha tenido que hacerlo y que puede garantizar la legalidad de los mecanismos de obtención de información, y ha añadido: "si el beneficio para la Comunitat Valenciana de obtener un informe o algún documento pagando por él fuera muy sustancial, lo pagaría de mi bolsillo".

Luna ha señalado que el PP les ha cerrado la vía parlamentaria, ya que a la petición de esos expedientes de contratación sólo les han remitido los pliegos de condiciones que se publican en el Diari Oficial, por lo que luego no deben extrañarse de que acudan a los tribunales.

Signes ha indicado que el pasado 6 de octubre formalizó su primera petición de esta documentación, y que fue unos días después, el 14 de octubre, cuando Cotino delegó las competencias de contratación.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/03/29/denuncian-amenazas-investigar-familia-cotino/691988.html

Mònica Oltra incorporó el apellido de su padre cuando tenía 11 años

El insulto del vicepresidente Juan Cotino a la diputada de Compromís Mònica Oltra —le espetó que se avergonzaría de tener una hija así y después le vomitó que posiblemente no conoce a su padre—caló en las entrañas de la parlamentaria, que tardó minutos en llamar a Juan Oltra, su padre, para tranquilizarlo.

Las circunstancias de la cruda existencia del matrimonio Oltra-Jarque hicieron que la diputada no pudiera incorporar el apellido paterno hasta los 11 años. Ese dato consta en su partida de nacimiento, documento que figura en expedientes oficiales como el de adopción de sus hijos, gestionada en la Conselleria de Bienestar Social cuando Cotino era titular, una coincidencia que la propia Oltra confesó que le «asustaba». El temperamento de la diputada Mònica Oltra, una de las almas más enérgicas de las Corts, tiene pedigrí. «Soy hija de un exilio de amor». La proclama poética que lanza la parlamentaria se ajusta a las circunstancias que vivieron sus padres, Juan y Ángeles, cuando, en vísperas del mayo francés y de la Primavera de Praga, buscaron la suya propia, la de su relación imposible, en Alemania. Se instalaron en el pequeño Kaarst y dejaron atrás el corsé legal del nacionalcatolicismo.

La moralina con forma de Código Civil hacía imposible normalizar la relación entre un separado —el mecánico matricero— y una chica soltera de Santa Cruz de Moya, tierra de maquis. «Las grandes víctimas del franquismo fueron los fusilados, los represaliados políticos o los homosexuales, pero también los represaliados civiles como mi padre, que tuvieron que huir», explica Oltra a este diario. Aquella pareja contracorriente atesoraba méritos políticos para el exilio. Ambos militaban en el PCE. «A mi mujer la llamaban Pasionaria», dice el hombre. A los dos años de estancia alemana, nació Mònica Jarque Tortajada. Era el nombre que figuraba en la partida de nacimiento expedida en el Consulado de España en Düsseldorf. Su padre seguía casado, a efectos legales, con aquella mujer de la que se separó de hecho años antes. Mònica adoptó por ello los dos apellidos maternos. En 1981, con la ley Fernández Ordóñez, por el ministro que la parió, llegó el divorcio y la aplicación, vía Código Civil, del mandato constitucional del reconocimiento de derechos de los hijos engendrados sin matrimonio. Los primeros que se acogieron a la bendición democrática en el exilio alemán fueron Mònica y Juanín, que incorporaron el apellido Oltra.

El reconocimiento oficial de paternidad de quien siempre fue genética y afectivamente su padre figura como apunte en la partida de nacimiento de la diputada. Este papel oficial consta, por ejemplo, en el expediente de adopción de los dos hijos de Mònica, dos hermanitos que llegaron de Etiopía en 2008, tras 24 meses de espera y 24 años después de que la familia Oltra-Jarque regresó de Kaarts, la Nochevieja del 84. Durante la tramitación de la adopción, Juan Cotino dirigía Bienestar Social, departamento que gestionó el expediente.

www.levante-emv.com 26.02.10

“ME AVERGONZARÍA DE TENER UNA HIJA COMO USTED, PERO COMO POSIBLEMENTE NO CONOCE A SU PADRE..."

“Si fuera su padre, me avergonzaría de tener una hija como usted, pero como posiblemente no lo conoce…”. Esta frase, que más bien parece extraída de una discusión callejera, salió de la boca del mismísimo vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, que es además del Opus Dei. La destinataria de tamaña lindeza era Mónica Oltra, diputada de la coalición de izquierdas Compromís, que mantenía una acalorada discusión con el miembro más rico del Ejecutivo de Camps . Le había reprochado los múltimples intereses inmobiliarios de su familia de los que dijo que eran vergonzosos. Compromís prevé pedir la reprobación de Cotino, pero ahora éste niega la autoría de la frase tal como la recogió ayer literalmente la agencia Europa Press. La nueva versión del conseller elimina la alusión al padre desconocido y reduce su alocución a que se avegonzaría de tener una hija como Oltra.

Según los testimonios de los diputados, la frase de Cotino fue uno de los momentos más desagradables de un pleno que fue, de por sí, bastante tenso. Incluso varios diputados del PP habrían admitido en privado que el conseller perdió los papeles, recoge el diario provincial Levante.

Cotino, harto de que le llamen "corrupto"

Los había también que justificaban al vicepresidente tercero achacando su exceso verbal a la presión a la que está sometido por las constantes acusaciones de corrupción a él y a su familia. El famoso informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP cita a Sedesa, entidad de la familia de Cotino, como una de las empresas que habrían participado en la operación. Precisamente, ayer Oltra acusó a Sedesa de “llevarse cerca de 28.000 euros” en concepto de plusvalías de la sociedad Cabanyal 2010.

Bronca por el Cabanyal

“Cabanyal 2010 es un negocio que se han montado cuatro espabilados, entre ellos uno que se sienta en la primera fila”, dijo por la mañana la diputada de Compromís aludiendo a Cotino en el hosco pleno de la mañana. Su frase hizo que el parlamentario popular José María replicara aseverando que “jamás el PPCV se ha financiado de otra manera que no sea conforme a la ley, cosa que no pueden decir otros partidos”. Tras el altercado con el vicepresidente, Oltra salió del pleno bastante afectada. Los socialistas le han trasladado su solidaridad y le han hecho saber que secundarán sus medidas para reprobar a Cotino.

Camps y la cuneta

Las Cortes Valencianas han acogido ya algún que otro exceso verbal desde el estallido de la Gürtel. En noviembre del año pasado, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo que al portavoz de los socialistas, Ángel Luna, "le encantaría coger una furgoneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". Posteriormente, Camps pidió disculpas por si había “herido la sensibilidad de alguien”. ¿Seguirá su ejemplo Cotino? De momento, parece que el vicepresidente ha optado por la vía de la negación.

(www.elplural.com, 25/02/10)

COTINO CIERRA LA RED DE REFUGIOS Y RESTRINGE LOS CAMPAMENTOS JUVENILES

Los scouts, júniors y el resto de entidades juveniles se han quedado este año sin la principal red de campamentos de la Comunidad Valenciana para desarrollar encuentros y actividades al aire libre. En una decisión sin precedentes, según destacan desde el propio movimiento juvenil, la consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha tomado la decisión de cerrar al público su complejo de refugios y cabañas a lo largo de este año. De este cerrojazo total sólo se han librado los campamentos, aunque de forma muy limitada. Únicamente abrirán en Pascua y verano.

El aviso está colgado en la propia página web del departamento que dirige Juan Cotino. En una comunicación con fecha del pasado lunes 15, con efectos hasta el 31 de diciembre, la consejería anuncia el "cierre provisional" de todas estas instalaciones lúdicas a lo largo de 2010 "con la única excepción de los campamentos destinados a asociaciones de carácter educativo o escolar y exclusivamente durante dos periodos". Se trata de las vacaciones de Pascua (del 1 al 15 de abril) y verano (del 15 de julio al 15 de agosto). Los únicos recintos que permanecerán abiertos son las zonas de acampada individual, según se añade en el mismo aviso. En el mismo mensaje la Consejería apunta que al tratarse de una medida provisional "está sujeta a posibles modificaciones".

La decisión afecta a una veintena de instalaciones: 10 refugios, tres cabañas y 13 campamentos. Entre estos últimos, permanecerán cerrados los tres situados en Vistabella del Maestrat, los dos de Ayora y el de Buñol, Aras de los Olmos, Barracas, Domeño, Titaguas, Ademuz, Jalance y Enguera.Fuentes de la consejería de Medio Ambiente explican que se han cerrado estas instalaciones porque se están elaborando "estudios de viabilidad" de estos recintos. "Queremos estudiar el uso que se hace de estos recursos", indican. "Tenemos que analizar la afluencia de gente a estas instalaciones, no se pueden tener siempre abiertas", apuntó a este diario un portavoz de la consejería. "Hay lugares a los que durante determinados meses no va nadie".

Fuentes del movimiento juvenil de la Comunidad Valenciana que prefieren no ser identificadas aseguran que el motivo de cierre es la falta de fondos de Medio Ambiente. A finales de 2009, algunos representantes de asociaciones juveniles recibieron por conductos extraoficiales informaciones de que había problemas económicos en el departamento de Medio Ambiente que impedían mantener los campamentos, refugios y cabañas abiertos. Al tener conocimiento de estas intenciones, hubo presiones a la consejería por parte de algunos colectivos que, finalmente, lograron que los campamentos pudieran permanecer abiertos, al menos, durante las vacaciones de verano y Pascua. "La idea inicial era que permanecieran cerrados a lo largo de todo el año", insisten estas fuentes.

En todo caso, al margen de la notificación publicada en la página web de Medio Ambiente, no ha existido ninguna comunicación oficial a las asociaciones por parte de la consejería donde se les trasladara directamente el alcance de la medida y los motivos por los que se ha tomado.

Y ello a pesar de que la restricción de uso de este año supone un cambio que afecta sensiblemente al funcionamiento habitual de estas entidades, que tienen numerosos miembros. Sólo los juniors, por ejemplo, son 14.000 entre educadores (3.000) y chavales.

Lo normal es que, a lo largo de todo el año, estos recintos se puedan ocupar siempre que se comunique con tiempo y estén libres. Al margen de los campamentos de vacaciones, fuera de temporada suelen acoger convivencias o reuniones de trabajo donde los educadores preparan las actividades. "Somos entidades sin ánimo de lucro y estos centros nos vienen muy bien porque son más baratos que los privados", comentan desde una de estas asociaciones. "Esta medida nos provocará o a tener que desviar recursos a pagar estas actividades en espacios privados o a dejar de hacer otro tipo de actividades, lo que irá en perjuicio de nuestro trabajo", señalan.

Mientras los albergues privados cuestan entre 35 y 45 euros en pensión completa, los públicos que la consejería ha cerrado no pasaban de los 15 euros. El caso de los campamentos es más llamativo. Una actividad de dos semanas en una zona de acampada privada puede costar de 3.000 a 4.000 euros, mientras que ocupar las instalaciones de la Generalitat apenas cuesta 40 euros.

La federació d'Escoltisme Valencià aprobó el pasado sábado una resolución donde solicitan a la consejería que reabra las instalaciones durante todo el año.

(www.elpais.com, 22/02/10)

EL PSPV DICE QUE LOS CONTRATOS DE SEDESA SON TAN OPACOS COMO LOS DE GÜRTEL

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas situó ayer en el mismo nivel de opacidad los contratos de Sedesa -el grupo empresarial de la familia del vicepresidente Juan Cotino- y los de las empresas del caso Gürtel.

Francesc Signes, portavoz socialista de Infraestructuras en las Cortes, explicó ayer que el Consell no le ha suministrado la información solicitada sobre 47 adjudicaciones de la Generalitat al grupo Sedesa y que, en otros seis casos, se le ha remitido a cada una de las oficinas donde está depositado el expediente.

Signes explicó que las adjudicaciones sobre las que ha solicitado información suman un total de 830 millones de euros entre 1998 y 2009. "Es casi imposible encontrar un área de negocio donde Sedesa no estuviese inmersa", indicó el portavoz socialista, "y en 47 respuestas sobre las adjudicaciones no se aporta la documentación requerida". "Omiten ofertas, informes jurídicos previos, las actas de las mesas de contratación y los contratos entre Sedesa y la Generalitat, lo que impide estudiar los procesos de adjudicación", manifestó Signes. "¿Por qué la Generalitat esconde la documentación que hemos pedido?", prosiguió, "sitúan en el mismo nivel de ocultismo los contratos de Sedesa y de Orange Market [la empresa valenciana de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa]".

"De cada expediente se han sacado los documentos que no querían que se supiesen", insistió el diputado socialista, que manifestó que, en su opinión, "ha habido un criterio conjunto de coordinación [a la hora de facilitar las respuestas] por una instancia superior, una potestad que está muy acotada en el Consell". Signes también criticó la "actitud laxa y sectaria" de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. "Hay una presidenta al servicio del Consell", dijo Signes.

Para los socialistas, "la opacidad, el oscurantismo y la falta de limpieza preside la actitud del trío que componen [el presidente] Francisco Camps, [el vicepresidente] Juan Cotino y [el portavoz parlamentario y consejero] Rafael Blasco". "La estrategia de la transparencia ha quedado en papel mojado", continuó el parlamentario socialista, "porque el PP es el PP de siempre, el de la época de Gürtel".

Francesc Signes explicó que ha vuelto a solicitar la documentación sobre los expedientes de las adjudicaciones a Sedesa. "Camps tiene la obligación de poner luz y taquígrafos a 830 millones de euros de adjudicaciones", insistió el parlamentario, "Sedesa es de un familiar del vicepresidente tercero y queremos confirmar la legalidad de las adjudicaciones".

"Mientras no faciliten la documentación están poniendo al mismo nivel Orange Market y Sedesa", remachó Signes. "Pedimos copia completa de los expedientes de adjudicación. Si no pidiésemos esta documentación no estaríamos haciendo las funciones para las que los ciudadanos nos han elegido", insistió el portavoz socialista de Infraestructuras, que indicó que acudirá a ver los seis expedientes que le han invitado a ver.

(www.elpais.com, 16/02/10)

C. VALENCIANA : MÁS CONCIERTOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES VINCULADOS A SEDESA

El paso por la Consejería de Bienestar Social del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (junio 2007-agosto de 2009) no solo dejó a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley de la Dependencia en España. También se tradujo en un aumento del volumen de negocio de la red de residencias de la tercera edad vinculada a su familia. Esta empresa, Savia Centros Residenciales -nombre comercial de Gerocentros del Mediterráneo, SL, participada por Sedesa Concesiones, del Grupo Sedesa que dirige el sobrino del consejero, Vicente Cotino Escrivá- se vio favorecida por varias medidas adoptadas durante la etapa de Cotino en Bienestar Social. Un acuerdo del pleno del Consell de 2008 propició un aumento del 170% de las plazas subvencionadas por la Generalitat con esta firma a final de ese año respecto a las concertadas en 2006 al pasar de 716 a 1.938.

Buena parte de las plazas obtenidas por Savia y subvencionadas por la Generalitat (al menos 758) se beneficiaron de unas condiciones económicas diferentes que elevaban el precio máximo que podían cobrar por cada usuario un 25% respecto a la suma anterior, lo que supone 3,3 millones de euros más al año, calcula el PSPV.

La norma que estableció las reglas de juego iniciales en las plazas concertadas fue el contrato administrativo que puso en funcionamiento Bienestar Social en 2003 para que las empresas pusieran en el mercado 9.000 plazas residenciales destinadas a paliar el déficit existente, de las que un tercio serían subvencionadas por la Administración. El precio máximo de las plazas -finalmente fueron unas 2.000, ya que se construyeron algo más de 6.000 plazas- se fijó en 36 euros, que, según el contrato (de 15 años de duración y prorrogable a 25) se iría actualizando en función del IPC. Según este contrato, el precio máximo debería haber sido el año pasado de 46,04 euros y 46,4 este año.

Sin embargo, no fue así en al menos, otras 2.000 plazas concertadas. La consejería, a través de contratos negociados y sin publicidad, estableció precios distintos, notablemente más altos (58 euros en 2009, 60 en 2010), con diferentes grupos empresariales. Con Savia, por ejemplo, afectaba a 758 plazas el año pasado. De estos acuerdos participan también las firmas La Saleta o Novaire.

Este precio no es solo superior a los 46 euros del contrato anterior. También es notablemente más alto que otros precios máximos fijados por Bienestar Social referidos a otros tipos de plazas subvencionadas. Es el caso de las residencias sin ánimo de lucro, con un precio máximo por plaza diario de 50 euros para 2010. O de los centros de la modalidad bono-residencia que, en el caso de las personas con mayor discapacidad, cobran la plaza a 55,5 euros.

La cifra de los 58 euros por plaza de los nuevos contratos (negociados y sin publicidad) no figura en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al contrario de los anteriores precios. Tampoco se ha hecho público por parte de la consejería. La cifra se incluye en el pliego de cláusulas del contrato, que solicitó el diputado socialista Antonio Torres y que no ha podido acceder a la totalidad del expediente. "Es poco ético que un consejero, como parte interesada, tome decisiones que implican a empresas de su familia", apunta Torres. "Y es igual de grave que, dadas las circunstancias, en lugar de tratar de aclarar las cosas y dar facilidades a la hora de transmitir información, la consejería haya optado por el oscurantismo". El diputado pone el ejemplo de los 10 meses que tuvo que esperar para recibir el contenido de un acuerdo del Consell de enero de 2008 en el que se impulsó el concierto de plazas residenciales. "Es un pelotazo de 3,3 millones de Cotino, el único beneficiado de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", añadió.

(www.elpais.com, 08/02/10)

COTINO: “LOS DIPUTADOS PODRÍAN INDULTAR HOY A MUCHOS NIÑOS QUE A LO MEJOR LOS MATAN”

Juan Cotino, miembro del Opus Dei y vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, ha hecho una vez más gala de su integrismo religioso y ha asegurado, aprovechando el inicio del debate de la reforma de la Ley del Aborto, que "posiblemente los señores diputados podrían indultar hoy a muchos niños que a lo mejor los matan”. Lo dijo en RNE, justo después de recordar que Barack Obama había indultado un pavo en el día de Acción de Gracias. Según él, es una “verdadera barbaridad” que los “"señores socialistas y algunos socios de viaje" apoyen este primer trámite parlamentario de la ley.

Con su discurso populista, recordó que para avanzar económicamente es necesario que nazcan más niños. “El índice de natalidad es de 1,4 por pareja", argumentó, para añadir que dentro de 25 años el sistema sería insostenible. "No sé quién nos va a pagar las pensiones", se preguntó. "Hasta económicamente lo que están haciendo los socialistas y algunos socios de viaje es una verdadera barbaridad", apostilló. Cotino añadió además que seguir discutiendo sobre el aborto “es un tema desfasado".

Mezcla Gürtel con SITEL

Cotino sostuvo que el PP ha sido espiado y reclamó que en la lucha contra la corrupción no se utilicen “atajos". Por ello reivindicó que el gobierno regule jurídicamente el sistema de comunicaciones SITEL. "Hay que luchar con toda la fuerza de la ley pero no hay que utilizar atajos para poder desprestigiar a algún adversario político", afirmó. En relación al caso Gürtel, Cotino denunció que "hay policías que se estaban dedicando a ser correa de transmisión del Gobierno" y que algunas escuchas autorizadas por los jueces "están entre comillas", en referencia a las filtraciones publicadas por los periódicos. “Si el presidente del Gobierno no toma decisiones para que todo eso se ataje, es que él lo está impulsando", aseveró.

(www.elplural.com, 26/11/09)

Juan Cotino: "seguiremos defendiendo a las familias"

No hubo referencias explícitas, pero el mensaje que lanzó ayer el vicepresidente social del Consell, Juan Cotino, estaba bastante claro. Días después de publicar una resolución en la que reconoce a los embriones los mismos derechos que a los ya nacidos en el acceso a ayudas de los planes de vivienda -tanto nacional como autonómico-, el también consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda declaró ayer su intención de "seguir defendiendo a las familias".

La política de vivienda de la Generalitat constituye "una política social con mayúsculas" que "conjuga el apoyo, por un lado a la economía productiva y el empleo, y por otro, a las familias y su derecho a disfrutar de una vivienda digna", señaló durante la clausura de una jornada sobre derecho concursal. Cotino confrontó la política de vivienda del Consell, que consiste en "aumentar las ventajas fiscales, especialmente a las familias con hijos y menores sin recursos", con la del Gobierno de "subir impuestos".

El anuncio de considerar un niño a un embrión a la hora de conceder ayudas a la vivienda plantea "serias dudas de legalidad", según el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Felipe Martínez, ya que la ley española concede a los concebidos no nacidos (nasciturus) una protección distinta que a los ciudadanos.

Por ello, el grupo parlamentario Compromís anunció ayer que ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el que le alerta de la "posible inconstitucionalidad" de la resolución impulsada por el vicepresidente social. Según declaró la diputada de Iniciativa y portavoz de Compromís, Mònica Oltra, "esta resolución, firmada por el consejero Cotino, quiebra la igualdad de las personas y lo hace con una clara motivación religiosa".

Por este motivo, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, "institución que tiene capacidad legal de presentar recursos de inconstitucionalidad". "En nuestro ordenamiento jurídico el embrión no tiene consideración de ciudadano, por lo que la resolución del Gobierno valenciano del PP vulnera los derechos de los ya nacidos. Esta norma es un verdadero despropósito que discrimina a los niños y niñas ya nacidos y a sus familias", lamentó Oltra.

Para la diputada, "con esta protección preferente a los embriones Cotino antepone, una vez más, sus creencias religiosas al interés general, llegando a saltarse incluso la legislación vigente".

www.elpais.es 31.10.09

Los Cotino piden 3,6 millones al ayuntamiento por una parcela valorada en 148.000 euros

El PSPV advierte de que el retraso en los pagos de las expropiaciones arruinará al ayuntamiento y Bellver replica que son procesos muy garantistas

Alquería Dolores, S. L., una mercantil de la familia del vicepresidente Juan Cotino, ha solicitado la retasación de una antigua parcela del Parque de Cabecera que le expropió el Ayuntamiento de Valencia en 1998. La sociedad pide ahora 3,6 millones de euros por el suelo, es decir, 24 veces lo que le pagó el ayuntamiento y cinco veces el valor del justiprecio.

La empresa se acoge al derecho a solicitar una nueva tasación porque ha transcurrido el plazo de dos años fijado por la ley para cobrar el justiprecio fijado por el Tribunal Provincial de Expropiaciones. Este organismo le reconoció en 2005 a la familia Cotino el derecho a recibir 687.000 euros por una parcela de 13.600 metros cuadrados del Parque de Cabecera, cuando el ayuntamiento la valoró en 148.000 euros. El consistorio acepta ahora la petición de retasación y ofrece pagar 255.000 euros a los demandantes. Dada la disparidad de valoraciones es previsible que la retasación acabe en el Jurado de Expropiaciones.

El PSPV alertó ayer del elevado precio que tendrá para el ayuntamiento por el retraso en los pagos de las expropiaciones. El de los Cotino es el tercer expediente de retasación que se presenta en pocos meses en el Parque de Cabecera. La familia Trénor también ha iniciado un proceso similar y reclama 24 millones por una parcela cuyo justiprecio en 2005 se fijó en 273.000 euros. De admitir el Jurado de Expropiaciones la retasación de los expropiados se tendría que retomar el proceso desde cero lo que teniendo en cuenta el valor actual del suelo, donde se ha construido un zoológico, un aparcamientos, locales de ocio y en un futuro un parque de atracciones, dispararía el coste.

El concejal socialista Vicente González Móstoles alertó ayer de las continuas subidas de precio en las expropiaciones de parcelas del Parque de Cabecera y expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir en otros proyectos como el plan del Cabanyal. "Es demasiado frecuente que los justiprecios multipliquen las previsiones iniciales y las solicitudes de retasación piden todavía más". Por ello, el edil ha solicitado un informe al secretario de la Comisión de Urbanismo para conocer la situación global de las expropiaciones del parque de Cabecera.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, explicó que las expropiaciones son procesos "muy largos y garantistas". Destacó que el equipo de gobierno aprobó en su día las llamadas Áreas Homogéneas para resolver estos expedientes con el máximo de garantías. En cuanto al suelo del Cabanyal, Bellver recordó que en este barrio "aún no ha habido ni un solo palmo de suelo expropiado" y que "todos se han conseguido por acuerdos con los propietarios". El primer proceso expropiatorio abierto en el barrio es el del bulevar San Pedro, que está en fase de tramitación.

www.levante-emv.com 27.10.09

Cotino: ´No he beneficiado a conciencia a ninguna empresa´

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado hoy que no ha "beneficiado, a conciencia, ni perjudicado a ninguna empresa" en el ejercicio de sus funciones en las diferentes Administraciones Públicas donde ha tenido algún tipo de responsabilidad.

Cotino ha respondido así en una sesión de control de Les Corts a la pregunta del PSPV-PSOE sobre las adjudicación de obras públicas por valor de 830 millones de euros a la empresa Sedesa, presidida por el hermano del conseller, entre 1998 y 2009.

Según ha aseverado el vicepresidente tercero del Consell, no está entre sus funciones "conocer las contrataciones de ninguna empresa de la Generalitat".

Tras esta breve respuesta, el socialista Francesc Signes ha advertido al conseller de que "le está pasando lo mismo que a sus compañeros", puesto que "nadie del PPCV conoce nada hasta que las investigaciones judiciales y los informes policiales nos dicen que lo conocía todo".

Según ha destacado, "a día de hoy resulta imposible conocer ningún área de negocio en la que no esté introducida la empresa Sedesa", que ha participado en los últimos once años en construcción de carreteras, depuradoras, operaciones urbanísticas, promoción de viviendas y gestión de residencias para ancianos, entre otras actividades.

Además, según ha recordado, Sedesa figura en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales como una de las empresas que participaron en la supuesta financiación irregular del PPCV. Cotino ha insistido en los argumentos de su primera intervención y ha asegurado que, en el ejercicio de sus responsabilidades "actuales", ha delegado "todas las facultades de contratación" de su Consellería a empresas públicas como el IVVSA o Vaersa.

Además, ha reiterado que en el ejercicio de sus funciones públicas en las Administraciones local, autonómica y central, no ha beneficiado ni perjudicado a ninguna empresa "a conciencia".

Por otra parte, la diputada socialista Ana Noguera ha pedido a la consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, que aclare la relación de la Fundación de La Luz de las Imágenes con la empresa Orange Market.Según ha expuesto, existen dos facturas que a su juicio prueban esta relación, una vinculada a la promoción del Open de Tenis de Valencia y otra emitida por la muestra de la exposición "Paisajes Sagrados" durante la celebración de este torneo deportivo.La primera no guarda relación con el "objeto social" de la Fundación, y la segunda es "falsa" porque no se llevó a cabo la citada exposición, ha argumentado.La consellera ha reprochado a la diputada socialista que, "si entendiera un poco de gestión cultural", sabría que se destinan fondos para emprender actividades culturales y promocionales de la Fundación en lugares de "interés", algo que ha calificado de "lógico y normal"."Nada es irregular, todas las operaciones son de acceso público y han sido auditadas por organismos autonómicos", ha replicado Miró, quien ha pedido a Noguera de "deje de difamar y esconder la mano".

Por otra parte, la consellera de Turismo, Belén Juste, ha reiterado que la relación contractual entre su departamento y Orange Market "no existe" tras el incumplimiento de las condiciones estipuladas tras la celebración de la última edición de Fitur.Juste contestaba así a una pregunta de la diputada socialista Isabel Lloret sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Consellería de Turismo con las "millonarias" adjudicaciones a la empresa investigada de la trama "Gürtel".

Lloret ha denunciado que las consecuencias de este caso son tanto políticas como económicas, especialmente por el hecho de que Orange Market haya sido "el cliente estrella" de la Agencia Valenciana de Turismo desde 2005 pues este organismo generaba "más del 80 por ciento" de los ingresos de la empresa dirigida por Álvaro Pérez.

"Lamento que estas Navidades se quede sin reloj", ha ironizado la socialista en alusión a los supuestos regalos que los responsables de la trama habrían hecho a sus predecesoras en esta Consellería.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, se ha mostrado convencido de que el futuro hospital de Lliria estará listo para el segundo semestre de 2010 y ha achacado los retrasos que se han producido durante la ejecución de la obra en la necesidad de adaptar el proyecto a nuevos parámetros técnicos.

El diputado del PSPV Ignacio Subías le había preguntado por este proyecto, adjudicado a una mercantil propietaria del empresario José Luis Ulibarri, implicado en la investigación del caso "Gürtel", y que según el socialista tendría que estar terminado en 2008.

EL JEFE DE LA INMOBILIARIA DE LOS COTINO SE REUNIÓ CON EL BIGOTES Y CRESPO

La policía siguió los pasos de los principales dirigentes de la trama corrupta para saber con quién se reunían. Y en esos seguimientos, según consta en el sumario, hicieron unas fotografías que prueban un encuentro en Madrid entre los principales dirigentes de la red y uno de los empresarios que, según un informe policial que está estudiando el juez Antonio Pedreira, habrían financiado ilegalmente al Partido Popular pagando a Orange Market por servicios inexistentes con el fin de que ese dinero sufragara actos de ese partido. Se trata de Vicente Cotino, presidente de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, hombre fuerte del Gobierno valenciano y consejero de Obras Públicas.

El pasado día 26 de enero, según las pruebas documentales de la policía, en el hotel Gran Fénix de Madrid, se reunieron Pablo Crespo, número dos de la trama dirigida por Francisco Correa; Pablo Collado, trabajador de la red, y Álvaro Pérez, El Bigotes, con Vicente Cotino. Según el parte policial, este último, al que se describe con gran precisión, entró en el hotel con un maletín y salió con el mismo maletín y una maleta, algo que los policías detallan con precisión como el hecho más relevante de la reunión, que duró casi una hora.

"Un minuto más tarde se observa la salida del hotel de los tres individuos antes referidos [Pablo Collado, Álvaro Pérez y Vicente Cotino] permaneciendo durante unos segundos hablando en la puerta. Momentos después, Vicente Cotino Escrivá se despide de los otros dos y abandona a pie el lugar en dirección a C/ Serrano, portando un maletín de mano, así como una maleta", señala el informe.

Vicente Cotino no recuerda exactamente si se reunió el 26 de enero en Madrid con Pablo Crespo, Pablo Collado y Álvaro Pérez, pero una portavoz de Sedesa explicó ayer a EL PAÍS que el señor Cotino "ha tenido reuniones con esos señores, tanto en Madrid como en Valencia, porque tenía relaciones comerciales con ellos", para cuestiones relativas al marketing de Sedesa.

Sedesa, una de las seis empresas valencianas que dio dinero a Orange Market y supuestamente financió ilegalmente al PP, algo que sus responsables niegan, fue fundada por el padre de Juan Cotino, director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps.

Sedesa, presidida por el sobrino de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria y depuración de aguas. Vicente Cotino Escrivá es además amigo del ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García, que también recibió supuestamente ropa regalada por El Bigotes.

La investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurrió en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al Partido Popular a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).

En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

(www.elpais.com, 08/10/09)

LA CONSTRUCTORA DE LOS COTINO FACTURA 825 MILLONES AL CONSELL CON SOCIOS O EN SOLITARIO

La constructora Sedesa Obras y Servicios, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, no puede decir que no sea profeta en su tierra. La matriz del Grupo Sedesa, cuyo gerente es Vicente Cotino Escrivá (sobrino del conseller), ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat por más de 825 millones de euros. En el caso de los proyectos de mayor dimensión, Sedesa ha sido beneficiaria de contratos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras firmas. Más de 25 veces, la empresa vinculada al vicepresidente ha sido elegida en solitario para ejecutar proyectos, por un montante superior a 90 millones de euros.

La obra de mayor envergadura con participación del grupo del que un día fue socio Juan Cotino es la construcción y explotación de la CV-50 entre Benaguasil y la A3, por un importe de casi 505 millones de euros. En esa UTE participan Sedesa y Dytras, de la que forman parte Dragados y Construcciones, Iridium y Concesiones de Infraestructuras SA. Esa autovía se adjudicó por el sistema de peaje en la sombra, consistente en que las constructoras adelantan el dinero para ejecutar la obra y recuperan la inversión cuando entra en funcionamiento, dado que cobran un canon por vehículo que utilice la infraestructura. Lubasa es uno de los socios más habituales de la empresa de Vicente Cotino en las concesiones otorgadas por la Generalitat. Se da la circunstancia de que estas dos firmas forman parte de la relación de media docena de constructoras señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la policía judicial como financiadoras del Partido Popular a través de la trama Gürtel.

Además de a la obra pública, el Grupo Sedesa se dedica al urbanismo, la promoción inmobiliaria, las energías renovables, los parques eólicos (con Endesa y Bancaja construye 018), al sector medioambiental o la gestión de residencias geriátricas, entre otros negocios. Gerocentros del Mediterráneo (del que Sedesa Concesiones posee un 38,7% del capital) explota, con la marca Savia Centros Residenciales, casi 2.000 plazas de mayores subvencionadas, por las que esa firma ingresó unos 46 millones entre 2007 y 2008, según el PSPV.

(www.levante-emv.com, 25/09/09)

Cotino triplicó las subvenciones a una empresa de su familia

El grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, incrementó en un 170% su volumen de plazas concertadas cuando este dirigente llegó a la Consejería de Bienestar Social. En 2006 los Centros Residenciales Savia tenían 213 plazas subvencionadas; sin embargo, pocos meses después de que Cotino cambiara la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la de Bienestar Social la cifra se había triplicado hasta llegar, a finales de 2008, a 1.938.

La suerte de Savia creció paralelamente al poder de Cotino en el Consell valenciano. Concretamente, sus apoyos institucionales se triplicaron entre 2006 y 2008, recoge El País.

30 millones
Al parecer, el detonante de este cambio habría sido el nombramiento del actual vicepresidente tercero como consejero de Bienestar Social, un puesto al que llegó tras las elecciones de 2007. En enero de 2008, pocos meses después de ser nombrado, Cotino modificó las reglas de financiación de plazas concertadas en residencias privadas para la tercera edad. Uno de los principales beneficiarios de esta reforma fue Savia, que a finales del año pasado incrementó sus subvenciones en un 170% llegando a 1.938 conciertos. Estas cifras equivaldrían a 30 millones de euros de financiación pública, denuncia el diputado socialista Antonio Torres. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha registrado en las Corts una serie de preguntas sobre este asunto cada vez más opaco: el año pasado la Consejería dejó de detallar las subvenciones.

Ramificaciones Gürtel
Savia es un nombre comercial de la Empresa Gerocentros del mediterráneo S.L, una empresa presidida por Sedesa Concesiones que, a su vez, es filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa). El Grupo Sedesa está íntimamente ligado a Cotino: su padre lo fundó y actualmente lo gestiona su sobrino, Vicente Cotino Escrivá. La otra accionista mayoritaria de la firma es Enrique Ortiz e Hijos. Tanto Sedesa como Enrique Ortiz han sido vinculadas a la ramificación valeriana de la trama Gürtel: un informe de la Brigada de Blanqueo rechazado por el TSJ Valenciano del “más que amigo” de Camps, Juan Carlos de la Rúa, les acusa de financiar ilegalmente al PP regional.

Escándalos Cotino
El vicepresidente Cotino, por su parte, ha lavado la cara a Sedesa asegurando que sus relaciones con la presunta red corrupta son “comerciales” . Lo cierto es que su sobrino participó en fiestas en Marrakech con Álvaro Pérez, El Bigotes, un evento en el que él mismo se ofreció a llevar al agasajado, al ex director de RTVV, Pedro García, dimitido precisamente tras desvelarse sus nexos con la Gürtel. Pero tantas amistades peligrosas no impidieron que saliese reforzado de la última crisis de Gobierno, cuando Camps le ratificó su confianza. Ni siquiera los escándalos por el uso excesivo de coches oficiales para recoger paellas o ir a misa han menoscabado la influencia de Cotino en la Generalitat.

www.elplural.com 25.09.09

MÁS NEGOCIO EN BIENESTAR SOCIAL PARA UNA FIRMA VINCULADA A COTINO

Entre los años 2006 y 2008, las plazas que la Generalitat concertó con el grupo Savia, una red de residencias de la tercera edad vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino, crecieron un 170%.

En 2006, los Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL, tenían 213 plazas subvencionadas por la Consejería de Bienestar Social. Por entonces Cotino era consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras las elecciones de 2007, este importante dirigente del PP valenciano recibió el encargo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de asumir la supervisión de la política social como vicepresidente tercero y de ocuparse de la Consejería de Bienestar Social.

Meses más tarde, en enero de 2008, un acuerdo tomado en sesión plenaria del Consell modificó las reglas de juego de la financiación de plazas concertadas en centros privados de la tercera edad. A finales de ese año, las residencias de Savia-Gerocentros vieron incrementadas las plazas concertadas con la Administración valenciana hasta alcanzar el número de 1.938, según un listado de la consejería al que ha tendio acceso este periódico. Esta cifra representa casi tres veces más de las plazas subvencionadas en 2006 y una cifra cercana a los 30 millones de euros de financiación pública, según el diputado socialista Antonio Torres.

Gerocentros del Mediterráneo, SL, es una empresa presidida por Sedesa Concesiones -filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)-, ligada a la familia de Juan Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino Escrivá, que es la persona que gestiona el Grupo Sedesa.

El control de la firma es compartido con la empresa Enrique Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria. A esta promotora-constructora le corresponde ocupar el puesto de consejero delegado.El año clave en el aumento de plazas concertadas por parte de Sedesa es 2008. En 2006, según las respuestas parlamentarias remitidas por el Consell a preguntas del diputado socialista Antonio Torres, el número de personas alojadas en las residencias del Grupo Savia con subvención pública eran 716 (bajo el bono-residencia 213 y con la modalidad de accesibilidad social 503). En el año 2007, el mismo en que Cotino accedió a Bienestar Social, el número de plazas financiadas con fondos públicos, según la misma fuente, creció ligeramente hasta alcanzar las 928 (680 de accesibilidad social y 248 de bono).

Sin embargo, el gran impulso a la subvención pública de plazas del grupo Savia llega en el año 2008. A finales de diciembre de ese año, la cifra se dispara hasta las 1.938 (1.563 de accesibilidad social y 375 de bono). En este caso, la información no proviene de las respuestas parlamentarias a las preguntas formuladas por el PSPV, ya que, a partir del año pasado, la Consejería de Bienestar Social dejó de detallar las plazas subvencionadas que corresponden a cada centro. Los datos se han extraído de un listado elaborado por el propio departamento de Bienestar Social.

Este incremento del 170% de plazas se produjo meses después de un importante acuerdo del Consell, de enero de 2008, en el que se modificó el mapa de la atención residencial a la tercera edad diseñado por Rafael Blasco en 2001 cuando llegó a la Consejería de Bienestar Social. "Y no es ninguna casualidad la relación entre los dos hechos", como apunta el diputado socialista Antonio Torres. De hecho, este representante del PSPV sostiene que el acuerdo del Consell es la causa directa del aumento de plazas subvencionadas.

El llamado plan de las 9.000 plazas de Blasco pretendía que la iniciativa privada construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas residenciales para personas mayores a través de un concurso en el que la Generalitat elegía el lugar en el que debían construirse los centros.

A cambio, la Administración se comprometía a ocupar el 30% de estas estancias bajo la modalidad que se denominó accesibilidad social. Este programa no obtuvo el resultado esperado y, tras muchos problemas, siete años después se quedó a 1.500 plazas del objetivo.

Gerocentros del Mediterráneo (con una composición accionarial distinta a la de 2008) fue la principal adjudicataria del plan, al conseguir 20 de los 52 centros. Tras el acuerdo del Consell del año pasado, la Generalitat eliminó el tope del 30% a todos estos centros, que tenían dificultades para ocupar el 70% de las habitaciones restantes con clientes privados.

De esta forma, se abrió la posibilidad de concertar el resto de plazas, como así ha sucedido, "de lo que se benefició la firma vinculada a Cotino", apunta Torres. Según sus cálculos, el grupo Savia pasó de facturar en 2007 casi 16 millones a Bienestar Social a 30 millones el año pasado.

"No se ha beneficiado a ningún centro, sino a los usuarios que necesitaban plazas", señalaron ayer a este diario fuentes de Bienestar Social. "Había dependientes que necesitaban asistencia y había que dársela; como había plazas libres para atenderlos, se ha hecho lo posible para cubrir su atención". Además, fuentes de este departamento apuntan que se ha realizado una concertación global también con centros sin ánimo de lucro. "Esto no beneficia más a ellos [Savia] que a otros".

Una argumentación similar es la que recoge el acta del acuerdo del Consell de enero de 2008. Este documento alude a las necesidades que plantea a la ley de Dependencia y a la necesidad de "dotar de una mayor agilidad en los procesos de asignación de plazas residenciales para personas mayores dependientes". También sostiene que la medida introduce "mayor transparencia".

La visión de Torres -quien tuvo que esperar 10 meses a que el Consell le remitiera su acuerdo- es opuesta. "Lo que los ciudadanos quieren no son plazas en residencias sino servicios próximos, como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistencia personal, que además son más baratos. Lo que ha hecho Cotino es potenciar los ingresos en residencias, unos servicios en los que tiene especial interés". Por ello el diputado socialista cree que el vicepresidente del Consell "ha prevaricado al primar la atención más cara sobre la más económica y la preferida por los usuarios".

(www.elpais.com, 24/09/09)

Un régimen de incompatibilidades más estricto

Tras la última remodelación del Consell, en agosto de este año, Juan Cotino ha mantenido su rango de vicepresidente social de la Generalitat, pero ha cambiado de cartera. De Bienestar Social ha pasado a hacerse cargo de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Si en su anterior destino Cotino se enfrentaba a un conflicto de intereses, en su nueva responsabilidad también los tiene.

Como titular de Bienestar Social y por lo tanto mayor responsable de la política social de la Generalitat, el conflicto surgía por su vinculación con el entramado empresarial de su familia -el Grupo Sedesa-, que cuenta con una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, una de las grandes firmas de las residencias de mayores que factura cientos de miles de euros a la Generalitat.

Y en su nuevo departamento, los intereses de Sedesa vuelven a encontrarse con el área de decisión de Cotino. El consejero es responsable de la gestión de agua y Sedesa tiene una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos. Pero, además, gestiona Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, y Sedesa participa con empresas de explotación de canteras o parques eólicos, jardinería e incluso con una importante empresa inmobiliaria.

"Esto en un país serio no sucede", sostiene el diputado socialista Antonio Torres, "en un país democrático es inconcebible que la familia de un responsable político facture millones de euros al departamento dirigido por un familiar".

Mònica Oltra, diputada de Iniciativa, se sumó ayer a esta cuestión al adelantar que en el próximo debate de política general en las Cortes Valencianas, el grupo parlamentario de Compromís propondrá "un régimen de incompatibilidades más estricto que el actual que no permita a un alto cargo conceder contratos a empresas participadas o administradas por familiares y amigos". Oltra aludió directamente a Cotino y "las numerosas adjudicaciones recibidas por Sedesa por parte del Gobierno del PP".

(www.elpais.com, 24/09/09)

SEIS CONSTRUCTORAS FINANCIARON AL PP DE VALENCIA A TRAVÉS DE LA 'TRAMA GÜRTEL'

El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras. Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros.

La documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo.

Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido".

Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps. Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP.

El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta).

En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo".

Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente".

Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido.

(www.elpais.com, 22/09/09)

INTERESES FAMILIARES EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE COTINO

Juan Cotino, consejero de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, ha sorteado durante años con fingida indignación la implicación del grupo empresarial de su familia con grandes adjudicaciones públicas desde departamentos más o menos próximos a sus sucesivas responsabilidades políticas. Pero en su cargo actual, la colisión de intereses se hace más patente que nunca.

Como consejero de Bienestar Social, Cotino no tuvo ningún empacho en priorizar el reconocimiento como ciudadanos dependientes a los que permanecían ingresados en residencias concertadas. El Grupo Sedesa controla una participación mayoritaria en Gerocentros del Mediterráneo, empresa que gestiona 22 residencias geriátricas concertadas. Cuando el socialista Antonio Torres le preguntó ante el pleno de las Cortes si las prioridades en la canalización de las ayudas a las personas dependientes tendría "algo que ver con el hecho de que su familia tenga una importante participación en 22 residencias de mayores", Cotino replicó indignado: "Nunca renunciaré a mi familia, y nunca implicaré a mi familia en mi responsabilidad individual".

Lo cierto es que el negocio familiar ha crecido al amparo de las adjudicaciones públicas desde sus orígenes. El padre de Juan Cotino era ganadero. Pero cuando se iniciaron las obras del denominado Plan Sur, el nuevo encauzamiento del Turia para liberar a Valencia de inundaciones como las que sufrió la ciudad en 1957, ofreció sus carros para transportar tierras. El Plan Sur fue en su día la más importante obra pública jamás adjudicada en España y el subcontratista amasó el suficiente capital como para fundar Sedesa, en origen una empresa dedicada a las excavaciones. Compró maquinaria especializada y puso en marcha un negocio que hoy gestiona su nieto, Vicente Cotino Escrivá, y cuyas áreas de negocio se extienden a muy diversos ámbitos.

El consejero responsable de la gestión del agua tiene en Sedesa una empresa especializada en ejecución de depuradoras y encauzamiento de barrancos.

El responsable de Territorio tiene en Sedesa una empresa especializada en minería, esencialmente la explotación de canteras, o con intereses en la explotación de parques eólicos.

El responsable de Medio Ambiente tiene en Sedesa una división especializada en jardinería y servicios medioambientales.

El responsable de Vivienda tiene en Sedesa una potente inmobiliaria implicada en la construcción de miles de viviendas.

Sedesa, por su parte, ya ha diseñado una división de concesiones que hasta la fecha se especializa en la gestión de aparcamientos.

El Grupo Sedesa ya tiene divisiones en Rumanía, Hungría y Marruecos. Y su responsable, Vicente Cotino, fue protagonista del último cumpleaños de Pedro García, director general de la Ràdio Televisió Valenciana hasta la semana pasada, cuando le condujo en su avión privado desde Valencia hasta Marrakech (Marruecos) para participar en una fiesta sorpresa en su honor entre cuyos invitados destaca Álvaro Pérez, El Bigotes.

¿Renunciará Cotino a su familia? Nunca, aseguró ante el pleno de las Cortes el pasado febrero. ¿Logrará no implicarla en su responsabilidad individual?

(www.elpais.com, 06/09/09)

La Generalitat Valenciana da un peligroso paso hacia la privatización de la Sanidad

Dos Consejeros sorprendentes y no menos sospechosos : Cotino y Castellano

La Generalitat Valenciana ha privatizado el servicio público de atención a domicilio, incumpliendo la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007 y que respetan todas las Comunidades Autónomas. En este atisbo de privatización de la Sanidad, el Gobierno popular de Francisco Camps ha creado un registro, en la Conselleria de Bienestar Social, con 40 empresas a las que deberán acudir las personas que necesiten esta asistencia.

Tal vez la clave pueda estar en el hecho de que el conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, tiene dentro de su familia empresarios que son dueños de varias residencias en la Comunitat Valenciana y tal vez por ello ha llevado hasta las últimas consecuencias la medida. En el resto de Comunidades, como Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra estas prestaciones sólo se reciben en los servicios sociales municipales, que son las que las administran a sus usuarios, según denuncia Público.

Se inclumple la Ley
Con esta decisión, que plantea que el usuario recibirá un dinero para pagar el servicio, la Generalitat incumple la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según esta norma, sólo "se incorporará la prestación económica de no ser posible la atención" en la red de servicios públicos y concertados, algo que no ocurre en esta Comunitat, como denuncian miembros de la propia Conselleria de Bienestar Social y grupos políticos.

"El negocio" de la Generalitat
El portavoz socialista de Bienestar Social en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, ha dicho que "el objetivo de la Conselleria es buscar el máximo negocio", y que pedirá en breve la comparecencia del conseller, Juan Cotino, para que explique "en qué se basa para ofertar esa ayuda, si esta ya existe en los ayuntamientos".

La calidad no podrá supervisarse
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que la calidad de los servicios privatizados no podrá ser ya supervisada. "No se puede dar un cheque para que la persona contrate un servicio y que luego este no se controle, porque se trata de un servicio público", critica. Mientras, la secretaria de Política Social de CC.OO en la Comunitat Valenciana, Eva Hernández, recrimina que no se aprovechen los servicios sociales municipales, que ya existen, para atender a las personas dependientes. "Han preferido dar ayudas económicas en lugar de prestar un servicio directo a los ciudadanos y como consecuencia, los servicios sociales municipales cada vez tienen menos recursos”, lamenta.

"Saldrá más caro" que la asistencia pública
Incluso los líderes sindicales han mostrado su temor de que el modelo de privatización "salga más caro" que la prestación que dan actualmente los servicios sociales de los ayuntamientos, desde antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia, apunta la secretaria de Políticas de Igualdad de UGT en la Comunitat Valenciana, Rosaura Pérez. El problema se agrava porque la Generalitat aún no ha adaptado a su normativa los requisitos para acreditar a los centros que prestan las ayudas a la dependencia, tal como acordaron las comunidades y el Ministerio en noviembre.

www.elplural.com 19.04.09

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Juan Cotino, vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, defendió ayer "con la cara bien alta" la participación de su familia en 20 de las 52 residencias para mayores que tienen garantizada más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas por la Generalitat. Cotino compareció ante la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre un acuerdo del Consell de enero de 2008 que modificaba las condiciones del Plan Gerontológico diseñado por Rafael Blasco, responsable de Bienestar Social en 2001. La empresa Sedesa, de la familia de Cotino, controla el 38,7% de Gerocentros, una empresa que explota 22 residencias en la Comunidad Valenciana, 20 de ellas, concertadas con la Generalitat.

El socialista Antonio Torres reiteró la pregunta clave: "¿Puede usted elevar al pleno del Consell un acuerdo que afecta a 20 residencias de su familia? ¿Modificó el contrato original?"

El acuerdo de enero de 2008 amplió los plazos de los conciertos con las residencias de cinco a 15 años y permitió que las plazas concertadas superaran un tercio de las disponibles.

Portavoces de la Consejería de Bienestar han esgrimido que ese acuerdo del Consell venía forzado por la ley de Dependencia y definía las plazas denominadas de accesibilidad social.

Cotino, ayer, no respondió y optó por indignarse. "Calumnia que algo queda. Está intrínsecamente en su cabeza. Yo no he adjudicado las residencias. No estaba en el Gobierno cuando se adjudicaron. Sólo hago que se cumplan los acuerdos".

El pliego original del plan gerontológico establecía que promotores privados construirían residencias para mayores sobre suelo cedido por los ayuntamientos interesados y disfrutarían de exclusividad en su zona de influencia. Las residencias en funcionamiento antes del final de 2004 tendrían garantizado un tercio de ocupación con plazas concertadas. El plazo se modificó hasta el final de 2005. Pero algunas residencias terminadas en 2006 y 2007 se han incorporado a los conciertos. "¿Con qué amparo jurídico?", quiso saber Torres.

Cotino concedió que "el calendario" previsto por el plan inicial se atrasó. "Las empresas debían haber construido antes y la Generalitat debería haber adjudicado las plazas antes". Zanjó la cuestión y se despidió con un alegato: "No tengo responsabilidad en la adjudicación, no he incurrido en ninguna ilegalidad. He firmado 8.109 plazas y lo he hecho con mucha honra y mucha tranquilidad. Yo voy con la cara bien alta toda la vida".

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Las obras servirán para completar la red de saneamiento de la población, donde ya se encuentran en funcionamiento los colectores Este, Oeste y Norte, que conducen las aguas residuales a la depuradora, así como el tramo del colector central.

En diciembre, Ezentis Infraestructuras resultó adjudicataria, también por parte de EPSAR, del último gran contrato de la legislatura para la construcción de la estación depuradora y los colectores generales de Peñíscola, en UTE con Dragados, por un importe de 18,39 millones.

Contratos 'congelados'

La conclusión de los constructores es contundente: «Esos plazos no sólo no se han cumplido, sino que incluso concursos licitados en 2008 y 2009 por el EPSAR, alguno de ellos adjudicado provisionalmente, se han anulado a través del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana».

APOYO

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www.elmundo.es 06.05.11

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