RAFAEL BLASCO CASTANY , SEÑORA CISCAR , EL NIÑO ARTISTA Y LA HIJA DEL HERMANO

Rafael Blasco. De antisistema a profesional del poder

El portavoz del PP en las Corts militó en el FRAP y ha sido siete veces conseller con cuatro presidentes y dos partidos.

La reunión se celebró en un bareto de Valencia. Corría la primavera del 85. En aquel contubernio ahumado en nostalgia de clandestinidad llevaba la voz cantante Vicente Pérez Plaza, persona a las órdenes de Rafael Blasco Castany (Alzira, 9 de febrero de 1945) en la Generalitat e ideólogo suyo desde que ambos militaron en el PCE (Marxista-Leninista). «Venancio Vega» — era el alias de Pérez— estaba en misión de conquistar almas del PSPV para un «blasquismo» que ganaba pujanza desde la Ribera. Todos quedaron embelesados con el consejo: «Si queréis entender la política, tenéis que ver El Padrino».

Los detractores del nuevo portavoz del PP en las Corts, que son legión, sostienen que aquel hijo de republicano liberal represaliado por Franco se ha inspirado en Puzo y Coppola porque tiene una enfermiza ambición que no repara en medios para lograr fines. Sus admiradores, que también abundan, destacan su gran capacidad de trabajo y la personalidad cautivadora de quien en el trato resulta cercano, afable y literalmente encantador.

Lleva 27 años —salvo un lustro de paréntesis—en el Consell con cuatro presidentes (Lerma, Zaplana, Olivas y Camps) y en partidos antagónicos, como el PSPV y el PP. Tiene más vidas que el malo de «El Cabo del miedo». Como el personaje de De Niro, el siete veces conseller (de palos tan distintos como Presidencia, Obras Públicas, Empleo, Bienestar Social, Territorio, Sanidad e Inmigración) ha sido políticamente dado por desaparecido varias veces. Y por muerto. Pero resucita. Porque a Blasco le das un palillo, lo dejas en medio del océano y flota. Blasco siempre flota.

Su alma de superviviente está en los genes de quien nació junto al Xúquer y de pequeño veía correr a la gente para salvar sus enseres de las riadas. El espíritu combativo se modeló en la lucha antisistema, a finales de los sesenta, en el PCE (Marxista-Leninista), que alumbró el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). «Carlos», su nombre de guerra, estaba resuelto a instaurar la dictadura del proletariado a través de la lucha armada y la movilización de masas. Era tal su ortodoxia que, en 1977, decidió, con Venancio, expulsar a algunos correligionarios a los que acusaron de fraccionalistas por reclamar la puesta al día de la organización tras la muerte de Franco.

Blasco entendía de fracturas. A principios de los 70 protagonizó una escisión del Movimiento Comunista de España (MCE) para montar el MCE fracción marxista-leninista. Con esa marca entró en el PCE (M-L) y el FRAP. Es más, Blasco, Venancio y Josep Garés (fue tránsfuga socialista en las Corts) rompieron con el PCE (M-L) de Raúl Marco y Elena Odena y montaron nuevo partido que no cuajó. Sus ex compañeros los tildaban de «mencheviques sarnosos», pero ellos se proclamaban PCE (M-L) «auténtico» y luego se llamaron «La Causa», como su órgano de expresión.

Defender sus convicciones le costó la cárcel. Una vez fue detenido en la frontera de regreso de una reunión del exilio en Francia. El indulto tras la muerte de Franco le abrió la puerta de salida de la Modelo de Barcelona.

Superó el percance judicial

Su compromiso político arrancó estudiando Derecho. En el Sindicato Democrático Universitario, enfrentado al falangista SEU, contactó con un tal Ciprià Ciscar, que después se convirtió en cuñado. Porque a través de él conoció a Consuelo Ciscar, que sería su mujer. Antes fue secretaria personal del presidente Lerma. Por aquel entonces (1982-85), Blasco era subsecretario de Presidencia y, desde 1983, conseller de ese área.

«Lerma confiaba ciegamente en él», explica un dirigente socialista de la época. Todo cambió cuando, a finales de 1989 y siendo conseller de Obras Públicas y Urbanismo (Coput), estalló el caso Blasco. Una directora general suya, Blanca Blanquer, denunció en Fiscalía a dos funcionarios por ofrecerse, a cambio de 500 millones de pesetas, a reclasificar suelo en Calp. Se intervinieron teléfonos y se descubrió un posible amaño en la venta de una parcela de la empresa pública Ivvsa en Paterna. El 28 de diciembre de 1989, Lerma lo destituyó. Blasco y otras cinco personas se sentaron en el banquillo. El juez instructor era Juan Climent, el que presidiría el juicio a Camps si el Supremo levanta el archivo por el presunto cohecho en los trajes Gürtel. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ —de la que ya formaba parte Juan Montero, único magistrado que se negó a archivar el presunto cohecho de Camps— anuló la cintas y, en julio de 1991, absolvió a los acusados.

Pero el caso Blasco tuvo mucho recorrido político. El PP ganó un aliado sólido por ese principio de política internacional según el cual el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Blasco se afilió al PP en julio de 2004, recién perdida la Moncloa, pero catorce años antes juró desprecio eterno al PSOE. Siempre sostuvo que Lerma lo aniquiló para eliminar competencia.

Echar al PSOE por principio

Primero atacó por el flanco nacionalista al impulsar, en 1993, Convergència Valenciana, intento fallido de aglutinar el regionalismo de Unión Valenciana con el nacionalismo fusteriano. Y en enero del 95 hizo su gran declaración de fe: «Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE».

Zaplana tomó nota y lo fichó. Nada más acampar en el Palau lo nombró subsecretario. El ex alcalde de Benidorm hizo un triple: incorporó a un profundo conocedor del enemigo o rival (socialistas y UV), se dio un barniz centrista para maquillar la imagen de derechona del PP y logró un aliado en un territorio, Valencia, en el que el ex presidente nunca fue uno de los nuestros para los poderes fácticos de la derecha. Siempre vieron en Zaplana a un arribista.

Hoy, Blasco ha consolidado un poso de admiración en las bases del PP. Para que no lo convierta en tropa, Camps no se ha atrevido a hacerlo secretario general. Máxime cuando ha sindicado acciones con el presidente provincial, Alfonso Rus. No tenía pedigrí popular —en privado hablaba de «los del PP», como si no se sintiera del clan—, pero, como profesional de la política, se ha aplicado en la defensa del partido y se le reconoce el mérito.

En Canal 9 sale más que el presentador para promocionar al PP y a sí mismo. Porque Blasco es un gran comercial. Y en su catálogo destaca el producto Rafael Blasco. No en balde, de joven se curtió vendiendo enciclopedias a domicilio. Él ha ayudado a hinchar leyendas sobre su figura construidas, eso sí, sobre certezas. La historia del hombre fuerte de Camps es como esas películas basadas en hechos reales, pero con un punto de ficción.

Él cocinó a Giddens para que Zaplana se proyectara como librepensador, con la ponencia La España de las oportunidades, en el congreso nacional del PP de 1999. En su tarjeta de visita aparece la palabra estratega. Impulsó la operación de fagocitar a UV para que el PP apuntalara una mayoría absoluta que que en junio cumplió diez años. Para ello, diseñó una estrategia de patrimonialización de las señas de identidad y hasta apropiación de la herencia política de Vicente González Lizondo, fundador de UV. La hegemonía social del PP se ha edificado sobre esa asociación identitaria metonímica entre la parte y el todo. Lo valenciano es el PP, como Pujol era Cataluña; Bono Castilla-La Mancha o Fraga, Galicia. El resto son traidores a la patria. Y en el resto está Zapatero, que margina a la Comunitat con su «valencianofobia», llegó a decir.

Siempre lo negó, pero consumadas sus operaciones para aglutinar a todo el centro-derecha, se atrevió a impulsar una formación para arañar votos al PSPV. El Partido Social Demócrata (PSD) se constituyó, en 2006, a partir del PSI de Alzira, formación creada por los blasquistas cuando Francisco Blasco —el mayor de la saga y ex presidente de la diputación— fue desalojado de la alcaldía en una moción de censura impulsada por su propio partido, el PSPV, tras el escándalo judicial de su hermano.

Del FRAP a la FAES

Es persona de acción, pero nunca descuida la teoría. Es uno de los puntales del mito. Igual regala a la prensa «No pienses en un elefante», de Lakoff, gurú de la izquierda norteamericana, que asiste a un curso de la fundación FAES, el «think tank» del ala más conservadora del PP, presidido por Aznar.

Obsesionado por gestionar poder, a la manera casi borgiana, ha actuado en áreas de influencia social como el fútbol. Forzó a Paco Roig a vender su parte del Valencia CF a Juan Soler y pirarse. Incluso intervino en el esperpéntico intento de la uruguaya Dalport de quedarse con el club de Mestalla.

La trayectoria de este albacea de las devaluadas acciones de Camps demuestra que quien acuñó el concepto erótica del poder pensaba en Rafael Blasco Castany. Se diría incluso que a veces ha transitado por el linde entre la erótica y la pornografía del poder.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/11/08/rafael-blasco-antisistema-profesional/649303.html

LAS NOTICIAS, TAL CUAL

DETENIDA OTRA JEFA DEL EQUIPO DE BLASCO POR EL FRAUDE DE COOPERACIÓN

• Blasco se atrinchera en que no está imputado y alega que Fabra lo estuvo

• La juez envía a prisión al jefe de la trama del fraude de la cooperación

• Al menos 14 detenidos por el fraude de las subvenciones de Blasco  

El cerco judicial a la cúpula directiva de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2007 y 2011 bajo las órdenes del actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, motivado por el fraude en los fondos de cooperación, continuó el lunes con una nueva detención. El arresto y la toma de declaración a María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación, eleva a 15 las detenciones ordenadas por la juez Nieves Molina, que investiga el saqueo en las ayudas 

En esta investigación, que arrancó de forma secreta en mayo de 2011 tras una denuncia del fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, todos los detenidos, también Escandell, han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración salvo uno, que ingresó en prisión el domingo. Se trata de Augusto César Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio, considerada según la investigación el epicentro de la trama creada en torno a la consejería para desviar los fondos otorgados a las ONG, a las que se inducía a contratar los servicios de determinadas empresas y fundaciones. 

En la operación han quedado imputados cuatro cargos de Solidaridad. En lo más alto, Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. Hasta la destitución de ambos el pasado viernes, ordenada por el presidente Alberto Fabra, eran respectivamente subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. También imputado está Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, ahora destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda. Y este era el superior de Escandell, que antes pasó por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), como jefa de servicio de Organización, Coordinación e Información. El Servef se creó en 2000, con Blasco como consejero de Empleo. 

“Si hubiera dimitido, no sería hoy presidente de la Generalitat”, dijo Rafael Blasco, tras recordar que Alberto Fabra, actual jefe del Consell, estuvo imputado por un asunto urbanístico cuando era concejal de Castellón. También citó el caso de Francisco Camps en la causa de los trajes y el del diputado y teniente de alcalde de Valencia Jorge Bellver. El portavoz parlamentario del PP no ha sido todavía imputado (es aforado y habría que trasladar el asunto al Tribunal Superior) pero se atrincheró ayer en su cargo con un alegato contra la oposición, a la que acusó de “intentar desacreditar la cooperación valenciana”, una apelación a la presunción de inocencia, la afirmación de que “no hay diligencia alguna” abierta contra su persona y un encogimiento de su “ámbito competencial” cuando fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía. También lanzó varios avisos a su propio partido por si tratan de destituirlo. 

El exconsejero no se hace responsable de lo que hicieron Llinares y otros detenidos 

El más llamativo fue el de Fabra, que causó malestar en Presidencia de la Generalitat, donde se consideró “inaceptable” la comparación, pero no menos evidente resultó el que dirigió al secretario general del PP cuando señaló que Josep Maria Felip, su director general detenido y puesto en libertad con cargos, no estaba cuando se acordó conceder una subvención para proyectos en Nicaragua a la fundación que destinó la mayor parte del dinero a comprar sendos entresuelos en Valencia. “Se acordó en 2008, estando de directora general la persona que estaba con anterioridad”, dejó caer Blasco. A la pregunta de si se refería a Pilar Collado, esposa del secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, respondió que antes aún estuvo como directora general Carmen Dolz. y añadió: “Carmen Dolz y Pilar Collado han sido unas directoras generales ejemplares”. 

Blasco se aferró al cargo político,—entre reclamaciones de la oposición para que sea sustituido, que ayer reiteró el portavoz socialista, Jorge Alarte—, después de ver cómo detenían a una quincena de personas, entre ellas cuatro cargos que estuvieron bajo su mando, por un fraude en las subvenciones de su departamento que las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, denunciaron hace un año y medio al fiscal anticorrupción. De la única de ellas que ha ingresado en prisión, Augusto César Tauroni, Blasco se desmarcó afirmando que el hecho de que sea de Alzira como él y de que fuera socio de un hermano suyo, no quiere decir tenga relación alguna, pese a que los contratos que ha ido obteniendo de la Generalitat han coincidido con su paso por sucesivos departamentos. 

“Soy responsable político, no administrativo”,dice el portavoz del PP 

“El señor Felip y el señor Catalá [en referencia a Alexandre Català, subsecretario de su departamento también detenido e imputado] son dos personas honradas, que no han cometido irregularidades. Los dos son excelentes profesionales”, proclamó Blasco. Y ahí trazó la línea roja de su responsabilidad: “Soy responsable político, no administrativo”. Una persona como él, que tanto poder ha exhibido, dijo no tener que responder “si alguien fuera de ese ámbito competencial ha cometido alguna irregularidad”. Preguntado explícitamente, por Marc Llinares, jefe de área de Cooperación, que también fue detenido y ha quedado imputado, Blasco respondió. “El señor Llinares es un funcionario. No tengo que responder por el senor Llinares”. aunque añadió que es “muy buen funcionario”, Blasco acababa de echar por la borda a todos los imputados por debajo del director general y el subsecretario de su consejería. 

¿Entonces, usted sólo es responsable de lo que se hizo bien?. Blasco respondió que “se ha hecho todo, no bien, sino excepcionalmente bien, impecable”. Tras vaticinar que, aunque haya secreto de sumario, “comenzarán a ser publicadas conversaciones telefónicas” y criticar los juicios paralelos, Blasco aseguró que tiene “más ganas que nunca de hacer política, dedicido a continuar la batalla” y que está “encantado del apoyo de su partido”. 

Subvención a Esperanza sin Fronteras

El presidente de la Diputación de Castellón,  Javier Moliner, investigará, a instancias del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, el destino de los 9.500 euros que la Diputación donó a la ONG Esperanza sin Fronteras, presidida por Fernando Darder, imputado por supuesta malversación de fondos, informa Efe. Darder se encuentra entre los 14 detenidos por la supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. 

En el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación de Castellón celebrado hoy, Nomdedéu ha preguntado a Moliner si se conoce el destino de la subvención concedida a esa ONG, destinada a proyectos de cooperación en Tailandia. 

El portavoz del Bloc ha puesto de manifiesto en el pleno que la corporación provincial lleva aportando dinero a esta ONG desde 2005, a través de un convenio suscrito entre Darder y el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. 

Nomdedéu ha preguntado si se ha ejecutado el proyecto de creación de un centro de acogida en Tailandia, tal como recogía el convenio. El presidente de la Diptuación, Javier Moliner, se ha comprometido a comprobar la ejecución del proyecto y el destino de los fondos. 

www.elpais.es 28.02.12 

EL GABINETE DE BLASCO ORIENTÓ A LA MATRIZ DE LA TRAMA DE COOPERACIÓN

Correos electrónicos revelan la relación de la consejería y la fundación

Del gabinete de Blasco a Hemisferio: “Se pueden hacer cosas muy interesantes” 

Correos electrónicos entre el gabinete del entonces consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el personal de la Fundación Hemisferio, intercambiados a lo largo del año 2009, revelan el estrecho contacto entre la consejería y la matriz de la trama de corrupción que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellas el responsable de esa entidad, Augusto César Tauroni, el único de los imputados que ha ingresado en prisión sin fianza. 

La Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Entre Pueblos, hasta que la auténtica organización Entrepueblos obligó por sentencia judicial a que cambiara de nombre) era el centro de la trama que supuestamente defraudaba fondos de las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional. Una trama que ha desarticulado la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, a raíz de una investigación del fiscal Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, y que ha llevado a imputar a todo el equipo de la consejería: el director general, Josep Maria Felip, el secretario general, Alexandre Català, y el jefe de Cooperación, Marc Llinares. 

La irrupción a partir de finales de 2008 de la Fundación Hemisferio y su predominante papel en la redacción de proyectos de diversas organizaciones no gubernamentales desconocidas o de pequeño tamaño, generosamente subvencionados por la consejería de Blasco, fueron denunciados en octubre de 2010 por la diputada Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, que aportó a la Fiscalía Anticorrupción una abundante documentación. La investigación, llevada en secreto desde que el fiscal denunció ante el juzgado el caso en mayo de 2011, ha profundizado en las irregularidades denunciadas y aportado nueva documentación. Declaraciones de alguno de los detenidos, como Fernando Darder, de Esperanza sin Fronteras, habrían señalado que Marc Llinares recomendaba dirigirse a Hemisferio a los responsables de entidades y ONG. Los correos revelan que, además, desde la consejería se orientaba a la fundación sobre cómo redactar proyectos y obtener subvenciones. 

“No os olvidéis de presentar los impresos normalizados de solicitudes”, tecleaba desde su ordenador a primera hora de la mañana del 21 de enero de 2009 un miembro del gabinete técnico de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Era la última de siete recomendaciones que envió por correo electrónico a una empleada de la Fundación Hemisferio. Esta última respondió al email de su interlocutor, cuya dirección correspondía al dominio gva, de la Generalitat Valenciana: “Gracias por la respuesta a mis dudas, pero hay otra pregunta que te hice y que creo que en la servilleta no fue anotada. Si nosotros tenemos AECID abanderamos un proyecto pero no tenemos experiencia, la experiencia la aporta la ONG que no tiene AECID, ¿podemos presentar así un proyecto?”. 

“La puntuación en ese apartado será baja, pero puede compensarse” 

El intercambio electrónico, que figura entre los documentos que maneja la investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación, aparte de revelar que personal de la consejería y de Hemisferio mantenían un contacto tan estrecho como para verse y anotarse cosas en una servilleta, demuestra que Hemisferio se guiaba por las indicaciones que recibía desde el departamento que debía concederle las ayudas. La acreditación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) planteaba un problema a la matriz de la trama de corrupción porque aunque la propia fundación la tenía, no podía alegar experiencia y, en cambio, una ONG con la que quería presentar un proyecto “en agrupación”, no tenía la certificación. 

El interlocutor en la consejería le respondió a primera hora de la tarde: “La experiencia previa aportada por una ONG sin AECID no se considerará como experiencia previa de una ONGD. Ello no debe hacerte desistir de presentar un proyecto porque el único problema es que la puntuación en ese apartado será baja pero puede compensarse con otros apartados en el baremo final”. 

A continuación le pasaba a la empleada de hemisferio los datos del delegado saharaui en la Comunidad Valenciana y le explicaba que “desde la consejería se habían financiado muchos proyectos, normalmente presentados por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Como ese año dudaban si se presentaban, el asesor del gabinete de la consejería de Rafael Blasco añadía: “Les he hablado directamente de la necesidad de trabajar con ONGD de confianza y les he tenido que insistir bastante porque ellos están muy vinculados a la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y me decían que con ellos trabajan bien y patatín y patatán. Incluso me comentaron que si van a la convocatoria de desarrollo sólo tendrían que reformular el proyecto del año pasado, por lo que tendrían tiempo más que suficiente. El objetivo es trabajar a medio largo plazo con ellos pero desde otra perspectiva. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes”. 

Al final, los saharauis no picaron y no quisieron trabajar con la Fundación Hemisferio, a cuyo alrededor acabaría gravitando toda una red de pequeñas organizaciones y proyectos claramente sobrevalorados para su capacidad logística. Unos proyectos a los que facturaban grandes cantidades empresas de los fundadores de Hemisferio y de otras personas vinculadas a ellos. 

Desde el correo electrónico del miembro del gabinete técnico de la consejería llegó un último correo a Hemisferio pasadas las siete de la tarde de aquel día de enero. Insistía a su interlocutora: “Llama lo antes posible a los saharauis”. Y se despedía: “Llevo un día que no te imaginas... pero ya me voy a casa”. 

“El rastro del dinero señalará a Blasco” 

“El hecho de que la juez del caso de corrupción en la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana mantenga en prisión al empresario Augusto César Tauroni significa que la investigación judicial ha seguido el rastro del dinero desviado”, señaló este lunes la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà, que denunció la trama ante el fiscal Anticorrupción. Mollà añadió: “En la documentación que nosotros aportamos a la fiscalía quedaba claro que Tauroni era una pieza clave en esta trama de corrupción pero hacía falta seguir el rastro del dinero para cerciorarse de ese desvío de fondos públicos y estamos convencidos de que ese rastro acabará señalando a Rafael Blasco, responsable último de este turbio asunto”. 

La diputada añadió que “es pública la estrecha relación entre Tauroni y Blasco, que han protagonizado diversos escándalos en el pasado”. Mollà dijo que, desde Compromís, están convencidos de que “este caso de corrupción acabará con la carrera política del portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas”. 

En términos muy parecidos se pronunció la diputada de Esquerra Unida del País Valencià Marina Albiol, en cuya opinión “el rastro” de Tauroni “lleva directamente” a Blasco. La diputada consideró muy significativo que Tauroni, responsable de la Fundación Hemisferio y “eterno empresario que ha ido recibiendo contratos millonarios de cada consejería por la que ha pasado Blasco a lo largo de su vida política, haya acabado en prisión”. “Si se observa la lista de detenciones”, añadió la parlamentaria de Esquerra Unida, se puede “deducir que la fiscalía ha actuado contra todos los integrantes del equipo de Blasco en Cooperación, a excepción de su jefe: el propio Blasco”. 

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LA JUEZ ENVÍA A PRISIÓN AL JEFE DE LA TRAMA DEL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

Augusto César Tauroni hizo negocio en las consejerías que ha dirigido a Blasco 

La juez que investiga el saqueo de los fondos de cooperación otorgados entre 2008 y 2010 por la Generalitat cuando el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, era el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, terminó a las ocho de la mañana de este domingo de tomar declaración a los 14 detenidos el pasado jueves en una causa por malversación de fondos públicos, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Y Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha acabado imputando finalmente a todos ellos en el caso, aunque ha dejado a 13 de ellos en libertad con cargos. 

Para solo uno de ellos ha decretado la prisión comunicada y sin fianza. Se trata de Augusto César Tauroni, nombre muy frecuente en las empresas que han hecho negocio en las consejerías que ha dirigido Blasco y, según la policía, presidente de la Fundación Hemisferio, la institución a través de la cual se ha articulado el saqueo de las ayudas a los países en vías de desarrollo. 

 Augusto César Tauroni  

Entre los detenidos ha habido varios relacionados con Hemisferio, entre ellos el hermano de Augusto César, Arturo Tauroni, trabajador de la fundación, y el secretario de la misma, José Bollaín. Pero solo el cabecilla de la institución ha ingresado en prisión. La Fundación Hemisferio, que antes se llamaba Fundación Solidaridad Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por orden de un juez tras la denuncia de otra asociación, se encuentra en el epicentro de la trama del fraude en los fondos de cooperación. Al parecer, según la investigación y la declaración de al menos un detenido, desde la propia consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo de países del tercer mundo, en el sentido de que aceptaran su asesoramiento y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones. 

Tauroni ha ido haciendo negocio al calor de las consejerías que ha dirigido Blasco, como Bienestar Social, Solidaridad y Ciudadanía o Sanidad. Y también ha tenido relación con su familia. Así, Tauroni coincidió con Bernardo Blasco, hermano del exconsejero, en la firma Apelcine. 

A principios de la década pasada, como gerente de General de Comunicación y Servicios (GCS) ganó varios de los concursos de la Consejería de Bienestar Social para gestionar servicios de atención telefónica y uno de mantenimiento de programas informáticos. Uno de ellos fue recurrido por otra empresa, que calificó de “ficción” la adjudicación por vía de urgencia de la asistencia telefónica a las personas mayores por 99.716 euros. 

Otra empresa vinculada a Tauroni fue Lonerson, que junto a Tissat ganó otro concurso de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Según la documentación, Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. Y hubo más: en otro concurso, esta vez junto a Asispa, para gestionar la teleasistencia en situaciones de riesgo, Lonerson usó la sede social, el teléfono y la web de CGS. 

El imputado ahora en prisión fue socio del hermano del portavoz del PP en las Cortes

Después, con Blasco como consejero de Sanidad, se hizo con otros concursos. Incluso estalló otra polémica cuando el jefe de Informática se marchó de la consejería por negarse a aceptar la injerencia de Blasco en la evaluación de los aspirantes a un concurso millonario. 

Y ya con Blasco en Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni volvió a aparecer en el solidario mundo de la cooperación. 

Directamente, la fundación que según la policía preside Tauroni captó en 2010 ayudas del Consell por 415.000 euros. Además, la Fundación Hemisferio llegó a obtener una subvención de 177.779 euros a través de una resolución de Blasco para redactar el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en enero de 2010. Pero tras descubrirse que el dinero captado por cuestación de todos los valencianos se adjudicó a dedo, la consejería reculó y convocó un concurso. 

El concurso lo ganó la ONG Esperanza Sin Fronteras, cuyo presidente, Fernando Darder, también ha sido imputado por la juez en el caso. Al parecer, en su declaración explicó que en la consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo en el tercer mundo, en el sentido de que aceptaran el asesoramiento de Hemisferio y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones. 

De la implicación en la trama de personal de la consejería darían fe las actuaciones de la juez y los fiscales. Entre los detenidos figuran tres cargos de la administración, Josep Maria Felip, director general de Cooperación, Alexandre Català, actual subsecretario de Sanidad (fue secretario general de la consejería de Solidaridad) y Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación. Todos ellos han quedado en libertad con cargos. Blasco se negó el domingo a hacer manifestaciones sobre la detención de Tauroni, durante la celebración en Valencia del Día de Andalucía, donde quedó algo apartado de la comitiva encabezada por el presidente Alberto Fabra. 

La investigación de la trama de los fondos de cooperación se inició hace año y medio a raíz de una denuncia de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, que detectaron turbias formas en la gestión de las ayudas que otorgaba Blasco. Y como común denominador aparecía una fundación creada al alimón en diciembre de 2008 por Arcmed y Dinamiz-E, llamadaen principio Solidaridad Entre Pueblos y que luego se denominó Hemisferio. Según las diputadas el fraude en las ayudas a la cooperación podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.

 ONG con más peso con Blasco

A lo largo de los 16 años de Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, una de las estrategias acometidas por los dirigentes populares ha sido la de ganar terreno en la sociedad civil, bien fueran asociaciones vecinales, organizaciones de amas de casa, instituciones vinculadas a las fiestas populares, clubes deportivos o entidades culturales. Y en muchas ocasiones con cargo a los presupuestos públicos, mediante ayudas, subvenciones o patrocinios. Si los sindicatos molestan, pues se impulsa uno afín, como ocurrió en RTVV cuando el entorno de Vicente Sanz fundó la USO, con gran predicamento (hasta fue mayoritario) entre los que muchos trabajadores de la televisión consideran “enchufados”. Y si una federación de asociaciones es hostil, se facilita el nacimiento de otra.Y eso es lo que ocurrió en el mundo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación para el desarrollo (ONGD) de países del tercer mundo. Cuando llegó Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes, a la consejería que repartía los fondos de cooperación (entre 2007 y 2008, denominada de Inmigración y Ciudadanía, y entre 2009 y 2010, de Solidaridad y Ciudadanía) la voz cantante en la materia la tenía la Coordinadora Valenciana de ONGD, adscrita a una coordinadora estatal. Pero desde la consejería se impulsó, como contrapeso a unas voces críticas con su gestión, la Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional (Fedacod), a la que se pasó a dar cada vez más peso y protagonismo. De hecho, tras su creación muchas de las ONG ahí integradas pasaron a recibir cada vez más dinero, algunas multiplicando por 10 en un año las ayudas recibidas.Ambas instituciones han seguido dos caminos distintos en la crisis del saqueo a la ayuda al tercer mundo. En abril de 2011, la CVONGD exigió “una evaluación externa e independiente” de las ayudas dadas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua, tras conocerse que había comprado dos céntricos pisos en Valencia por 947.000 euros con cargo a las ayudas para proyectos en Nicaragua recibidas por un total de 1,6 millones. Por su parte Fedacod montó en octubre de 2010 un acto público, bajo el título Una imagen vale más que mil mentiras, en el que denunció que detrás de las informaciones periodísticas sobre el fraude en las ayudas se escondía un ataque a las ONG más pequeñas para “favorecer a las multinacionales de la cooperación”. En una federación en la que figuran un centenar de ONG en su mayoría de pequeño tamaño y escasa experiencia, y en la que la inmensa mayoría funciona con su mejor buena voluntad, el acto estuvo presidido por representantes de varias de las organizaciones ahora investigadas por el juez, como Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras, Christine Bernardette, de Asade África, y Rafael Barrera, de Fudersa. Para finalizar el acto, tomó la palabra un representante de la fundación ahora denominada Hemisferio. Meses después y con el escándalo ya en titulares, la Generalitat concedió 274.205 euros a Esperanza sin Fronteras para un proyecto en Perú; 270.761 en República Dominicana a Fudersa; 270.334 en Camerún a Asade África, y a Hemisferio otros 234.518 euros en El Salvador.   

www.elpais.es 27.02.12

LA JUEZ IMPUTA A FELIP Y ENVÍA A PRISIÓN A UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA DE ONG 

La juez finaliza los interrogatorios, entre ellos el del director general de Cooperación 

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que instruye la causa abierta por el fraude en las ayudas de los fondos de cooperación que adjudicó la Generalitat entre 2008 y 2009, ha dejado en libertad con cargos a 13 personas, de un total de 14 detenidos, que han prestado declaración. Solo uno de ellos ha sido enviado a prisión. 

Josep Maria Felip, el director general de Cooperación hasta que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decretó el viernes su cese tras conocer su detención, quedó en libertad a las seis de la mañana, después de prestar declaración ante Molina y el fiscal Jesús Carrasco en una maratoniana jornada judicial que comenzó a las 10.30. 

Las declaraciones, que han finalizado a primera hora de la mañana de este domingo, se iniciaron el pasado viernes tras la detención, un día antes, de 14 personas en el marco de la investigación abierta por un presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a distintas fundaciones. 

Felip quedó en libertad a las seis de mañana, después de prestar declaración ante la juez y el fiscal 

En principio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana solo informó a mediodía de que habían quedado en libertad los siete detenidos que habían prestado declaración hasta entonces, pero sin dar nombres. También se anunció que “seis de ellos tienen obligación de comparecencia periódica y retirada de pasaporte con prohibición de salida del país”. La séptima persona, también imputada, no tendría así ninguna medida cautelar. 

Sin embargo, a última hora de la mañana saltó la noticia de que uno de los detenidos puesto en libertad en la madrugada de ayer fue Josep Maria Felip. Y hasta se llegó a asegurar que Molina había confirmado la noticia. Ayer, pasadas las cuatro de la tarde, cuando la juez y los fiscales hicieron un receso para comer tras casi seis horas de toma de declaraciones, la juez desmintió que hubiera hablado con ningún medio. Y preguntada por si había tomado declaración a Felip, aseguró: “A Felip y a otros siete más”. Quedaba así claro que Felip figuraba entre los que había declarado y, por tanto, entre los que estaban en libertad con cargos. 

Al parecer, la noticia de la puesta en libertad de Felip la proporcionó el presidente de la Diputación de Valencia, Afonso Rus, durante un almuerzo de trabajo celebrado en Oliva con alcaldes y portavoces de la comarca de La Safor en el que también estuvo presente el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. Blasco fue el consejero de Solidaridad y Ciudadanía en la época en la que se tejió en torno a este departamento una red de empresas de asesoría y organizaciones no gubernamentales que obtuvieron cuantiosos fondos de los destinados por Cooperación. Según la denuncia de la oposición, el saqueo de la ayuda al tercer mundo podría haber llegado a los nueve millones de euros. 

Tras casi un año de investigaciones secretas, que arrancaron en mayo de 2011 cuando Carrasco llevó ante Molina el caso destapado por las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, el viernes comenzó la fase más agotadora para la juez y el fiscal. El jueves se había detenido a 14 personas, entre ellas tres cargos de la Administración: el mencionado Felip, Alexandre Català, exsubsecretario de Sanidad (también destituido el viernes) y Marc Llinares, jefe de área de Cooperación con Blasco. Y había que tomarles declaración antes de que termine el plazo de 72 horas en que un detenido puede permanecer privado de libertad sin cargos. 

Por eso, las jornadas del viernes y del sábado han tenido que ser agotadoras. La del viernes arrancó a las 10.30 de la mañana. “Anoche llegué a mi casa a las seis de la mañana”, aseguró ayer Molina cuando a las 16.15 paró la sesión para comer con los fiscales Carrasco y Vicente Torres, tras otras casi seis horas de declaraciones en una tanda que arrancó de nuevo a las 10.30. 

Un imputado declara que se condicionaron ayudas a trabajar con la ONG Hemisferio

Aunque aún se desconoce el nombre de todos los detenidos el pasado jueves, sí que han ido goteando los nombres de algunos de los imputados en una causa que persigue los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. Y el metodo utilizado es una red de empresas y fundaciones que colaboraban y hacían informes para organizaciones no gubernamentales (ONG) que obtenían los fondos de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en tiempos del consejero Blasco. 

Según se apunta en la investigación, la trama estaba dirigida desde la propia consejería, puesto que eran los cargos de la Generalitat imputados los que habrían condicionado las ayudas a las ONG a que estas colaboraran con ciertas empresas. Las detenciones de hombres de confianza de Blasco, las de directivos de empresas que desde el epicentro de la trama cobraban cantidades desorbitadas por informes a las ONG más beneficiadas, y las de los responsables de estas últimas así lo indican. 

Molina y Carrasco comenzaron el viernes precisamente a tomar declaración a las personas más alejadas de la trama, los presidentes de las ONG, entre los que figuran Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras; Christine Bernadette, de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África); y Rafael Barrera Cuquerella, de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa). Aunque otras ONG como Asamamu o Agrupación Cívica Ceiba han sonado en informes sobre la trama, no se ha filtrado que alguno de sus responsables figure entre los detenidos. 

Un ejemplo del modus operandi de la trama sería la compra de dos céntricos pisos en Valencia valorados en 947.000 euros por parte de la Fundación Cultural y Estudios (Cyes) con cargo a los fondos otorgados por la consejería para ayuda en Haití por un total de 1,6 millones. 

Ayer por la tarde aún faltaba por tomar declaración a siete detenidos el pasado jueves

Y precisamente Darder, el primero de los detenidos en pasar ante la juez el viernes, apuntó a que la trama funcionaba con directrices de la consejería, según publicó ayer Las Provincias. El diario valenciano explica que en su declaración habría admitido que Llinares, que durante años ha seguido a Blasco en distintos departamentos, fue el que contactó en 2008 con su organización, operativa desde 1986, y le propuso aliarse con la Fundación Hemisferio, antes llamada Fundación Solidaria Entre Pueblos, y que está considerada como la matriz de la trama para saquear los fondos de cooperación de la Generalitat. Esperanzas Sin Fronteras, hasta ese momento con un tamaño para afrontar solo proyectos pequeños, fue la ONG a la que se le adjudicó la dirección y el proyecto de construcción de un hospital en Haití pagado con dinero de la Generalitat que costaría cuatro millones de euros. Un proyecto en principió asignado sin concurso a Hemisferio. Pero la consejería dio marcha atrás y luego lo adjudicó a la organización que preside Darder. 

El mensaje que transmitió Llinares a Darder, siempre según la versión que da el diario de las declaraciones de este ante la juez, es que o iba de la mano de Hemisferio o no obtendría subvenciones de la Generalitat. Al parecer, Darder aceptó el trato, aunque se quejó de que la empresa se llevaba el 25% de lo que costaba el proyecto. 

Entre los detenidos vinculados con Hemisferio han trascendido los nombres de César Augusto Tauroni, presidente de la fundación, su hermano Arturo, trabajador de la institución, y José Bollaín, secretario. 

Otros nombres que tenían que desfilar ante la juez son los de Marcial López, presidente de , y Fernando Cañete, de la empresa Inelme. Hasta completar los 14 detenidos quedarían tres nombres por confirmar, aunque los conocedores del caso apuntan a más representantes de ONG y a otros responsables de Hemisferio. 

www.elpais.es 26.02.12

EL FISCAL Y LA JUEZ INVESTIGARON EN SECRETO LA TRAMA DE COOPERACIÓN 

Los responsables de ONG detenidos son los primeros en declarar.

La trama sacó tajada del hospital de Haití.

El fraude de la cooperación le estalla a Blasco  

El fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, y la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, han investigado en secreto durante meses a los integrantes de la trama de corrupción organizada para saquear las subvenciones de cooperación internacional de la Generalitat en la época de Rafael Blasco como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, que dieron origen a la investigación se produjeron en octubre de 2010 y el fiscal especial denunció el caso en el juzgado el pasado mes de mayo, extremo que se mantuvo en secreto hasta que el jueves, en una espectacular operación, fueron detenidas 14 personas, entre ellas el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, el subsecretario de Sanidad, Alexandre Català, y el que fue jefe de área de Cooperación Marc Llinares. 

Hay una serie de medidas que la fiscalía no puede ordenar sin respaldo judicial. Son las relativas a los derechos fundamentales en los supuestos en que no hay autorización por parte de los afectados. Es el caso de la intervención de las comunicaciones, sean telefónicas, postales o a través de Internet. También se requiere la intervención de un juez para registros domiciliarios, como los que se produjeron el jueves en el marco de esta operación. 

Los interrogatorios, que comenzaron ayer, se prolongarán durante todo el fin de semana, según fuentes judiciales. Entre otras cosas, para apurar el plazo legal de detención, que tiene una duración de 72 horas. 

Los 14 detenidos en la operación comenzaron ayer a desfilar ante la juez Nieves Molina, en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Y los primeros en prestar declaración fueron los más alejados del círculo de poder tejido en torno a una red de empresas de asesoría y de organizaciones no gubernamentales (ONG), creadas al calor de las cuantiosas ayudas al tercer mundo concedidas entre 2008 y 2009 por la antigua Consejería de Solidaridad bajo el mandato de Rafael Blasco. 

La trama sacó tajada del hospital en Haití 

El saqueo en la caja de las ayudas internacionales a los más desfavorecidos, según la oposición, podría elevarse a nueve millones de euros. Ante la juez pasará el entonces <CF1001>número dos de Blasco, el actual director general de Cooperación, Josep Maria Felip. Y también el subsecretario de Sanidad, Alexandre Català (secretario general de Solidaridad con Blasco). Pero al ritmo de la toma de declaraciones emprendido ayer, puede que las comparecencias de los detenidos se prolonguen durante varios días. De hecho, el juzgado número 21 permanecerá operativo durante todo el fin de semana puesto que el domingo está de guardia. 

Según fuentes judiciales, los detenidos pasaron la noche en los calabozos de la Ciudad de la Justicia. Y ya por la mañana, comenzaron las declaraciones. El primero en pasar a disposición judicial, que comenzó a prestar declaración a las 10.30, fue Fernando Darder, presidente de la organización no gubernamental Esperanza Sin Fronteras. Ante la presencia de varios agentes de policía, se turnaron para asistirle durante su declaración dos abogadas, entre ellas la de la organización no gubernamental. El interrogatorio se prolongó a lo largo de cuatro horas. Quedó en libertad, aunque no trascendió si la juez le imputó algún delito o quedó en libertad con cargos. 

El Consell elude responder a la diputada Tirado cuánto dinero se ha pagado 

Ya por la tarde le tocaba el turno a Christine Bernadette, española de origen camerunés presidenta de Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África). Bernadette fue detenida en Torrevieja, localidad en la que la ONG tiene su sede, y que también fue objeto de un registro judicial. Su abogado confirmó su comparecencia ante la juez aunque a petición de la cliente no explicó en qué situación judicial quedaba. 

Otro de los detenidos cuya comparecencia estaba prevista y cuyo nombre trascendió ayer mismo fue Rafael Barrera Cuquerella, presidente de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa), con proyectos en América Latina. 

La Fundación hemisferio se llevó 177.779 euros de las donaciones a Haití 

Parece así claro que el fiscal Carrasco y la juez Molina han comenzado a tomar declaración en primer lugar a los detenidos más alejados de la trama urdida en torno a la entonces Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Faltarían así por tomar declaración en próximas sesiones tanto a los cargos de la Generalitat detenidos como a los responsables de las distintas asesorías que se han beneficiado facturando a las ONG. 

Uno de los detenidos, puesto en libertad tras declarar, Fernando Darder, es responsable de la organización Esperanza sin Fronteras, a la que se adjudicó la dirección del proyecto de construcción de un hospital en Haití, pagado con fondos valencianos. Se trata de un proyecto que la consejería de Blasco encargó inicialmente, sin concurso alguno, a la Fundación Hemisferio, a la que entregó 177.779 euros recaudados en aportaciones de los valencianos en solidaridad tras el terremoto que asoló el país. Posteriormente, dio marcha atrás y acabó adjudicando a Esperanza sin Fronteras la construcción, con un presupuesto de cerca de cuatro millones de euros. La Generalitat acabó paralizando el proyecto. 

La diputada socialista Clara Tirado, que presentó la denuncia que ha dado pie a las detenciones por el fraude en las subvenciones de cooperación, preguntó al consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, de cuyo departamento depende ahora el área de cooperación, cuánto dinero se ha entregado a Esperanza sin Fronteras por ese proyecto paralizado y qué ocurrió con los fondos de las aportaciones ciudadanas que se transfirieron a la Fundación Hemisferio, supuestamente la organización matriz de toda la trama de corrupción. Cabré ha eludido, en su contestación dar respuesta a la parlamentaria sobre la tajada que la trama se ha llevado del descartado hospital valenciano en Haití. 

Así, Tirado recordó que estaba prevista la construcción en Haití de un complejo sanitario por un importe de 3,44 millones de euros, la reforma de una posta sanitaria en Belle Anse con un presupuesto de 100.000 euros y acciones complementarias por un importe de 450.000 euros. Y preguntó si “se ha hecho efectivo el ingreso de estos importes por parte de la consejería a la asociación Esperanza sin Fronteras”, si se abonaron los importes “o parte de ellos”, y si se inició alguno de los trabajos objeto de la subvención. También preguntó si se ha requerido a Esperanza sin Fronteras el reintegro de las cantidades abonadas. 

En relación con la Fundación Hemisferio, la diputada preguntó qué ha hecho esa entidad con el dinero de las donaciones. “¿Se ha hecho efectivo el ingreso?”, preguntó. “¿Se han hecho los trabajos objeto de la subvención?”. Si no se han hecho los trabajos, “¿se ha solicitado el reintegro de la cantidad abonada?”. 

Tirado preguntaba, por otra parte, “¿cuál es el criterio del Consell y de la Consejería de Justicia y Bienestar Social sobre la construcción de esta infraestructura sanitaria en Haití?” y si “se va a abandonar definitivamente su construcción”. 

La respuesta que el consejero Cabré le dio a la diputada socialista el pasado diciembre obvió explicar cuánto dinero ha desembolsado la Generalitat para el proyecto en Haití y se limitó a señalar que se ha decidido “posponer” el proyecto “de forma coyuntural hasta que la situación económica nos permita disponer de los recursos necesarios para el proyecto, sin mermar las cuantías destinadas a otras prioridades ubicadas en la Comunidad Valenciana”. 

www.elpais.es 25.02.12 

UN GRUPO HETEROGÉNEO ENTRE REJAS 

Los calabozos de la Ciudad de la Justicia alojaron el jueves altos cargos de Alberto Fabra. 

También estrechos colaboradores de Rafael Blasco 

Y responsables de empresas adjudicatarias y de ONG 

Los calabozos de la ciudad de la Justicia alojaron el jueves por la noche a un grupo heterogéneo de detenidos en relación al presunto desvío de dinero público de cooperación. Había altos cargos del Gobierno de Alberto Fabra y estrechos colaboradores en su día de Rafael Blasco, responsables de empresas adjudicatarias de la Administración y responsables de supuestas ONG. Estos son algunos de ellos. 

César A. Tauroni, la sombra de Blasco. Es un clásico de los escándalos vinculados a Rafael Blasco, el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Tauroni coincidió con Bernardo Blasco, hermano del responsable del PP, en la sociedad Apelcine. 

Como gerente de GCS resultó adjudicatario de varios concursos de la Consejería de Bienestar Social cuando la dirigía Rafael Blasco. Entre ellos, uno tramitado de forma “urgente anticipada” de atención telefónica a mayores que fue recurrida por un competidor que tachó de “ficción” la propuesta de GCS. La empresa, junto a Tis-sat, consiguió también un contrato para el mantenimiento de programas informáticos por 382.000 euros en 2002. 

Cuando Blasco pasó a dirigir la Consejería de Sanidad, Tauroni reapareció en escena en una visita al consejero en su despacho. Fue semanas antes de la crisis que se abrió en el departamento por las diferencias de criterio en la adjudicación de un contrato informático de tres millones de euros. 

En la crisis abierta por el presunto fraude en la cooperación, Tauroni ha vuelto a aparecer en escena. Mientras Blasco ocupó la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni formó parte de la Fundación Hemisferio, y, según la acusación, tenía un papel clave en la trama. 

Fernando Darder, el aventurero. Al responsable de Esperanza Sin Fronteras le gustaba presentarse como un aventurero, un exfotoperiodista atrapado por la solidaridad. Y no le fue mal, como cooperante, especialmente tras el aterrizaje de Blasco en Solidaridad y Ciudadanía. De los 892.142 euros recibidos por su entidad en convocatorias públicas de cooperación, el 95% (854.051 euros) los recibió con Blasco al frente de la consejería. El premio gordo fue la concesión del concurso para construir el hospital de Haití, con un coste total de 7,5 millones de euros, de los que seis debía aportar la Generalitat (cuatro de construcción y dos de mantenimiento). Sin embargo, Alberto Fabra paralizó el proyecto al llegar al Consell. 

Josep María Felip, Alexandre Català y Marc Llinares, personas clave en los procesos administrativos. Los dos primeros son profesores asociados de constitucional de la Universidad de Valencia y ocuparon altos cargos en la consejería de Solidaridad y Ciudadanía con Blasco. Felip, que ha pasado por todo el espectro político (desde su militancia juvenil en el PCE Marxista Leninista, pasando por el PSOE y el Bloc hasta el PP) es funcionario de la Generalitat desde la preautonomía y, junto a quien sirvió como mano derecha, Rafael Blasco, gran conocedor de los entresijos administrativos. El tercero, Marc Llinares, siguió al exconsejero en Sanidad y Solidaridad en puestos clave en la adjudicación de contratos. Y, desde la jefatura de área de cooperación, concedió ayudas al velero de un amigo, José Luis Maldonado, junto al que navegaba por Dénia. 

Junto a ellos, han sido detenidos Marcial López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales; Arturo Tauroni (hermano de César Augusto; Christine Bernadette, presidenta de la ONG Asade África; Rafael Barrera, responsable de la ONG Fudersa. La identidad de otros cinco arrestados no ha trascendido. 

www.elpais.es 25.02.12 

“SUSTITUYEN LOS GASTOS EN COMPRA DE INMUEBLES POR FACTURAS EN NICARAGUA” 

Los extractos bancarios destapan en una sola operación un agujero de medio millón

El dinero público de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos en países en vías de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no llegó a donde tenía que llegar. Esa es la clave en la que trabaja la investigación de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que ha desembocado ya en la detención de 14 personas, entre ellas tres ex altos cargos. 

Las malas prácticas en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps, según las investigaciones, alcanzan también a consejerías en teoría creadas para ayudar y favorecer a los más pobres. 

La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de Cyes, la documentación expone cómo la fundación compró varios inmuebles con el dinero público destinado a facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua. 

INMUEBLES QUE DESAPARECEN. En la justificación de gastos presentada por la ONG se incluyó en un primer momento la adquisición de inmuebles. Cuando, algún tiempo después, se le pidió una nueva justificación, esos gastos desaparecieron y solo se incluyeron facturas con destino a Nicaragua.  

En el caso de Hemisferio (a la que se entregaron 177.779 euros donados por los valencianos y se trató de adjudicar la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto, por 3,8 millones de euros, aunque luego la consejería que dirigía Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, hizo marcha atrás), el dinero se quedaba por el camino contratando a empresas para realizar informes sobrevalorados, también con fondos destinados a proyectos de cooperación. Entre ambas estaba Arcmed (propiedad del presidente de Hemisferio), que facturó en 2008 más de 208.000 euros de asesoría en cada uno de los proyectos de la Fundación Cyes y que también realizaba informes y aportó facturas para justificar otras subvenciones otorgadas por la Generalitat.

» Coste diez veces superior. Los proyectos contemplaban la realización de estos servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios “representan un porcentaje de la actividad subvencionada”, indica el informe, que señala que de esta manera se vulneraba la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones. Algunos de estos informes se cobraban incluso antes de que se iniciara la ejecución del proyecto. 

“Las prácticas detectadas se explican difícilmente sin la existencia de dichas relaciones”, entre la adjudicataria de las subvenciones y algunas empresas reiteradamente contratadas. Así lo indica uno de los informes incluidos en las diligencias de investigación abiertas contra la trama de fraude de subvenciones. Sin embargo, la fiscalía y la juez disponen también de otra documentación, correos electrónicos, que revelan cómo al menos una de las fundaciones actuaba en permanente contacto con el “gabinete técnico” del consejero Rafael Blasco, tal como dijo la diputada de Compromís Mireia Mollà después de presentar su denuncia. 

La fiscalía desarticula otra trama corrupta del Gobierno valenciano El Consell no duda de Blasco mientras no esté imputado La juez toma declaración a los detenidos por las ayudas de cooperación » Facturas falsas. Después de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundación Cyes, esta empezó a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigación considera “simplemente increíbles”, pero que el departamento de Blasco dio por buenas. 

» 500.000 euros sin justificar. La investigación descubrió que había pagos con cheques y talones para la adquisición de inmuebles y que así justificó la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho —el dinero para cooperación no había llegado a Nicaragua, sino que se había quedado en la compra de pisos en Valencia— y la Generalitat Valenciana reclamó los justificantes de los gastos, “se eliminaron los de adquisición de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua”. 

“Lo que no puede sustituirse”, señala el informe de la investigación judicial, “son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos”. Y concluye: “La diferencia (más de 500.000 euros) arroja un saldo no gastado que debería ser objeto de reintegro”. 

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo único que la investigación pone en entredicho. Del examen de los expedientes también se deduce que la documentación que se presentó para captar los fondos públicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos. 

www.elpais.es 25.02.12 

UNO DE LOS DETENIDOS TUVO CONTRATOS CON BIENESTAR SOCIAL HASTA MAYO DE 2011 

El vicepresidente del Consell dice que el control de la Administración autonómica es exhaustivo

Jorge Alarte sostiene que Fabra ha destituido a los dos altos cargos detenidos "por apretón" 

El vicepresidente del Consell, José Císcar, se escudó el viernes en el proceso judicial abierto en torno al presunto desvío de fondos de cooperación para justificar que el Gobierno valenciano no ha abierto ninguna investigación sobre las adjudicaciones y servicios de la Generalitat que algunos de los detenidos gestionan en áreas diferentes a la de cooperación. 

Sin embargo hasta hace bien poco, la Generalitat mantenía contratos con algunos de los detenidos el jueves. Es el caso de la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios (GCS), SL, cuyo administrador único es César Augusto Tauroni, exsocio del hermano del exconsejero Rafael Blasco. GCS fue hasta el mes de mayo de 2011 adjudicatario de los servicios del teléfono del mayor, del menor y de la atención telefónica a las personas en situación de dependencia. Pero también del teléfono joven y del teléfono de los usuarios de los programas menjar a casa y major a casa. 

Por estos servicios telefónicos cobró entre el 15 de junio de 2009 y el 30 de abril de 2010 (menos de un año) la suma de 401.350 euros anuales. Bienestar Social prorrogó estos contratos con GCS hasta marzo de 2011 por importe de 359.130 euros, según figura en el expediente al que ha tenido acceso este diario. 

En total, la firma de Tauroni recibió desde junio de 2010 por estos contratos más de 750.000 euros. 

El Consell contrató con Tauroni por 750.000 euros entre 2009 y 2011 

Fuentes oficiales de Justicia y Bienestar Social indicaron el viernes que la relación comercial con GCS se extinguió en abril de 2011. Desde entonces, señalan, no se mantienen contratos con esta mercantil. 

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se refirió a las detenciones de altos cargos de la extinta consejería de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco. 

“¿Qué iba a hacer el director general desde dentro de un calabozo?”, se preguntó Alarte sobre la detención de Josep Maria Felip, El líder socialista retó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a demostrar de verdad su compromiso contra la corrupción destituyendo al que fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía y hoy es portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. Según Alarte, Fabra debió haber evitado mantener a Josep Maria Felip y a Alexandre Català, detenidos en la redada contra la trama de corrupción sobre las subvenciones de cooperación, así como al propio Blasco cuando llegó a la presidencia. Las destituciones de Felip y de Catalá tras su detención obedecen a que “si hubiera mantenido a esos altos cargos, desde la Moncloa le hubieran echado a él de sus funciones”. “Digamos que actuó por apretón”, ironizó el dirigente socialista. 

Clara Tirado afirma que Josep Maria Felip era el testaferro de Blasco 

“Por donde pasaron metieron la mano”, dijo Alarte del PP, en alusión a los abundantes casos de corrupción, y criticó que el Consell no haya movido un dedo ni cuando la Sindicatura de Comptes detectó que al menos 1,1 millones de euros de los proyectos para promover cultivos y garantizar agua potable en Nicaragua, que en realidad sirvieron para adquirir unos pisos en Valencia, no se justificaron. 

La diputada socialista Clara Tirado, que compareció junto a Alarte, acusó a Felip de ser “el testaferro” de Blasco, el único que se atrevió a firmar esos expedientes, que la parlamentaria llevó a la fiscalía, después de que otros cargos de cooperación rechazaran hacerlo. “El cese fulminante lo hizo una redada policial”, dijo Tirado de la destitución de Felip. La diputada recordó que Blasco llegó a la consejería en 2007 “y en 2008 empezó a organizarse la trama” ahora desarticulada. Los socialistas han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación y han presentado una pregunta oral para que el Consell explique qué ha hecho para averiguar dónde ha ido a parar el dinero defraudado en las ayudas de cooperación. 

Si de la investigación judicial se desprende “un mal uso de dinero público” se depurarán responsabilidades y se exigirá a quienes lo hicieron que devuelvan el dinero, aseguró el portavoz del Consell poco después. “Haremos todo lo posible por aclarar todos los temas”, dijo el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, tras el pleno del Ejecutivo autonómico, sobre el fraude en las ayudas de cooperación que llevó este jueves a la detención al menos de 14 personas. Ciscar insistió en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aplicará la “tolerancia cero” contra la corrupción y defendió la “reacción inmediata” que ha supuesto la destitución de Josep Maria Felip y Alexandre Catalá, altos cargos de la Administración autonómica tras su detención. Añadió que se abrirá expediente a cualquier funcionario público que se vea imputado por corrupción. A la pregunta de por qué no se intervino antes cuando el escándalo de cooperación lleva un año y medio en marcha y hasta la Sindicatura de Comptes detectó que no se habían justificado 1,1 millones de euros en los expedientes de dos proyectos en Nicaragua con los que, en realidad, se compraron dos pisos en Valencia, Ciscar dijo que la Generalitat solo puede actuar cuando hay imputaciones. 

El vicepresidente del Consell definió como “exhaustivos y efectivos” los controles de la Administración autonómica, pero añadió: “Si se demuestra, a partir de la actuación de un tribunal, que tenemos que mejorar los mecanismos de control, lo haremos”. 

Sobre la situación del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, se limitó a señalar: “En estos momentos no hay ninguna imputación contra él y no tenemos por qué dudar de su honorabilidad”. 

www.elpais.es 25.02.12

AL MENOS 14 DETENIDOS POR EL FRAUDE DE LAS SUBVENCIONES DE BLASCO

• El presidente Fabra destituye a Josep María Felip y Alexandre Català tras su arresto

• Los investigadores apuntan que la consejería aceptó facturas “simplemente increíbles”

• Blasco pagó 16 veces más por el proyecto en Nicaragua  

Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. 

La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social. La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). 

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones. 

La investigación arrancó a raíz de dos denuncias en octubre de 2010 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error". 

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”. 

Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes). 

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas. 

La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”. 

El socialista Jorge Alarte apunta a Blasco y reclama su dimisión 

En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”. 

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro. 

Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”. 

El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones. 

Blasco asegura que Josep Maria Felip es un "hombre honesto" 

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado. 

Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla. 

La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito. 

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia. 

La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida. 

www.elpais.es 24.02.12  

LAS "INCREÍBLES" FACTURAS DE LOS PLANES DE COOPERACIÓN VALENCIANOS 

Había dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno

La investigación cree que solo llegaron a Nicaragua 43.000 euros

La fiscalía desarticula otra trama corrupta del Gobierno valenciano  

Una de las denuncias que originaron el caso de las ayudas a cooperación en Valencia, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes). 

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas. La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”. 

En uno de los informes se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que, tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”. 

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con más de 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro. 

Al menos 14 personas han sido detenidas en Valencia en esta operación de la Fiscalía de Delitos Económicos. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental. 

www.elpais.es 24.02.12 

EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN LE ESTALLA A BLASCO 

Las detenciones llegan año y medio después de la denuncia presentada por el PSPV

Entre los implicados hay personas vinculadas al ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía

La 'receta Blasco' otra vez  

Año y medio después de que la fiscalía abriera las diligencias de investigación penal por el presunto desvío de fondos públicos de cooperación bajo el mandato de Rafael Blasco en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, el caso estalló ayer en toda su magnitud. 

El origen está en una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado (PSPV-PSOE), a la que se añadió semanas después otra planteada por Mireia Mollà (Compromís). El fondo de ambas era común: una retahíla de sombras sobre el destino de las ayudas que Blasco concedió a diferentes entidades que recibieron subvenciones para proyectos de cooperación. 

En esta trama, además, ya fuera directa o indirectamente, figuraban personas vinculadas al entorno de Rafael Blasco. Ya fuera Augusto César Tauroni, uno de los detenidos ayer, exsocio de uno de los hermanos del exconsejero (Bernardo Blasco) y adjudicatario de concursos de departamentos por los que pasó Blasco. O Marc Llinares, también detenido, que ha ocupado cargos bajo las órdenes de Blasco en las consejerías de Sanidad o Solidaridad y Ciudadanía. Y que, como jefe de área de Cooperación, adjudicó ayudas para el velero del barco de un amigo en el que navegaba por las aguas de Dénia. 

La trama afecta al frustrado proyecto de la construcción del  hospital de Haití 

La denuncia de Clara Tirado se centra en las ayudas recibidas por la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dos subvenciones de 833.409 euros cada una. Pese a tratarse de proyectos destinados a ser ejecutados en Totogalpa (Nicaragua), aparentemente, la mayor parte del dinero acabó en la compra de dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March en Valencia. 

La importancia de la Fundación Cyes está en que esta empresa llevó a una consultora, Arcmed, a la que facturó trabajos de asesoramiento. Y Arcmed, a través de su responsable (Alfonso Navarro Torres), enlazaba con otra consultora de supuestas ONG, llamada Fundación Solidaria entre Pueblos (actualmente Fundación Hemisferio). 

Tanto Arcmed como Hemisferio son, presuntamente, el núcleo central de la trama. Las diputadas denunciantes sospechan que eran instrumentos para captar fondos mediante trabajos hinchados de asesoría. 

La actuación de la trama implica a organizaciones como Fudersa, Asa de África, agrupación Cívica Intercultural Hispanoecuatoguineana-Ceiba, Esperanza sin Fronteras y Asamanu África, algunas de las cuales manifestaron posteriormente que ignoraban que estaban siendo utilizadas. 

Los fondos del Consell a Esperanza sin Fronteras crecieron con BlascoHaití, el hospital de la ConfusiónFabra manda al limbo al hospital Haiti de BlascoUna trama convierte la solidaridad en negocioFiscalía investiga el destino de las ayudas que Blasco da a cooperaciónLos proyectos de todas ellas se gestionaron desde Hemisferio e incluían pagos a Arcmed. La relación entre Hemisferio y las ONG a las que teóricamente asesoraba era tan estrecha que mantenían cuentas mancomunadas para el manejo de los fondos públicos que recibían las supuestas entidades humanitarias. 

Las presuntas irregularidades se extienden al que debía ser el proyecto estrella de Blasco en su paso por la cooperación valenciana: la construcción de un hospital en Haití. De nuevo aparecen entidades presentes en la trama. Hemisferio ocupa un lugar central. 

El hospital debía ser la materialización de la solidaridad valenciana con las víctimas del terremoto de enero de 2010. Inicialmente el proyecto se encargó a la Fundación Hemisferio. Fue esta entidad la que recibió los 177.779,19 euros que la Generalitat recogió de aportaciones de todos los valencianos en concepto de “trabajos previos a la construcción del centro sanitario”. 

Sin embargo, al trascender que el millonario encargo (la aportación de la Administración valenciana estaba valorada en cuatro millones de euros) iba a adjudicarse a dedo, la consejería de Blasco reculó y lo sacó a concurso. La adjudicataria fue otra vieja conocida: la ONG Esperanza sin Fronteras. 

El hospital de Haití y sus cuatro millones desaparecieron de los presupuestos de 2012. Fue la primera señal de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ponía distancia con el estilo de la política de cooperación de Blasco. La segunda fue la contundente destitución ayer, de Josep Maria Felip, el número dos de Blasco en Solidaridad y Ciudadanía, tras su detención. 

www.elpais.es 24.02.12

¿QUÉ HACE LA DIRECCIÓN DEL IVAM EN HORAS DE TRABAJO?

Soto exige medidas contra Ciscar y Lledó por acudir a "jalear a Camps"

El diputado socialista Juan Soto empezó por preguntar al secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, "si ampara la actitud de la directora del IVAM" al acudir a apoyar a Francisco Camps y acabó exigiendo que tome medidas contra Consuelo Ciscar y el director económico del museo de arte moderno, Juan Carlos Lledó, de quienes exhibió una fotografía en el Tribunal Superior de Justicia, donde han asistido a lo largo de la semana al juicio por corrupción que se sigue contra el expresidente de la Generalitat.

Soto preguntó en la comisión de Cultura y Educación de las Cortes por los daños sufridos por obras del IVAM cedidas en exposiciones celebradas en China y, en un momento determinado, señaló que la cesión de obras no puede estar sometida a las "componendas" de la directora del IVAM. En ese momento, introdujo la recriminación a la actitud de Ciscar, momento en que la presidenta de la comisión, Marisol Llinares, del PP, trató de interrumpirle. "¡Cíñase a la pregunta!", le dijo. Pero Soto continuó. "El problema no es sólo Ciscar, cuyo cargo es político", puntualizó, sino que todavía resulta más incomprensible que estuviera con ella el director económico del IVAM, Juan Carlos Lledó, "en horario laboral".

El parlamentario, a quien Llinares trató de reprender en tres ocasiones, exigió a Ripoll, que sustituía a la consejera de Cultura, Lola Johnson, que depurara responsabilidades de ambos directivos del IVAM por acudir a "jalear a Camps" en horario de trabajo. Ripoll eludió responder al diputado socialista porque sólo estaba delegado para responder a la pregunta que figuraba en el orden del día.

La presencia de la directora del IVAM, entre otros cargos públicos del PP, en el juicio a Camps ha levantado polémica. La propia Consuelo Ciscar justificó a preguntas de este periódico el pasado jueves que su trabajo no la obliga, "afortunadamente", a permanecer en el IVAM. Sobre su presencia en el juicio, "a título personal", dijo: "Voy cuando puedo... y tengo el trabajo resuelto... y no pasa nada. Tampoco estoy todo el día allí. Estoy a ratos. Ya me gustaría estar todo el día".

www.elpais.es 18.12.11

LOS HERMANOS MARX NO SIENTAN BIEN EN EL PP

Diputados abandonan la sala en la reunión de presupuestos al proyectarse "Sopa de ganso"

El año pasado fue "Invictus", el filme de Clint Eastwood sobre el libro de Carlin en el que se dibuja la reconciliación en Sudáfrica tras el "apartheid" a través de un partido de rugby y el ascenso de Mandela al gobierno. Este año le ha tocado el turno a los Hermanos Marx con "Sopa de ganso", película en la que sobrevuela un conflicto entre dos naciones bajo la caricatura de un presidente excéntrico.

El síndic del PP, Rafael Blasco, proyectó "Sopa de ganso", ayer, al grupo parlamentario. La broma consistía en trazar un paralelismo entre el presidente de los Marx y Zapatero, del mismo modo que el año pasado, con "Invictus", se intentaba levantar la moral de grupo en una formación política acosada por el caso Gürtel.

Todo fue en vano. El pase de la película "Sopa de ganso" no sentó bien entre algunos diputados, que consideraron fuera de lugar el guiño de Blasco al burlarse de Zapatero.

Muchos de los diputados -entre ellos, el presidente Fabra- no se esperaron al final de la proyección y abandonaron la sala en un hotel de Valencia, donde se realizaban las clásicas jornadas parlamentarias que el PP organiza cada año con motivo de la presentación de los presupuestos y el debate posterior en las Corts. Al acto acuden también los conselleres.

www.levante-emv.com 01.11.11

ANTICORRUPCIÓN PRORROGA LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO 

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo desde hace un año sobre las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, se prorrogará, según informó ayer la agencia Europa Press. La investigación tuvo su origen en sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de la diputada de Compromís Mireia Mollà. Al cumplirse un año de su inicio, el fiscal especial ha de prorrogar formalmente seis meses más el periodo de investigación. 

Tirado denunció irregularidades en la concesión de subvenciones a diversas ONG y especialmente dos ayudas en 2008 de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, que compró dos entresuelos con garaje en Valencia cuando recibió el dinero. La Fundación Cyes (no confundir con la empresa del mismo nombre) tiene ahora su sede en esos inmuebles, que figuraban en los proyectos de cooperación en Nicaragua aprobados por el departamento de Blasco aunque la consejería pidió después a la entidad que justificara los gastos con otro tipo de facturas. 

Por otra parte, Mollà denunció la existencia de una trama de captación de subvenciones para la cooperación alrededor de la Fundación Hemisferio (Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por sentencia judicial). La diputada de Compromís, cuya denuncia coincidía en buena medida con la realizada por la parlamentaria socialista, aportó una abundante documentación al fiscal. 

Tribunal de Cuentas 

El ministerio público abrió una investigación por ambos asuntos en octubre de 2010, y tenía el plazo de un año, que acaba este mes, para decidir si los archivaba, los remitía al juzgado o los prorrogaba. Ante la abundante documentación y su complejidad, ha optado por pedir una prórroga de seis meses. 

Mientras tanto, y como consecuencia de un informe realizado por la Sindicatura de Comptes, que constataba que los proyectos aprobados incluían la compra de dos pisos, que la consejería no pidió la devolución del dinero cuando se empleó en los inmuebles, aunque reclamó justificantes de gastos por otros conceptos y no acabó acreditando debidamente las facturas, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por supuesta responsabilidad contable. La socialista Tirado ejercitó la acción pública y se constituyó en parte acusadora.

www.elpais.es 27.10.11

EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LAS AYUDAS DE BLASCO A UNA FUNDACIÓN

La entidad compró dos pisos tras recibir 1,6 millones para cooperación

El Tribunal de Cuentas investiga dos subvenciones de 833.000 euros cada una otorgadas por la antigua Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en 2008. Al disponer de ese dinero la entidad compró dos entresuelos con garaje en Valencia, que actualmente son su sede social, aunque la Generalitat reclamó, a la hora de aprobar los pagos, que justificara los gastos con otro tipo de facturas relativas al motivo de las ayudas, centrado en la cooperación al desarrollo en el municipio nicaragüense de Totogalpa. La vía de la responsabilidad contable queda, así, abierta.

La diputada socialista Clara Tirado ejerce la acción pública

El caso, que levantó una fuerte polémica, fue denunciado por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que se ha personado como acusación en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos, ante el cual la Generalitat está en la fase de presentar alegaciones. El departamento tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramita las diligencias preliminares desde que recibió traslado por parte del presidente del organismo del informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes. Un informe en el que se contrastaba que en el proyecto aprobado se incluía la compra de dos pisos y su reforma, que la consejería no pidió la devolución del dinero aunque rechazó finalmente los justificantes, pero no acreditó debidamente las facturas con las que se acabó justificando el cobro de las ayudas. El informe incluía un voto particular de uno de los tres miembros de la Sindicatura que apreciaba responsabilidades contables.

Blasco, que mantuvo desde el principio que no se habían producido irregularidades y llegó a anunciar que dimitiría si se demostraba que habían existido, fue quien propició que se solicitara a la Sindicatura el informe que ha dado pie a la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas. Las diligencias se abrieron en mayo y el pasado 22 de junio el tribunal notificó a Clara Tirado la concesión de "un plazo de diez días para que manifieste si se constituye en parte, en las presentes diligencias, en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debiendo concretar las personas contra las que dirige la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana". Al mismo tiempo, se ordenaba trasladar la documentación al ministerio fiscal, al abogado del Estado y a la representación legal de los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana.

La diputada socialista se personó como acusación pública el 22 de junio para "exigir responsabilidad contable contra la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, su consejero Rafael Blasco Castany, Josep Maria Felip i Sardà, director general de Inmigración, y cuantos cargos directivos de la citada consejería hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable". Y también contra "el administrador o administradores de la Fundación Cyes por los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana", que evaluaba en 1,6 millones de euros, correspondientes a la suma de las dos subvenciones "cuya justificación no cumple la legislación vigente".

Además de la investigación abierta por supuesto delito económico, las subvenciones a la Fundación Cyes, -cuyo presidente, Marcial López, fue condenado por apropiación indebida de 244.000 euros cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, a finales de los años noventa-, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En su día, la diputada Clara Tirado puso la documentación de la que disponía sobre irregularidades en las subvenciones de cooperación en conocimiento del fiscal especial. Lo mismo hizo la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà con información sobre una supuesta trama de captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Hemisferio (llamada entonces Fundación Entrepueblos). El plazo del que dispone el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, para decidir si promueve la apertura de una investigación judicial por la vía penal se cumple este mes.

www.elpais.es 05.10.11

Císcar: ´De mi marido, Rafael Blasco, me gusta su humor inglés y sus piernas´

El IVAM cedió gratis su explanada a 'Telva'. Comunitat Valenciana La directora del IVAM concede una entrevista a una revista en la que desvela aspectos íntimos de su relación con el exconseller, los recuerdos de su infancia y los personajes que más la han marcado

La directora del IVAM, Consuelo Ciscar, que recientemente ha sido muy cuestionada por su gestión de la pinacoteca valenciana, por diferentes colectivos artísticos —como la asociación de críticos de arte o la de artistas visuales— ha concedido una entrevista a la revista Telva en la que desvela aspectos muy íntimos de su vida y de su relación con su esposo Rafael Blasco.

La exsecretaria autonómica, de quién se ha pedido incluso la dimisión hace unas semanas, recuerda que conoció a su marido cuando ambos tenían 17 años y él militaba en la extrema izquierda. Entablaron amistad a través de su hermano Ciprià, el exconseller al que llama «Cipriano», del que Blasco era íntimo amigo. El hoy portavoz en las Corts del PP se tuvo que exiliar entonces por su actividad política durante diez años y al volver a Valencia se reencontró con Consuelo. Después de un tiempo, se casaron.

Como revela la directora del IVAM: «Nuestra historia de amor es muy bonita. Él me encauzó mi vida. Me enseñó la templanza. Dentro de mi barroquismo, él me ha transmitido la austeridad. Con él he aprendido que en la vida no hay culpables, ni excusas... Uno hace lo que puede siempre que lo haga de corazón.». En el siguiente fragmento de la entrevista la gestora cultural confiesa sin pudor su devoción por su pareja: «¡Es que no preguntas nada por mi marido, que es mi favorito...!».
Luego, detalla qué es lo que más le gusta de Rafael Blasco. «Tiene un humor inglés fantástico, oportuno, y físicamente me gustan sus pies, sus piernas... Cuando se queda en pantalón corto le digo: ´Ay por favor, qué cosa más bonita´». Además, ambos, «nos complementamos», pues afirma, «yo soy muy divertida, él es más serio, así que le contagio».

En otro momento, Císcar relata que trabaja 24 horas al día, 8 días a la semana, «si es necesario». Pero cuando llega la hora de divertirse, lo que prefiere es bailar. «Ay, es lo que más me gusta», se sincera. No en vano, abunda, «Yo escucho un pasodoble y me vuelvo loca». Eso sí, su esposo no se anima: «Bailo sola si hace falta. Me gustaría hacerlo con mi marido, pero él es más tímido y no me saca». «En casa —continúa— me pongo música y digo, ale, a bailar un poquito». El dirigente popular, apunta su mujer, «sólo baila una vez al año, en Nochevieja, porque le tengo dicho que yo tengo que empezar el año bailando, así que con ese baile ya se piensa que me tiene contenta el resto del año», recalca.

En cuanto a los fines de semana, la directora del IVAM se muestra como una persona familiar. Así, le gusta reunir el domingo a sus tres hijos —Cinthia, Deborah y Rafael— y a sus nietos —de 10, 11 y 13 años— en su casa de Alzira, con huerto y naranjos, porque ése es su retrato de la felicidad. Allí cocina tonyina amb tomaca, cordero, y por supuesto, paella, «porque mi marido si no come arroz no es persona».

Su inspiración, sus referentes, ... son los poetas Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, de la Generación del 27, y el valenciano Francisco Brines, al que dice adorar.
De su infancia, subraya que su verdadera inspiración «ha sido siempre mi madre, una mujer optimista por naturaleza como yo». Creció, rememora, «en una familia liberal. Fui a un colegio de monjas y veía a mis padres los fines de semana». Su padre, comenta, «era un mecenas y por casa circulaban artistas continuamente». Incluso, los sábados acudían los del cant d´estil. Toda esa memoria, profundiza, «la tengo muy encima».

Por último, presume de haber visitado y tratado a grandes artistas. «De joven conocí a Dalí. Una noche me invitó a una cena en Cadaqués y me quedé impresionada». También, estuvo con Rauschenberg, el escultor pop art, en su isla de Florida, al que regaló vino y queso. Y desde los 16 años, conoció a Berlanga. Sus recuerdos con él, «son siempre eróticos y familiares, porque adoro a su mujer, María Jesús».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/08/22/ciscar-marido-rafael-blasco-gusta-humor-ingles-piernas/833659.html

El IVAM cedió gratis su explanada a ´Telva´

El museo que dirige Císcar paga 500.000 euros a Unidad Editorial, titular de la revista, por distribuir su publicación

El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) dejó gratis el otoño pasado su explanada exterior a Telva —así se publicó entonces— para su exposición itinerante 20 años de los premios de moda Telva, la cual estuvo durante doce días ante la fachada del museo. Eran paneles con portadas de la revista a gran tamaño.

Telva es una publicación de Unidad Editorial —grupo responsable del diario El Mundo, entre otros—, empresa con la que el IVAM mantiene vínculos económicos desde hace años.

El citado grupo es también titular de la revista Descubrir el arte, con la que el museo valenciano firmó un convenio con la revista en 2006, en virtud del cual esta publicación madrileña distribuiría de forma gratuita el cuaderno que edita a su vez el IVAM a cambio de cerca de 500.000 euros anuales, como este diario publicó en su momento.

El director de Descubrir el arte es Rafael Sierra, un crítico que ha sido comisario de numerosas exposiciones en el IVAM. Las de Baltasar Lobo y Xavier Mascaró son las últimas en menos de un año. Sierra forma parte asimismo del equipo de coordinación de Cuadernos del IVAM (la publicación periódica del museo).

La relación de este crítico con Consuelo Císcar es anterior incluso a que esta asumiera la dirección del museo (2004). En la Bienal de Valencia cobró cerca de 50.000 euros por un proyecto.

Y así, en este contexto, Consuelo Císcar recibía en el mes de marzo pasado el premio que entrega la revista Descubrir el Arte a personalidades destacadas en este ámbito. En su discurso, la esposa de Rafael Blasco se felicitó por haber hecho un millón de kilómetros y haber participado en más de 3.000 exposiciones gracias al arte.

Los lazos llegan al terreno de lo familiar. Rafael Sierra fue el comisario la primavera pasada de la primera muestra de Rablaci en Madrid (en la sala municipal denominada Casa de Vacas). Rablaci es el acrónimo de Rafael Blasco Císcar, el hijo de la directora del IVAM y el portavoz del PP.

Consuelo Císcar se encuentra estos días en China, país del que el IVAM ha presentado diversas muestras y donde Rablaci ha movido su obra con una itinerante.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/08/22/ivam-cedio-gratis-explanada-telva/833660.html

El colectivo de galeristas reclama la dimisión de Císcar al frente del IVAM

Consideran que la directora ha puesto la institución "a su servicio y no al de los ciudadanos"

La Asociación de Galeristas de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la destitución de la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar.Así lo manifestó ayer este colectivo en un comunicado, en el que se suma como firmante de la carta abierta En defensa del IVAM del sector de las artes visuales del pasado 27 de julio, donde se pedía el cese de Císcar por haber puesto la institución a "su servicio y no al de los ciudadanos".La Asociación de Galeristas ha explicado que con esta nueva adhesión hay "más de 2.500 profesionales de prestigio" representados a través de las asociaciones signatarias del documento, algo que "no deja lugar a dudas" sobre cuál es la valoración sobre la gestión de Císcar. En este sentido, se han reafirmado en la necesidad de que el jefe del Consell atienda este "asunto problemático y ataje cuanto antes esta situación", ya que la directora del IVAM no contempla la posibilidad de dimitir. En la carta se consideraba "imprescindible" el fin de la etapa de Císcar por una "ausencia de profesionalización en los procedimientos" o la "falta de transparencia".

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2011/08/09/colectivo-galeristas-reclama-dimision-ciscar-frente-ivam/1156679.html

El IVAM paga 71.000 euros al año a un intermediario para exponer en China

La directora del IVAM defiende la relación con el intermediario

Vota Resultado 14 votos . .El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) le paga a Miguel Sazatornil Lavilla 71.000 euros al año desde 2008 por ejercer de intermediario en "la gestión de espacios expositivos en Asia-Pacífico". Una actividad que contrasta con la dinámica del museo de arte contemporáneo de Valencia, que llega a acuerdos de reciprocidad con museos chinos para intercambiar exposiciones. Pese a ello, la directora de la institución, Consuelo Císcar, argumenta que Sazatornil supone un ahorro para el IVAM.

Varias fuentes no entienden que se pague por exponer en China

Una búsqueda de Sazatornil en Internet no ofrece muchos datos. Lo más reseñable es la publicación de un libro junto a María Cruz Alonso, delegada en China de la Fundación Autor de la SGAE, entidad que edita el volumen, titulado Apuntes sobre la industria cultural china.

Fuentes del IVAM apuntan que las colaboraciones con China arrancaron en verano de 2006 a raíz de la exposición titulada La alquimia de los herreros, que llevó obras de Julio González, Martín Chirino, Andreu Alfaro y Miquel Navarro al Shangai Urban Planning Exhibition Center. El viaje de las obras se produjo gracias a un acuerdo de colaboración entre el IVAM y el Shangai International Cultural Asociación (SICA), una poderosa organización que gestiona numerosos museos chinos.

Según este convenio, el IVAM financiaría el transporte y el montaje de sus exposiciones en China, pero no pagaría por el uso de las salas, al parecer muy caras en aquel país. Y viceversa, las instituciones chinas sufragarían sus traslados pero no pagarían por exhibirse en el IVAM. Aquella exposición inicial del IVAM pasó dos años viajando por distintas ciudades chinas. El año pasado se inauguró también en Shangai otra importante muestra del museo valenciano, titulada Arte español en la colección del IVAM.Pero el SICA no ha sido la única institución de aquel país que ha llegado a convenios con el IVAM. A raíz de la exposición The real thing. El arte contemporáneo de China, fruto de un convenio del IVAM con la Tate de Liverpool, otros museos se interesaron por Valencia. 'Ellos contactaron con nosotros para traer sus obras', explican fuentes del IVAM, 'nadie les hacía caso en el arte contemporáneo'. Así, el museo de Valencia siguió inaugurando numerosas exposiciones de arte chino, y se pudieron enviar muestras de Gerardo Rueda, Paco Caparrós, Ramón de Soto y Cristino de Vera a diversas ciudades de China. De hecho, a finales de este año viajarán obras de Natividad Navalón a Changshu y a Fujien. Y según las mismas fuentes, los acuerdos con las instituciones tienen el mismo carácter de reciprocidad que con el SICA, es decir, no se paga alquiler por aquellas salas, pero tampoco se cobra en el IVAM. A raíz de esta fórmula de funcionamiento, en la que las instituciones chinas contactan con el IVAM, desde ciertos sectores del museo no se entiende muy bien por qué se paga para la 'gestión de espacios expositivos' a una persona 'la friolera de 71.000 euros', 'más que un consejero' y quizá que 'el propio presidente de la Generalitat'. Desde estas fuentes críticas apuntan que 'la calidad de la colección del IVAM es suficiente para que muchísimos museos la quieran exponer, no es necesario contratar a nadie para conseguirlo'. Es más, añaden que 'los chinos debería de pagar por llevar a sus sedes las exposiciones del IVAM'.

Preguntada por este tema, Ciscar responde que se trata de 'una fórmula menos gravosa presupuestariamente', que se mantiene desde 2008. 'Es un escritor que yo conocía muy relacionado con el mundo de la cultura en China', explica la directora sobre Sazatornil, 'y nos busca espacios donde no tengamos que pagar'. Según su versión, en China el coste de las salas puede alcanzar los 3.000 euros diarios. 'El coste de su contrato es lo que nos ahorramos en un espacio en un mes', asegura Ciscar. Un contrato que se firmó por primera vez en 2008, por lo que cuando se le abone la cifra correspondiente a 2011 se le habrá pagado más de 280.000 euros en cuatro años. 'El IVAM no ha pagado nunca alquiler en China', justifica la responsable del museo. Una búsqueda de Sazatornil en Internet no ofrece muchos datos. Lo más reseñable es la publicación de un libro junto a María Cruz Alonso, delegada en China de la Fundación Autor de la SGAE, entidad que edita el volumen, titulado Apuntes sobre la industria cultural china.

Los críticos con la gestión de Ciscar al frente del museo cuestionan también que en estos últimos años el hijo de la directora y del dirigente del PP Rafael Blasco, que firma sus obras como Rablaci, haya tenido entre 2008 y 2009 al menos cinco exposiciones en China, en ciudades como Shangai, Hang Zhou, Changshu, Fujian o Fuzhou. Y se preguntan si tiene algo que ver con estas muestras la gestión de Sazatornil.

www.elpais.es 08.08.11
 

BLASCO ADJUDICÓ UN CONTRATO DE 33 MILLONES EN SOCIÓPOLIS A LA FIRMA QUE LE CONSTRUYÓ EL CHALÉ

Consuelo Ciscar le organizó una exposición en el IVAM al arquitecto que diseñó la mansión del matrimonio

 Rafael Blasco se construyó su segunda residencia en la capital de la Ribera -su ciudad natal- entre los años 2004 y 2006, justo en el periodo en que ocupó la Conselleria de Territorio y Vivienda (2003-2006). El chalé fue diseñado por el arquitecto Vicente Guallart, uno de los diseñadores de Sociópolis, y lo edificó la empresa Construcciones Públicas Valencianas SL (desde 2007 Conzibe Espacios SL), administrada por los propietarios de Franjuan Obras Públicas.

En el mismo momento en que la firma acometía las obras del lujoso chalé de 450 metros cuadrados del entonces conseller, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), del que Blasco era también apoderado, adjudicó a Franjuan Obras Públicas en alianza con el imputado por corrupción Enrique Ortiz, un contrato para urbanizar y construir 184 VPO en Sociópolis por valor de 33 millones de euros, IVA incluido, más de 5.000 millones de pesetas.

El contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Franjuan-Enrique Ortiz fue adjudicado por concurso el 5 de diciembre de 2005. En febrero de ese mismo año, el Ayuntamiento de Alzira concedía la licencia de obras a la firma administrada por los propietarios de Franjuan para el "derribo y construcción de vivienda según el proyecto básico y de ejecución del arquitecto Vicente Guallart, visado el 22/12/03". La obra fue finalizada, según el expediente tramitado por el consistorio alcireño, el 25 de mayo de 2006. Es decir, el contrato millonario que Blasco adjudicó a Franjuan fue en el mismo momento en que una de las filiales de la firma de Sellent le construía la mansión al por aquel entonces conseller de Territorio.

En esta UTE, Franjuan es propietaria del 40 % de los fondos y Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras del otro 60 %. Esta última empresa está vinculada con presuntos casos de corrupción conocidos como Gürtel y Brugal. La obras de urbanización y contrucción del edificio en el barrio de La Torre se iniciaron en 2008.

El chalé pensado tras la Bienal

Pero ahí no acaban las coincidencias entre la casa de campo del ahora portavoz parlamentario del PP y Sociopolis. Los proyectos de construcción del chalé (primero de ampliación de la vivienda y luego de derribo y nueva construcción) fueron visados por Vicente Guallart el 11 de julio de 2003, y el 22 de diciembre de 2003. Fue el mismo año en que el propio Guallart presentó el megaproyecto de VPO del barrio de la Torre de Valencia a la Bienal de arte de la capital del Turia.

Este encuentro fue organizado por la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, dependiente de la Conselleria de Cultura. En aquel año, y hasta mayo de 2004, la hogaño directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y esposa de Rafael Blasco, Consuelo Ciscar, ocupaba la subsecretaría de Promoción Cultural, verdadera impulsora del encuentro artístico bianual.

Tan encantada debió quedar Ciscar con el proyecto de Sociópolis y el diseño de la mansión que comparte con su marido en Alzira que decidió montar en el museo que dirige una exposición a Guallart justo un año después de que el arquitecto expidiera el certificado final del chalé.

Pero no sólo permitió que Guallart expusiera su "Lógica Natural" en el museo que dirige, sino que Ciscar fue la comisaria de la muestra en la que el arquitecto exhibía sus mejores proyectos urbanísticos, entre ellos el de Sociópolis. La muestra tuvo su correspondiente catálogo con textos de la directora del museo, de Aaron Betsky y del catedrático de la Universitat Politècnica José María Lozano. Además, el IVAM se llevó trabajos del diseñador valenciano a su exposición en Shanghai en 2010.

Guallart explicó ayer a Levante-EMV que Ciscar y Blasco se pusieron en contacto con él para reformarse la vivienda en el terreno de Alzira. El arquitecto reconoció que, "aunque no iba mucho por allí", llevó la dirección de las obras. Sobre el precio que cobró por el proyecto precisó: "Cobré lo que tocaba. Lamentablemente, mis emolumentos no son muy elevados". Guallart añadió que su relación con Consuelo Ciscar empezó en la Bienal artística de 2003. El también diseñador de Sociópolis ha sido nombrado recientemente arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona.

Franjuan, de contratista del Consell al concurso de acreedores

La constructora de Sellent Franjuan, especializada en obra pública, presentó en el juzgado en octubre de 2010 la solicitud de concurso voluntario de acreedores. En sus últimas cuentas depositadas en el registro mercantil declaró una facturación de 44 millones de euros pero un pasivo de 50. El estallido de la burbuja inmobiliaria y los retrasos en el pago de la Generalitat, uno de sus principales clientes, puso contra las cuerdas a esta empresa valenciana con más de 55 años de historia.

Pero las noticias no fueron siempre malas para la firma de Sellent. Hubo una época en que los contratos de la Generalitat inundaban su cartera de negocios. De hecho, entre 2001 y 2009 Franjuan y su filial de restauración de patrimonio recibieron la adjudicación de 31 contratos mayores, siendo el de mayor cuantía el otorgado por Territorio cuando lo dirigía Rafael Blasco por valor de 33 millones de euros, IVA incluido.

A estas adjudicaciones hay que sumar numerosos contratos menores, es decir, inferiores a 12.000 euros, para los que no es necesario realizar un concurso público, y la aprobación de dos planes de actuación integrada (PAI) en Sueca y Vilamarxant.

Estos PAI fueron autorizados por la Conselleria de Territorio y Vivienda en 2004 cuando estaba dirigida por Blasco y justo en el año en que Franjuan empezaba las obras del chalé del exconseller, según los datos oficiales depositados en el Ayuntamiento de Alzira. Pese a la importancia de las adjudicaciones realizadas por la cartera dependiente del Síndic del PP, la mayoría de contratos los recibió de la Conselleria de Obras Públicas.

www.levante-emv.com 06.07.11

 BLASCO SE CONSTRUYÓ DOS CHALÉS DE 450 Y 165 M2 Y SE REFORMÓ UNA CASA TRAS ENTRAR EN TERRITORIO

El Síndic del PP declara en las Corts un inmueble, otros dos "urbanos" y un campo valorados catastralmente en 178.576 ?

La diferencia entre el valor de los bienes declarados por los diputados y la realidad es, en algunos casos, más que notable. El Síndic del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, declaró tres viviendas y una propiedad rústica sin especificar detalles y cifró su valor catastral en 178.576 euros. Frente a estos datos, el matrimonio que forman Blasco y la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, ha ido consolidando en la última década una verdadera hacienda en Alzira. Lo que era inicialmente una casa de campo en un naranjal es en la actualidad un conjunto de tres edificios en el que destaca la mansión del matrimonio. El complejo dispone de una piscina exterior, la pequeña vivienda de los caseros y un campo de tenis. Este paraje es conocido por las cumbres políticas que ha albergado.

En su declaración de bienes, Blasco no desglosó, como sí hicieron muchos diputados, el valor de cada una de las propiedades. Estas omisiones han motivado la queja de la oposición, que ha reclamado más transparencia de cara a los ciudadanos. De hecho, el propio Síndic del PP ha instado a sus compañeros de grupo a presentar datos más específicos sobre su patrimonio.

Según el Registro Mercantil, Rafael Blasco dispone de tres viviendas y varios campos de naranjos en Alzira. La mansión conyugal, construida entre 2004 y 2006, tiene una superficie de 220 metros cuadrados con un sótano, una planta baja y un primer piso, que sumarían más de 450 metros cuadrados.

En la planta inferior del chalé, el matrimonio ha habilitado un espacioso salón con un piano de cola y varios sofás. Al lado, aparece una bodega climatizada de unos 25 metros cuadrados donde los Blasco-Císcar guardan vinos y cavas de de gran calidad.

En el sótano también se encuentra la depuradora de la piscina, una biblioteca y una habitación donde el exconseller guarda libros y galardones que ha recibido durante su dilatada trayectoria política. También hay un "archivador" de obras de arte. Multitud de pinturas y esculturas invaden todas las estancias de la vivienda.

En la planta baja se ubica una gran cocina, que dispone de una amplísima nevera, y el comedor, rematado con una valiosa lámpara de luces de diseño que preside la mesa principal. En el mismo nivel del chalé también se han habilitado un dormitorio, otro salón y el ascensor. En esta planta, los Blasco-Císcar disponen de una piscina cubierta, dotada de spa, que da al extenso porche que prácticamente rodea la casa. En el primer piso, se encuentra el despacho de trabajo y una terraza que incluye un pequeño jardín.

La segunda vivienda en importancia del complejo es, en realidad, la antigua casa de campo reformada en octubre 2006, cinco meses después de dejar la Conselleria de Territorio. Tiene una superficie de 148 metros cuadrados y en su rehabilitación se respetaron todos los elementos arquitectónicos y de decoración. De hecho, se han conservado varias puertas y ventanas de la vivienda anterior que podrían datar de principios del siglo XX. Además, su patio interior ha sido cubierto con una especie de bóveda translúcida.

El tercer chalé mide 165 metros cuadrados y está un poco más alejado del resto. Fue construido hace unos tres años. Este edificio es el que utiliza el hijo de la pareja, el artista Rafael Blasco Císcar, conocido como Rablaci. Todas la viviendas están rodeadas de jardín y de decenas de hanegadas de naranjos. En total, una hacienda de 60.131, 46 metros cuadrados.


Una finca utilizada para avalar seis préstamos por valor de 306.000 euros

La hacienda del término municipal de Alzira le ha servido al Síndic del PP, Rafael Blasco, para avalar hasta seis préstamos que ha contraído desde 2004 y que acabará de pagar entre 2014 y 2016, según los datos del Registro de la Propiedad. En total, el exconseller ha solicitado a Ruralcaja y la CAM 306.114 euros a intereses variables según la intención de cada préstamo. Notarios de Valencia, Tavernes de la Valldigna y Sueca han sido los firmantes de estas obligaciones.

Por su parte, la hacienda, que fue bautizada como "Consuelito", ha sido sede de numerosas cumbres políticas. De hecho, allí se han cocinado gran cantidad de pactos municipales en la Ribera, donde el Síndic del PP siempre ha tenido mucho recorrido e influencia.

Pero su vinculación a esta zona residencial de Alzira va más allá de su persona y prácticamente todos sus hermanos tienen residencia en este pequeño valle de naranjos. Entre ellos su hermano, el exalcalde de Alzira Francisco Blasco, y su sobrino yerno, Sergio Blasco, director-gerente del Hospital General de Valencia. Cabe recordar que Sergio Blasco está casado con una hija de Consuelo Císcar. El matrimonio Blasco-Císcar reside habitualmente en un piso de Valencia pero acude regularmente a su finca de Alzira para descansar y reunirse con los suyos. En la zona tienen gran cantidad de amigos y conocidos.

Los chalés se encuentran en una zona de suelo no urbanizable, como tantas otras decenas de casas de campo en la zona que se han consolidado con el paso de los años.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/07/05/blasco-construyo-chales-450-165-m2-reformo-casa-entrar-territorio/821696.html

RAFAEL BLASCO, EN SU DESPEDIDA DEL CONSELL

"Siempre nos quedarán las Cortes"

Rafael Blasco expresó ayer la amargura y la decepción con la que abandona el Gobierno valenciano tras formar parte durante décadas de los sucesivos Gabinetes, primero del PSPV y luego del PP con un paréntesis entre Joan Lerma y Eduardo Zaplana. "Hay [filmes] clásicos que definen una situación, antes se decía que esto era un traspaso de poderes, y ahora hay pocos poderes; ahora se habla de traspaso de carteras, y hay pocas carteras; y lo que se produce es emoción", advirtió Blasco en el traspaso de parte de las competencias de la extinta Consejería de Solidaridad a la vicepresidenta Paula Sánchez de León. "Casablanca tiene un final bonito. A nosotros siempre nos quedarán las Cortes Valencianas, que no son París, pero que tampoco es Afganistán, como algunos piensan". Blasco es, junto con el exvicepresidente Vicente Rambla y el exvicepresidente Gerardo Camps, una de las principales víctimas políticas del nuevo Consell.

Blasco agradeció al inicio del acto la presencia de "las diputadas Belén Juste y Trinidad Miró", del consejero Serafín Castellano, del presidente de las Cortes, Juan Cotino, y de la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Angélica Such. El ya exconsejero afirmó que "se ha cubierto una etapa" y se mostró "agradecido" a Francisco Camps.

Blasco, a quien se le quebró la voz al final de su intervención, defendió la parte más polémica de su gestión y presumió de contar con una cooperación al desarrollo "de excelencia" y un "tejido de organizaciones no gubernamentales ejemplares". El exconsejero de Cooperación tuvo palabras de elogio para su equipo, especialmente para alguno de sus cargos más cuestionados por la polémica del desvío de fondos de cooperación, como Josep María Felip y Álex Catalá.

La vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León confesó: "Siempre le llamo el maestro, no solo de la política, que por eso se ha convertido en un clásico, sino también porque es un maestro en las relaciones humanas y ese cariño que sabe transmitir". "Recibo un trocito de tu cartera y ojalá reciba el mismo trocito de sabiduría que tú tienes", sentenció.

Los traspasos de carteras de los exconsejeros a los nuevos consejeros continuó durante todo el día de ayer, en medio de las tensiones surgidas para acoplar el nuevo organigrama a la Administración real y el baile de nombres elegidos para el segundo escalón que se nombrarán hoy en el pleno del Consell.

- Sanidad. El nuevo consejero, Luis Rosado, no evitó referirse al fantasma que acecha a la sanidad valenciana (y, en general a la red sanitaria pública) sobre sus problemas de sostenibilidad y la amenaza de los recortes. Indicó sentirse especialmente halagado por haber sido elegido para dirigir la consejería en "un momento especial, de tormenta". Respecto a los proveedores, apuntó la necesidad de establecer una nueva relación con la consejería: "No podemos vivir los unos sin los otros", comentó.

También aludió a la necesidad de modernizar la estructura sanitaria "para conseguir ser ágiles, rápidos y ligeros" en la toma de decisiones, corresponsabilizar al ciudadano en el control del gasto y recurrir a la imaginación ante el escenario de falta de recursos que se avecina. "En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz", comentó, parafraseando una cita de Immanuel Kant.

- Educación, Formación y Empleo. De alcalde de Teulada-Moraira a undécimo consejero de Educación. José Ciscar llegó ayer a la "casa más complicada", en palabras de su antecesor, Alejandro Font de Mora, y con dos frentes abiertos. Por un lado, el modelo de plurilingüismo que rebaja el valenciano y la cesión de suelo a la red privada, por otro, la existencia de 17.000 alumnos de la enseñanza pública en barracones. Ciscar anunció que su primer "compromiso" será "mantener la inversión" y seguir con "la mejora real de las infraestructuras públicas". "El presupuesto de 2011 ha sido del 31,2% y eso tiene que continuar", ratificó Ciscar.

Respecto al

borrador de decreto que suprime los programas de enseñanza en valenciano establecidos en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), Ciscar adelantó que tratará de convencer a sus interlocutores de que "no va en contra de ninguna de las dos lenguas cooficiales". Ciscar se comprometió a analizar los trabajos que han servido de base para el decreto y, acto seguido, prometió: "Me sentaré a negociar con todos los agentes sociales". Más amables encontró el nuevo consejero a los rectores de las universidades y a los empresarios. "El principal reto", declaró Ciscar, es "orientar el sistema educativo valenciano hacia el empleo".

- Infraestructuras, Medio Ambiente y Urbanismo. Isabel Bonig tomó ayer posesión rodeada de sus predecesores Juan Cotino y Mario Flores. "La que se me viene encima", bromeó Bonig, que recordó que en apenas cuatro o cinco años ha pasado de ser "una ciudadana de pie" a alcaldesa de La Vall d'Uixò y ahora consejera.

- Turismo, Cultura y Deporte. La nueva consejera, Lola Johnson, recibió las carteras de Belén Juste (Turismo) y Trinidad Miró (Cultura). "Gracias por estos dos regalos", dijo Johnson, "soy una gran apasionada de la Comunidad Valenciana y vamos a sacarla fuera todo lo que podamos". "Conscientes de la situación complicada, el presidente Camps ha apostado por promocionar y vender la Comunidad Valenciana", sentenció.

www.elpais.es 24.06.11

HEMISFERIO FISCALIZARÁ A ESPERANZA SIN FRONTERAS EN EL HOSPITAL DE HAITÍ

Las dos entidades forman parte de la denuncia presentada a Anticorrupción

El presidente de Esperanza sin Fronteras (ESF), Fernando Darder, dio ayer varias pistas sobre la construcción del hospital que le ha encargado la Generalitat en la localidad de Belle-Anse (Haití) por cuatro millones de euros.

El presidente de ESF insiste en que la ONG no está ligada a ninguna trama

Darder aclaró el papel de la Fundación Hemisferio en el proyecto. Esta entidad, que, junto a ESF, figura en las denuncias planteadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, a la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta existencia de una trama de desvío de fondos oficiales de la cooperación valenciana, sería la encargada, en palabras de Darder de "hacer de puente" entre la Generalitat y la propia ESF. Su tarea sería la de "oficina técnica de cooperación", es decir, certificar que las obras se han realizado en tiempo y forma, como indicó Darder. Hemisferio ha cobrado 177.779,19 euros de las aportaciones de los valencianos en las cuentas abiertas por la Generalitat para ayudar a Haití tras el terremoto de enero de 2010.

Darder también dio información sobre de dónde saldrá el millón de euros que debe aportar la ONG en la construcción del hospital. Indicó que cuenta con el compromiso de una entidad católica estadounidense, que conoce de proyectos anteriores, cuyo nombre está sujeto a confidencialidad. Este dinero, dijo, se destinará a sufragar los 30 meses que el hospital estará a su cargo antes de pasar el testigo al Gobierno haitiano. En total, el coste estimado para este periodo es de 2,5 millones de euros. El millón y medio restante se piensa obtener de "fondos de donantes" que deben alimentar aportaciones privadas.

El presidente de ESF explicó que trató de que empresas valencianas o españolas se hicieran cargo de la construcción del hospital. Al no encontrar ninguna capaz de asumir el proyecto, contactó con Acero Homes, con sede en Panamá. "Fue en Pekín, llegué a un acuerdo con un director general. Llegué a ellos a través de personas que conozco en Tailandia", indicó. "Es una empresa seria y eficiente, la que mejor se adapta a los requisitos de construcción y logística del país".

El responsable de la ONG señaló que la construcción del centro, con una duración prevista de 12 meses, comenzará cuando la Generalitat le libre los cuatro millones de la subvención.

Darder negó estar siendo investigado ni estar inmerso "en ningún entramado oscuro", en relación con la denuncia que obra en manos de Anticorrupción. "Es un proyecto de Estado, avalado por la OMS o la Fundación Bill Clinton". También rechazó que Acero Homes actúe desde un paraíso fiscal. O estar vinculado al ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco: "No lo conozco, no estoy metido en entramados ni historias, lo único que sé hacer es trabajar".

www.elpais.es 28.06.11

LA CONSTRUCTORA DEL HOSPITAL DE HAITÍ COBRARÁ CASI CINCO MILLONES

La subvención de la Generalitat a Esperanza sin Fronteras es de cuatro

AceroHomes, la multinacional de la construcción encargada de construir el hospital de la Generalitat en Haití, cobrará casi cinco millones de euros por toda la obra. "Nuestro cliente, Esperanza sin Fronteras nos indicó que el presupuesto máximo eran 5.000.000 euros, incluyendo equipamiento", respondió ayer a este diario a través de correo electrónico Alfredo Rodríguez, director ejecutivo de la empresa. A la pregunta sobre los fondos que recibirá la firma por hacerse cargo de la obra, respondió: "Aproximadamente siete millones de dólares

• Las bases exigen que la ONG pague un 20% del coste del proyecto

• AceroHomes ya trabajó con Darder en un centro de Tailandia

[4,9 millones de euros al cambio]. De los cuales parte es para la construcción, parte para el equipamiento y parte para la reforma de la clínica sanitaria existente".

En una de las últimas decisiones tomadas por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, el departamento que dirigía Rafael Blasco concedió una subvención por concurso a la ONG Esperanza sin Fronteras (ESF) por valor de cuatro millones de euros para construir un centro sanitario en el municipio haitiano de Belle-Anse, equiparlo y rehabilitar una clínica. El lunes, el presidente de ESF, Fernando Darder, explicó que encargó estas tres tareas a la multinacional de la construcción AceroHomes.

Las bases de la subvención de la Generalitat exigen que el 20% del proyecto lo debe asumir la ONG beneficiaria. Ello supone que, si el Consell aporta cuatro millones, ESF ha de poner uno. En la misma rueda de prensa del lunes, Darder explicó que una entidad católica estadounidense, cuyo nombre no ofreció por estar sujeto a confidencialidad, ha comprometido el pago de esta cantidad. ¿Servirán estos fondos para, sumados a los cuatro millones que aporta el Consell, llegar a los casi cinco millones que cobrará AceroHomes? No, según lo que dijo Darder el martes. El presidente de ESF comentó que estos fondos no estarán dirigidos a sufragar la construcción del centro, sino a garantizar su viabilidad durante los 30 meses posteriores a su construcción.

Este diario trató ayer, sin éxito de contactar con Darder para conocer de dónde saldrán los fondos que debe aportar su organización para alcanzar los 900.000 euros que faltan para pagar la construcción del hospital.

El lunes, Darder también indicó que el coste de esos 30 meses de rodaje, que tutelará la ONG hasta el traspaso del hospital y sus dependencias al Gobierno haitiano, rondaba los 2,5 millones de euros. Hasta alcanzar el millón y medio restante, anunció que crearía fondos de donantes.

El responsable de AceroHomes también indicó a este diario que el proyecto base del hospital ya estaba elaborado antes de recibir el encargo, y que se modificó para plegarse a las exigencias que plantea del concurso de la Generalitat. La empresa "posee diversos diseños de hospitales creados para usos muy diversos (clínicas, hospitales generalistas, diálisis, consultorios...) de diversos tamaños.(...) Nuestro cliente nos entregó unas especificaciones y rápidamente nos pusimos a trabajar". El director ejecutivo de la firma comentó que el proyecto del hospital de Haití fue remitido por las oficinas de AceroHomes en China. "Habíamos trabajado previamente [con Darder] para la reconstrucción de un centro de acogida de menores en Tailandia", apunta.

Desde Panamá, la empresa "cubre la zona centroamericana y del Caribe", por lo que son estas oficinas las que llevan el proyecto, aunque la sede principal está en Miami. "En China se fabrican los elementos que son preensamblados en hangares del sur de Florida". Desde allí "una barcaza realizará dos viajes a Haití" para llevar maquinaria y materiales.

www.elpais.es 29.06.11

UNA EMPRESA DE PANAMÁ HARÁ EL HOSPITAL DE LA GENERALITAT EN HAITÍ

El proyecto estaba concebido antes del terremoto, dice un portavoz

Acero Homes, una firma de construcciones prefabricadas radicada en Panamá, es la empresa elegida por la ONG Esperanza sin Fronteras para construir un hospital en el municipio de Belle-Anse (Haití). Así lo admitió el viernes Edgar, un portavoz de esta firma panameña, en una conversación telefónica con este diario, en la que indicó que el proyecto estaba concebido desde antes del violento terremoto que afectó al país caribeño en enero del año 2010.

El proyecto de construir un hospital en Haití se ha visto envuelto en la polémica sobre supuestas irregularidades en las ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional al desarrollo, ya que el departamento que encabezaba Rafael Blasco anunció inicialmente que se encargaría de la iniciativa la Fundación Hemisferio (antes Fundación Entrepueblos) y posteriormente redujo el papel de esa fundación, investigada por la fiscalía anticorrupción por su supuesto papel como centro de una trama de captación de subvenciones, a la gestión de una oficina técnica. Para la adjudicación del hospital acabó convocando un concurso.

Esperanza sin Fronteras fue la organización no gubernamental (ONG) ganadora de la convocatoria que publicó la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, por valor de cuatro millones de euros para construir el centro sanitario. De esta forma, después de año y medio tomaba cuerpo la aportación de la Generalitat Valenciana a la reconstrucción Haití. Esperanza sin Fronteras es una de las entidades a las que se hace referencia también en la denuncia planteada ante la Fiscalía Anticorrupción por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, por el supuesto desvío de fondos en las partidas de la Generalitat de ayudas a la cooperación.Desde Acero Homes indicaron que el hospital será un centro construido con materiales prefabricados. "Tiene la ventaja de que no se trata de material pesado, por lo que se transporta mejor. Además si sucede otra tragedia y se cae parte del edificio, como una pared, es fácilmente reemplazable", indicó el portavoz de la firma. "Es como una construcción de Lego".

Acero Homes, que se presenta como una empresa "dueña y operada por la compañía Nogame Consultant Inc", está basada en Panamá, país considerado un paraíso fiscal. De la gestión del futuro hospital en Haití se encarga un delegado de la firma en Miami que responde al nombre de Alfredo, con el que este diario no pudo contactar pese a los mensajes enviados vía correo electrónico. Las preguntas que no respondió el delegado en Miami se refieren al coste del proyecto y a la relación con la organización que ha hecho el encargo.

Esperanza sin Fronteras anunció la semana pasada las características del futuro hospital. El centro contará con 30 camas, área de hospitalización, quirófanos, urgencias, consultas externas, rayos y UCI pediátrica. Además de la construcción del centro sanitario, cuyo presupuesto máximo de salida ascendió a 3,45 millones de euros, el proyecto prevé la reforma de una posta sanitaria, así como acciones complementarias como la "adquisición, montaje y puesta a punto del equipamiento médico, y la realización y ejecución de un plan de suministro de materiales y herramientas".

Esperanza sin Fronteras, que ha convocado una rueda de prensa mañana para explicar la operación del hospital en Haití, tampoco respondió a la llamada de este diario sobre la empresa encargada de la construcciónl hospital.

La desaparecida Consejería de Solidaridad y Ciudadanía defendió la elección de Esperanza sin Fronteras a pesar de verse envuelta en una denuncia a los tribunales, con el argumento de que que su presidente Fernando Darder es un "reconocido cooperante".

Tras la constitución del nuevo Consell, el proyecto ha pasado a depender de la nueva Consejería de Justicia y Bienestar Social, que encabeza Jorge Cabré. El seguimiento concreto, sin embargo, seguirá en manos del director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, el mismo que llevaba el asunto con Blasco.

www.elpais.es 26.05.11

LOS FONDOS DEL CONSELL A ESPERANZA SIN FRONTERAS CRECIERON CON BLASCO

Antes, habían obtenido 38.091 euros; desde 2010 han recibido 854.051 euros

El aterrizaje de Rafael Blasco en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en el otoño de 2009 supuso el punto de partida de un incremento espectacular en las ayudas que la ONG Esperanza sin Fronteras (ESF) ha recibido de fondos de la Generalitat para proyectos de cooperación.

Esta entidad (junto a Fundación Solidaria Hemisferio, entre otras) es una de las organizaciones que figuran en la denuncia presentada a la Fiscalía Anticorrupción por las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, sobre la presunta existencia de una trama de desvío de fondos de cooperación procedentes de la Generalitat.

De los 892.142 euros recibidos por ESF en convocatorias públicas de cooperación, el 95% (854.051 euros) los recibió con Blasco al frente de la consejería, como reflejan los archivos de Solidaridad y Ciudadanía, accesibles a través del motor de búsqueda que ofrece este departamento en la web.

Hasta entonces, esta entidad solo había recibido ayudas para sufragar dos proyectos menores y referidos a campañas de sensibilización (actuaciones de difusión que no implican actuación sobre el terreno), cuando Presidencia gestionaba directamente la parcela de cooperación. En 2000 obtuvo 12.020 euros por el proyecto Mozambique revive y en 2001 26.071 por el programa Ablación, ¿Tradición o tortura?

Desde entonces, ESF no volvió a recibir fondos de la Generalitat hasta el año 2010, cuando obtuvo dos ayudas y, ya no relativas a programas de sensibilización, sino de cooperación internacional para el desarrollo. Ambos fueron en Perú. Uno de ellos, sufragado por la Generalitat con 332.232 euros, llevaba por título Fortalecimiento de la protección integral agropecuaria y seguridad alimentaria del municipio de Andahauylillas. El segundo, el Proyecto de promoción de la educación y centro de desarrollo rural, también en Andahauylillas, recibió de la consejería 247.614 euros.

Este año, ESF ha vuelto a obtener ayudas en la convocatoria de cooperación para el desarrollo y también para una iniciativa en el mismo país sudamericano. Se trata del Proyecto agropecuario de soberanía alimentaria y creación del centro de acogida para niños huérfanos y pobres 'Un mundo diferente' en la zona rural andina, municipio de Uchiza. En este caso, la subvención del Gobierno valenciano asciende a 274.205, según los datos que ofrece Solidaridad y Ciudadanía en su página web.

Pero al margen de estos fondos, ESF ha obtenido este año otras importantes ayudas, tanto en lo que respecta a su envergadura como a su financiación. Por un lado, ha recibido dos subvenciones de los presupuestos por vía nominativa (y por lo tanto directa del departamento que dirige Rafael Blasco), a través de la línea Acciones institucionales de cooperación internacional al desarrollo. Una de 200.000 euros y otra de 185.550 euros.

A este dinero se suman los cuatro millones de euros que le ha concedido Solidaridad y Ciudadanía a la entidad para construir un hospital en Haití en una resolución publicada el viernes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Con esta cifra, los fondos recibidos este año por la ONG del departamento que dirige Rafael Blasco suman más de 4,6 millones de euros. Todo ello tiene lugar en un momento de "drásticos recortes a la ayuda oficial al desarrollo", como denunció la coordinadora valenciana de ONG.

Fuentes de la consejería de Solidaridad y Ciudadanía sostienen que las ayudas a ESF obedecen a que "la Generalitat selecciona los proyectos, como en este caso, mediante convocatorias públicas y a partir de requisitos legalmente establecidos que se cumplen con todas las garantías exigibles".

ESF, por su parte, señala que esta entidad opta, "como cualquier otra ONG que acredite los requisitos administrativos y de experiencia establecidos en las convocatorias públicas anuales que publica la Generalitat, a la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo". Respecto al incremento de ayudas "ESF ha presentado unos proyectos de gran calidad que han sido muy bien valorados por la Generalitat y han sido seleccionados para ser financiados", aduce la entidad.

La ONG dejó el país caribeño en enero por falta de recursos

Esperanza sin Fronteras se desplazó a Haití tras el violento terremoto que asoló el país en enero de 2010. Un año más tarde, anunció que dejaba el país por haberse quedado sin fondos. En la nota de prensa que emitió la organización para explicar su salida del país, su presidente, Fernando Darder, comentó que el motivo de su salida, pese a los esfuerzos de la entidad, eran "la falta de recursos económicos y de ayudas".

Solidaridad y Ciudadanía quitó importancia a esta circunstancia, tras hacerse público el viernes que ESF será la encargada de poner en marcha un hospital en Haití, un encargo valorado en cuatro millones de euros y pagado por la Generalitat. El problema que sufrió Esperanza sin Fronteras "ha afectado a decenas de ONG como consecuencia de las condiciones propias de un país que ha sufrido una de las catástrofes humanitarias más terribles de los últimos años". Además, "Esperanza sin Fronteras, que tiene experiencia en Haití entre otros países de pobreza extrema, cumple todos los requisitos que exigía la convocatoria pública y, por ello y por ser un buen y excelente proyecto, ha sido seleccionada", explicaron.

El presidente de Esperanza sin Fronteras también dio a este diario su versión de la salida de Haití, a través de un mensaje electrónico desde Tailandia. La entidad, dijo, "contó con las aportaciones iniciales de diferentes donantes que permitieron la creación del campo y su puesta en marcha, organización y funcionamiento". Pasado un tiempo, "y ante la imposibilidad de obtener más fondos, ESF entregó la responsabilidad de atender el campo de refugiados en el que sobreviven más de 2.000 personas a la organización internacional Wolrd Visión".

En otra nota, en la que ESF explica que el centro sanitario que construirá en la localidad de Belle-Anse tendrá 30 camas, quirófano y UCI pediátrica, la ONG destaca que esta organización "está especializada en atender situaciones de emergencia". Fernando Darder también recuerda que recibió la medalla de la Unesco por la paz y la cooperación en 2009.

Un año antes, la Diputación de Castellón apoyó una propuesta para la concesión del premio Príncipe de Asturias de la concordia a Darder. La candidatura la impulsó la propia ESF.

www.elpais.es 20.06.11

BLASCO ENCARGA EL HOSPITAL DE HAITÍ A UNA ONG DENUNCIADA AL FISCAL

Esperanza sin Fronteras obtiene la subvención al año y medio del seísmo

El consejero en funciones de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha cerrado en el tiempo añadido de su mandato la construcción de un hospital en Haití como ayuda al país tras el devastador terremoto de enero de 2010. La Generalitat ha concedido los tres lotes de la subvención por una suma total de cuatro millones de euros a Esperanza sin Fronteras (ESF).

La decisión se tomó en el Consell del 3 de junio y aún no está publicada

El coste total de la iniciativa está valorado en cuatro millones de euros

Esta ONG es una de las entidades que investiga la Fiscalía Anticorrupción por su vinculación a la presunta trama de desvío de ayudas de cooperación que gestiona la consejería y que destaparon las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, en octubre. Normalmente, el ministerio público dispone de seis meses para analizar la documentación que recibe y elegir entre presentarla al juez, archivar la denuncia o pedir una prórroga. En este caso, Anticorrupción solicitó seis meses más de plazo ante la elevada cantidad de información recibida relacionada con las presuntas irregularidades de las organizaciones aludidas.

La decisión de conceder a ESF tanto la construcción del complejo sanitario (3,45 millones de euros), como la reforma de la posta sanitaria de Belle-Anse (100.000 euros), y la adquisición y montaje del equipamiento médico y la elaboración de un plan de suministro (450.000 euros) se tomó en la reunión del Consell del pasado 3 de junio, según fuentes oficiales del departamento de Blasco. Pese a que aún no se ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el acuerdo es firme, independientemente de que el consejero cambie de cartera o se quede fuera del Consell.

Al margen de esta convocatoria pública, Esperanza sin Fronteras ya ha recibido este año, al menos, otras dos ayudas del departamento que dirige Blasco. Una es nominativa, correspondiente al programa 134.10 de los presupuestos -acciones institucionales de cooperación al desarrollo-, que asciende a 185.550 euros. Otra es de 274.205 euros y corresponde a la partida de proyectos y microproyectos de cooperación.

Fuentes de la cooperación valenciana en Valencia consideran a ESF una entidad "muy personalista" organizada en torno a su presidente, Fernando Darder, un antiguo reportero de guerra con fama de "excéntrico". Solidaridad y Ciudadanía defendió ayer su elección con el argumento de los 35 proyectos de cooperación desarrollados por la entidad, entre ellos, actuaciones de emergencia en Haití tras el seísmo. La consejería describe a Darder como "un reconocido cooperante" que recibió en 2009 la medalla de la Unesco por la paz y la cooperación internacional.

La Generalitat ha tardado año y medio en encargar la ayuda acordada para socorrer a las víctimas del terremoto del país caribeño. La idea inicial del Gobierno valenciano, a través del Comité de Acción Humanitaria y emergencia, fue construir una "microciudad" en Haití. "Un proyecto emblemático" al que se enviarían voluntarios como "expresión de la solidaridad valenciana", indicó Blasco en febrero de 2010. El presupuesto previsto era de seis millones de euros.

Meses más tarde, se dio un golpe de timón. Ya no se construiría una miniciudad, sino un hospital. Inicialmente se encargó el proyecto a una ONG sin experiencia sanitaria y de corta trayectoria en el mundo de la cooperación (tenía dos años de vida): la actual Fundación Solidaridad Hemisferio (por entonces aún era Solidaria Entre Pueblos, pero una sentencia judicial le obligó a cambiar el nombre por su similitud con la ONG Entrepueblos). Esta entidad también ha sido denunciada ante la fiscalía.

Tras un amago de encargar la construcción del centro sanitario a una empresa estadounidense (Orion, radicada en Miami), elegida por la propia Fundación Hemisferio "por la calidad de sus productos, la proximidad al lugar y su relación precio-prestaciones", la consejería reculó y dijo que sacaría a concurso el hospital. Esto sucedió en octubre de 2010. En abril se publicó el concurso en el DOCV.

Por el camino, Hemisferio ha recibido del departamento de Blasco 177.779,19 euros donados por los valencianos y recaudados por la Generalitat tras el trágico seísmo con el encargo de gestionar los trabajos previos a la construcción del hospital.

Solidaridad y Ciudadanía sostiene que "el contexto socioeconómico y la crisis institucional y política de Haití" es "la única explicación" del tiempo transcurrido entre que se tomó la decisión de ayudar al país caribeño y la adjudicación del proyecto. La consejería también defiende a la Fundación Hemisferio: "La oficina técnica encargada del seguimiento y control del proyecto ha justificado semestralmente la labor realizada y ha informado a la consejería de todo el proceso".

Reciclado y sin convocatoria pública

En 2010, la Fundación Solidaria Hemisferio (entonces aún Fundación Solidaria Entre Pueblos) solicitó a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ayudas de los fondos de cooperación para la iniciativa Rehabilitación del centro Carlos Diarte para la reinserción y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida del barrio de Santa María y barrio Molinos en Asunción (Paraguay). El proyecto se quedó sin ayudas por motivos técnicos.

Este año, la Agrupación Cívica Intercultural Hispano-Guineana-Ceiba ha tenido más suerte con el mismo proyecto, reciclado, y un título ligeramente modificado: Rehabilitación del centro Carlos Diarte para empoderamiento de madres adolescentes y fortalecimiento de la infancia y juventud más desfavorecida de los barrios de Santa María y Molinos.

Para ello no le ha hecho falta concursar con otras entidades en convocatorias públicas. La consejería que gestiona Rafael Blasco lo financia a través de una partida de los presupuestos de la Generalitat de línea nominativa.

¿Cómo se explica este diferente criterio, con el agravante de que la entidad beneficiada del proyecto en Paraguay tiene como principal ámbito de actuación las relaciones hispanoguineanas?

"El proyecto se consideró idóneo en el momento de su presentación" en 2010, según Solidaridad y Ciudadanía. "Con posterioridad se advirtieron algunos defectos formales que no fueron subsanados. Como sus objetivos coincidían con los fines que impulsa la cooperación valenciana, se asumió más tarde al comprobar que cumplía todos los requisitos", añaden.

Tanto Hemisferio como Ceiba forman parte de las ONG denunciadas a la Fiscalía Anticorrupción por la presunta captación de subvenciones de la Generalitat.

www.elpais.es 14.06.11

 BLASCO DA UN MILLÓN DE EUROS A ENTIDADES QUE INVESTIGA EL FISCAL

La coordinadora de ONG critica el recorte de ayudas a la cooperación

Cuatro entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación con las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía sobre la gestión de ayudas a la cooperación han vuelto a recibir importantes subvenciones del departamento que dirige Rafael Blasco. Fundación Hemisferio -anteriormente conocida como Entrepueblos- ha obtenido 234.518 euros, Esperanza Sin Fronteras 274.205, Fudersa 270.761 y Asa de África 270.761. En total, las cuatro organizaciones han recibido 1.049.819,27 euros de los 7,6 millones otorgados en la convocatoria de ayudas a programas, proyectos y microproyectos de cooperación que ayer publicó el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Todas ellas se encuentran en el expediente entregado a la fiscalía por la diputada de Compromís Mireia Mollà relativo a una presunta trama organizada para obtener subvenciones. Los presupuestos de la consejería que dirige Rafael Blasco ya contemplaban ayudas de 1,01 millones de euros en total a Fudersa, Esperanza sin Fronteras y Ceiba -esta última también inmersa en la investigación- a través de distintas partidas.

La Fiscalía Anticorrupción trabaja en otra investigación que tiene su origen en la documentación entregada por la diputada Clara Tirado, del PSPV, relativa a las subvenciones concedidas por Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Sobre estas ayudas, la Sindicatura de Comptes ha detectado "incidencias significativas". En un informe especial reveló que 1,1 millones de euros pagados no están suficientemente acreditados después de que la fundación comprara dos pisos con el dinero de la subvención y la consejería le reclamara justificantes por otros conceptos. La Fundación Cyes, que obtuvo en 2008 dos subvenciones de 833.000 euros cada una, incumplía los requisitos para acceder a las ayudas al no tener la experiencia exigida ni concurrir junto a otra ONG, según la Sindicatura.

A esta cuestión, al reparto de las ayudas y al recorte de las subvenciones se refirió ayer la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CVONGD), la entidad que agrupa a las ONG de más solera en la cooperación valenciana. La coordinadora considera que las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura "abren interrogantes sobre los procesos seguidos por Solidaridad y Ciudadanía tanto en la adjudicación de las ayudas como en la justificación de las mismas". Por ello, reclaman "la realización de una evaluación externa e independiente que verifique las labores que se debían haber llevado a cabo".

La coordinadora se muestra "sorprendida" por la concesión de ayudas en la reciente convocatoria a entidades "que están siendo investigadas por su mala gestión de fondos de cooperación". Pero también a ONG "de reciente creación" o prácticamente desconocidas. El comunicado de la coordinadora no entra en detalle sobre estas ONG. Distintas fuentes del entorno de la cooperación citan los nombres de Cazadores Solidarios, Soñadores Despiertos, Fundación Chinguetti, Fundación Concordia o Consenso Estratégico para la Solidaridad con África.

Frente a éstas, otras ONG "de prestigio y trayectoria consolidada" se han quedado sin ayudas, lo que "interrumpe procesos de desarrollo y acciones ya iniciadas en los países del sur". Sería el caso, según las mismas fuentes, de Atelier, Ingeniería sin Fronteras, Fundació Pau i Solidaritat, Musol o Solidaritat Internacional.

La coordinadora también censura los "drásticos recortes" que está sufriendo la ayuda al desarrollo. La Ley de Cooperación, que impulsó el PP, recoge que el Consell debe destinar el 0,7% de los presupuestos a proyectos de cooperación. Según los datos de la coordinadora, este porcentaje no supera el 0,18% y el dinero destinado al programa de cooperación ha descendido desde 2008. Entonces, el total de convocatorias sumó 37,9 millones de euros. Las de este año alcanzan los 13,3 millones, de las que 7,6 corresponden a las subvenciones concedidas ayer. "Estas cifras confirman la tendencia a la baja de los últimos cuatro años y que representan un recorte del 56,29%".

www.elpais.es 15.04.11

EL FISCAL MANTIENE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

Profesionales e industriales de Castellón en la fundación, bajo sospecha

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía presentadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís. El ministerio público tiene, como norma general, seis meses para investigar antes de presentar denuncia ante un juez, archivar el caso o solicitar una prórroga. La Fiscalía Anticorrupción dispone, en cambio, de un año, dada la complejidad que normalmente tienen los asuntos que trata. En el caso de las denuncias relacionadas con las subvenciones de la consejería de Rafael Blasco, señalan fuentes jurídicas, es muy probable que la investigación continúe aún varios meses más debido a la gran cantidad de datos que las diputadas entregaron a la fiscalía en octubre sobre las supuestas irregularidades.

El presidente de la entidad beneficiaria está condenado por apropiación indebida

El Síndic señala que 1,1 millones de las subvenciones no están acreditados

Ayer, Blasco trató de quitar importancia a las "incidencias significativas" detectadas por la Sindicatura de Comptes en dos subvenciones que su consejería concedió a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Las irregularidades sobre estas ayudas son una de las cuestiones sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la investigación en curso, unas irregularidades que fueron denunciadas por la socialista Clara Tirado.

Blasco indicó ayer que el informe de la Sindicatura no habla "ni de irregularidad ni de ilegalidad", a pesar de que admitió que todos los expedientes "son mejorables". El documento de la Sindicatura revela que la Fundación Cyes incumplió los requisitos establecidos para recibir ayudas a la cooperación internacional de la consejería. Ni tenía la experiencia exigida, ni concurrió junto a otra ONG.

La Fundación Cyes -que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre- obtuvo en 2008 dos subvenciones del Consell de 833.000 euros cada una para proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero compró dos pisos en Valencia, situación que estaba prevista en los proyectos presentados y que decidió subvencionar la consejería. Cuando ya se había ingresado el dinero de las subvenciones a la fundación y esta había adquirido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, como "oficina técnica", unos entresuelos a los que trasladó su sede, el departamento de Blasco pidió nuevas facturas que justificaran que el dinero se había destinado a un fin adecuado.

Sin embargo, la Sindicatura concluye que, tras rechazarse los justificantes de las compras de los pisos y aportarse los nuevos, la consejería no comprobó "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

De todos estos reproches -"incidencias significativas" en la expresión de la Sindicatura- Blasco extrajo la conclusión de que "el informe avala toda la actuación de Solidaridad y Ciudadanía". Sin embargo, el informe es muy claro al indicar que considera que 1,1 millones de euros de los poco más de 1,6 millones que suponían las subvenciones, no están debidamente acreditados y los expedientes "deberían completarse para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados, por lo que la consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar las justificaciones".

La Fundación Cyes está presidida por Marcial López López, que el pasado 21 de marzo fue condenado por apropiarse de 240.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón, en un episodio en el que estuvo involucrada también la fundación a finales de los años noventa. Junto a López, que posee una pequeña participación del 9,5% del capital, son socios de la Fundación Cyes, según los datos del registro, Vicente Francisco Gumbau Ortells, propietario de una empresa de artes gráficas, con el 38,1% del capital; José Vicente Martí Tarazona, ginecólogo, que dispone del 23,8%, Isabel Montesinos Escrig, con el 19%, y Vicente Garcés Barreda, dedicado a negocios de hostelería, con otro 9,52%.

La propia Sindicatura señala en su informe los límites de la revisión efectuada sobre las subvenciones a la Fundación Cyes, que no ha consistido en "una fiscalización de regularidad", más completa, y recuerda también que los dos expedientes revisados obran en poder la fiscalía.

Por otra parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra criticó que la Mesa de las Cortes (ahora de la Diputación Permanente, al estar disuelta la Cámara) se negara a facilitar el informe de la Sindicatura de Comptes a su grupo.

www.elpais.es 14.04.11

LA COORDINADORA DE ONG PIDE UNA EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO

El colectivo destaca las "irregularidades" detectadas por el Síndic de Comptes en las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales

La Coordinadora Valenciana de ONG (CVONGD) ha exigido "una evaluación externa e independiente" que fiscalice las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanaza a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización más representativa de la cooperación valenciana, se refiere al informe de la Sindicatura de Comptes sobre la concesión de estas ayudas, que fueron utilizadas en un principio para adquirir inmuebles, e insiste en que en él se ponen de relieve la existencia de "irregularidades" en el proceso de adjudicación de las ayudas.

La Sindicatura, en su opinión, "cuestiona la propia adjudicación de los proyectos en su fase de concurso", ya que la Fundación Cyes no cumplió con el requisito de presentar una "candidatura en red", tal y como exigen las bases de la convocatoria de grandes proyectos a la que optó en la consejería, dirigida por Rafael Blasco.

"Otra de las irregularidades detectadas en esta primera fase hace referencia al porcentaje del total de las ayudas de las partidas dedicadas a adquisición, construcción y reforma de inmuebles, ya que el 64% de estos gastos se iban a realizar en la Comunidad Valenciana lo que de nuevo incumple las bases de la convocatoria", advierten. La consejería, ya pagada la subvención, no aceptó las facturas de los inmuebles, pero no comprobó si los servicios que constaban en los justificantes que envió después la Fundación por valor de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" realizados en el marco del proyecto, según la Sindicatura.

Así, sobre la justificación de los gastos, el informe, según destaca la Coordinadora, apunta que no se realizó una comprobación "in situ" que verificara que tales gastos se produjeron y que el proyecto cumplió con los objetivos que tenía previstos en su formulación, por lo que "sería conveniente una evaluación externa independiente".

La Coordinadora también resalta, aunque no aparece en el informe de la Sindicatura, que no se presentaron los movimientos y transacciones bancarias que deben acompañar las facturas para evidenciar los gastos producidos en el terreno, y añaden que eso también hace necesario auditar la cuenta del proyecto.

"Consideramos de suma importancia la realización de una evaluación externa e independiente que verifique el desarrollo de las labores que se debían haber llevado a cabo en Nicaragua; tanto por respeto a la población beneficiaria del proyecto como por criterios de transparencia y veracidad de las acciones de cooperación", sostienen.

Para el colectivo de ONG, "en proyectos de una magnitud económica como los aquí citados, que superan el millón de euros, una evaluación externa independiente debería ser imprescindible, tal y como se recoge en las bases". Este caso "revela" que la crisis que se atraviesa "no es solo económica, sino también de valores", por lo que pone de relieve "el compromiso y la experiencia de la mayoría de las ONGD con trayectoria", y hace un llamamiento a las administraciones públicas y a determinadas organizaciones para que recuerden "para qué y para quién trabajan".

www.elpais.es 14.04.11

LA FUNDACIÓN CYES LOGRÓ AYUDAS DE BLASCO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

La Sindicatura desvela que la ONG proyectó de inicio la compra de pisos

Las ayudas millonarias concedidas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) por parte de la Consejería de Solidaridad, que dirige Rafael Blasco, estuvieron repletas de "incidencias significativas", según el informe especial realizado por la Sindicatura de Comptes a instancias del propio consejero afectado.

El análisis de la documentación realizado por la Sindicatura desvela que la fundación Cyes -no confundir con la constructora del mismo nombre- incumplió los requisitos fijados para obtener ayudas a la cooperación del departamento de Blasco. Cyes no solo carecía de la experiencia previa exigida, sino que tampoco concurrió en agrupación con otra o varias ONG.

Esta fundación logró en 2008 dos subvenciones del Consell, de 833.000 euros cada una, destinadas a sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero la Fundación Cyes compró dos pisos con garaje en Valencia. A la hora de justificar con facturas las subvenciones, la consejería de Blasco detectó la grave irregularidad y pidió otros justificantes, que se entregaron casi año y medio más tarde. De esas facturas alternativas, 1,16 millones de euros no están adecuadamente acreditados, según el órgano auditor.

Sin embargo, Cyes no engañó a nadie. La Sindicatura de Comptes explica que, tanto en los proyectos presentados como en las facturas proforma, "consta expresamente que del total de la ayuda solicitada" más de la mitad iba destinada "a la adquisición de un inmueble sito en la ciudad de Valencia y destinado a servir de oficina técnica coordinadora de tareas relacionadas con ayudas solicitadas o a solicitar". En total, estaba previsto gastar en la compra de los pisos con garaje el 53,2% del presupuesto del primer proyecto presentado y el 52,5% del segundo.La fundación Cyes previó incluso destinar el 11% de la ayuda recibida de Blasco para su primer proyecto a la reforma de los pisos, según detalla la Sindicatura. Se trata de un ejemplo sangrante, ya que bajo el epígrafe Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles se presupuestaron 91.637 euros para reformar los pisos y 18.000 euros para la perforación de dos pozos de agua en Nicaragua. El órgano auditor también destaca la celeridad de la Consejería de Solidaridad para pagar la subvención "en su totalidad, de forma anticipada", antes incluso de que se reformulase el proyecto de Cyes ante el departamento que dirige Rafael Blasco.

La Sindicatura de Comptes advierte también de que, tras rechazarse los justificantes referidos a la compra de los inmuebles y presentarse otros distintos, no se ha podido comprobar "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

El informe de la Sindicatura de Comptes relativo a la concesión de las ayudas del Consell a Cyes cuenta con un voto particular del síndico Antonio Mira-Perceval. Es la primera vez en toda su historia que en un informe de la Sindicatura se incluye un voto particular. En su razonamiento Mira-Perceval cree que el informe tendría que remarcar que "no existe constancia" de que la fundación Cyes haya pagado 1,16 millones cuyo gasto no se ha acreditado adecuadamente por lo que la consejería "debería haber iniciado el correspondiente expediente" para recuperar las subvenciones otorgadas a la ONG.

El voto particular también discrepa del alcance de la fiscalización -considera que hubiese sido necesario realizar trabajo de campo en Nicaragua para comprobar la veracidad de lo declarado- y alerta sobre el elevado gasto de asesoramiento (416.000) euros en comparación con el coste de los proyectos. En su escrito, el síndico discrepante advierte de que las facturas emitidas por servicios de asesoramiento se realizan con posterioridad al inicio de los proyectos, en unos casos. En otros son emitidas por una empresa en la que figuran personas que estuvieron en nómina de la fundación Cyes durante la fecha de emisión de la factura.

Ante la contundencia del informe de la Sindicatura, que deja entrever que una auditoría de mayor profundidad podría sacar nuevas conclusiones, el departamento que dirige el consejero Rafael Blasco insistió en mantener el discurso de la conspiración. La Consejería de Solidaridad acusó a los socialistas de orquestar una campaña contra la cooperación valenciana. Para el Consell, del informe de la Sindicatura "puede concluirse que los gastos subvencionados, además de estar válidamente acreditados, han cumplido con el objetivo de los proyectos para los que están destinados".

Lo que dice la Sindicatura y lo que arguye la consejería

- Compra de pisos. La Sindicatura indica que en los expedientes de Cyes constaba expresamente que más de la mitad de las ayudas se gastarían en comprar inmuebles en Valencia. 443.470 euros del primer proyecto (53,2%) y 437.658

(52,5%) del segundo. Otros 91.637 euros (11%) del primer proyecto se destinaban a reformar los pisos.

- Cambio de justificantes. En la fase de justificación la consejería rechazó los justificantes de los inmuebles y admitió otras facturas, aunque no comprobó si estas correspondían "a gastos necesarios para los fines de la subvención"

- Dinero a tocateja. El Consell pagó las subvenciones de manera anticipada el 11/9/2008 sin que Cyes hubiese reformulado sus proyectos hasta el 30/10/2008.

- Interpretación errónea. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en octubre de 2010, afirmó: "Nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes". La consejería insistió ayer en acusar al PSPV de interpretar de manera "errónea e interesada" el informe de la Sindicatura.

- Correcta gestión. La Sindicatura afirma que 1,1 millones de subvenciones a Cyes no están adecuadamente justificados. Pese a ello, la Consejería de Solidaridad interpreta que el informe "reconoce la correcta gestión" de las ayudas.

- Cobertura legal. La consejería que dirige Blasco solo arguye que tiene cobertura legal para pagar por anticipado las subvenciones a la cooperación.

www.elpais.es 13.04.11

El Síndic detecta 1,1 millones sin acreditar en las ayudas de Blasco

El informe apunta que no se comprobó si los servicios se han prestado

Pocas veces un informe a petición de parte habrá resultado tan poco favorable a quien lo ha solicitado. El informe especial sobre dos polémicas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) fue reclamado por las Cortes Valencianas a la Sindicatura de Comptes a iniciativa del portavoz popular y consejero del departamento afectado, Rafael Blasco. Ayer fue entregado a la Cámara, y revela numerosas deficiencias e irregularidades en los expedientes. Entre ellas, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, destacan la falta de acreditación de 1.168.281 euros en justificantes aceptados por la consejería de Blasco, y el hecho de que no se ha comprobado si las facturas corresponden a servicios que se han prestado "efectivamente" en el lugar que corresponde.

·   Las ayudas otorgadas en 2008, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua, pero con ellas la Fundación Cyes adquirió sendos entresuelos con garaje en Valencia al poco de cobrar el importe, como denunció la diputada socialista Clara Tirado ante la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abierta una investigación al respecto.

El departamento de Blasco, que no reclamó la devolución del dinero gastado indebidamente, asegura que exigió a la entidad otro tipo de justificantes entre finales de 2009 y marzo de 2010 y que esta los aportó. La Sindicatura, a la que Blasco propuso que fiscalizara los expedientes con la intención de ver refrendada su gestión, asegura en cambio que la adquisición y reforma de los inmuebles estaban incluidas en los proyectos aprobados y añade que, una vez los pisos ya se habían adquirido, la consejería "rechazó debidamente los justificantes", pero advierte que, tras la aceptación de nuevas facturas, no han quedado debidamente justificadas las subvenciones.Al analizar el expediente de las subvenciones, la Sindicatura de Comptes detalla que, aun después de haberse reclamado a la Fundación Cyes una reformulación de sus proyectos iniciales, con una reducción del importe subvencionable, estos incluían un apartado para adquisición de inmuebles. Este apartado representaba el 53% en un proyecto y el 52% en el otro de toda la subvención, a lo que hay que sumar otro 11% destinado a su reforma. Lo que quiere decir que hasta un 64% del importe era para los pisos.

"La consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar la justificación de estas subvenciones", señala la Sindicatura. Y añade, según Europa Press, que no se ha realizado por parte del departamento que dirige Rafael Blasco una comprobación in situ de la realización de las obras, servicios y actividades subvencionadas.

Los proyectos se referían a la perforación de dos pozos, en un caso, y la mejora de cultivos, en el otro, ambos en el municipio nicaragüense de Totogalpa. Por no comprobar, como explica la Sindicatura, no se han revisado certificados ni informes de ejecución "que obran en el expediente" ni se han practicado comprobaciones en la contabilidad de las entidades beneficiarias, a fin de certificar que los gastos se correspondían con trabajos previstos en los proyectos de cooperación al desarrollo que habían sido subvencionados.

Un mejor control

El informe de la Sindicatura de Comptes, que ya advierte de irregularidades en la misma concesión de las ayudas cuando señala que en el expediente no existe documentación justificativa del cumplimiento por la Fundación Cyes de "los requisitos de experiencia previa exigidos", insiste en que, tras la aceptación de justificantes y facturas por conceptos diferentes a la adquisición de los dos pisos en Valencia, dada la cuantía de los gastos de asistencia técnica y seguimiento de los proyectos, "hubiera sido más adecuado para un control más eficaz que se ampliara el detalle y características de los trabajos técnicos realizados".

La Sindicatura recomienda en su informe una "mayor concreción" en los informes técnicos externos y en los expedientes y aconseja "para un mejor control", que en casos como el de la Fundación Cyes el pago de las subvenciones se realice posteriormente, y no como hizo la consejería, que anticipó todo el dinero a la entidad beneficiaria un mes antes de que presentara la primera reformulación del proyecto.

Luna afirma que Blasco "colaboró" con las irregularidades de las subvenciones

Los socialistas destacan que el informe del Síndic de Comptes considera que la consejería no comprobó los servicios prestados con las ayudas

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángel Luna, considera que el informe de la Sindicatura de Comptes sobre dos expedientes de ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadana a la ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), realizado a petición de las Cortes, pone de manifiesto que el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "ha mentido" y "ha colaborado de manera clara con las operaciones que hubo detrás de la Fundación Cyes".

Informe del Síndic de Comptes

DOCUMENTO (PDF - 1,9Mb) - 12-04-2011

Esa ONG recibió en 2008 dos subvenciones para proyectos en Nicaragua, de 833.000 euros cada una, con las que la fundación compró sendos entresuelos con garaje en Valencia, como denunciaron los socialistas a la Fiscalía Anticorrupción. La consejería, ya pagada la ayuda, rechazó "debidamente" la compra de los inmuebles, como afirma el informe del Síndic, pero no comprobó si las nuevas facturas por importe de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" prestados al pueblo de Nicaragua objeto de las ayudas.

Luna ha comparecido acompañado de la portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado para analizar el informe. Blasco ha anunciado querellas contra ambos por denunciar las supuestas irregularidades. Según el portavoz socialista, el Síndic "confirma todas y cada una de las acusaciones que los socialistas, especialmente Clara Tirado", han hecho en las Cortes. Asimismo, ha recordado que Blasco "dijo que se iría a casa si hubiera habido irregularidades".

Al respecto, ha señalado que el escrito del Síndic pone de manifiesto que "las ha habido de todos los colores, desde el principio desde el procedimiento, hasta el final", por lo que le ha preguntado si "mantiene lo que dijo o no", es decir, "si se va o no se va". Luna también ha preguntado al consejero de Solidaridad "para quién eran los pisos que se compraron con dinero de las dos subvenciones". ¿Qué trama o que pseudopartido político iba a tener su sede en estos dos pisos?", le ha interrogado el portavoz socialista en relación con una anotación de la trama Gürtel que revela el supuesto interés del PP valenciano en crear una formación política que restara votos al PSPV-PSOE.

Sobre este asunto, ha manifestado: "estamos acostumbrados a las dos cosas viniendo de la consejería de Blasco: tramas en torno a las subvenciones públicas y partidos políticos para confundir al electorado". Del mismo modo, se ha preguntado: "¿Dónde están los de Cyes, que no salen a dar la cara y a decir éstas son mis cuentas?". Y se ha contestado: "Ni están ni se les espera". Asimismo, ha señalado que "a la vista de que no se han justificado 1.100.000 euros, habrá que declararlo". La consejería "no ha hecho "nada", solo "tratar de confundir como siempre".

En cuanto a los pisos, el "objeto del problema", el dirigente socialista ha indicado que, según el escrito del Síndic, "estaban contemplados desde el principio en la solicitud del proyecto y seguían contemplados en la reformulación del proyecto que se hizo el 30 de octubre de 2008". Asimismo, ha señalado que los justificantes admitidos por Blasco como sustitutivos del importe de los pisos "son en realidad, como dice el informe, aportaciones locales de los socios nicaraguenses del proyecto, nunca aportaciones o facturas que puedan justificar el dinero recibido de las subvenciones".

En este sentido, ha señalado que es "imposible que ese 1.100.000 euros que acreditaron con este tipo de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalentes sea dinero que han recibido de las fundaciones que han empleado en algo relativo a la operación". Por el contrario, Solidaridad y Ciudadanía defiende que el informe de la Sindicatura de Comptes "avala" su actuación y desmonta la campaña de "manipulación" desarrollada por el PSPV-PSOE.

Según la consejería, el informe no revela "irregularidad alguna en la concesión de ayudas a la cooperación". No obstante, se compromete a tomar nota de las recomendaciones de la Sindicatura para "fortalecer y garantizar" el control sobre los expedientes de las subvenciones y asegura que las incorporará a los procesos de concesión de ayudas.

www.elpais.es 12.04.11

BLASCO PRESUPUESTA MUCHO Y GASTA POCO EN COOPERACIÓN

Los recortes y la baja ejecución impiden llegar al objetivo

La imagen es lo que importa. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presume de ser uno los que mayores partidas de dinero destina proyectos solidarios en toda España. Lo que omite su departamento es que es uno de los que menos gasta.

Solidaridad gastó en 2009 el 40% de lo consignado para ayuda al desarrollo

Según el informe del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) de 2011, la Comunidad Valenciana es la que más gastará este año en cooperación, tan solo por detrás de Andalucía. Los más de 94 millones de euros consignados por el Consell colocan a la Generalitat en segundo lugar de todos los gobiernos autonómicos, a mucha distancia de Cataluña, que ocupa el tercer lugar con menos de 55 millones consignados este año.

El departamento que dirige Rafael Blasco presume de haber adaptado la ayuda oficial al desarrollo "a la situación actual, con unos presupuestos reales, solidarios y austeros pero sin olvidar el compromiso alcanzado para erradicar la pobreza".

"Somos la primera comunidad que más fondos va a destinar el presente año a los proyectos de cooperación al desarrollo", sentencian.

Sin embargo, una cosa es prometer y otra dar trigo. El documento que evalúa el PACI de 2009 reveló que la Generalitat que tenía una previsión de ayuda oficial al desarrollo de 98,6 millones de euros sólo se gastó 39,7%, una cifra muy alejada de la media de las comunidades autónomas (que se situó muy cerca del 80%) y del 97,6% del Gobierno de España.

El análisis de las cifras reales de gasto -el presupuesto ejecutado, no el inicial- reveló que el Consell destinó a la cooperación al desarrollo un porcentaje del 0,27%, muy lejos del 0,7% que viene publicitando desde hace años. Pese a ello el 0,27% estaba dos décimas por encima de la media de las comunidades autónomas.

Respecto al año pasado, la liquidación provisional de las cuentas todavía esta pendiente de conocerse, aunque las modificaciones de crédito publicadas reciente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) permiten asegurar que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía gastó bastante menos de lo presupuestado.

Es lo que se desprende de los cambios en el presupuesto aprobados en octubre pasado y dados a conocer esta última semana. Así, una cantidad superior a los cuatro millones de euros destinados a subvencionar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otra cifra cercana a 1,5 millones destinados a financiar programas de cooperación al desarrollo se retiraron del presupuesto de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía para atender el retraso en las ayudas a los dependientes y sus familiares.

La política de cooperación está inmersa en un rosario de polémicas, que incluye irregularidades en las subvenciones otorgadas por la consejería, patrocinios de dudosa rentabilidad y contrataciones discutidas por parte de los grupos de la oposición. Tanto los socialistas como el grupo parlamentario de Compromís han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción distintas subvenciones aprobadas por la consejería que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.

www.elpais.es 13.03.11

EL JEFE DE COOPERACIÓN NAVEGA EN EL BARCO QUE SUBVENCIONA BLASCO

Marc Llinares participó en una regata días antes de que se publicara el caso

El jefe del área de Cooperación de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Marc Llinares, navega en el barco que subvenciona el departamento del que forma parte, encabezado por Rafael Blasco. Lo hacía, por lo menos, antes de que EL PAÍS publicara que Blasco subvenciona el barco de un amigo de Llinares, el pasado día 6 de marzo. Como recogen las imágenes descargadas de la página web del Club Náutico de Dénia, el jefe del área de Cooperación, amigo del propietario del barco, José Luis Maldonado, formaba parte de la tripulación del velero que, con el nombre de Solidària, la marca de la Generalitat destinada a la divulgación de las actividades de ayuda al desarrollo, participó en la regata de la cuarta manga del Trofeo Invierno, el último fin de semana de febrero.

La presencia de ambos cuestiona que la consejería no supiera nada

El hecho contrasta con las afirmaciones de Maldonado, impulsor de la entidad Punto Cero Solidario, a través de la cual recibirá subvenciones el barco en 2011, que asumió inicialmente toda la responsabilidad por haber usado la marca Solidària en su barco desde el pasado año 2010 en diversas competiciones e, incluso, para la firma de convenios con clubes náuticos y patrocinadores sin contar con ningún acuerdo oficial con el departamento de Blasco. "La aparición de la campaña Solidària en el barco", señaló entonces Maldonado, "se ha utilizado de manera puntual a modo de tanteo y estudio, no teniendo la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ninguna responsabilidad y/o participación en dichas acciones".

Maldonado es amigo de Llinares, a quien vendió un motovelero en 2009 y cuya esposa le sucedió como administradora de la empresa Eurodomótica en 2005 antes de disolverla. La presencia de ambos en la tripulación del barco en aguas de Dénia cuestiona la explicación de que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía no tenía nada que ver con el uso de la marca Solidària en el barco de Maldonado.

Tras estallar el escándalo, la consejería de Blasco asumió que el barco, que participa en regatas de la clase cruceros R-1 y cuyo nombre real es Jazztevale, recibirá la subvención pese a haber utilizado el nombre de Solidària sin convenio alguno. Es más, Punto Cero Solidario, entidad de reciente creación que cuenta con una subvención directa este año de 97.000 euros, acabará teniendo alguna participación en las actividades de la mencionada campaña de sensibilización.

www.elpais.es 17.03.11

BLASCO LANZA UNA CAMPAÑA EN MEDIO DE NUEVOS ESCÁNDALOS DE COOPERACIÓN

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presentó ayer Solidària, una campaña de difusión de la cooperación valenciana, en medio de nuevos escándalos sobre su gestión. Uno de ellos está, precisamente, relacionado con esta campaña, ya que el barco de un amigo del jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ha venido utilizando la marca Solidària sin convenio alguno y, ahora, en los presupuestos de la Generalitat de 2011 la asociación Punto Cero Solidario, creada por su propietario, José Luis Maldonado, recibe una subvención de 97.000 euros. Pese a que inicialmente reconoció el "grave error" de haber utilizado la marca sin permiso, Maldonado sacó pecho ayer y, en un comunicado de su asociación, anunció que participará en la campaña de la consejería de Blasco dada la "repercusión mediática" de las iniciativas del equipo de regatas que lidera.

Sin embargo, una de las iniciativas citadas por Maldonado, su supuesta colaboración con la Fundación Cuadernos Rubio, nada tiene que ver con un éxito. "El señor Maldonado, si bien es verdad que fue director deportivo de un equipo de regatas contratado por la empresa Cuadernos Rubio, se desvinculó anticipadamente debido, entre muchas cosas, a que sus principios éticos no se corresponden con los que han sido tradicionales en mi empresa", explicó a EL PAÍS Enrique Rubio Polo, que negó cualquier relación de Maldonado con la Fundación Cuadernos Rubio.

El otro escándalo tiene que ver con la empresa Expande, SL, elegida por la consejería como evaluadora de los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo. Ayer, la Coordinadora Valenciana de ONGD señaló en una nota de prensa su "inquietud" por la selección de esta empresa "por su reciente creación (mayo de 2010)" y por "el desconocimiento que tenemos en el sector de su experiencia y capacidad para llevar a cabo este proceso de evaluación".

Además, "nos preocupan los antecedentes de los componentes de la empresa en cuanto a su relación con la consejería". Expande comparte domicilio social con la firma Entornos Naturales y Rutas Consolidadas, una sociedad de la que es socio Luis Castel Aznar. Esta misma persona era el administrador de Caaz, SL, la empresa que hasta el año pasado evaluaba los proyectos de las ONG.

La consultora Caaz ha resultado adjudicataria de distintos trabajos en las consejerías de Territorio, Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía cuando Blasco ocupó la dirección de estos departamentos. Ante estas coincidencias, la coordinadora manifestó su deseo de que "sea aclarada la situación" y expresó "preocupación y descontento".

Solidària visitará desde marzo un centenar de municipios a través de conciertos, convivencias, exposiciones y otros actos.

www.elpais.es 08.03.11

BLASCO ADJUDICÓ LA EVALUACIÓN DE LAS ONG A UNA FIRMA A LA QUE HA DADO CONTRATOS DESDE 2003

 

El conseller, cuando presidía la firma pública Vaersa, montó con Caaz SL una empresa mixta para impulsar una incineradora en Castelló - Su administrador, Luis Castel Aznar, también está detrás de Expande SL, la consultora que realiza ahora los estudios de cooperación para Solidaridad

Caaz SL, la empresa que hasta el pasado año estuvo evaluando todos los proyectos de cooperación al desarrollo de la Conselleria de Solidaridad, ha estado vinculada a todas las carteras que Rafael Blasco ha gestionado desde 2003, obteniendo contratos por valor de unos dos millones de euros. De hecho, llegó a formar parte de la empresa mixta que Blasco impulsó desde Territorio en 2005 para construir una incineradora en Vall d´Alba y de la que nada se sabe. El pasado año, Caaz SL fue liquidada con una deuda de 200.000 euros pero su administrador, Luis Castel Aznar, está detrás de la consultora que el pasado mes de enero recibió un nuevo contrato de Solidaridad para realizar los informes técnicos de las ayudas a cooperación.

Así, la extinta empresa de consultoría Caaz SL ha ligado el motivo de sus informes técnicos a las conselleries por donde Rafael Blasco ha pasado. Creada diez días antes de que el actual conseller de Solidaridad tomara posesión en Territorio el 20 de junio de 2003, se especializó en campos tan diversos como la gestión de residuos, la evaluación de parking de hospitales o la cooperación internacional. El primer contrato que recibió de Blasco fue la puesta en marcha de la oficina del Ivvsa en Alicante, por 835.474 euros en octubre de 2004.
En 2005, Blasco, como presidente de la empresa pública Vaersa, impulsó junto a Caaz y Lubasa la firma Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos SA. Caaz solo tenía el 1% de participación pero recibió el contrato para realizar el proyecto de la incineradora de Vall d´Alba por 870.000 euros, según su página web. La mayoría de los seis millones de euros para este proyecto los puso Vaersa, que tenía el 69% de la empresa. Nada se ha vuelto a saber de esta planta de tratamiento de residuos.

En mayo 2006, Blasco llegó a la Conselleria de Sanidad y en enero de 2007 Caaz recibió dos proyectos privados para la asistencia técnica en el concursos de aparcamientos de los hospitales Doctor Peset, Virgen de los Lirios y General de Alicante por 174.000 euros. El mismo día consiguió un contrato para la asistencia técnica del Hospital de Llíria por 34.800 euros.

Ya con Blasco en la Conselleria de Solidaridad recibió en abril de 2008 la evaluación de todos los proyectos de cooperación al desarrollo por 90.000 euros y con vigencia para dos años. De hecho, es quien dio informes positivos de los proyectos de la red de ONG. Además, Caaz es la firma que realiza un informe a la Fiscalía Anticorrupción para exonerar a Blasco y su conselleria de las irregularidades denunciadas por el PSPV.

El 2 de julio de 2010 Caaz SL es disuelta por su administrador Luis Castel Aznar. Dos meses antes había nacido Expande SL, una firma vinculada a Castel Aznar y que el pasado mes de enero consiguió ganar el nuevo concurso para la evaluación de proyectos que antes realizaba Caaz. Castel Aznar es socio de la firma Entornos Naturales y Rutas Consolidadas que comparte domicilio social con Expande en la Plaza Bandas de Música de la Comunitat Valenciana número 7 puerta 61. Además, es el propietario del dominio de la página web www.expandesl.com.

Por su parte, la administradora de Expande SL, Concepción Sanchis Escudero, no quiso explicar a este periódico la experiencia en cooperación de su firma, creada hace seis meses, y que será la que evalúe la calidad de los proyectos para que reciban subvenciones de Blasco.

Caaz y sus vínculos con el urbanismo de Llíria

En la actualidad, el exadministrador de la extinta Caaz SL, Luis Castel Aznar, es consejero de la empresa Entornos Naturales y Rutas Consolidadas, que preside la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llíria, Remedios Mazzolari. Esta mercantil, creada en noviembre de 2008, esta registrada en la plaza Bandas de Música número 7 puerta 62 de Valencia, la misma dirección que la firma Expande SL, que evalúa los proyectos de cooperación para la conselleria de Solidaridad.

Pero ésta, no es la única relación que Castel Aznar ha tenido con el municipio de Llíria. De hecho, diez meses antes de constituir la empresa con la concejala de Urbanismo de Llíria, el consistorio edetano le adjudicó la elaboración del Plan Acústico Municipal por 28.353 euros. Un año antes, Caaz ya había trabajado en el municipio, concretamente en en una asistencia técnica en el Hospital de Llíria. En aquella ocasión recibió 34.800 euros por los trabajos realizados, aunque no para el consistorio.

El objeto social de la empresa que comparten Castel Aznar y Mazzolari consiste en el inventario y puesta en valor de los recursos turisticos y patrimonio, la elaboración de estudios de desarrollo turístico sostenible y la elaboración de planes de dinamización. De esta manera, el exdaministrador de Caaz se adentra en el turismo. s. pitarch valencia

www.elpais.es 07.03.11

BLASCO SUBVENCIONA EL BARCO DE UN AMIGO DEL JEFE DE COOPERACIÓN

El propietario vendió un velero a Marc Llinares y traspasó una empresa a su esposa

Desde el año pasado navega por el Mediterráneo un barco bajo el pabellón de la marca Solidària, proyecto de "sensibilización y educación para el desarrollo" de la Generalitat, cuyas acciones tiene previsto presentar mañana el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. El barco tiene su base en Dénia y alcanzó en octubre el subcampeonato de España de la clase cruceros R-1. Su propietario, José Luis Maldonado Dasit, conocido en el mundo de la vela, es el impulsor de Punto Cero Solidario, una asociación recién creada que ha recibido en los presupuestos de la consejería de Blasco para 2011 un total de 97.000 euros dentro de las líneas nominativas o subvenciones directas para "acciones institucionales de cooperación internacional al desarrollo". Punto Cero Solidario ha puesto en marcha una web que recoge noticias relacionadas con la cooperación y ha lanzado el "equipo de regatas Solidària", que el pasado febrero firmó, "dentro del proyecto integral de sensibilización" de la Comunidad Valenciana, un acuerdo con la firma Cartier y el Club Náutico de Dénia para promover los valores solidarios. Un protocolo que ha repetido con otros clubes.

"Ha sido un error grave usar la marca Solidària", reconoce el navegante

El nombre real del barco es Jazztevale, y con esa denominación compitió anteriormente en diversas pruebas náuticas. Su propietario es José Luis Maldonado, que colgó en su momento anuncios en Internet buscando patrocinadores por 30.000 euros. Maldonado es amigo de Marc Llinares, jefe de área de Cooperación en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, de la que procede la subvención nominativa. Además de ser ambos amigos y socios del náutico de Dénia, Llinares compró, en agosto de 2009, un motovelero de 11,7 metros de eslora llamado Todo el Tiempo a la empresa de Maldonado Dasit Ramos, SL, que patrocina el barco. Por otra parte, la esposa de Llinares, Flor Vacas Gajate, dedicada a la pediatría, sucedió en julio de 2005 a Maldonado y a Juan Pineda Mut como administradora de la empresa Eurodomótica, SL, que acabaría liquidando en 2007.

Maldonado asumió el viernes la responsabilidad de haber utilizado la marca de la Generalitat sin soporte de convenio alguno. "La aparición de la campaña Solidària en el barco se ha utilizado de manera puntual a modo de tanteo y estudio, no teniendo la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ninguna responsabilidad y/o participación en dichas acciones", señaló en un comunicado la asociación Punto Solidario tras ser avisada por el departamento de Blasco. Maldonado explicó personalmente a este diario que hace tiempo que impulsa iniciativas solidarias dentro del ámbito de la vela con entidades como la Fundación Cuadernos Rubio y otras. En algunas ocasiones ha promovido la participación de niños discapacitados. "Ha sido un error grave usar la marca Solidària", reconoció, para puntualizar: "En ningún momento he utilizado el logotipo de la Generalitat". "Punto Cero Solidario no ha hecho mención alguna de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía como patrocinador del barco en ninguna de sus notas de prensa ni en ningún otro medio, proyecto o campaña", señalaba el comunicado. El navegante dijo que sustituirá la marca Solidària en el barco por el logotipo de Punto Cero Solidario, una asociación cuyo domicilio coincide, en el número 49 de la calle de Salamanca, en Valencia, con el de la empresa Dasit Ramos.

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía asumió que el departamento de Blasco tiene previsto firmar un convenio para que la asociación que promueve el barco participe oficialmente en la campaña Solidària.

Una plaza de confianza

El pasado mes de octubre, la Generalitat sacó a concurso, por el procedimiento de libre designación, la plaza de jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. Justo en esos momentos estallaba el escándalo por las subvenciones a proyectos en Nicaragua que sirvieron supuestamente para adquirir dos entresuelos en Valencia y por la trama de fundaciones para captar fondos de las ayudas de cooperación, dos asuntos que investiga el fiscal anticorrupción.

La plaza fue ganada el pasado mes de enero por su ocupante, Marc Llinares, funcionario de carrera y hombre de la absoluta confianza del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. Llinares aterrizó en 2008 en el departamento para sustituir a Sergio Aguado como jefe de área tras la dimisión de la entonces directora general de Cooperación, Carmen Dolz, y parte de su equipo, con los expedientes de las polémicas subvenciones como trasfondo.

Llinares ya había estado en el equipo de Blasco en otro departamento, el de Sanidad, donde se hizo cargo en octubre de 2006 del área de informática cuando el consejero tuvo una bronca con el anterior responsable del área por la adjudicación de un contrato de 3 millones de euros.

www.elpais.es 06.03.11

BIENESTAR SOCIAL DENUNCIA A UN CARGO AFÍN A BLASCO POR IRREGULARIDADES CONTABLES

 

El exdirector del Ivadis dice «desconocer» las acusaciones y alega que su gestión ha sido «correcta»

La conselleria de Bienestar Social ha denunciado al exadministrador del Instituto Valenciano de Discapacidad (IVADIS), José María Vicent Sarrión, al detectar «irregularidades contables» en su gestión. Fuentes de la conselleria afirman que están tratando esta cuestión «con cautela» ya que, según sostienen, «son parte implicada (como denunciantes) en un proceso judicial». «Está en manos de la justicia y debe seguir su proceso», justifican.
Según reconocen desde la institución que dirige Angélica Such, «al fiscalizar las actividades que se realizan desde la entidad, se detectaron diversas irregularidades contables, de carácter significativo, y se puso en conocimiento de la fiscalía de manera inmediata, como es nuestra obligación». La conselleria sostiene que el exadministrador renunció a su puesto de trabajo tras haberse interpuesto contra él una denuncia. Jose María Vicent Sarrión está muy vinculado a la familia del conseller Rafael Blasco ya que hasta hace unos meses era el secretario general del PSD de la C. Valenciana, un partido que reúne a los seguidores del conseller de Solidaridad y Ciudadanía. De hecho, una sobrina del conseller, Gisela Blasco, preside la agrupación del PSD de Alzira, localidad en la que hasta hace apenas dos semanas residía Vicent.

«No sé nada de denuncias»

La denuncia interpuesta por Bienestar Social contra su exdirector le ha pillado por «sorpresa» según afirmó ayer Jose María Vicent a Levante-EMV. «Desconozco la denuncia, las acciones que ha emprendido mi anterior empresa, no sé nada de lo que han hecho, yo no tengo ninguna notificación a este respecto», según se apresuró a señalar.
Sin embargo, si contradijo la versión de la institución ya que señaló que no se marchó por ninguna denuncia, ni reconoció tener constancia de ella, «sólo me fui por motivos personales, por ninguna otra razón».

Según afirmó, su decisión fue «voluntaria» y respondía a la intención de cambiar su puesto de trabajo ante una nueva oferta laboral. Precisamente, según expuso, se encuentra sumergido en un proceso de formación para ocupar un nuevo puesto de trabajo. Sobre los rumores que se han extendido en la localidad de Alzira (la Ribera) —su lugar de residencia hasta ahora— sobre su posible desaparición o marcha al extranjero, Vicent indicó que se encuentra en Valencia por motivos de trabajo y no regresará a Alzira ya que espera un nuevo destino laboral.
Vicent se mostró «tranquilo» ante la situación, ya que insistió en «desconocer» las acciones de la conselleria y de hecho, apuntó que se encontraba con su familia de compras en Valencia, ajeno a la repercusión social y mediática que ha desatado la denuncia de Bienestar Social contra él por las supuestas irregularidades contables.

Sobre su futuro laboral, señala que se encuentra fuera de España su nuevo destino, aunque descartó concretar algún dato más a este respecto.

Vicent se aparta de la cantera blasquista

A finales de 2010, José María Vicent Sarrión salió de escena. Se dio de baja como secretario general del PSD en Alzira «por motivos personales», según asegura la presidenta de la agrupación local y regidora en el Ayuntamiento de Alzira, Gisela Blasco (sobrina del conseller Rafael Blasco); y abandonó también la falla Caputxins, tradicional cantera blasquista, tras dos ejercicios como presidente. Vicent justificó su marcha por una oferta laboral que le exigía un periodo de formación en el extranjero. Gisela Blasco declaró ayer que comenzaba a «atar cabos» tras conocer la información acerca de su destitución al frente del Ivadis. Blasco reconoció ayer que Vicent ha sido miembro activo de l PSD en Alzira: «La legislatura pasada iba en nuestras listas y ha ejercido como secretario de la ejecutiva local durante un año», concreta. Sin embargo, a mediados del pasado mes de diciembre «se dio de baja porque se iba a trabajar fuera», asegura Bernardo Parra, regidor del PSD. Sorprende, también que Vicent, cuya trayectoria profesional está ligada a la familia Blasco abandone la presidencia de la falla Caputxins justo en el año en que la hija y la nieta del conseller Rafael Blasco y de Consuelo Císcar han sido designadas falleras mayores. Vicent ha estado siempre vinculado a esta falla.

www.levante-emv.com 20.02.11.

EL DINERO DE LAS DONACIONES VA A UNA OFICINA TÉCNICA EN HAITÍ

Las donaciones de ciudadanos, entidades y empresas para la ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto de hace un año, que la Generalitat transfirió a la Fundación Hemisferio (antigua Fundación Entre Pueblos), se destinan a una oficina técnica en el país. Así lo explicó ayer la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, después de que la diputada de Compromís Mireia Mollà revelara que la transferencia de los fondos se aprobó el 27 de agosto del año pasado.

Así, los 177.779 euros se destinan a una oficina que "realizará los trabajos técnicos para la preparación, ejecución, dirección y gestión" del proyecto de un hospital en Haití. La Fundación Hemisferio, que es investigada por la Fiscalía Anticorrupción como parte de una supuesta trama de desvío de fondos de cooperación, fue encargada directamente del proyecto del hospital, aunque Blasco dio marcha atrás y anunció un concurso público tras estallar el escándalo de las subvenciones. Según la consejería, el proyecto del hospital tiene un presupuesto de 7,6 millones de euros. Hasta ahora se había hablado de cuatro millones.

www.elpais.es 12.01.11

BLASCO PASÓ 177.000 EUROS PARA HAITÍ A LA FUNDACIÓN QUE INVESTIGA EL FISCAL

Mollà pide que la Mesa de la Cortes, que donó 40.000 euros, se persone en el caso

Las donaciones voluntarias de ciudadanos, instituciones y empresas para la ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto que destruyó aquel país hace justo un año están en manos de la Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, que el fiscal anticorrupción investiga como supuesta pieza central de una trama de captación de subvenciones de la Generalitat en materia de cooperación. La diputada Mireia Mollà, de Compromís, dio a conocer ayer una modificación del presupuesto de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, aprobada el 27 de agosto de 2010 pero publicada en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana el pasado 5 de enero, en la que se decide entregar, como "subvención nominativa", los 177.779 euros recaudados en dos cuentas corrientes abiertas tras la catástrofe a la entonces denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos (tuvo que cambiar de nombre hace unos meses por sentencia judicial).

La justificación del Consell para entregar el dinero procedente de la solidaridad ciudadana consiste en "la finalidad de financiar trabajos para la realización del programa de reconstrucción en Haití", una iniciativa acordada por el Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunidad Valenciana (CAHE) el 3 de febrero. Sin embargo, como recordó ayer Mireia Mollà, la actuación concreta en Haití surgió de la visita que representantes de la consejería de Blasco realizaron en agosto a Haití, en la que estuvieron acompañados, como representante de la fundación, por Joaquín Blasco, miembro de una de las empresas de la trama investigada por el fiscal porque facturó a algunas de las ONG implicadas. El departamento de Solidaridad y Ciudadanía concluyó que la ayuda valenciana a Haití se concretaría en la construcción de un hospital, con un presupuesto de 3,8 millones de euros, cuya gestión se encargó directamente a la mencionada fundación. Cuando el 3 de septiembre volvió a reunirse el CAHE, los responsables de la consejería de Blasco plantearon que el dinero de las donaciones ciudadanas fuese transferido a la entonces denominada Fundación Entre Pueblos, lo que suscitó reparos en el seno del Comité.

Al estallar el escándalo de las irregularidades en las subvenciones de cooperación, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía anunció que la construcción del futuro hospital se otorgaría por concurso público, pero el dinero para los "trabajos previos", como ahora se ha comprobado, ya había sido transferido a las cuentas de la polémica fundación.

Dado que la Mesa de las Cortes fue una de las entidades donantes, ya que aportó 40.000 euros para la ayuda humanitaria en Haití, la diputada Mollà reclamó que se persone en la investigación de la fiscalía anticorrupción o que lo haga como acusación particular "cuando se abra el procedimiento judicial que Compromís no tiene duda alguna de que se abrirá". En caso contrario, el grupo parlamentario de Compromís presentará una proposición no de ley para que las Cortes se pronuncien formalmente sobre el asunto. "La Mesa de las Cortes no puede hacer de coartada ni de cómplice de las fechorías de los representantes del Gobierno Valenciano que mediante conductas corruptas están desviando el dinero de los valencianos para engrosar los bolsillos de sus amistades peligrosas", denunció la diputada, que acusó a Blasco de otorgar "a dedo" los 177.779 euros donados por los valencianos a una fundación "que tiene abierta una investigación por delitos económicos en la Fiscalía Anticorrupción". Mollà ha aportado una abundante documentación sobre la supuesta trama de fundaciones al fiscal especial que investiga el caso, Jesús Carrasco.

www.elpais.es 11.01.11

UNA TRAMA CREABA PROYECTOS SOLIDARIOS PARA DESVIAR FONDOS, SEGÚN COMPROMÍS

Mireia Mollà entrega al fiscal un informe sobre las subvenciones de Blasco

La gestión económica de los proyectos de cooperación en diversos países, "independientemente de que figure así en los documentos y sin que se comunique formalmente a la Generalitat, es realizada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos, quien maneja las cuentas, ordena pagos, etcétera...". La diputada Mireia Mollà, de Compromís, entregó hace unos días al fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, un informe en el que explica cómo funcionaba la supuesta trama para captar subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafel Blasco. Mollà había aportado una abundante documentación sobre el asunto, que dio pie a que el fiscal emprendiera una investigación y, al igual que hizo la diputada socialista Clara Tirado, -que denunció sendas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que supuestamente se adquirieron dos entresuelos en Valencia-, ha preparado para la fiscalía un informe sobre las irregularidades cometidas.

Los proyectos de las ONGD eran, en realidad, gestionados por la fundación

Según el informe de la diputada de Compromís, la gestión económica de los proyectos de varias pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGD) desde la matriz de la trama, la Fundación Solidaria Entre Pueblos (constituida a finales de 2008 y hoy denominada Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, al haber tenido que cambiar de nombre por sentencia judicial), supone un enmascaramiento de información sustancial, dado que "oculta la incapacidad de la entidad solicitante para su administración" y vulnera las bases de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional. Además, según la diputada, que hace reiteradas referencias a informaciones contenidas en la documentación entregada al fiscal, existen otras irregularidades relativas a las evaluaciones externas de los proyectos, realizadas por la propia entidad "o por empresas ligadas a la trama y con vinculación directa con las entidades que gestionan el proyecto".

Toda esa forma de operar, que apoya documentalmente, tendría como objeto "la utilización indebida de fondos y su presunto desvío". Una utilización indebida que se realizaba mediante el pago de servicios a empresas españolas, pese a que en materia de cooperación "únicamente puede recurrirse al envío de equipos y suministros desde España cuando estos no existen en el país de destino o corresponden a donaciones gratuitas"; mediante el sobrecoste de los servicios prestados (que la diputada ilustra analizando varios proyectos), o debido la inexistencia de los servicios que se facturaban.

El informe dedica un apartado a señalar la "connivencia necesaria de la Administración" con el funcionamiento de la trama y el "trato de favor" a la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Solidaria Entre Pueblos).

Toda esa descripción, acompañada de documentos que revelan la relación de los responsables de la fundación con la consejería de Blasco, se concreta en el análisis de los proyectos de varias ONGD. Entre ellas está Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud), cuyos proyectos de 2009 para el desarrollo agrícola y empleo para la mujer en Monteplata (República Dominicana), consistentes básicamente en la instalación de unos invernaderos, son minuciosamente revisados.

Los costes indirectos de los proyectos de Fudersa "fueron transferidos a un abogado, Jesús Sánchez, cuya dirección fiscal (según la factura) coincide con la de la sede de Fudersa", señala el informe de Mireia Mollà. La diputada apunta que los costes indirectos se derivan de la formulación, seguimiento y evaluación. "¿Qué servicios prestaba el abogado?", se pregunta. Hay, entre la documentación, órdenes de pago, facturas y transferencias bancarias a empresas de la trama, prosigue el informe, que "suponen la prestación de unos servicios que no coinciden con la naturaleza jurídica de las empresas". Más del 50% de las subvenciones se subcontrataban.

Los talleres del proyecto fueron realizados por personal expatriado, pero la factura y la transferencia bancaria indican que cobró más de 170.000 euros por su realización la empresa Dinamiz-e, dedicada a la informática y creadora junto con Arcmed, de la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana. La evaluación final fue realizada por Avance Abogados, empresa de la que forma parte José Bollaín Pastor, secretario no patrono de la fundación que actúa como "matriz gestora" de las subvenciones de las ONGD.

Ingresos multiplicados

Según el informe de la diputada de Compromís, Fudersa tuvo unos ingresos en 2008 de 20.065 euros, que en 2010 se han transformado en 1,4 millones, "solo de ingresos proporcionados por la Generalitat". Al igual que ocurre con el resto de organizaciones implicadas, la antigua Fundación Solidaria Entre Pueblos y Fudersa establecieron convenios de colaboración para actuar de mutuo acuerdo en la designación de las ONGD colaboradoras con el explícito objetivo de preparar proyectos para la convocatoria de la Generalitat.

En un resumen del modus operandi de la supuesta trama, el informe presentado por Mollà a anticorrupción destaca que personal de la fundación, mediante poderes notariales que obran en la documentación, tenía acceso a las cuentas de las ONGD subvencionadas por la consejería de Blasco. También se indica que todos los proyectos "tienen la misma tipología", ya que los bienes y suministros son comprados en España en las mismas empresas. "Todos los proyectos incluyen elevadas facturas por estudios realizados por Arcmed y Desfa, S L, empresas que no tienen por objeto social las áreas que indican esos informes".

www.elpais.es 28.12.10

BLASCO NIEGA IRREGULARIDADES EN LAS AYUDAS DE COOPERACIÓN

"La adjudicación y la resolución de los expedientes de Cyes han seguido los distintos controles, tanto internos como externos, a los que obliga la ley de contratación pública", aseguró ayer la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, en un comunicado emitido como respuesta a la información publicada ayer en este diario sobre un informe entregado al fiscal anticorrupción por la diputada socialista Clara Tirado. La parlamentaria denunció que sendas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos en Nicaragua sirvieron para adquirir dos entresuelos con garaje en Valencia, lo que dio pie a la apertura de una investigación.

El departamento de Blasco asegura en el comunicado que "quien tiene que determinar si ha habido irregularidades en los expedientes de la Fundación Cyes es el fiscal y no la diputada socialista Clara Tirado o el diario EL PAÍS, que mantiene un posicionamiento sesgado a favor del PSPV en este asunto". Blasco añade que recurrirá toda información que considere "falsa o tendenciosa".

www.elpais.es 06.12.10

Los socialistas desmontan ante el fiscal la justificación de las subvenciones de Blasco

Tirado asegura en un informe que los papeles de la consejería ratifican su denuncia

"Después de este análisis de la documentación aportada por la consejería, concluimos que ratifica todos y cada uno de los supuestos de la denuncia presentada en esta fiscalía el pasado mes de octubre". Esta es la conclusión de un informe entregado por la diputada socialista Clara Tirado al fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, que investiga una denuncia de la parlamentaria sobre irregularidades en las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco.

La denuncia se refiere a dos subvenciones de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que se compraron dos entresuelos con garaje en Valencia y se pagaron costosos asesoramientos. Y la documentación analizada es aquella que Blasco mismo entregó a los miembros del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, una documentación muy similar a la que también entregó a la prensa, para sostener que su consejería, al final, no aceptó los gastos de la compra de inmuebles y solo validó el proyecto después de que la fundación, presidida por Marcial López, imputado en un caso de malversación por el que la fiscalía solicita pena de cárcel, aportara otras facturas.

El informe desmonta la argumentación de Blasco y señala que nunca debieron aprobarse las subvenciones debido a los "incumplimientos administrativos objetivamente valorables", que la Fundación Cyes nunca se presentó en red con otra organización, como era preceptivo, que nunca reunió los requisitos exigidos y que la mayoría de los fondos se gastaron en la compra de pisos y en facturas para al empresa Arcmed.El portavoz de Compromís, Enric Morera, anunció ayer que su grupo en las Cortes valencianas apoyará la reforma del Estatut d'Autonomia propuesta por el Consell, si bien considera que "llega tarde" y "no resuelve el problema de financiación histórico y presente". El gobierno valenciano aprobó el viernes un anteproyecto de ley de reforma que pretende aumentar la financiación que recibe la Generalitat. Cambia la disposición adicional primera y copia el texto del Estatuto de Andalucía -que recurrió sin éxito el propio Consell- para exigir que la inversión del Estado sea equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana.

"Se genera un enredo sobre las inversiones del Estado que es interesante pero no resuelve el problema de liquidez de la Generalitat", criticó Morera. El también secretario general del Bloc denunció que el gobierno de Francisco Camps ha llevado a los valencianos "a un endeudamiento insoportable" y sugirió trabajar en la línea del concierto económico que propone Artur Mas. Compromís, además, pedirá un dictamen de expertos sobre una hipotética aplicación del concierto económico vasco.La diputada, que ya aportó en su día abundante información sobre el caso, dedica una parte del informe que ha entregado al fiscal anticorrupción a repasar los incumplimientos de los requisitos de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional de 2008. Unos incumplimientos que, en su opinión, demuestran que "no deberían haber sido aprobadas las dos subvenciones" por las que ha denunciado al consejero Blasco. Según Clara Tirado, la Fundación Cyes no ha acreditado experiencia en ningún proyecto de desarrollo (otra cosa son cursos o masters), ni experiencia previa de ninguna clase en Nicaragua. Tampoco ha acreditado experiencia en proyectos de abastecimiento de agua y soberanía alimentaria, objetivos a los que se dirigían las subvenciones. Por otra parte, la entidad que supuestamente había de actuar en red con la fundación, Pro-Mundis, de Granada, ni parece tener un rol efectivo en el proyecto (solo es citada en los documentos de evaluación de la experiencia firmados por la consultora Broseta-Caaz), ni tiene sede ni estructura en la Comunidad Valenciana. Mientras la Fundación Cyes no tenía personal contratado al presentar la solicitud, Pro-Mundis tenía un único trabajador en Granada.

El informe señala, además, que en la reformulación de los proyectos a la que obligó la consejería a la Fundación Cyes, para que rebajase el presupuesto inicial, siguió figurando la adquisición de una oficina técnica dentro de las acciones a realizar con la subvención, "a pesar de que la compra de inmuebles en la ciudad de Valencia incumple la normativa de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo". En relación con la compra de los entresuelos, cuyas facturas sitúa como rechazadas la documentación aportada por Blasco, el informe de la diputada socialista recuerda que los movimientos bancarios demuestran que los pisos se adquirieron con el dinero de la subvención.

Al entrar a analizar la lista de justificantes y facturas aportada por Blasco, cuya pretensión es demostrar que se rechazaron aquellas que se referían a la compra de los locales y se aceptaron en cambio otras hasta alcanzar el importe de la subvención otorgada, la parlamentaria asegura que la evaluación efectuada por Grant Thorton, cuyos documentos son los únicos que aparecen foliados de cuantos incluye la documentación, "contiene afirmaciones que ponen en entredicho toda la versión proporcionada por la Consejería de Solidaridad". Así, establece que el socio local o contraparte de los proyectos de la Fundación Cyes en Nicaragua, la asociación Fedicamp (Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y Campesinas) certificó el cierre de los proyectos el 10 de noviembre de 2008. También certificó entonces la alcaldía de Totogalpa, municipio donde se desarrollaron, "la recepción final". Sin embargo, la documentación de Blasco incluye facturas fechadas posteriormente, que la parlamentaria del PSPV-PSOE afirma que "son irregulares". Sin embargo, anota Clara Tirado, "las facturas supuestamente no admitidas por la Generalitat encajan dentro del periodo de ejecución aportado por la evaluadora (septiembre-noviembre de 2008)". Y añade que "no existen anotaciones por transferencias bancarias como exige la normativa de la Generalitat".

El análisis de la diputada enumera hasta ocho "certificaciones de aporte comunitario" que Blasco sumó en la justificación de gastos pero que "no pueden ser tenidas en cuenta" porque obedecen al 20% del coste de los proyectos del que deben hacerse cargo las contrapartes nicaragüenses. Añade, en relación con las facturas de 208.000 euros cobradas en ambos proyectos por la empresa de informática Arcmed, que "incumplen la normativa de la Generalitat, tanto por su importe como por la partida a la que van asignadas".

En uno de los puntos del informe, Tirado llama la atención sobre el hecho, ya señalado en la denuncia que presentó, de que los dos grandes proyectos subvencionados a la Fundación Cyes "tienen un mismo presupuesto final y la misma relación de facturas pro-forma, a pesar de ser intervenciones diferentes". También asegura que la documentación aportada por Blasco "contiene informaciones tremendamente contradictorias", así como que "las omisiones de documentación por parte de la consejería son ilustrativas de las irregularidades denunciadas". Y concluye: "Con toda esta documentación podemos afirmar que se confirman todos y cada uno de los extremos de la denuncia presentada".

www.elpais.es 05.12.10

LA FISCALÍA PIDE 12 AÑOS AL JEFE DE LA FUNDACIÓN QUE SUBVENCIONÓ BLASCO 

Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que adquirió en 2008 dos locales con garaje en Valencia con fondos de sendas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco, "distrajo" hasta 45.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón entre los años 1995 y 1998. Así lo relata el fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento por el que López está imputado por malversación continuada y por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. Por el cargo de malversación, la fiscalía pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta y por el cargo de infidelidad en la custodia de documentos solicita otros dos años de cárcel e inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante cuatro años. En otro proceso por usurpación de funciones públicas y desobediencia, solicita un total de tres años más de cárcel. Lo que suma una petición de cárcel de 12 años. 

El método utilizado para la "distracción" de dinero, tal como lo califica el escrito, consistía en facturar por gastos originados en el desarrollo de actividades de formación que, sin embargo, organizaba, impartía y pagaba el propio colegio. Así, "sin ninguna autorización oficial", la Fundación Cyes recibió cerca de 45.000 euros en cuatro anualidades diferentes. 

La denuncia por malversación, presentada por el propio Colegio de Enfermería de Castellón, no se refiere únicamente a los pagos realizados a la Fundación Cyes, sino que acusa a Marcial López y a otros cinco integrantes de la antigua dirección del colegio de que "actuando con evidente ánimo de beneficio propio (...) llevaron a cabo conductas de distracción de cantidades dineradas pertenecientes al Colegio de Enfermería, mediante una irregular contabilidad, reintegros y traspasos". 

Entre otras cosas, el presidente de la Fundación Cyes se había adjudicado, como presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, un sueldo que añadía al que le reportaba su trabajo en un centro sanitario público. Por ello, tanto la acusación como la fiscalía solicitaron sólo a López, además de la pena de prisión y la inhabilitación, el reintegro de 330.000 euros. En esa cantidad están incluidos los 45.000 euros que habría desviado a la Fundación Cyes por cursos que organizaba el Colegio de Enfermería. 

La denuncia fue presentada por la dirección que desbancó a Marcial López del colegio profesional en 1999. Tras muchas diligencias, en 2007 se presentaron los escritos de acusación. A día de hoy, la instrucción aún no se ha acabado, según indicaron fuentes cercanas al caso, por los trámites y la infinidad de recursos presentados por la defensa de López. El letrado que defiende a este enfermero de profesión es Javier Boix, quien también ejerce la defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el caso Gürtel, y la del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. 

La acusación de malversación es una de las dos que el ex presidente del Colegio de Enfermería de Castellón tiene pendientes con esta entidad. Además, tiene otras diligencias abiertas por usurpación de funciones públicas, desobediencia y falsedad en documento oficial, delitos por los que la fiscalía le pide otros tres años de cárcel. 

Este caso tiene su origen también en la actuación de López al frente del Colegio de Enfermería y, en su escrito, el fiscal correspondiente hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que le inhabilitó para el ejercicio de cargos directivos colegiales en 1999. Fuentes del Colegio de Enfermería castellonense indicaron que están tratando de llegar a un acuerdo con López para desistir de esta última acusación si se hace cargo del desembolso que, en defensa jurídica, ha tenido que realizar la entidad colegial durante estos años. 

Marcial López constituyó la Fundación Cultural y de Estudios Sociales en 1993, que se inscribió como fundación cultural privada. Sus actividades iniciales se centraron en la ecología. Así, en 1997 recibió una subvención de 100.000 pesetas de la época de la Consejería de Medio Ambiente para "la realización de actividades medioambientales". Por aquellos años, la Fundación Cyes firmó un convenio con la Jaume I, de Castellón, para poner en marcha un "foro medioambiental interactivo", que posteriormente se desvinculó de la universidad y pasó a gestionar el Grup d'Estudis i Protecció de les Rapinyaires, de Vila-real. En 1998, cuando Rafael Blasco era subsecretario de la Consejería de Presidencia, el entonces consejero, José Joaquín Ripoll, le otorgó a la fundación una subvención de 86.747 euros para un "máster universitario en cooperación" que no contaba con el reconocimiento de la UNED pese a que así lo anunciaba la entidad en su proyecto y en su publicidad. 

Fue el momento en que la Fundación Cyes se reorientó hacia ese sector y se inscribió en 1999 en el registro de ONGD (organizaciones no gubernamentales de apoyo al desarrollo). En 2004, recibió de la Diputación de Castellón 4.207 euros para el "fomento de actividades y proyectos de cooperación". En 2008, la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Blasco, le otorgó hasta cinco subvenciones por cerca de 1,8 millones de euros. Las dos más importantes, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos en Nicaragua.  

La Fundación Cyes adquirió con el dinero recibido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia. Blasco alega que dos años después la fundación aportó otras facturas para justificar esos gastos tras comunicarle su departamento que no podían aceptarse los justificantes de la compra de inmuebles. La fundación en ningún caso devolvió el dinero recibido. El tema está en manos del fiscal anticorrupción tras la denuncia presentada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado. Una denuncia a la que ha aportado la diputada de Compromís Mireia Mollà abundante información sobre la existencia de una trama dedicada a la captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Solidaria Entre Pueblos. 

(www.elpais.com, 26/10/10)

LA SOBRINA DE BLASCO ADJUDICÓ LA ASISTENCIA TELEFÓNICA DE ALZIRA AL NÚMERO DOS DE LA RED  

Dinamiz-e, la firma impulsora de la fundación matriz del entramado de ONG auspiciado desde la Conselleria de Solidaridad que ha desviado dinero de la cooperación valenciana a empresas afines, no es nueva en la colaboración con instituciones en las que personas del entorno del conseller Rafael Blasco tenían influencia. La empresa cuyo administrador único es Adolfo Soler Sempere, patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos durante sus primeros pasos, recibió la adjudicación de la asistencia telefónica del Ayuntamiento de Alzira en febrero de 2007 por 48.720 euros anuales, que ha renovado hasta la actualidad. Gisela Blasco, hija del ex alcalde socialista del municipio de la Ribera, Francisco Blasco, y sobrina del conseller, fue quien convocó este concurso público cuando ocupaba la Concejalía de Servicios Públicos en la legislatura 2003-2007, siendo alcaldesa la popular Elena Bastidas. La empresa de Soler fue la única que se presentó al concurso.  

Según el escrito de la Junta de Gobierno Local, el consistorio en aquella época gobernado por una coalición entre el PP y el PSD-PSI, partido impulsado y creado por el clan Blasco, decidió externalizar el servicio de atención telefónica tras un informe de la Concejalía de Servicios Públicos, en aquella época dirigida por Gisela Blasco. En poco más de un mes se abría un concurso público para que se presentaran diferentes empresas. Tras cerrarse el plazo, sólo Dinamize-e se presentó, con lo que en febrero de 2007 se le adjudicó oficialmente la gestión de este servicio por 48.720 euros, el precio de licitación era de 50.000 euros. La propia sobrina del conseller es quien firmaba la oferta en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

En aquellos momentos, legislatura 2003-2007, el partido de Gisela Blasco, nacido cuando su padre fue expulsado del PSPV para debilitarlo, era la llave que había dado la alcaldía de Alzira a la popular Elena Bastidas. De hecho, la sobrina del conseller de Solidaridad ocupaba la primera tenencia de alcaldía y la Concejalía de Servicios Públicos, impulsora de la externalización del nuevo servicio adjudicado a Dinamiz-e, empresa que cobró de la red de ONG más de 270.000 euros en 2009 y que tiene comprometidos otros tantos en diversos talleres para niños y jóvenes en deportes o agricultura y tareas de asesoramiento, temas bastante alejados de la especialización informática que describe su objeto social. 

Pero este concurso no es la única relación entre Adolfo Soler y el PSD. Cuatro meses después de que la concejal del PSD-PSI Gisela Blasco le concediera la gestión de este servicio público, Soler cerraba la lista del partido del clan Blasco para el Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2007. De hecho, el administrador único de Dinamiz-e es uno de los impulsores del partido socialdemócrata que intentó debilitar al PSPV. Además, Soler ya es un viejo conocido del clan Blasco, ya que formó parte de Unió Valenciana junto a Bernardo Blasco, hermano del conseller y tío de Gisela Blasco, aunque ambos fueron expulsados en una de las incontables batallas internas de los regionalistas. 

Adolfo Soler Sempere, número dos del entramado de ONG auspiciado desde la Conselleria de Solidaridad, también es administrador de Lonerson desde 2005. Esta firma gestiona en la actualidad la asistencia a las maltratadas de la Conselleria de Bienestar Social, aunque ganó el concurso en 2002, cuando Rafael Blasco dirigía esta cartera. En aquella ocasión, una empresa "dormida" accedió con menos de un año de experiencia a una concesión de 6,7 millones de euros. 

La relación entre el el PSD-PSI de los Blasco con el PP de Alzira es más que buena. De hecho, el apoyo de los socialdemócratas le dio la alcaldía a la popular Elena Bastidas en 2003. En aquella ocasión, los tres concejales del partido impulsado por los Blasco fueron fundamentales, por lo que recibieron cargos estratégicos. En 2007, el PP arrasó y consolidó una mayoría absoluta con sus propios ediles. Aun así, meses después de la configuración del gobierno local, Gisela Blasco y Bernardo Parra se incorporaron al equipo de gobierno para gestionar Hacienda, Modernización y Empresas Públicas. Blasco ha anunciado ahora que deja la política tras 28 años como concejal. 

(www.levante-emv.com, 25/10/10)

CAMPS SALVA A BLASCO MIENTRAS EL FISCAL INDAGA SI EN LA AYUDA A LA FUNDACIÓN C.Y.E.S. HUBO MALVERSACIÓN 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se pronunció ayer por primera vez sobre el escándalo que afecta a la gestión del departamento que dirige Rafael Blasco sobre las ayudas al Tercer Mundo. Y lo hizo obligado al ser preguntado por el PSPV en la sesión de control en las Corts. Dos semanas después de estallar el escándalo, Camps echó un capote al conseller al dar por buenas sus explicaciones, si bien se limitó a cubrir el expediente en su defensa, evitando entrar en las irregularidades denunciadas por la oposición y destapadas por este diario. Una posible explicación se supo después. Las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Valencia a raíz de la denuncia socialista sobre el caso de las ayudas de la Fundación C.Y.E.S. implican una investigación por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de fondos públicos, prevaricación y falsificación documental. 

El alcance de esta investigación abierta empaña la exculpación, que tal como avanzó ayer este diario, había logrado Blasco del fiscal-jefe del TSJ-CV, Ricard Cabedo, quien en una resolución fechada el 8 de octubre, indica que no existen indicios de delito en personas aforadas en el expediente que el propio conseller le remitió cuando estalló el escándalo. Cabedo envió la documentación a la fiscalía provincial, ya que su escrito sólo salvaba a Blasco por su condición de aforado, lo que no era óbice para que se derivaran responsabilidades penales en otras personas. El oxígeno logrado por el conseller ha durado poco, porque el recorrido de la denuncia del PSPV (falta aún por ver que hará la fiscalía con la de Compromís) ha llegado más lejos. Cabe recordar que los socialistas, tal como el síndic del PSPV,Ángel Luna, se encargó de recordar ayer en el hemiciclo, han enviado a la fiscalía un expediente distinto al aportado por Blasco. De hecho, lo acusan de haber manipulado la documentación que llegó a Cabedo. 

Quizás ante las dudas que genera el escenario judicial, el presidente optó por una tíbia defensa de Blasco. El presidente intentó desviar la atención sobre una polémica que ha creado malestar en sus propias filas y habló de casi todo -financiación, deuda, elecciones anticipadas, Maria Teresa de la Vega, Leire Pajín, Zapatero...- excepto del asunto de fondo. No quiso tampoco, a preguntas de Luna, responder si destituirá a Blasco en el caso de que se constaten irregularidades en la gestión de su departamento. Camps se limitó a destacar que el conseller había llevado "los papeles donde correspondía y ha demostrado que es falso", en alusión a la resolución de la fiscal jefe del TSJCV, que ni siquiera llegó a citar. Añadió que el conseller está ocupado en apoyar a las ONG y mantuvo que si algo sabía de la trayectoria del ex socialista era que "siempre ha dado explicaciones". Dicho esto, el presidente se empleó a fondo en sus críticas a la oposición, sobre todo las dirigidas a Luna al que volvió a exigirle explicaciones sobre la reforma de su vivienda. El socialista, por su parte, insistió en sus denuncias sobre el entramado de ONG auspiciado desde la conselleria que desvió fondos a empresas relacionadas con personas vinculadas con la familia Blasco. "Otra trama -apuntó- genuinamente valenciana y más chapuza" que la de Gürtel, donde hizo falta que salieran los jueces. "En esta no ha hecho falta porque han sido sus propios funcionarios los que nos han dado los papeles", afirmó el socialista. 

Sobre el desvío de fondos a las empresas de la trama Gürtel centró sus preguntas Compromís, pero sin conseguir tampoco que el presidente entrara al trapo. Es más, a pesar del último informe que ratifica el cúmulo de anomalías en la contratación de Canal 9, Camps sostuvo que estas acusaciones no le preocupaban "en absoluto" porque "todo ha sido correcto". "Este gobierno es transparente, hace las cosas conforme corresponde y todos los expedientes, como no puede ser de otra manera, están a disposición de todo el mundo", indicó.  

Si una idea fuerza presidió la intervención en las Corts del presidente de la Generalitat fue su convencimiento de que la oposición pertenecía al mundo de la "oscuridad" frente al de la "luz" que atribuyó al PP. La primera vez que usó este concepto fue para calificar al síndic socialista de ser "hijo de la oscuridad". Más adelante reiteró esta idea al celebrar que Blasco supiera dar el paso desde el mundo de la oscuridad al de la transparencia, en alusión al tránsito que hizo el conseller desde las filas socialistas a las del PP. Pero Camps también se saltó el guión.  

El presidente sólo se salió del guión cuando en respuesta a la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, admitió que barajó adelantar las elecciones. "Lo sopesé", se sinceró, pero, según explicó, desechó la idea por "responsabilidad" y porque su compromiso con los ciudadanos era de cuatro años. Las palabras de Camps evidencian cómo el caso Gürtel ha condicionado su mandato hasta el punto de que estuvo tentado de no agotar la legislatura. Camps, por su puesto, no relacionó su reflexión con Gürtel. Apuntó que si pensó en disolver las Corts de manera anticipada fue para "cambiar la oposición" tras dar por hecho que el Gobierno seguiría siendo el mismo tras la prueba de las urnas. 

El regreso a la tribuna de las Corts del ex número "dos" de Francisco Camps, Ricardo Costa, defenestrado por Génova con motivo del caso Gürtel, no defraudó. El conseller Gerardo Camps se reservó el papel amable, tendiendo la mano a la oposición, mientras Costa volvió para ejercer de "poli malo" en el debate. El recién nombrado coordinador del área económica del PP empleó un tono enérgico, como en sus mejores tiempos, con duras críticas a Zapatero. "¡La nefasta gestión de Zapatero nos ha costado a los valencianos 7.000 millones!", clamó entre las protestas socialistas.  

Cuando enfiló la tribuna para intervenir, Costa ya se había tenido que oír una fresca del diputado del PSPV Juan de Dios Falcó: "¿Has venido en coche o en moto" Justo ayer se difundió un informe policial en el que se asegura que El Bigotes le pagó una moto. La presidenta, Milagrosa Martínez, amonestó a Falcó. Costa reprochó al PSPV que en el debate de la financiación "no se habla de dinero, sino de personas" y enfatizó que el PP, el Consell y el presidente no permitirán que los valencianos "sean menos que nadie". La socialista Moreno comentó que a Costa "seguramente lo volverán a destituir" mientras Morera (Compromís) le afeó que, aunque ha "chupado mucho banquillo", su tono no ayuda al pacto. 

(www.levante-emv.com, 22/10/10)

CAMPS RESPONDE SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO A LAS ONG 

Casi veinte meses después, el PSPV cambia el guión de las sesiones de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en el pleno de las Corts de este jueves plantea una pregunta ajena al caso Gürtel. El caso del entramado de fundaciones y empresas para captar subvenciones de cooperación internacional al desarrollo de la Conselleria de Solidaridad, que dirige el también portavoz del PP en la Cámara, Rafael Blasco, ha brindado a los socialistas la ocasión de arrinconar, al menos momentáneamente, el "monotema", como el PP alude al caso Gürtel, en el que Camps y otros altos cargos del Consell y del PP están implicados. La situación ha abocado el debate político a un callejón sin salida, ya que el jefe del Consell no ofrece explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria y, en las últimas sesiones, se ha refugiado en la censura del portavoz socialista, Ángel Luna, por la reforma hace 13 años de su piso que le adelantó el constructor Enrique Ortiz. 

La primera vez que Luna inquirió a Camps sobre Gürtel fue el 12 de febrero de 2009. Seis días antes la policía había entrado en la sede de Orange Market. En todas las sesiones de control de 2009 y de 2010 Luna ha preguntado sobre el caso que investiga el TSJCV y el TSJ de Madrid. Este jueves, Luna preguntará a Camps si ha decidido adoptar alguna medida para delimitar responsabilidades en relación con "las graves irregularidades en materia de gestión de fondos públicos puesta de manifiesto por los medios de comunicación a lo largo de los últimos días", en referencia al caso de las ayudas a las ONG, y que evite su repetición en el futuro. Según Luna, los últimos datos públicos sobre la deuda de las autonomías vuelven a poner de manifiesto que la valenciana es la comunidad más endeudada en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) y que está "muy por encima" de la media en deuda por habitante, lo que debería llevar "a extremar el control de la eficacia en el gasto público". 

La iniciativa, eso sí, afecta a un caso de supuesta corrupción como Gürtel, por lo que es previsible que el socialista aluda también a un asunto que sí estará presente en el pleno, ya que la pregunta del portavoz de Compromís, Enric Morera, versa sobre el informe de la Unidad de Auxilio Judicial del TSJ de Madrid referido a las contrataciones de RTVV en la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. El propio Blasco ha abierto la sesión preguntando a Camps sobre "cómo valora el descenso de la inversión del Estado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2011". 

La rehabilitación política del ex secretario regional del PPCV Ricardo Costa tendrá el jueves su día grande. El popular, suspendido de militancia por Génova durante diez meses con motivo del caso Gürtel y que hace dos semanas fue designado coordinador de Economía tras el levantamiento de la sanción, será el portavoz de su grupo en el debate sobre la financiación autonómica, una cita parlamentaria importante en la que el vicepresidente Gerardo Camps expondrá el informe del Comité de Expertos.
Cuando el grupo aprobó el nombramiento, se indicó entonces que, como coordinador del área económica, Costa sería el portavoz popular en el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2011, y nada más. También se insistió en que el portavoz de Economía, que lo es además del PPCV, sigue siendo el vicesecretario del grupo, José Marí Olano. Sin embargo, si Costa posee una virtud es la de la actividad. No para. Tan es así que, desde su designación, se ha reunido con los jefes de gabinetes y asesores de todos los consellers para coordinarse de cara a los presupuestos, y también prevé hacer lo mismo con las comisiones parlamentarias del área económica. Ahora, Costa "salta" también al debate sobre la financiación autonómica en una gran cita y, aunque se haya consultado a Marí Olano, es obvio que las competencias de uno y otro, serán fuente de fricción. 

(www.levante-emv.com, 21/10/10)

EL CONSELL AUSPICIA UN ENTRAMADO DE ONG QUE DESVÍA DINERO DE COOPERACIÓN A SUS EMPRESAS  

Un complejo entramado de fundaciones y ONGD creadas recientemente desvió hasta 1,4 millones de euros de ayuda al Tercer Mundo a empresas de sus dirigentes a través de contratos de asesoramiento y valoración técnica. Personal de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, auspició que este tinglado recibiera hasta 4.368.632 millones de euros de subvenciones en 2009 y 2010, según revelan unos documentos a los que se ha tenido acceso. 

El entramado, formado por cuatro ONG y dos fundaciones y, al menos, por cinco empresas, recibía consignas de personal de la conselleria de Blasco para mejorar sus puntuaciones en los concursos públicos y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. En el centro de la red se encuentra la Fundación Solidaria Entre Pueblos, fundada en febrero de 2009 y que con tan corta vida ya ha recibido hasta 829.990 euros de proyectos de la Generalitat, algunos a dedo. Además, ha sido la institución elegida por Rafael Blasco para construir un hospital en Haití, con 3,8 millones de dinero público y de donaciones de los valencianos. 

La red utilizaba un modus operandi piramidal. Entre Pueblos buscaba fundaciones y ONGD para ser asesoradas, muchas veces por personal de la propia conselleria que daba listados de las puertas donde llamar. Según ha podido saber este periódico, un subordinado de Rafael Blasco facilitaba los contactos e incluso, daba su nombre para interceder en la colaboración. También daba recomendaciones sobre los detalles técnicos que más se valoraban para entrar. La interlocución con la fundación cabeza de la red era más que fluida. 

Una vez las organizaciones "tentadas" aceptan el trato, los técnicos de Solidaria Entre Pueblos elaboran el proyecto entero, incluidas las empresas con las que contratar, que en la mayoría de casos pertenecían a los dirigentes de la fundación. Así, según ha contabilizado Levante-EMV del material del que dispone, las firmas podrán recibir hasta 1.399.467 en los proyectos de 2009 y 2010, ya que algunos todavía están en ejecución en estos momentos. 

Las empresas con las que se contrata, la mayoría de veces para informes técnicos, estudios topográficos, o incluso para cursos de agricultura, son Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., Dinamiz-E, S. L., Desfa, S. L., y Promociones Delyvery Burns. La asesoría Avance abogados también facturó algunos trabajos a esta red de fundaciones. Estas cinco empresas pertenecen a los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos o a sus directores en la sombra. 

Arcmed, que ha recibido de las fundaciones de la red hasta 420.997 euros, tiene como administrador único a Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos. Dinamiz-E, por su parte, cobró a las ONGD 519.329 euros y es propiedad de Adolfo Soler Sempere, vicepresidente de la fundación matriz.  

Por su parte, Joaquín Blasco López, quien en realidad dirige en la sombra la Fundación Entre Pueblos, según ha podido confirmar este periódico en la documentación que obra en su poder, es el consejero delegado de Desfa, S. L., empresa que tiene comprometidos 388.255 euros de la red de ONGD. Promociones Delivery Burns, cuya administradora única es María Pilar Segura Crespo, también cobró 70.886 euros. Segura Crespo es también presidenta de Desfa, S. L. 

Llama la atención que trabajando para la Fundación Entre Pueblos se encuentra la firma de uno de los ex socios del hermano del conseller Blasco, César Augusto Tauroni. CGS, la firma de Tauroni, quien también es brazo ejecutor, asesora a la fundación. 

Pero no sólo las empresas de la trama tienen vinculaciones con Entre Pueblos, la propias ONGD a las que asesoraba acabaron produciendo sinergias. Es el caso de Ceiba, que recibió de la Conselleria de Solidaridad 656.355 euros. Juan Pablo Ebang, su presidente en 2009 (dimitió hace unos meses), estaba a sueldo de la fundación matriz, concretamente a 1.300 euros mensuales, según la documentación en poder de este periódico.  

Dinamiz-E facturó por varios cursos a Ceiba 170.700 euros, de los 296.700 que costó todo el proyecto "Contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Malabo, Guinea Ecuatorial". Cabe recordar que el objeto social de esta firma es "el asesoramiento en informática". Además, la propia Solidaria Entre Pueblos recibió además casi 6.000 euros por la evaluación final del proyecto en 2009.  

También de un proyecto de Ceiba para la reducción del sida en Guinea Ecuatorial, la firma de Joaquín Blasco López, Desfa, S. L., facturó 187.000 euros en suministro de medicamentos. Delivery Burns (firma administrada por la presidenta de Desfa, S. L.), que tiene en su objeto social el comercio de productos farmacéuticos y la venta de inmuebles, cobró hasta 70.886? 

Pese a esta elevada facturación, Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) fue quien más dinero de la Generalitat recibió. Hasta 1.406.911 euros para diferentes proyectos en República Dominicana. En este caso también entraron todas las empresas de la red, que facturaron más de 330.000 euros por la construcción de invernaderos. 

Por su parte, la Fundación Esperanza sin Fronteras, presidida por el periodista Fernando Darder, recibió para dos proyectos en 2010 hasta 579.846. Aunque el proyecto en Perú todavía no ha finalizado, las facturas proforma a las que ha tenido acceso Levante-EMV, confirman que Arcmed facturará a la firma, unos 116.000 euros. 

Otra de las agraciadas con gran cantidad de dinero fue Asa de África, con hasta 663.378 euros. En este caso, es su propia presidenta la que tiene una estrecha relación con el entorno de Rafael Blasco y los dirigentes de Solidaria Entre Pueblos.  

Chistine Bernadette Nnomo Ayissi fue candidata por Asturias por el Partido Social Demócrata (PSD). Además es la vicepresidenta de Fedacot, la asociación que instigó el conseller Rafael Blasco para controlar el mundo de las ONGD. 

Por último, Asamanu de África, a quien Solidaria Entre Pueblos gestionó todos los proyectos se ha llevado de la Generalitat 232.148 euros para sus proyectos en el continente africano. 

Arcmed, la empresa cuyo administrador único es Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos, no sólo recibió contrataciones del conglomerado de fundaciones que controla. Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) le abonó 208.352 euros por asesoramiento técnico. Cabe recordar que Cyes destinó 1,6 millones de euros de fondos de cooperación de la Generalitat a la compra de pisos y aparcamientos. 

En concreto, el dinero del proyecto tenía que haber ido a Nicaragua pero se quedó en Valencia y al país centroamericano sólo llegaron 63.500 euros. Cyes, que preside Marcial lópez, inhabilitado por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años 90 cuando presidía el Colegio de Enfermería de Castellón, recibió de la Generalitat dos proyectos de 833.409 euros cada uno. 

Al final, según publicó El País, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida Ausiàs March de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, telefono y equipos informáticos por 22.194 euros y se destinaron 71.976 euros a gastos de personal. 

La conselleria, que cerró el expediente favorablemente, sólo pidió la devolución de un 15% del valor del proyecto por no ajustarse a su idea inicial. La Generalitat negó tajantemente estas informaciones y dijo que dejaría ver el expediente a la oposición. levante-emv valencia 

(www.levante-emv.com, 20/10/10) 

LA EMPRESA DE UN SOCIO DE TAURONI FACTURÓ A CUATRO ONG DEL ENTRAMADO 

La Fundación Solidaria Entre Pueblos asesoró a la organización del ex futbolista del Valencia CF Carlos «Lobo» Diarte en la rehabilitación del centro con su mismo nombre para «la reinserción y refuerzo de la infancia y juventud más desfavorecida» de un barrio de Asunción, la capital de Paraguay. El proyecto, que fue denegado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía «por incumplir los requisitos», incluía en sus presupuestos la compra de cuatro pantallas LCD, alguna de 42 pulgadas, cuatro equipos de aire acondicionado, cinco ventiladores, un lavavajillas, una lavadora y hasta un congelador, según las facturas proforma a las que ha tenido acceso este periódico. 

El proyecto, que también incluía la rehabilitación de un edificio, tenía previsto realizar cursos para la reinserción de jóvenes y niños desfavorecidos. Una de las empresas a las que se le solicitó presupuesto para estas actividades es una firma de Bilbao, Ecotec Urbanismo, que tiene como objeto social la construcción y compra de inmuebles. Concretamente, la constructora iba a realizar 11 cursos de formación, en caso de ser elegida, sobre deportes, salud e higiene, lectura y expresión, prevención de drogas o estimulación psico-afectiva. Por cada curso cobraría entre 5.200 y 5.600 euros, llegando a facturar hasta 68.440 si se le encomendaba el trabajo. 

Este concurso público, el de ayudas a la cooperación internacional de 2010, fue de los primeros a los que se presentó la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Aunque se lo denegaron por «incumplir los requisitos», la realidad es que no se podía haber presentado porque no tenía un año de vida (fue fundada el 13 de enero de 2009 y las convocatorias se realizaron en diciembre de ese mismo año), por lo que incumplía la ley. Aun así, lo intentaron. 

En ese sentido, la matriz del entramado de ONG denunciado por PSPV y Compromís por desviar dinero a sus empresas afines se informaba a través de foros de Internet para saber como trabajar en Paraguay. Según capturas de pantalla de la página Soluciones.org, una web muy conocida para consultar dudas, trabajadoras de la Fundación planteaban cuestiones como si «la factura que emita una empresa de Paraguay que nos va a hacer un trabajo en este país ha de llevar IVA».  

Por otra parte, hasta cuatro ONG de la red solicitaron presupuestos a Mecanizados Inelme, la empresa del socio de Augusto César Tauroni, también ex socio del hermano del conseller Rafael Blasco y que ya ha aparecido en otras ocasiones relacionado con empresas que han recibido subvenciones de la Generalitat. El administrador único de Inelme, Fernando Canete Marco es presidente de Air Services Management SL, en la cual Tauroni es consejero. Cabe recordar que tanto PSPV como Compromís han advertido que Tauroni dirigía la matriz del entramado desde la oficina que tienen en la calle San Vicente de Valencia. 

En este caso, y según las facturas proforma en poder de este periódico, la Fundación Solidaria Entre Pueblos habría solicitado presupuestos a la empresa del socio de Tauroni para cuatro proyectos diferentes, tres en los que estaba de asesora y un cuarto para uno propio. La Agrupación Ceiba, cuyo ex presidente, Juan Pablo Ebang, estaba a sueldo de la propia matriz, requirió su presupuesto para la compra de «tres generadores y mecanización para transporte en terreno abrupto» por valor de 11.790 euros. 

Asa de África, cuya presidenta es Christine Bernardette, candidata a las elecciones por el Partido Social Demócrata, auspiciado por el clan Blasco, le solicitó un grupo electrógeno. En este caso se incluía el embalaje y el transporte por barco y costaba 10.828 euros. El proyecto al que se le atribuye, el fortalecimiento alimentario en Mauritania. 

Otra de las ONG más ligadas a la Fundación Solidaria Entre Pueblos y que tiene comprometidos entre subvenciones de 2009 y 2010, más de 1,4 millones de euros, también pidió presupuesto a la empresa del socio de Tauroni. En este caso, 11.732 euros por la «construcción de un revestimiento interior armado, contra robo y antivandálico» en la República Dominicana. 

Por último, la propia Fundación Solidaria Entre Pueblos pidió presupuesto para un proyecto de reducción de SIDA en Guinea Ecuatorial. En este caso, la firma del socio de Tauroni presupuestó 11.342 euros por «dos generadores y mecanización para transporte abrupto». Air Services Management SL, la firma en la que coinciden Augusto César Tauroni y el administrador de Inelme, se dedica al «alquiler de aeronaves». Arcmed, empresa del presidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, Alfonso Navarro, y que también factura al entramado, alquila aeronaves. Navarro también es piloto. 

La Diputación y el Ayuntamiento de Castelló también aportan fondos a la Fundación Solidaria entre Pueblos, la matriz del entramado de ONG auspiciado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía para captar los fondos de cooperación. 

La comisión de Presidencia de la diputación aprobó ayer conceder una subvención a Solidaria entre Pueblos, destinados a la fase inicial de construcción del hospital modular y su posterior equipamiento en el municipio de Belle Anse, en Haití, con un coste de casi 4 millones de euros. En esta primera fase, la diputación castellonense aporta 12.000 euros, que se suman a los casi 200.000 euros de la Generalitat Valenciana, los 12.000 euros de la Diputación de Alicante y del Ayuntamiento de Castelló y otros tantos de entidades privadas. La promoción del hospital en Haití fue asignado a Solidaria entre Pueblos.  

La fundación Solidaria Entre Pueblos afirmó ayer respecto al proyecto de construcción de un centro hospitalario en Haití que «ha firmado un convenio dentro de la más estricta publicidad y legalidad, en virtud del cual asume la responsabilidad de ser la oficina técnica de cooperación, entre cuyas funciones se encuentra realizar trabajos preliminares para que a la mayor brevedad posible se culmine la construcción de un hospital en Haití». La entidad rebate las críticas del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y sostiene que «hasta donde esta fundación tiene conocimiento y en base a la información que aparece en los buscadores de Internet, la empresa Orion es una empresa de ingeniería que colabora estrechamente con la multinacional Williams Scotsman, que entre otros realiza construcciones modulares para el ejército americano, el gobierno federal de Estados Unidos y para multitud de gobiernos y ONG». 

Asimismo, replica a la diputada de Compromís Mireia Mollà que tiene poderes en cuentas mancomunadas con otras fundaciones en los proyectos en los que colabora «en aras a aportar mayor transparencia, mayor control y asegurar el buen fin de los fondos consignados». Añade que «es necesario la firma del representante de cada ONG y la del secretario de la fundación, al que se le ha asignado la función de fiscalización, supervisión y control de los fondos para que se liberen en tiempo y forma y con todas las garantías legales». La entidad recalca que esta forma de proceder «garantiza que las disposiciones estén debidamente justificadas y sometidas al necesario control».  

Compromís cuestiona al Síndic y Blasco defiende el hospital de Haití pese a dudar de la viabilidad

La oposición denunció ayer que el PP ha solicitado a la Sindicatura de Comptes una auditoría de las ayudas a las ONG con la intención de «tapar» las anomalías en la Conselleria de Solidaridad, que dirige el también portavoz popular, Rafael Blasco. Enric Morera (Compromís) fue más allá y cargó contra el órgano fiscalizador de la Generalitat, del que no ocultó su desconfianza tras avalar, dijo, los contratos con la trama Gürtel por la visita del Papa que luego un informe judicial ha puesto en evidencia. «Es un organismo irrelevante que no fiscaliza de una forma fehaciente, clara y contundente el entramado de contrataciones y facturas del Consell», asestó. Ángel Luna (PSPV) señaló que la Sindicatura «tiene unas limitaciones a la hora de hacer el seguimiento de dónde ha ido a parar el dinero», por lo que tiene «más confianza en la Justicia». Blasco reprochó a la oposición que «descalifique» las instituciones» ante su «debacle electoral». 

Del hospital de Haití, el conseller defendió que el proyecto tiene el beneplácito del comité de expertos que preside Bill Clinton, «encargado de tutelar todos los proyectos en Haití». Sobre la viabilidad de la iniciativa, asumió como propias las dudas de Cruz Roja sobre la sostenibilidad de un proyecto en el que el Consell va a destinar 3,8 millones. «¿Hay alguna duda sobre la sostenibilidad de la gestión de un hospital en Haití a la vista de cómo está este país? Sobre la de un hospital y sobre la de un ultramarinos», apostilló, para añadir que, no por ello, los países renuncian a realizar esfuerzos para mejorar la situación. 

(www.levante-emv.com, 20/10/10)

CAMPS ADJUDICABA "A DEDO" LOS CONTRATOS HUMANITARIOS 

Cruz Roja confirma que la ONG Fundación Solidaria 'Entre Pueblos' iba a ser la asignataria del proyecto para la construcción de un Hospital en Haití y se felicita de que no se le haya planteado su intervención. 

Cruz Roja estima en unos 3 millones de euros el coste de la construcción y el transporte del hospital que, al ser prefabricado, vendría desde Miami, como los equipos. Cruz Roja mantiene serias dudas sobre la pertinencia del proyecto pero, sobre todo, de sus sostenibilidad una vez se retire la financiación de la Generalitat puesto que no había nadie que se hiciera cargo de la gestión y era bastante difícil encontrarlo. Considera una "gran ventaja que no se haya contado con la entidad". 

El informe señala que la Fundación Solidaria 'Entre Pueblos' será la asignataria de la financiación disponible para acometer el proyecto en la fase constructiva y en la de formación de personal y constata que el director general de inmigración, José María Felip, y un representante de 'Entrepueblos' visitaron Haití, recibiendo el apoyo logístico de la delegación de la Cruz Roja en ese país caribeño para cerrar acuerdos, firmar una declaración de intenciones con la alcaldesa de la localidad donde se construirá el hospital y establecer una agenda para la firma de un convenio con el ministro de Salud. 

(www.cadenaser.com, 18/10/10)

UNA TRAMA CONVIERTE LA SOLIDARIDAD EN NEGOCIO 

"Algunas ONG españolas todavía siguen robando duro en el país, haciendo proyectos fantasmas y otras inversiones para los pobres..., todo queda en los altos funcionarios de esas ONG". Este comentario anónimo a una noticia publicada por la edición digital del diario La Prensa, de Managua el 28 de diciembre de 2008, no era el único que arremetía en el mismo sentido contra una información titulada Cooperación española visible en Madriz. La crónica explicaba, de manera un tanto confusa, que en ese departamento de Nicaragua se desarrollaban proyectos de cooperación para mejorar caminos rurales, perforar pozos de agua y ayudar a la agricultura financiados por varias instituciones españolas, entre ellas, "la Generalitat Valenciana más la Fundación Cyes". 

Algo debían ver sobre el terreno los anónimos lectores internautas de lo que ocurría de hecho con algunos de esos proyectos. La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dos subvenciones para "grandes proyectos" de 833.409 euros cada una, apenas destinó unas decenas de miles de euros a sus objetivos en Totogalpa, departamento de Madriz, consistentes precisamente en acercar agua potable a una zona rural y mejorar el rendimiento de los cultivos. La mayor parte del dinero fue gastado, de manera inmediata, en la compra de dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, que, según la letra del proyecto, debían servir como "oficina técnica". A esos locales, en realidad, ha trasladado su sede la propia fundación creada y presidida por Marcial López López, un enfermero que a finales de los años noventa fue revocado de la presidencia del Colegio de Enfermería de Castellón, inhabilitado y acusado de malversar fondos. 

Además de la compra de los pisos, que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se apresuró a desmentir hace una semana, tras estallar públicamente el escándalo, con un certificado sin registro de salida según el cual su departamento habría obtenido de la Fundación Cyes facturas por otros conceptos para justificar los gastos, la entidad consiguió que la Generalitat le aceptara como gastos justificados más de 66.000 euros de asesoría de una empresa creada por personal de la propia fundación, y actualmente domiciliada en su sede, y 208.000 euros pagados, también por asesoramiento, a una empresa informática denominada Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL. 

Eso ocurría a finales de 2008. Momento en que el administrador único de Arcmed, Alfonso Navarro Torres, constituía junto a Adolfo Soler Sempere, de otra empresa denominada Dinamiz-E Consultoría, Creatividad y Desarrollo Tecnológico, propiedad de los mismos accionistas, una denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, en la que ocupa el puesto de secretario José Bollaín Pastor, del despacho Avance Abogados. Esa fundación ha pasado en dos años a convertirse en la entidad de referencia del departamento de Blasco y en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación a través de pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo ya existentes o de ONG fantasmas creadas casi al mismo tiempo. 

La abundante documentación que sobre el caso de la Fundación Cyes y sobre la Fundación Entre Pueblos obra en manos del fiscal anticorrupción, aportada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que presentó la denuncia, y por la diputada de Compromís Mireia Mollà, que incorporó hace unos días bastante información a la investigación, ha abierto un caso en el que se destapa el uso de la solidaridad como negocio por parte de una serie de empresas bien relacionadas con el poder político. 

Aparte de la Fundación Cyes, cuyo asunto, en un momento previo a la creación de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, ha desencadenado la investigación del fiscal y la polémica pública, al menos cinco ONG han servido de tapadera a la trama para captar fondos de las subvenciones de cooperación de 2009 y 2010. El portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, evaluó el viernes en 9,6 millones de euros lo que la trama habría obtenido hasta ahora por el procedimiento de gestionar desde la Fundación Entre Pueblos, en contacto estrecho con los técnicos del departamento de Blasco, proyectos a las ONG que desbordan sus posibilidades e incluir en esos proyectos sustanciosas facturas que cobran las empresas de los patronos de la propia fundación. 

La actuación de la trama implica a organizaciones como Fudersa, Asa de África, Agrupación Cívica Intercultural Hispano-ecuatoguineana-Ceiba, Esperanza sin Fronteras y Asamanu África. Las dos últimas han hecho público que ignoraban que estaban siendo utilizadas para el fraude en los fondos de cooperación. Los proyectos de todas ellas, gestionados desde la Fundación Solidaria Entre Pueblos, incluyen pagos a Arcmed, de Alfonso Navarro, presidente de la fundación; Dinamiz-E, de Adolfo Soler, vicepresidente, o Avance Abogados, de José Bollaín, secretario y apoderado. 

En el caso de la Agrupación Ceiba, también aportó facturas la empresa Depósito de Especialidades Farmacéuticas (Desfa), de la que es consejero delegado Joaquín Blasco López, uno de los habituales en los locales de la Fundación Solidaria Entre Pueblos junto a César Augusto Tauroni, viejo conocido del consejero Blasco en otros escenarios de empresas informáticas y adjudicaciones de la Administración. La Agrupación Ceiba, de repente, empezó a gestionar supuestamente proyectos en Malabo contra la violencia sexual y la explotación infantil y contra el contagio del sida por valor de 296.988 y 359.367 euros. En realidad, como revelan documentos que la diputada Mollà ha entregado al fiscal, esos proyectos, que implican pagos a las empresas de sus patronos, los ejecutaba la Fundación Solidaria Entre Pueblos, a la que ha interpuesto un pleito mercantil la veterana ONG Entrepueblos (Entrepobles) por usurpación de marca en el que ha pedido la suspensión cautelar de su uso. 

El protagonismo de la Fundación Solidaria Entre Pueblos en la redacción de los proyectos generosamente subvencionados por la consejería de Blasco es tal que dispone incluso de cuentas mancomunadas con las ONG para el manejo de los fondos recibidos de la Generalitat. 

Mientras Blasco se ha aplicado a negar cualquier irregularidad en la gestión de las subvenciones de cooperación, pese a los indicios acumulados, en forma de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y expedientes, por la oposición, las organizaciones de ayuda al desarrollo han expresado su preocupación ante el escándalo. 

La Coordinadora Valenciana de ONGD, a la que ha comenzado a surgirle una escisión promovida desde la propia Consejería de Solidaridad y Ciudadanía -el mismo Blasco llegó a telefonear personalmente a responsables de ONG en ese sentido-, ha hecho pública su preocupación por el deterioro de la imagen de la cooperación ante la opinión pública. "Por la gravedad de los hechos", explicaba la Coordinadora en un comunicado, el asunto "genera dudas sobre la transparencia y eficacia de los programas de cooperación internacional desarrollados por las ONGD valencianas". 

Son los efectos de una trama que aprovecha los fondos públicos para obtener beneficios. Como pedía el anónimo lector de la edición digital del diario La Prensa, "más control a estas ONG que siguen saqueando lo último que nos queda y se roban el dinero que es donado para los pobres". 

(www.elpais.com, 17/10/10) 

LA 'RECETA BLASCO', OTRA VEZ 

Hay cosas que nunca cambian. La toma de posesión de Rafael Blasco como consejero es garantía de que, más pronto o más tarde, saltará un escándalo (o varios) relacionado con su gestión. La polémica -esto tampoco suele fallar- estará relacionada con adjudicaciones concedidas a empresas vinculadas, de una u otra forma, a personas relacionadas con su entorno. Y, además, entre las firmas beneficiarias de los fondos públicos o entre sus responsables no es extraño que aparezcan una y otra vez los mismos nombres. El último de estos episodios, el presunto desvío de fondos a organizaciones afines a través de los fondos de cooperación, tiene todos estos ingredientes. Los ingredientes de la receta Blasco. 

De nuevo, la pista lleva a un clásico de las polémicas del consejero: Augusto César Tauroni. Esta vez, eso sí, en segundo plano. Este ex socio de un hermano del consejero, Bernardo Blasco, fue protagonista de una polémica adjudicación de Bienestar Social en 2001 cuando Rafael Blasco dirigía este departamento. La firma de Tauroni, General de Comunicación y Servicios (GCS), se alzó con un concurso de atención telefónica a personas mayores por 99.716 euros mediante un proceso administrativo urgente -"una ficción", según denunció Eulen, competidora por el contrato-. CGS también obtuvo otra serie de contratos de Bienestar Social por más de 200.000 euros. 

Otra de las empresas beneficiadas por el paso de Blasco por Bienestar Social fue Lonerson. Obtuvo un contrato junto a Tissat de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. En otro concurso, junto a Asispa para la teleasistencia en situaciones de riesgo, usó la sede social, el teléfono y la web de CGS. La relación CGS-Lonerson quedó aún más patente cuando Consuelo Tauroni, hermana de Augusto César, se presentó como representante de Lonerson en la consejería. 

El tinglado de ONG subvencionadas por Blasco ha devuelto a Lonerson a escena. El administrador de la firma desde 2005 es Adolfo Soler Sempere, a su vez, administrador de Dinamiz-e. Esta empresa se ha beneficiado de la trama al asesorar a ONG. Pero, además, Soler es vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, situada en el epicentro de la polémica. 

Otro de los protagonistas que ha vuelto a primer plano a raíz del escándalo de la cooperación es Marc Llinares, actual jefe de área de cooperación. Llinares fue el sustituto que buscó Blasco en su paso fugaz por la Consejería de Sanidad (2006-2007) para Alfonso Jiménez, jefe del departamento de informática, cuando este le dio problemas. Jiménez plantó cara al consejero al oponerse a los criterios de adjudicación que le trataban de imponer en contra de la opinión de los técnicos. Finalmente, abandonó la consejería y Blasco puso en su lugar a Llinares. Entonces, poco antes de abandonar el departamento, Blasco aceleró varias adjudicaciones por valor de cinco millones de euros. 

El episodio de Jiménez no es un caso aislado en la trayectoria de Blasco. Sin ir más lejos, en Solidaridad y Ciudadanía ha habido al menos cuatro bajas por defender posturas contrarias a las dictadas por la cúpula de la consejería. Entre ellas se encuentran dos directoras generales (Carmen Dolz y Pilar Collado), además de un jefe de área (Sergio Aguado) y una jefa de servicio (Teresa Clemente). En la dirección general, Blasco puso a Josep María Felip, el más fiel aliado del consejero. En lugar de Aguado, el elegido fue otro viejo conocido: Marc Llinares. 

(www.elpais.com, 17/10/10)

LA SUBVENCIÓN DE BLASCO A NICARAGUA SE GASTÓ EN UN MES EN DOS PISOS 

La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, aprobó el 22 de agosto de 2008 dos subvenciones idénticas, por 833.409 euros cada una, para sendos proyectos de cooperación de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en Nicaragua. Pocos días después, el 11 de septiembre, el dinero estaba ingresado en las cuentas de la fundación. No había pasado un mes cuando, el 6 de octubre, salían de las cuentas los fondos para pagar dos pisos con garaje en Valencia, cuya adquisición la entidad había incluido en el proyecto. Una semana más tarde, ya se había pagado también a la empresa Arcmed, que forma parte de una trama para captar fondos de cooperación de la Generalitat, un carísimo asesoramiento. Así lo revelan los movimientos bancarios de las cuentas de la Fundación Cyes. 

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, hizo público ayer el documento que refleja los movimientos de la cuenta de la Fundación Cyes en la oficina del BBVA de Rey Don Jaime, en Castellón, correspondiente a uno de los proyectos. El 11 de septiembre de 2008 entran en la cuenta los 833.409 euros de la subvención de la Generalitat, el 6 de octubre hay un cargo por 282.322 euros, dos por 46.722 euros y otro por 21.105 destinados al pago de uno de los entresuelos comprados en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, donde hoy está la sede de la fundación. El 13 de octubre salen otras cantidades para pagar gastos y tributos de la compra y un talón de 208.352 euros destinado a la empresa de informática Arcmed por su asesoramiento. A finales de ese mes, apenas quedan en la cuenta 184.000 euros de los ingresados por la Generalitat, sin haber destinado todavía ni un céntimo a Nicaragua. 

Los movimientos bancarios confirman, por tanto, que la Fundación Cyes compró dos locales con garaje con fondos destinados a cooperación con la excusa de crear una "oficina técnica" de los proyectos. En ningún momento la consejería reclamó la devolución de ese dinero. El consejero Rafael Blasco aseguró, tras estallar el escándalo por lo sucedido, que el 8 de julio pasado, casi dos años después de ingresar en la cuenta de la Fundación Cyes la subvención, y sólo cuatro días antes de cerrar el expediente, su departamento aceptó otro tipo de facturas para justificar los gastos porque no consideró aceptables las de la adquisición de inmuebles. 

Además de revelar el destino efectivo de los fondos de cooperación entregados a la Fundación Cyes, presidida por Marcial López, que fue inhabilitado en los años noventa cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, el portavoz socialista, Ángel Luna denunció lo que calificó como una irregularidad "que pasará en el futuro" y contra la que advirtió que el PSPV-PSOE "dará la batalla para que no se lleve a cabo". Estuvo acompañado de la diputada autonómica Clara Tirado, que presentó ante el fiscal anticorrupción una denuncia sobre el asunto que ha dado lugar a la apertura de una investigación. 

Luna explicó que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha decidido entregar el proyecto de construir un hospital en Haití a la Fundación Solidaria Entre Pueblos, situada en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación para empresas de los propios patronos de la entidad. 

El borrador del acta de una reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana del pasado 3 de septiembre, que Luna entregó a los periodistas, revela que Blasco dio por hecho en Haití que Entre Pueblos, con poco más de un año de antigüedad, se hará cargo de un proyecto de 3,8 millones de euros. "En el proyecto de la Generalitat", señala el acta del Comité Permanente de Atención Humanitaria, "ya se han realizado algunas tareas a fecha de hoy: selección de una organización responsable. La fundación acreditada ante el gobierno de Haití, que ha respondido al llamado de la Generalitat para cubrir todos los aspectos de esta intervención, y que ya acompañó a la delegación valenciana en la primera visita institucional realizada en agosto es la Fundación Solidaria Entre Pueblos". 

El portavoz parlamentario socialista explicó que todo indica también que se ha permitido a la Fundación Entre Pueblos disponer de una cuenta en la que la Generalitat recogió donaciones para ayudar a Haití tras el terremoto. Según el acta del mencionado comité, el director general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip, indicó que para la primera etapa del proyecto se disponía de diversas aportaciones. Entre ellas, citó 177.779 euros procedentes de "cuentas abiertas por la Generalitat" y aseguró: "Esta cantidad se ingresará en la cuenta corriente de la fundación Solidaria Entre Pueblos" 

Añadió el portavoz socialista que ya se habla también de la empresa constructora que hará el hospital sin saber ni dónde se ubicará en concreto. Esa constructora, con sede en Miami, se denomina Orion, pero los socialistas sólo ha encontrado referencias de una inmobiliaria denominada Orion de Miami que se dedica a la venta de pisos de lujo.  

La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía emitió un comunicado en el que desmiente que se haya adjudicado todavía la construcción del hospital de Haití ni que se haya concedido "ningún proyecto a la entidad Entre Pueblos por valor de 3,8 millones", algo que no afirmó Luna.  

El diputado socialista habló, precisamente, de que no se ha producido concurso ni adjudicación alguna. Sobre la constructora Orion, la consejería de Blasco dijo que "es una de las empresas con las que se ha contactado y que se dedica a la construcción de clínicas y hospitales modulares diseñados específicamente ante casos de catástrofes naturales". 

El hecho es que, de acuerdo con el acta del Comité Permanente de Acción Humanitaria, una de sus miembros solicitó "más información de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, así como de la propiedad futura del hospital". El director general le respondió que "La Generalitat Valenciana, a través de una oficina técnica que se creará en el país de la mano de la Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, se compromete a gestionar durante 5 años el hospital, pasando después al sistema de salud haitiano". 

El PP salió  defensa de Blasco. Por una parte, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla aseguró que el Consell tienen "plena confianza" en el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que merece "un respeto y una consideración". Por otra parte, los diputados populares Alicia de Miguel, Vicente Betoret y Herminia Palomar salieron en defensa del también portavoz parlamentario del PP. De Miguel acusó al PSPV-PSOE de "organizar y colaborar en una guerra sucia". Betoret dijo que los socialistas intentan "ocultar el transfuguismo" en Benidorm y Palomar dijo que la política de cooperación "no admite mancha alguna". 

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ha convocado una manifestación contra la pobreza esta tarde en Valencia, pidió a la Generalitat que aclare lo sucedido con la Fundación Cyes y la trama de fundaciones y señaló en un comunicado que "la instrumentalización de la solidaridad al servicio de intereses particulares, empresariales o políticos, es inmoral y atenta gravemente contra los pilares de la ética ciudadana". 

(www.elpais.com, 16/10/10)

BLASCO ENCIENDE LAS ALARMAS EN EL PP

El escándalo sobre la gestión en las ayudas a la cooperación que ha afectado de lleno al conseller Rafael Blasco ha generado inquietud en amplios sectores del PP valenciano que ven con preocupación como el titular de Solidaridad y Ciudadanía vuelve estar en el punto de mira de la sospecha. Dirigentes del PP consultados por este diario admitieron su malestar con una polémica que afecta a un tema tan sensible como la cooperación y que arroja serias dudas sobre un conseller cuya trayectoria ha estado marcada por los escándalos.

Las voces más críticas contra el también portavoz del grupo popular en las Corts proceden principalmente del sector cristiano del partido que nunca ha visto con buenos ojos al ex conseller socialista. La existencia de un entramado de empresas dirigidas en la sombra por personas vinculadas a Blasco que se habría beneficiado de fondos públicos dirigidos al Tercer Mundo ha dado argumentos a quienes en el PP valenciano recelan del síndic popular y consideran que el presidente Francisco Camps debería tomar cartas en el asunto. No obstante, no sólo el sector conservador desconfía de un conseller que en los últimos tiempos se ha convertido en un apoyo clave para el presidente provincial del PP, Alfonso Rus.

Personas que han compartido con él tareas de gobierno señalan que no es la primera vez que el conseller camina por la cuerda floja y que el escándalo no puede sorprender a nadie que haya seguido su trayectoria. "Mucho menos al propio Camps que sabía el riesgo que corría al hacerle conseller", apunta otro dirigente que recuerda que en la pasada legislatura el jefe del Consell tuvo que abrir una crisis de gobierno ante su controvertido paso por el departamento de Territorio. Estas fuentes admiten que Blasco ha hecho impagables servicios a la causa, pero añaden que es obvio que siempre "ha trabajado para sí mismo".

La polémica tampoco ha gustado en el Palau de la Generalitat. Aunque el propio conseller previno a Camps de lo que se le venía encima -Blasco aseguró en rueda de prensa que supo de la existencia de la querella socialista diez días antes de presentarse- al jefe del Consell le incomoda que la imagen de su Gobiern0, muy tocada por el caso Gürtel, sufra una nueva estocada. Aunque en el PP se da por hecho que el conseller "sobrevivirá como siempre lo ha hecho" máxime en un momento en que difícilmente Camps puede dar un golpe de autoridad, reconocen que el escándalo debilita a quien en los últimos años ha llevado el peso de su defensa. Considerado dentro y fuera del PPCV como el mejor estratega del Consell de Camps, Blasco había ganado protagonismo en la primera línea política.

De hecho, como portavoz ha dado un impulso importante al grupo popular con el que ha paliado en parte la parálisis de un Ejecutivo en el que dos de sus vicepresidentes están salpicados por el caso Gürtel. Ahora, en plena ofensiva contra el síndic socialista, Ángel Luna, por la polémica reforma en el domicilio familiar, la figura del síndic popular se ve empañada por una controversia que llega a menos de un año de las elecciones y de la formación de otro Consell.

El conseller Serafín Castellano aseguró que Blasco ya ha dado "explicaciones prontas y claras de todo lo que se le ha solicitado, como las da también el Gobierno valenciano en su conjunto". El titular de Gobernación, que en su día también se vio afectado por la polémica por adjudicar contratos a un conocido, considera que el PSPV "es el menos indicado para dar lecciones de ética y de moral a nadie porque la historia reciente demuestra que siempre que gobierna el PSOE, en este país se convive con la corrupción y con el paro". Desde las Corts la diputada popular Hermina Palomar acusó al PSPV de tratar de confundir a la opinión pública, al tiempo que negó la existencia de irregularidades en Cooperación.

(www.levante-emv.com, 13/10/10)

CUATRO ALTOS CARGOS Y FUNCIONARIOS DE BLASCO CESARON EN PLENO TRÁMITE DE LAS AYUDAS

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía es un territorio político de alto riesgo. Especialmente los puestos que participan en la aprobación de proyectos de desarrollo para el Tercer Mundo. Dos ex directoras generales de cooperación (Carmen Dolz y Pilar Collado), un ex jefe de área adscrito a ese departamento (Sergio Aguado) y una ex jefa de servicio de gestión de los programas (Teresa Clemente) pueden dar fe de que esas casillas del organigrama de la conselleria de Blasco queman. Los cuatro responsables de la evaluación, supervisión, aprobación y seguimiento del dinero concedido a ONG y fundaciones cesaron mientras se tramitaban expedientes como el de la Fundación Cyes -que dedicó subvenciones para cooperación a comprar inmuebles- o ayudas a entidades como las del entramado engordado con fondos públicos.

Los vaivenes de cargos en el departamento que dirige Blasco empezaron justo en los días posteriores a la resolución de 22 de agosto de 2008, en la que se aprobaban, entre otros, los proyectos de la Fundación Cyes. Carmen Dolz dimitió. Sergio Aguado, funcionario de carrera y jefe de área de cooperación, y la responsable del servicio de gestión, Teresa Clemente, fueron apartados al negarse a asumir algunos de los proyectos aprobados y planteamientos.

A rey muerto, rey puesto. El 19 de septiembre de 2008, el mismo DOCV publicaba el nombramiento de la nueva directora general, Pilar Collado, persona, como Dolz, próxima al presidente Francisco Camps. Poco más de un año y medio duró en el puesto. Fue un período no exento de encontronazos con el conseller. Hasta que, a finales de abril de este año presentó su renuncia, justo cuando se estaba cociendo la nueva resolución de ayudas a proyectos de cooperación internacional. La dimisión por serias discrepancias con Blasco se vendió como una renuncia por motivos personales, por una supuesta imposibilidad de poder cumplir con una agenda de viajes al extranjero propia del cargo. Públicamente se disfrazó la dimisión con un traslado a la dirección general de Turismo Interior por necesidades de gestión. Fue entonces llegó, por fin, alguien de la confianza del conseller. Josep Maria Felip tomó las riendas de Cooperación al Desarrollo, pero también de Inmigración, ya que las dos competencias se unificaron en una sola dirección general.

Doce días después de ser oficial su nombramiento, Josep Maria Felip firmó la resolución de las ayudas a grandes proyectos correspondientes a este año en la que no salieron nada malparadas entidades vinculadas a la Fedacod, la federación de ONG impulsada por Blasco como alternativa a la Coordinadora crítica. Entidades vinculadas al entramado en torno a la Fundación Solidaria Entre Pueblos, como ASA de África o Fudersa se llevaron 663.000 y 670.000 euros respectivamente, para proyectos en Mauritania, Camerún y la República Dominicana.El 31 de agosto, el conseller anunció la construcción de un hospital en Haití, a donde Blasco viajó. El tiene una dotación de 3,8 millones de euros y será ejecutado por la Fundación Solidaria Entre Pueblos.

El pasado 23 de junio, Felip adjudicó otros 7.500 euros a la Fundación Cyes para un máster. Y el 12 de julio, Felip firmó el certificado que cerraba el expediente de los proyectos de esta fundación en Nicaragua.

(www.levante-emv.com, 15/10/10)

LA MATRIZ DE LA TRAMA TENÍA PODERES EN CUENTAS DE LAS ONG SUBVENCIONADAS POR LA GENERALITAT

La matriz del entramado para captar ayudas de cooperación, la Fundación Solidaria Entre Pueblos, no sólo controlaba los informes y las facturas de las empresas que debían contratar las ONG subvencionadas por el Consell, sino que incluso tenía poderes en cuentas compartidas con estas entidades mediante las que se efectuaban los ingresos y pagos. Así se desprende de la documentación —14 gigas de papeles, e-mails, extractos bancarios— remitida a la Fiscalía Anticorrupción, junto con un escrito de denuncia, por el grupo de Compromís en las Corts. La portavoz adjunta Mireia Mollà acusó al conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, de "avalar" estos manejos y, en concreto, señaló la "relación directa de una persona del gabinete técnico de Blasco con la fundación Entre Pueblos" que revela, dijo, el "trato de favor" a esta entidad "para que gestionara proyectos a fundaciones más pequeñas para darles después las ayudas".

Compromís ha presentado la denuncia al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, como añadido a la que ya formuló el PSPV por la supuesta compra de pisos con fondos de cooperación. Tal como ha publicado Levante-EMV, la coalición denuncia una "trama de fundaciones" en la que las empresas que son patronos de la fundación Entre Pueblos —Arcmed y Dinamize— "acaban siendo beneficiarias de buena parte de los recursos" otorgados por la conselleria de Blasco. Para ello "utilizaron" ONG con escasos medios, a las que facilitaban casi todo, informes, facturas, gestiones, y a las que hacían contratar con esas firmas, que se llevaron unos 2 millones de los más de 4 en subvenciones, cifró. Mollà recalcó el papel de "enlace" de un miembro del gabinete de Blasco ("que no es funcionario") entre la conselleria y Entre Pueblos, una relación avalada con intercambio de e-mails y que iba a actos "donde públicamente se ha dicho que era el representante de la conselleria".

El control de la matriz era tan estrecho, según Mollà, que hasta "manejaban las cuentas compartidas" con las ONG, como lo prueba, añadió, las notificaciones de la fundación Ceiba al banco ordenando pagos, donde junto al entonces presidente, Juan P. Ebang, tiene firma José Bollaín, secretario de Entre Pueblos. Uno de ellos incluye el pago de 72.768 euros en "personal, manutención y viajes" a la propia fundación matriz. Se da la circunstancia de que Ebang estuvo "en nómina, a 1.300 euros al mes, de Entre Pueblos", resaltó Mollá. La diputada mostró un escrito similar de Fudersa, así como la autorización del presidente de Entre Pueblos, Alfonso Navarro, a Bollaín para firmar en las cuentas mancomunadas con otras ONG.

No sólo eso. Entre Pueblos, censuró Mollà, se presentaba como "responsable" de proyectos que, en realidad, estaban subvencionados a otras ONG. Así, citó la carta al Ministerio de Guinea Ecuatorial en el que alude a "nuestro proyecto", en referencia una actuación de la entidad Ceiba. Por ello, denunció que se ha incumplido la ley de fundaciones que impide, salvo autorización del Protectorado de la Generalitat, que estas entidades contraten, directa o indirectamente, con empresas de sus mismos patronos. En algunos casos, las ONG firmaban un convenio de colaboración con la matriz, con lo que la relación con el proyecto es directa. La coalición pedirá una auditoría al Tribunal de Cuentas y una comisión de investigación en las Corts.

(www.levante-emv.com, 15/10/10)

EL CONSEJERO YA SUBVENCIONÓ EN 1998 A LA FUNDACIÓN CYES CUANDO ERA SUBSECRETARIO 

La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que adquirió en 2008 dos locales con garaje en Valencia con fondos de una subvención de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, no es una desconocida para el consejero del área y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. Hace 12 años, cuando Blasco era subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de la Consejería de Presidencia, que dirigía José Joaquín Ripoll, esa fundación ya recibió una subvención de 86.747 euros (14,4 millones de las antiguas pesetas) por un máster universitario en cooperación al desarrollo. En esa época la Fundación Cyes apareció inmersa en un escándalo que afectó a su presidente, Marcial López López, entonces presidente también del Colegio de Enfermería de Castellón. 

Marcial López fue denunciado por miembros del colegio y se inició un conflicto que desembocaría en su relevo del cargo, su inhabilitación y la imputación por delitos como malversación o apropiación indebida. En el transcurso del conflicto, la policía llegó a realizar registros en la sede de la Fundación Cyes en Castellón, ya que, según las denuncias de los nuevos responsables del colegio, López había ingresado en ella matrículas de cursos organizados por la entidad colegial, que había corrido con todos los costes.

A la pregunta de este diario sobre cómo es posible que, con esos antecedentes, una década después concediera subvenciones a la Fundación Cyes de más de 1,8 millones de euros, Blasco respondió ayer que esa entidad "debía cumplir y cumplía todos los requisitos". El consejero, en una vehemente rueda de prensa tras la junta de portavoces en las Cortes, recriminó la actuación de los medios que, como EL PAÍS, han estado dando información sobre la polémica, a los que acusó de haberse "quedado solos". "No hay", concluyó sobre la Fundación Cyes, "salvo que me digan lo contrario, ninguna causa que lo impida". 

"Es un montaje", insistió Blasco sobre la denuncia de los socialistas que ha llevado al fiscal anticorrupción a abrir una investigación. Según el consejero y portavoz parlamentario del PP, el PSPV-PSOE maneja un expediente de las subvenciones a la Fundación Cyes que es "falso" y está "trucado". Blasco arremetió contra el portavoz socialista, Ángel Luna, y anunció que ha remitido un escrito a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, invitándola a comparecer en rueda de prensa o en la comisión de las Cortes, para explicar las políticas de cooperación del Gobierno central y de la Generalitat. La secretaria de Estado hizo unas declaraciones en las que pedía explicaciones sobre el caso. Blasco retó a Soraya Rodríguez a explicar su propia actuación y la de Leire Pajín, su predecesora, así como "las subvenciones que recibía la ONG a la que pertenecía Leire Pajín y algunas otras directamente vinculadas con el partido socialista conocidas en toda España". 

Ángel Luna, por su parte, fue muy contundente al acusar al Consell de protagonizar una deriva "mortal para los intereses de la Comunidad Valenciana". Se refería al informe judicial sobre las irregularidades en los contratos de Ràdio Televisió Valenciana con motivo de la visita del Papa en 2006 y a las subvenciones de cooperación. Sobre estas últimas dijo que todo el mundo es consciente de que existe "una trama de asociaciones y organizaciones que, como poco, tienen un carácter clientelar". Los socialistas han reclamado copia de los expedientes de subvención a la Fundación Cyes y otras organizaciones, de las que dijo que "parece que se han destinado a pagar asesorías de oro, en algunos casos, y locales de platino, en otros". Luna insistió en que los expedientes pueden haber sido manipulados en la consejería que dirige Blasco y apeló, para aclararlo, a la investigación del fiscal. 

(www.elpais.com, 14/10/10)

FISCALÍA INVESTIGA EL DESTINO DE LAS AYUDAS QUE BLASCO DA A COOPERACIÓN

se abrieron oficialmente las diligencias de investigación penal por la denuncia presentada por los socialistas valencianos sobre supuestas irregularidades en el destino de fondos adjudicados por la Consejería de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, a la Fundación Cyes para ayuda humanitaria en Nicaragua y que acabaron sirviendo para la compra de pisos y locales.

La fiscalía abrió las diligencias materialmente el pasado viernes, pero faltaba una firma, la de la fiscal jefe, Teresa Gisbert, que puso su rúbrica. Ahora el fiscal anticorrupción y delitos económicos se ha hecho cargo de la investigación, aunque, a pesar de lo que dijo Blasco el pasado viernes, no tiene en su poder los expedientes que contienen la documentación de la adjudicación de dos proyectos, para agua potable y promoción de la agricultura en Nicaragua, por valor de 1,6 millones de euros, de los que al menos 800.000 fueron destinados supuestamente a la compra de inmuebles.

Blasco dijo haber puesto a disposición de la Fiscalía Superior esos expedientes, pero, en realidad, solo fue una declaración de intenciones. Lo que hizo fue remitir una carta a la fiscalía, en referencia a las informaciones sobre la denuncia del PSPV ofrecidas por la cadena SER y EL PAÍS, en la que decía: "Los expedientes están a su disposición". Ahí finalizó el ofrecimiento, innecesario dado que la fiscalía, en la instrucción de las diligencias de investigación penal, tiene potestad para requerir, como hará, esos dos expedientes y cualquier otra documentación o testimonio que considere importante para desvelar qué pudo ocurrir con el dinero público destinado a cooperación que sirvió para adquisiciones inmobiliarias.

La fiscalía cuenta, de momento, con la documentación aportada por la denuncia de la diputada socialista Clara Tirado, que no es parte en la causa. Sin embargo, tras estudiarla y valorar si del relato de los hechos se desprende la verosimilitud de una infracción penal, el fiscal solicitará información tanto a la consejería como a la fundación. Será capital la documentación sobre la concesión de la subvención y la liquidación de la misma, en la que hubo facturas que se devolvieron y fueron sustituidas por otras que se acomodaban a las exigencias de la consejería. Pero además, será también importante ver qué dinero realmente llegó a la Fundación Cyes, cómo lo gestionó y cómo justificó sus actuaciones. Además, la fiscalía comparará la dotación, infinitamente menor, a proyectos en lugares similares para acciones parecidas a precios sustancialmente menores a los que Blasco aprobó y que están en discusión.

(www.elpais.com, 14/10/10)

BLASCO PAGÓ 16 VECES MÁS POR EL PROYECTO EN NICARAGUA 

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía valenciano, Rafael Blasco, otorgó 833.000 euros a cada uno de los dos proyectos de cooperación en Nicaragua de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que incluían la adquisición de dos pisos con garaje y gastos de asesoría por más de 275.000 euros cada uno. Uno de esos proyectos, de "abastecimiento, control y tratamiento de agua de consumo humano en el sector rural disperso", multiplica 16 veces el coste de otros similares en la zona. 

Una ONG con años de experiencia ha obtenido recientemente una subvención del Ayuntamiento de una capital española, a cuya documentación ha tenido acceso este diario, para un proyecto destinado al abastecimiento de agua que se ejecutará en los próximos meses en Totogalpa, el mismo municipio donde se centra el de la Fundación Cyes. El programa, presupuestado en 64.787 euros, ha obtenido una subvención de 50.679. De manera que el de Valencia arroja un sobrecoste de más del 1.500%. Y eso a pesar de que este segundo proyecto beneficiará a 315 familias (1.890 personas) frente a 30 familias (180 personas) el de la Fundación Cyes, y de que prevé perforar 10 pozos, por procedimiento manual, frente a dos, mecanizados, el proyecto valenciano. 

La abismal diferencia de costes se confirma al comparar la subvención de Blasco -que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción- con otras de objetivos similares en Nicaragua. Por ejemplo, en los departamentos de Granada y Masaya, también a cargo de una ONG española, una iniciativa para dar acceso al agua potable tiene un coste de 100.000 euros y recibe 75.000 euros de ayuda. 

(www.elpais.com, 12/10/10)

EL NÚMERO 2 DE LA RED DE ONG DIRIGE LA FIRMA A LA QUE BLASCO DIO LA ATENCIÓN A LAS MALTRATADAS 

La mercantil Lonerson SL se ha convertido en el nexo de unión entre dos escándalos mayúsculos en el corazón de la Generalitat Valenciana que tienen como protagonista principal al conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. En 2002 fue la protagonista de una extraña concesión en la que recibió de Bienestar Social, cuando estaba dirigida por Blasco, la gestión de los centros mujer 24 horas de Valencia, Castelló y Alicante por 6,7 millones de euros y que mantiene en la actualidad, según informan en su página web. En aquella ocasión, el conseller tuvo que comparecer en las Corts Valencianes para dar explicaciones. Esta empresa está administrada en la actualidad por Adolfo Soler Sempere, el número dos de la trama de fundaciones y ONG que desvían dinero del Tercer Mundo a sus empresas. En los dos casos, las consellerías que dirige y dirigió el camaleónico político de Alzira ungen con subvenciones y contratos millonarios a las empresas relacionadas con Soler Sempere y su entorno.  

Según ha venido contando Levante-EMV desde el pasado jueves, Adolfo Soler Sempere es el número dos del entramado que con la connivencia de la conselleria de Blasco ha recibido subvenciones millonarias. Soler Sempere es el administrador único de la firma Dinamiz-e y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Ambas son la columna vertebral del conglomerado de organizaciones que ha recibido más de cuatro millones de euros de fondos de cooperación para diferentes proyectos en todo el mundo. Desde Solidaridad Entre Pueblos captan, gracias a la información que se les proporciona desde la conselleria de Blasco, a otras ONG a las que les redactan los proyectos de cooperación. En todos estos trabajos hay facturas imputadas a las empresas de sus dirigentes, entre ellos Dinamize-e, que administra Soler Sempere y que recibirá 519.329 euros por todos los trabajos realizados, según las facturas y facturas proforma a las que ha tenido acceso este periódico. Es curioso, que esta firma tenga como objeto social la asesoría en temas informáticos y acabe haciendo cursos de agricultura, en algunos casos con costes superiores a 100.000 euros. 

Solidaridad Entre Pueblos, la fundación de la que Soler Sempere es vicepresidente, eje central del entramado, está dirigida en la sombra por César Augusto Tauroni, a la que éste también le realiza la gestión administrativa a través de su empresa General de Comunicaciones y Servicios (CGS). Tauroni fue socio de Bernardo Blasco, hermano del conseller Rafael Blasco y también fue uno de los principales protagonistas del escándalo de 2002. 

En aquella ocasión Blasco dio a una empresa dormida la gestión del teléfono 24 horas de mujeres maltratadas por valor de 6,5 millones entre los años 2002 a 2005. Esa empresa era Lonerson y sólo hacia ocho meses que había sido comprada para activarla. En tan poco tiempo pudo acceder a uno de los contratos más suculentos de Bienestar social en aquella época. Esta firma, que ahora dirige el número dos de la trama de ONG, actuaba como pantalla de CGS, la firma de Tauroni, como demostró Levante-EMV en diferentes artículos en el año 2002. 

Pantalla de CGS (Tauroni) 

Lonerson compartía todos los recursos de CGS, la firma de Tauroni, y se limitaba a poner el nombre. Además, la empresa en UTE (Unión Temporal de Empresas) con la que consiguió el asesoramiento a las maltratadas, Tissat, también obtuvo junto a CGS el proyecto Infodona, adjudicado también por Bienestar Social con Blasco como máximo dirigente.  

El caso de Lonerson fue muy curioso ya que de estar desactivada, en ocho meses pasó a recibir una concesión millonaria. Este contrato le vino muy bien para arrancar y tres años después, cuando terminaba la concesión, ya tenía unos ingresos de 1.347.713 euros. Fue en ese año cuando aparece Adolfo Soler Sempere que se convierte en administrador único hasta la fecha. 

Ya en el año 2008, las últimas cuentas publicadas, y sin el amparo de grandes concesiones esta empresa facturó 363.413 euros. En la actualidad tiene sus oficinas en la Avenida Catalunya número 16 y dispone da empleo a 10 trabajadores. Su actividad son los servicios médicos aunque su objeto social, que sería cambiado en los últimos años es la compraventa, arrendamiento, administración y explotación de cualquier finca rústica y urbana, y la realización de toda clase de obras tanto públicas como privadas. Sus beneficios fueron de 70.569 euros, una empresa que se puede considerar rentable. 

(www.levante-emv.com, 11/10/10)

El Consell auspicia un entramado de ONG que desvía dinero de cooperación a sus empresas

• La tercera parte de los fondos públicos fue a parar a firmas de consultoría informática controladas por los dirigentes

• del tinglado Los patronos de la fundación Solidaria Entre Pueblos facturaron 1,4 millones de euros a través de su grupo

Un complejo entramado de fundaciones y ONGD creadas recientemente desvió hasta 1,4 millones de euros de ayuda al Tercer Mundo a empresas de sus dirigentes a través de contratos de asesoramiento y valoración técnica. Personal de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Rafael Blasco, auspició que este tinglado recibiera hasta 4.368.632 millones de euros de subvenciones en 2009 y 2010, según revelan unos documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV.

El entramado, formado por cuatro ONG y dos fundaciones y, al menos, por cinco empresas, recibía consignas de personal de la conselleria de Blasco para mejorar sus puntuaciones en los concursos públicos y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. En el centro de la red se encuentra la Fundación Solidaria Entre Pueblos, fundada en febrero de 2009 y que con tan corta vida ya ha recibido hasta 829.990 euros de proyectos de la Generalitat, algunos a dedo. Además, ha sido la institución elegida por Rafael Blasco para construir un hospital en Haití, con 3,8 millones de dinero público y de donaciones de los valencianos.

La red utilizaba un modus operandi piramidal. Entre Pueblos buscaba fundaciones y ONGD para ser asesoradas, muchas veces por personal de la propia conselleria que daba listados de las puertas donde llamar. Según ha podido saber este periódico, un subordinado de Rafael Blasco facilitaba los contactos e incluso, daba su nombre para interceder en la colaboración. También daba recomendaciones sobre los detalles técnicos que más se valoraban para entrar. La interlocución con la fundación cabeza de la red era más que fluida.

Una vez las organizaciones "tentadas" aceptan el trato, los técnicos de Solidaria Entre Pueblos elaboran el proyecto entero, incluidas las empresas con las que contratar, que en la mayoría de casos pertenecían a los dirigentes de la fundación. Así, según ha contabilizado Levante-EMV del material del que dispone, las firmas podrán recibir hasta 1.399.467 en los proyectos de 2009 y 2010, ya que algunos todavía están en ejecución en estos momentos.

Las empresas con las que se contrata, la mayoría de veces para informes técnicos, estudios topográficos, o incluso para cursos de agricultura, son Gestiones e Iniciativas Arcmed, S. L., Dinamiz-E, S. L., Desfa, S. L., y Promociones Delyvery Burns. La asesoría Avance abogados también facturó algunos trabajos a esta red de fundaciones. Estas cinco empresas pertenecen a los miembros del patronato de la Fundación Solidaria Entre Pueblos o a sus directores en la sombra.

Arcmed, que ha recibido de las fundaciones de la red hasta 420.997 euros, tiene como administrador único a Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos. Dinamiz-E, por su parte, cobró a las ONGD 519.329 euros y es propiedad de Adolfo Soler Sempere, vicepresidente de la fundación matriz.

Por su parte, Joaquín Blasco López, quien en realidad dirige en la sombra la Fundación Entre Pueblos, según ha podido confirmar este periódico en la documentación que obra en su poder, es el consejero delegado de Desfa, S. L., empresa que tiene comprometidos 388.255 euros de la red de ONGD. Promociones Delivery Burns, cuya administradora única es María Pilar Segura Crespo, también cobró 70.886 euros. Segura Crespo es también presidenta de Desfa, S. L.

Llama la atención que trabajando para la Fundación Entre Pueblos se encuentra la firma de uno de los ex socios del hermano del conseller Blasco, César Augusto Tauroni. CGS, la firma de Tauroni, quien también es brazo ejecutor, asesora a la fundación.

Las ONGD y sus proyectos

Pero no sólo las empresas de la trama tienen vinculaciones con Entre Pueblos, la propias ONGD a las que asesoraba acabaron produciendo sinergias. Es el caso de Ceiba, que recibió de la Conselleria de Solidaridad 656.355 euros. Juan Pablo Ebang, su presidente en 2009 (dimitió hace unos meses), estaba a sueldo de la fundación matriz, concretamente a 1.300 euros mensuales, según la documentación en poder de este periódico.

Dinamiz-E facturó por varios cursos a Ceiba 170.700 euros, de los 296.700 que costó todo el proyecto "Contra la violencia sexual y la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Malabo, Guinea Ecuatorial". Cabe recordar que el objeto social de esta firma es "el asesoramiento en informática". Además, la propia Solidaria Entre Pueblos recibió además casi 6.000 euros por la evaluación final del proyecto en 2009.

También de un proyecto de Ceiba para la reducción del sida en Guinea Ecuatorial, la firma de Joaquín Blasco López, Desfa, S. L., facturó 187.000 euros en suministro de medicamentos. Delivery Burns (firma administrada por la presidenta de Desfa, S. L.), que tiene en su objeto social el comercio de productos farmacéuticos y la venta de inmuebles, cobró hasta 70.886?.

Pese a esta elevada facturación, Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud) fue quien más dinero de la Generalitat recibió. Hasta 1.406.911 euros para diferentes proyectos en República Dominicana. En este caso también entraron todas las empresas de la red, que facturaron más de 330.000 euros por la construcción de invernaderos.

Por su parte, la Fundación Esperanza sin Fronteras, presidida por el periodista Fernando Darder, recibió para dos proyectos en 2010 hasta 579.846. Aunque el proyecto en Perú todavía no ha finalizado, las facturas proforma a las que ha tenido acceso Levante-EMV, confirman que Arcmed facturará a la firma, unos 116.000 euros.

Otra de las agraciadas con gran cantidad de dinero fue Asa de África, con hasta 663.378 euros. En este caso, es su propia presidenta la que tiene una estrecha relación con el entorno de Rafael Blasco y los dirigentes de Solidaria Entre Pueblos. Chistine Bernadette Nnomo Ayissi fue candidata por Asturias por el Partido Social Demócrata (PSD). Además es la vicepresidenta de Fedacot, la asociación que instigó el conseller Rafael Blasco para controlar el mundo de las ONGD.

Por último, Asamanu de África, a quien Solidaria Entre Pueblos gestionó todos los proyectos se ha llevado de la Generalitat 232.148 euros para sus proyectos en el continente africano.

Arcmed cobró de la fundación que pagó dos pisos y bajos con dinero del Consell

Arcmed, la empresa cuyo administrador único es Alfonso Navarro, presidente de Solidaria Entre Pueblos, no sólo recibió contrataciones del conglomerado de fundaciones que controla. Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) le abonó 208.352 euros por asesoramiento técnico. Cabe recordar que Cyes destinó 1,6 millones de euros de fondos de cooperación de la Generalitat a la compra de pisos y aparcamientos.

En concreto, el dinero del proyecto tenía que haber ido a Nicaragua pero se quedó en Valencia y al país centroamericano sólo llegaron 63.500 euros. Cyes, que preside Marcial lópez, inhabilitado por el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y acusado de malversación y apropiación indebida a finales de los años 90 cuando presidía el Colegio de Enfermería de Castellón, recibió de la Generalitat dos proyectos de 833.409 euros cada uno.

Al final, según publicó El País, con el dinero de uno de los proyectos en Nicaragua se adquirió un entresuelo en el número 79 de la avenida Ausiàs March de Valencia, y una plaza de garaje por 439.668 euros; se reformó el inmueble y se instalaron alarma, telefono y equipos informáticos por 22.194 euros y se destinaron 71.976 euros a gastos de personal.

La conselleria, que cerró el expediente favorablemente, sólo pidió la devolución de un 15% del valor del proyecto por no ajustarse a su idea inicial. La Generalitat negó tajantemente estas informaciones y dijo que dejaría ver el expediente a la oposición.

www.levante-emv.com 08.10.10

BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO

 El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, realizó un viaje oficial a Haití, con el fin de firmar un convenio con el Gobierno haitiano para la construcción de un hospital en el país devastado por el terremoto, en los días previos a la exposición de su hijo, Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Ciscar), en la primera edición de la Trienal Internacional del Caribe que se celebró en la misma isla de La Española pero en el país limítrofe de la República Dominicana, concretamente en Santo Domingo. En la trienal participó su esposa, la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, como "panelista invitada". Para llegar a la capital haitiana, Puerto Príncipe, Blasco hizo escala en Santo Domingo, a 262 kilómetros. A pesar de la coincidencia en La Española y la proximidad de las fechas, Blasco desvinculó ayer tajantemente el desplazamiento institucional del evento cultural y que se aprovechara la agenda oficial para asistir a la muestra de su hijo.

El también portavoz del PP en las Corts aseguró que ni viajó a Santo Domingo con su esposa e hijo, ni coincidió con ellos en la exposición. Según refirió, tras su estancia en el país haitiano, partió de Puerto Príncipe el 31 de agosto a las 17.30 horas, con escala obligada en Santo Domingo. Su llegada a Valencia, siempre según su explicación, se produjo el 2 de septiembre a las 9.30. Con todo, tanto la nota de prensa que remitió entonces la conselleria como la foto del acto en Haití figuraban con fecha 1 de septiembre. El acto de inauguración de la trienal de Santo Domingo fue el día 1 a las 19 horas y la exposición de su hijo, el día 2.

El dirigente popular asistió al acto de Teulada del día 27 de agosto, que terminó de madrugada, por lo que, como muy pronto, saldría el 28. La escala en Santo Domingo quizá le dio algún día de margen hasta desplazarse a Puerto Príncipe pero, en todo caso, la agenda en Haití fue muy apretada. Según la nota que envió la conselleria el día 1 de los corrientes, Blasco, quien en su periplo por el país caribeño estuvo acompañado por el embajador de España, Juan Fernández, visitó las zonas afectadas por el seísmo. También protagonizó, junto con el ministro de Salud, Alex Larson, el acto de firma del convenio por el que la Generalitat financiará con 3,8 millones el hospital. Blasco, con todo, no aclaró si en alguno de esos dos días de estancia de paso en Santo Domingo llegó a coincidir con su familia.

En lo que sí fue contundente fue en rechazar que la agenda oficial estuviera marcada por el evento cultural. Según aseguró, el desplazamiento a Haití no pudo realizarse hasta que no se contó con el plácet de la embajada, dada la situación del país haitiano. El permiso para acudir a Haití, recalcó, le llegó 24 horas antes, con un margen de tres días. "Mi agenda oficial está perfectamente planificada y responde a criterios que no tienen nada que ver con estas cuestiones", aseveró.

 Con Blasco fuera de Haití, el día 2 Ciscar formó parte de una mesa de debate sobre las bienales. Ese mismo día, por la tarde, dentro de los "proyectos especiales" del certamen, Rablaci expuso sus Metáforas del hombre contemporáneo en la explanada del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, sede de la trienal. Ciscar ha negado cualquier mediación en la muestra de su hijo y asegura que fue elegido por el comité de selección. Rablaci, estudiante de Bellas Artes, estuvo en 2009 en la Bienal de Arte de La Habana (donde el IVAM contó con una instalación de Julio Quaresma) y ha expuesto también en Tomar (Portugal); o en la embajada de España en Tokio. Participó también en la colectiva 100% Valencianos.

(www.levante-emv.com, 15/09/10)

ONG AFINES AL PP EVITAN LA TIJERA DE BLASCO  

La anemia galopante que sufren las cuentas de la Generalitat, por la crisis económica y una deuda que paraliza, tiene muchos pliegues y costuras. Pocas áreas se están librando de una tijera. El último reparto de ayudas a las ONGD para proyectos de cooperación ha certificado un del 30% sobre los fondos presupuestados, que, a su vez, ya suponían una rebaja del 35% en relación a los recursos destinados en 2009. Sólo 13 de los 19 millones de euros previstos irán a parar a los 66 proyectos aprobados. Nada menos que 217 se han quedado en eso, en meros proyectos. Castillos en el aire de los que pendían muchas ilusiones en el Tercer Mundo y también puestos de trabajo en el sector de la solidaridad. Empleos que dependen de ese 9% del total de la ayuda concedida que puede destinarse a gastos administrativos. 

En buena medida -98 casos- se han rechazado por falta de recursos. "Agotamiento de fondos", es el argumento oficial aportado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que regenta Rafael Blasco. ¿Y cómo se determina quién se queda fuera si no hay dinero para todos Las prioridades no están justificadas porque no se facilita ninguna relación ordenada de la puntuación de los proyectos como sí se hace en unas oposiciones.  

El recorte no ha afectado a todos por igual. Tres entidades afines al PP acumulan 737.397 euros. Se trata de la Fundación Humanismo y Democracia, H+D, la Fundación Iberoamérica Europa-Cipie y Valencians per Nicaragua. La primera se ha llevado 449.100 euros por proyecto agrario en Bolivia. El patronato de esa entidad es territorio popular.  

Su presidente, Rafael Rodríguez-Ponga, José Ramón Pin Arboledas, Eugenio Nasarre o el diputado por Valencia Ignacio Uriarte son algunos de los dirigentes y ex cargos del partido. H+D tiene pocos motivos para quejarse del trato del Consell. En la etapa popular se ha llevado 2.687.532 euros para desarrollar 16 proyectos. A la fundación Iberoamérica España CIPIE le han correspondido esta vez 255.000 euros para ampliar un centro educativo para mujeres marginadas en Panamá.  

Al frente de esta entidad está Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de Aznar y ex diputado popular. Su nombre saltó a la prensa a raíz de una investigación de la UE por un presunto fraude en la obtención de un millón de euros para tres proyectos en El Salvador. El pasado mes de diciembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó a la Fiscalía de su país investigar a esa fundación al tener la sospecha de que en 2007 contribuyó con 250.000 euros a financiar el golpe de Estado.  

En menor cuantía, 33.297 euros, la asociación Valencianos por Nicaragua, ha logrado que le financien su proyecto de "ayuda a la construcción de casas". Además de estas entidades, otras que han recibido cuantiosas ayudas del Consell en la etapa popular son la fundación Hispano Cubana, que se ha llevado 550.032 euros para cuatro proyectos, o la Cánovas del Castillo, a la que se ha inyectado 1.064.662 para cinco programas de cooperación. Estas entidades han logrado 4,6 millones del Consell popular. 

Entre los 66 proyectos agraciados en el reparto no pasan inadvertidas tres asociaciones de inmigrantes con actividad exterior: Aculco (Asociación Cultural de Cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica), Aesco (América, España, Solidaridad y Cooperación) e Indígenas Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana-Intiñán.  

A esta última, el departamento de Blasco le ha otorgado 37.139 euros para un proyecto agropecuario en Loja (Ecuador), mientras que a Aesco le han correspondido 102.382 euros para financiar un programa de reducción de la pobreza en Perú. Aculco, por su parte, ha obtenido 200.448 euros para agricultura ecológica.  

Los recortes a la cooperación dejan el objetivo del 0,7% fijado en la Ley de Cooperación y el Pacto Valenciano contra la Pobreza, suscrito hace un año, en apenas el 0,21%, según la coordinadora de ONGD. Blasco asegura que el 0,7% se cumple y el PSPV rebaja la realidad de la cooperación al 0,18%.  

Su secretaria de movimientos sociales, Clara Tirado, acusa a Blasco de usar las ayudas para ajustar cuentas con entidades críticas con la obligación de destinar el 1% a publicitar el proyecto a través de una firma indicada por la conselleria. El PSPV denuncia que Blasco intenta utilizar políticamente a los inmigrantes a través de estos fondos. 

(www.levante-emv.com, 25/05/10)

BLASCO PRESENTA LA CONFERENCIA DEL PERIODISTA QUE TRABAJÓ EN CANAL 9 Y LLAMÓ ´ABRECULOS´ A BORIS IZAGUIRRE 

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, será el encargado de presentar esta tarde la conferencia del periodista que llamó "abreculos" y "personaje abyecto que en cualquier otro país del mundo estaría en la clandestinidad" al escritor venezolano Boris Izaguirre.  

Carlos Dávila vuelve a Valencia después de su paso por Canal 9, donde dirigió y presentó el programa "En exclusiva" en 2008 por el que percibía de la cadena pública de todos los valencianos la nada desdeñable paga de 6.000 euros al mes. El programa era de corte similar al que presentó durante seis años en TVE "El tercer grado" cuando José María Aznar gobernaba España. 

El acto comenzará a las ocho en el Hotel Astoria de Valencia y el título elegido para la conferencia no puede ser más enigmático: "Dos años después, dos años antes". Dávila es médico de profesión y periodista, además de director del nuevo periódico "La Gaceta" del Grupo Intereconomía. La charla está organizada por el "Foro de Opinión. Cultura, Información y Libertad". 

De Dávila eran conocidas sus amistades con el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, además de con José María Aznar. De hecho ganó el premio que concede el Club Liberal 1812 de Cádiz, entidad que también galardonó a Zaplana. El día que el político de Benidorm recibió el premio estuvo acompañado por el propio Carlos Dávila. 

En su día la presencia de este polémico periodista en Canal 9 fue interpretada por la oposición socialista como una estrategia de Eduardo Zaplana para ganar influencia personal en Madrid, a través de determinados medios de comunicación y periodistas. Una maniobra que también secundó Francisco Camps con posterioridad. 

Hoy, además de la presencia del conseller Rafael Blasco está prevista la asistencia a la conferencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

(www.levante-emv.com, 10/05/10)

Mecenazgo filial cruzado en el IVAM

Ciscar y el presidente de un museo portugués promocionan a sus hijos

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y el Centro Cultural de Cascais, en Portugal, mantienen un fructífero convenio de colaboración que beneficia también a los hijos de los dirigentes de ambas instituciones. La Sala de la Muralla del IVAM inauguró el martes pasado una exposición a cuatro manos con la obra de dos artistas de vanguardia de Portugal, Ana Sério y Mónica Capucho, dos jóvenes de reconocible valor creativo aunque sin apenas nombre en el panorama artístico internacional. La exposición viene avalada por la Fundação D. Luís I de Cascais, que gestiona con el Ayuntamiento de la ciudad el Centro Cultural de Cascais, institución con la que el IVAM suscribió un convenio de colaboración.

• El responsable del Centro Cultural de Cascais es el padre de Mónica Capucho

• Rablaci es hijo de Consuelo Ciscar y del consejero Rafael Blasco

En apariencia todo correcto y puramente motivado por cuestiones artísticas. Hasta que alguien advierte que Mónica Capucho es hija del alcalde de Cascais, António d'Orey Capucho, a su vez presidente de la Fundação D. Luís I, luego máximo responsable de la sala portuguesa que promociona el arte en sincronía con el IVAM. Y si se tiene en cuenta que esta institución también ha expuesto la obra de Rafael Blasco Ciscar, hijo de la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, y del consejero Rafael Blasco, la relación entre ambas instituciones se parece mucho a un curioso mecenazgo cruzado que favorece a los hijos de sus responsables.

Rablaci (Valencia, 1987), que firma con este acrónimo quizá para eludir la fuerza implícita de sus apellidos, participó en verano de 2008 en una exposición colectiva de seis artistas, titulada Private bodies 3 en el Centro Cultural de Cascais. Y aunque apenas tiene 22 años y todavía estudia la carrera de Bellas Artes, ya cuenta con exposiciones individuales en varias ciudades chinas (Hang Zhou, Su Zhou y Shanghai) en las que, cómo no, el museo valenciano ha estrechado lazos, tiene obra permanente en La Habana, y ha mostrado su obra en exposiciones colectivas en Valencia, París o varias ciudades portuguesas. Es más, hasta consiguió un accésit en la categoría de escultura, dotado con 6.000 euros, de los XXVI premios Bancaixa, unos galardones que se exponen cada año, también, en la propia sede del IVAM.

Lógicamente, estas coincidencias no desmerecen la creatividad de sus autores, que evaluarán los expertos. En cuanto a la de Capucho, se puede admirar en el IVAM hasta el 3 de enero.

www.elpais.es 15.11.09

Consuelo Císcar pone el Instituto Valenciano de Arte Moderno al servicio de la carrera de su hijo

Aunque solo tiene 22 años y no ha terminado la carrera de Bellas Artes, Rafael Blasco Císcar (también conocido como Rablaci) ya ha conseguido exponer en salas dentro y fuera de nuestro país, ha ganado importantes premios e incluso ha participado en bienales en el extranjero. El secreto de su éxito, por desgracia, no está –o al menos no sólo- en la calidad artística de sus trabajos, sino en sus importantes padrinos: su madre es Consuelo Císcar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Casualmente, la mayoría de exposiciones y premios logrados pro Rablaci tenían algún vínculo, más o menos directo, con el importante museo.

En cualquier oficio, tener padrinos y enchufes puede servir de gran ayuda, y en mundos como el del arte, a menudo accesibles sólo para una pequeña élite, puede convertirse en un empujón vital. Esto debe saberlo bien el joven artista Rablaci, Rafael Blasco Císcar, que con sólo 22 años, un currículum más bien escueto y una carrera de Bellas Artes por terminar ya ha conseguido incluso hacerse un hueco en el panorama internacional. Al margen de la calidad de sus obras, parece claro que Rablaci tiene mucho que agradecer a su madre, Consuelo Císcar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), y estrechamente vinculada a todos los ámbitos en los que está triunfando el artista.

Entramado político familiar
Parece que el joven no quiere pasar desapercibido en Valencia, donde su familia es muy conocida por su peculiar situación política. Consuelo Císcar, secretaria de Cultura del Ejecutivo de Camps, es hermana de Cipriano Císcar, un histórico del PSPV, ex consejero de Cultura y diputado nacional. Además, está casada con el ex socialista Rafael Blasco. Blasco ocupó varias Consellerias durante el mandato del PSOE en Valencia para, posteriormente, pasarse a las filas de Zaplana. Actualmente es consejero de Territorio y Vivienda del equipo de Camps.

Exposiciones en Portugal
Según recoge el diario Levante, la exitosa y rápida carrera de Rablaci está íntimamente ligada al IVAM. Su última exposición, por ejemplo, está en Portugal, en el Convento de Cristo Tovar, un centro de arte con el que el museo valenciano mantiene una colaboración estable. De hecho, ambas galerías intercambian exposiciones: en el centro luso expuso recientemente el escultor Ramón de Soto. Por su parte, el artista portugués Cuaresma ha tenido una estrecha relación con el IVAM y habría propiciado intercambios artísticos entre los museos.

Apoyo de De Soto
De Soto, que colaboró en los primeros programas culturales durante el mandato de Zaplana en la Comunidad, ha mantenido una estrecha colaboración con Císcar desde su llegada al mundo de la política, y fue él quién consiguió que Rablaci consiguiera su primera exposición en una galería privada en Madrid hace sólo unos meses, como el propio joven reconoció.

La Bienal de Cuba
El muchacho tiene además su propio catálogo, a pesar de su exigua trayectoria. Según Levante, fue el crítico Rafael Sierra, comisario del IVAM, quien le ayudó en esta tarea. Y una hazaña más sorprendente aún: Rablaci participó en la Bienal de Cuba junto con otros artistas en representación del arte español. Por su puesto, el IVAM participaba en la organización de la bienal, y llevaba una exposición del portugués Cuaresma. La participación del hijo de Císcar levantó una gran polémica y despertó las suspicacias en el sector.

Premios
El joven también ha recibido recientemente uno de los accésit de los premios de pintura y escultura que concede Bancaja. Entre los miembros del jurado se encontraba Sally Radic, cuyo marido, Kosme de Barañano, también ha sido director del IVAM. Por supuesto, es el museo el que alberga la exposición de las obras premiadas en el certamen.

Polémica con Cien Valencianos
La última polémica protagonizada por el joven artista está relacionada con el proyecto Cien Valencianos que promueve la Generalitat y que está dedicado a los jóvenes artistas. Aunque la lista de los integrantes aún no se ha hecho oficial, nadie duda de que Rablaci estará en ella, pese a que su propuesta como participante fue rechazada por varios de los seleccionadores, que consideraron que había otros muchos artistas con más méritos que el hijísimo.

www.elplural.com 05.09.09

Blasco: "Estamos en una crisis de gobierno desde hace cuatro meses"

Malestar en Presidencia por unas manifestaciones del consejeroEscepticismo en la Generalitat, Bancaja y el Valencia sobre el grupo Dalport

El consejero de Inmigración, Rafael Blasco, participó el pasado jueves en una reunión con Víctor Vicente Bravo, presidente de Dalport Inversiones, la empresa uruguaya que se ha hecho con la mayoría de las acciones del Valencia CF, y con Vicente Soriano, el hombre de confianza de Bravo en el club valencianista. Durante la conversación, publicada ayer por el diario Levante-EMV y que Blasco circunscribió a su actividad privada, el consejero actuó como un asesor de Bravo y de Soriano.

Más allá de las cuestiones referentes al ámbito estrictamente futbolístico, Blasco realizó afirmaciones de contenido político. En una de ellas asegura: "Nosotros tenemos en este momento una crisis de gobierno desde hace cuatro meses por un señor que es presidente del gobierno regional que tiene que demostrar que ha pagado dos trajes que se ha llevado. No es que tengan que demostrar los demás que no los ha pagado. Llevamos cuatro meses intentando demostrar que ha pagado él sus trajes".

Blasco, durante toda la conversación, habla confiadamente con sus interlocutores, les aconseja y asesora sobre los pasos que deben dar para que su proyecto tenga visos de verosimilitud y sea creíble. Frases como "En la medida que se puedan adoptar las decisiones en los plazos conveniados, todo irá bien", "creo que es muy importante reforzar la imagen de que esto es en serio y que tiene credibilidad y que va adelante", "yo creo que lo que corresponde es que tú..." o "tenéis que hacer un requerimiento notarial" dan una idea de lo implicado que el consejero está en el proyecto.

Pero ni su implicación ni la afirmación de que el Consell está en crisis han gustado un pelo en Presidencia de la Generalitat con la que está cayendo sobre Camps.Rafael Blasco, que durante la conversación llegó a afirmar, que "el nivel de apoyo institucional se va a mantener", echó balones fuera durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano. El consejero negó haberse referido a un gobierno en crisis y se escudó en que el encuentro pertenecía a su vida particular para no responder a una pregunta que llegó a calificar de "insolente".

Pero el apoyo institucional al grupo uruguayo Dalport, que se ha hecho con la mayoría de las acciones del Valencia, sólo parece venir de Blasco. En la Generalitat están molestos por la inoportunidad de sus declaraciones, en Bancaja desconfían por completo de unos inversores a los que no conocen de nada pese a ser el principal acreedor del Valencia y por el método utilizado. "Nadie hace negocios de esta envergadura de esta manera. Lo normal es venir de la mano de un banco de negocios que garantice la solvencia de los inversores". Un ejecutivo de Bancaja, desde el escepticismo hacia la operación, apunta: "Si esto no sale bien, Soriano se tendrá que ir del país".

Una muestra más de la nula credibilidad que le merecen a Bancaja estos supuestos inversores fue la suspensión de la cena que, a primeros de esta semana, tenían prevista celebrar con el presidente de la entidad. José Luis Olivas excusó su asistencia tras recibir informaciones solventes sobre los socios de la empresa.

La desconfianza en la actual directiva del Valencia es absoluta. "Esto es muy triste" afirman desde la sede del club. Manuel Llorente, presidente valencianista, asegura que se encuentra muy tranquilo. "Seguiremos trabajando gracias a la legitimidad que nos otorgó la junta de accionistas. La ampliación de capital tiene que seguir adelante. Debe servir para democratizar el club. Es fundamental y necesaria".

Ni tan siquiera el ex vicepresidente del Valencia se fía de los de Dalport. Juan Soler ha vendido sus acciones, pero ha cobrado con pagarés de Ford EE UU, considerados en el mundo de las finanzas como bonos basura por su alto riesgo y escasa fiabilidad. Por eso el antiguo propietario reclama que esos pagarés que, supuestamente, están avalados por Caja Duero lo estén también por el Banco de Santander. Vicente Soriano, un especialista en alargar los tiempos, le ha pedido 15 días para lograrlo.

Pero, por si faltaba poco, la desconfianza se ha instalado entre los protagonistas de la reunión. Soriano, Bravo y Blasco se citaron a las 12.45 del jueves en el despacho de abogados Cuatrecasas donde dialogaron durante dos horas. Uno de los presentes grabó la reunión que se filtró de inmediato.

La reacción del bufete fue, tras confirmar la reunión, presentar una denuncia que ha sido admitida a trámite. Cuatrecasas precisa que la grabación se inició fuera de sus instalaciones y continuó en el interior del despacho. La firma de abogados aclaró que se limita a asesorar a su cliente, Vicente Soriano, en los aspectos técnico-legales de la operación de compraventa de sus acciones del Valencia CF.

Soriano también ha interpuesto una denuncia por considerar ilegal la grabación de un encuentro privado. Su denuncia, que ha sido admitida a trámite, solicita el secuestro de todas las publicaciones que se hagan eco de la transcripción y la recuperación de las cintas en poder de los medios de comunicación.

Blasco, por su parte, anunció que no piensa tomar ningún tipo de medida.

www.elpais.es 12.07.09

"SOY EL SEÑOR LOBO. SOLUCIONO PROBLEMAS" 

Rafael Blasco, como Harvey Keitel (el señor Lobo en la película Pulp Fiction) siempre aparece como la solución divina en el momento más crítico. La tarjeta de presentación del personaje, especialista en gestionar embrollos muy pringosos, parece hecha a propósito para Blasco: "Soy el señor Lobo. Soluciono problemas". 

El candidato a la presidencia a la Generalitat, Eduardo Zaplana, fue el primero que en 1995 recurrió a sus servicios. Blasco, arrancado de cuajo de la primera línea de la política del PSPV bajo la sombra de cohecho, conocía como la palma de su mano la selva y la fauna que Zaplana aspiraba a ocupar y someter si, como le decían las encuestas, ganaba las elecciones. El ex socialista obtuvo un pasaje a la rehabilitación a cambio de ayudarle en la campaña electoral y guiarle en el Palau de la Generalitat, en cuyo engranaje se convirtió en una pieza imprescindible. Lo fue tanto que se convirtió en el disco duro de Zaplana. 

Pese a que su deuda había sido cancelada, en 2003 Francisco Camps lo nombró consejero de Territorio y Vivienda en su primer gobierno, una de las de mayor protagonismo político por la Ley de Ordenación del Territorio. Podía solucionarle problemas. Y no tardaría el momento. Blasco sería el primero en referirse públicamente a la conveniencia de que la presidencia del PP en la Comunidad Valenciana correspondiera al presidente de la Generalitat, y no a Zaplana, cuya relación quedó rota a partir de ahí. Blasco abrió el fuego y ayudó a Camps a recomponer la estructura de un partido que todavía estaba en manos de zaplanistas. Ahora el señor Lobo ha vuelto a ser requerido para marcar objetivos y argumentarios que rescaten a Camps del purgatorio en el que se ha metido. 

(www.elpais.com, 23/03/09)

"CASO CALPE" Y "CASO BLASCO". A finales de noviembre de 1990, Blanca Blanquer (directora general de Urbanismo de Calpe, Alicante) denunció a altos funcionarios de la Consejería de Obras Públicas de Valencia por supuestos delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Implicados: Rafael Blasco (consejero), Inmaculada Sancho (secretaria general de la Consejería), Rubén Muñoz (arquitecto y portavoz de la Comisión Territorial de Urbanismo de Calpe), José Muñoz (empresario) y Juan José Ortega Gironés (agente inmobiliario).

Al parecer, los acusados presionaron a los empresarios alicantinos Asensi Pastor y Javier García para que pagasen 300 millones por la reclasificación de unos terrenos en Las Salinas de Calpe y también ocultaron el anuncio de subasta en beneficio privado.

A raíz del "caso Calpe", Rafael Blasco fue investigado por otra presunta subasta irregular de terrenos, esta vez en la ciudad valenciana de Paterna ("CASO BLASCO"). Se cree que Blasco alejó a otros postores valiéndose de secretos oficiales y alterando el precio de las cosas.

Otros implicados, aparte de Blasco e Inmaculada Sancho: Juan Manuel Chuliá y José Antonio de Juan (arquitectos), Juan José Esturi (director del Instituto de Vivienda) y Jacques Lacroix (empresario francés e "intermediario" en la entrega de varios millones para decantar a su favor la subasta de los solares de Paterna).

www.efe.es

Del FRAP a los cursos de la FAES

Julio de 1999. En un solemne acto en el Palau de la Generalitat, los consellers del nuevo Gobierno de Eduardo Zaplana, el primero con mayoría absoluta, tomaban posesión de su cargo. Entre ellos, Rafael Blasco, que asumía una cartera de nueva creación, la de Empleo. El ex socialista volvía así a sentarse en el banco azul del Gobierno del que salió en enero de 1990 tras estallar el llamado caso Blasco, un escándalo de corrupción urbanística que marcaría su carrera política, pero que no le impedirá años después volver a la primera línea de la política.


De hecho, la incorporación de Blasco al nuevo Ejecutivo de Zaplana en 1999 no extrañó a nadie, ya que durante la anterior legislatura el alzireño había trabajado a las ordenes del presidente ocupando cargos del segundo escalón. En un círculo con periodistas, el recién nombrado conseller del PP comentaba divertido que el era el único político que había logrado formar parte de gobiernos de diferente signo político. Y añadía que sería un logro volver a formar parte de un futuro nuevo gobierno socialista. Ocho años después de este comentario, las urnas no han permitido que el PSPV reconquiste la Generalitat, pero Blasco sigue formando parte del Ejecutivo autonómico.

Si el hoy conseller de Inmigración y Ciudadanía, de 62 años de edad, logra agotar la legislatura habrá pasado veinte años de su vida siendo conseller y alcanzará la edad de jubilación en el cargo. Si en el cómputo se tiene en cuenta sus cargos en el segundo escalón (fue subsecretario con el PSPV y con el PP), Blasco puede celebrar de sobra sus bodas de plata en la Administración, un tercio de su vida con salario público.

Quienes han trabajado con él coinciden en que la clave de su permanencia radica en haberse convertido en el político profesional por excelencia. Autodisciplina, capacidad de adaptación y afán de poder. Tres características que el titular de Inmigración maneja a la perfección y que le han permitido sobrevivir a escándalos y a detractores y seguir siendo para muchos el mago de la política valenciana. Magia o habilidad lo cierto es que Blasco se subió al carro de la Administración en 1982 y todavía no se ha bajado. En suma, ha ocupado siete carteras bajo dos banderas (la socialista y la del PP) y con cuatro presidentes distintos: Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps.

Su permanencia en el nuevo Ejecutivo de Francisco Camps en una cartera «minimal» , según sus propias palabras, con escaso presupuesto y gestión se interpreta en algunos círculos del PP como el principio del fin de su carrera política, aunque no falta quienes creen que Blasco, sabrá sacar petroleo e inflar el globo de un departamento con escasas competencias. A ello contribuirá sin duda su preocupación, casi obsesiva, por figurar en los medios de comunicación.

Aunque Blasco se afilió en el Partido Popular en 2004, su perfil nunca ha acabado de encajar en un partido que además, ahora, parece haber acentuado su faceta más conservadora. En esta nueva etapa, algunos apuntan que la imagen del conseller puede servir de contrapeso, aunque su capacidad de influencia será menor.

Del FRAP a los cursos de la FAES

Rafael Blasco (Alzira, febrero de 1945) tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria política e ideológica que arrancó en el marxismo y que ha desembocado en una defensa de posiciones social liberales en el PP que, sin embargo, no le impiden participar, como hará hoy, en un curso de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), considerada del ala dura y neoconservadora del PP. Doctor en Derecho por la Universitat de València, en su juventud militó en la extrema izquierda del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) de inspiración marxista-leninista. Al finalizar la dictadura, moderó su pensamiento hasta instalarse en la socialdemocracia del PSOE, partido al que se afilió a principios de los 80. Tras su sonada salida de la Generalitat, Blasco se entrega a la causa de impedir una nueva victoria del PSPV. Abre la brecha en La Ribera, con el Partido Independiente Socialista (PSI) y trata de configurar la Convergencia Valenciana. La operación fracasa, pero su conocimiento de los entresijos del partido regionalista de Lizondo le servirá posteriormente para ayudar a Eduardo Zaplana en la aniquilación de Unión Valenciana. Tampoco dudará en poner la información adquirida en su etapa socialista y como consecuencia de su círculo familiar (es cuñado de Ciprio Ciscar) al servicio de la causa popular. Su contribución a la ponencia «La España de las Oportunidades» que el ex presidente presenta en el congreso nacional del PP de 1999 y con la que trata de acentuar su imagen de centro, catapulta a Blasco con el sambenito de ideólogo de Zaplana, un papel, sin embargo, que algunos consideran sobrevalorado. «Es verdad que le pasaba papeles, pero nunca formó parte de la toma de decisiones», asegura un ex compañero de Blasco, hoy fuera del Ejecutivo. Desde 1995, Blasco ha participado en todas los programas electorales del Partido Popular.

www.levante-emv.com 15.07.07

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Las chaquetas del consejero Rafael Blasco

Pedro Prieto y Manuel Talens

Rafael Blasco Castany es un personaje bien conocido en todos los ámbitos ideológicos del espectro político de la Comunidad Valenciana. En su juventud, durante el tardofranquismo, militó en la extrema izquierda del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, de inspiración marxista-leninista). Más tarde, tras el fin de la dictadura, diluyó sus objetivos y se trasladó a la socialdemocracia del PSOE una vez que Felipe González la expurgó de cualquier rastro marxista. Allí empezó a destacar, pues durante seis años, entre 1983 y 1989, ocupó cargos importantes en la administración socialista del gobierno autonómico de la Generalidad Valenciana: consejero de Presidencia, secretario y portavoz del Consell y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, hasta que las querellas intestinas con el entonces presidente Joan Lerma le hicieron abandonar el barco. No se amilanó: prosiguió su andadura hacia la derecha y, desde 1995, ya instalado en el neoliberalismo triunfante y con el Partido Popular en el poder, ha venido ocupando puestos de primera fila, primero a las órdenes del presidente Eduardo Zaplana (coordinador del Programa de Administraciones Públicas y asesor ejecutivo del Presidente, director del Gabinete de Planificación, Estudios y Evaluación de la Consejería de Presidencia, subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de la Consejería, consejero de Empleo y consejero de Bienestar Social) y, en la actualidad, con el nuevo presidente autonómico Francisco Camps, también del Partido Popular, es consejero de Territorio y Vivienda, lo cual equivale, para entendernos, a ministro regional de Medio Ambiente.

Durante las últimas semanas, a título de supuesto paladín ecológico y en calidad de defensor a ultranza del controvertido Plan Hidrológico Nacional –en particular en su aspecto más discutible, el trasvase del río Ebro hacia tierras valencianas–, Blasco ha mantenido con uno de nosotros un cruce de metralla verbal a través de las páginas de El País. El lector avisado que desee conocer mejor los pormenores de esta polémica puede consultarlos en el siguiente URL: www.manueltalens.com/ultima_hora/50polemica.htm .

El presente trabajo, que desborda la limitada capacidad de una columna periodística de opinión, busca neutralizar con mayor calado los sofismas de este aguerrido embaucador y desmontar la vaciedad de sus argumentos.

En sus dos simulacros de respuesta a los ataques que recibía a propósito del Plan Hidrológico Nacional (Engañifa, 21.11.2003 y ¡Voto a bríos!, 6.12.2003, ambos en El País-Comunidad Valenciana), Blasco ha dejado bien claro que el mayor peligro de algunos políticos neoliberales no es su vana dialéctica, sino su querencia por los medios de comunicación. Quizá a causa de un añejo fondo católico que sólo concibe la ética o el civismo en la soledad del confesonario, el consejero suele despotricar contra púlpitos y tarimas cuando se le ataca en público, sin darse cuenta de que el lugar desde donde contesta en El País se titula «Tribuna», plataforma ¿de predicación? que él utiliza cada dos por tres como arma de propaganda. Esta vez, empero, las flechas que se le lanzaron hicieron diana, porque se ha erizado como un gato ante perro rabioso.

Se escuda el consejero Blasco en que sus argumentaciones a favor de trasvasar el agua del Ebro a la Comunidad Valenciana «son compartidas por la mayoría de nuestros conciudadanos» y recuerda que en marzo de 2003 hubo en Valencia una manifestación multitudinaria a favor de dicho trasvase. Interesante. Por supuesto, olvida señalar que el Partido Popular organizó aquel evento con dinero público desde el poder y que, muy en el estilo de los plebiscitos franquistas en la madrileña Plaza de Oriente, no dudó en fletar centenares de autobuses para transportar «voluntarios» desde las comarcas, tras lo cual organizó una gran paella en el antiguo cauce del Turia, todo ello adobado con un gran despliegue propagandístico televisivo. Además, también olvida señalar que la cifra oficial de 800.000 manifestantes fue un enorme bulo desmentido por los ecologistas, que tras situar cámaras de vídeo en las entradas de la ciudad de Valencia, filmaron todos los autobuses, multiplicaron éstos por el número de pasajeros y llegaron a una cifra de 80.000 personas, diez veces menor. Sin embargo, tales detalles no son más que una pura anécdota a beneficio de inventario sobre las fullerías de la manipulación informativa, pues en realidad lo que nos interesa rebatir aquí es el fondo de la coartada argumentativa de Blasco, a saber, que nuestros conciudadanos comparten una opinión favorable al trasvase del Ebro. Si hiciésemos una encuesta entre los saharauis para saber si les vendría bien trasvasar a sus campamentos el agua del Nilo, y si encima les ofreciésemos una comilona gratis para que dijesen que sí, seguramente lo harían, sin que eso justificara en absoluto un cataclismo ecológico de tal calibre, ya que las cosas de la ciencia no se deciden por aclamación popular (de no ser el gran manipulador que en realidad es, Blasco debería reconocer este principio), sino de acuerdo con lo que opinen los científicos, que son quienes entienden de estos asuntos. Los científicos que no comen en el pesebre del Partido Popular han dicho que nanay al Plan Hidrológico Nacional.

Sigamos. A continuación de la falacia anterior, Blasco se explaya en las razones que, según él, hacen necesario el trasvase del Ebro:

1. La Comunidad Valenciana necesita agua. Mil millones de personas en el mundo la necesitan más que dicha Comunidad, sin que por ello se saquen de la manga negocios faraónicos. Se trata de una simpleza que no sirve para fundamentar ecuación alguna, pues enseguida surge la pregunta: ¿Por qué, señoría?

2. Todos los gobiernos democráticos han sido conscientes del déficit hídrico. En vez de indagar el porqué de dicha clarividencia gubernamental, Blasco apela al carácter «democrático» de los gobiernos y se queda tan fresco. La palabra democracia (y sus derivados) es un comodín que da para mucho en los mentirosos tiempos que corren. Ojo, los gobiernos dictatoriales también fueron conscientes de lo mismo. ¿Acaso a Franco no le decían Paco Rana porque se dedicaba a construir pantanos? ¿Qué diablos legitima el que cualquier gobierno haya sido consciente de un déficit hídrico, si todos ellos tuvieron y tienen sus pezuñas embarradas en el desarrollismo a ultranza, genitor de dicho déficit? ¡Menudo argumento!

3. El agua es necesaria en tres ámbitos, a saber: recuperación de zonas húmedas en el norte y el sur de la Comunidad Valenciana; mantenimiento del desarrollo socioeconómico de la Comunidad Valenciana, y refuerzo de los estándares de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea. Veamos: a) ¿Por qué Blasco sólo se plantea la huida hacia adelante y no reflexiona sobre las razones de que esos humedales, tras miles de años de suficiencia, «ahora» necesiten agua? ¿Por qué no centra más bien el debate en averiguar cuántos lustros pasarán antes de que los humedales vuelvan a necesitarla, puesto que seguiremos con el mismo modelo desarrollista, consumidor insaciable de recursos y culpable en primer grado de esta sed repentina?; b) Si, cuando habla de «mantenimiento del desarrollo socioeconómico», Blasco pensase apenas un segundo en lo que dice, se daría cuenta de que equivale a afirmar que es necesario mantener el «grado de aceleración» de un vehículo, no su velocidad, mayor o menor y c) A pesar de que en columnas anteriores se le rogó a Blasco que suprimiese el blablablá, la cabra tira al monte y cayó de nuevo en conceptos ambiguos y oficinescos, refuerzo, estándares, sostenibilidad... Desde luego, dicha jerga no resiste el rigor de un análisis, pero como buen político profesional, nuestro adalid pretende con ella hacerse pasar por lo que no es ante el auditorio: un hombre juicioso y sensato, europeo, ecologista, defensor del medio ambiente y cumplidor de estándares de naciones avanzadas. ¡Casi ná!

4. El equilibrio entre la España seca y la España húmeda es un bien común inaplazable en su concreción. Este enunciado es un sofisma perfecto para enseñar en las escuelas, pues de una premisa verdadera (dos Españas climáticamente distintas) salta a una conclusión ilógica (la obligatoriedad de su equilibrio). Claro que hay una España seca y otra húmeda, pero de eso no se puede deducir que debamos enmendarle la plana a la Madre Naturaleza. A nadie se le ocurre «equilibrar» el Sahara con los lagos noruegos. Antes de llegar a tan sorprendente inferencia, se impone investigar el coste de ese nuevo equilibrio contra natura que se pretende instaurar. Nos referimos al coste ecológico y al energético, no al dinerario, que al fin y al cabo pagaremos los contribuyentes españoles y europeos, y ello a pesar de que muchos opinamos que el Plan Hidrológico Nacional terminará por tragarse asimismo la España húmeda.

Luego, pone la guinda sobre el pastel y añade triunfador: «Éstas son las necesidades». ¿En serio? Hay tantas necesidades como colores. El niño rico que pide juguetes caros a los Reyes Magos tiene una necesidad. Los parados pobres que exigen un trabajo digno tienen otra. Las necesidades a que alude Blasco sólo existen si se parte de la premisa de que el silogismo inicial es dogma de fe. Pero no lo es, se trata de una falsedad retórica.

Sin embargo, la mejor boutade viene después. Con razón Blasco nos advirtió de entrada en ¡Voto a bríos! que no se «ruborizaría por exponer lo que piensa y defiende». Es verdad, no se ruboriza al repetir por enésima vez el mismo eslogan publicitario, vacío de contenido: «La respuesta [al desequilibrio entre la España seca y la España húmeda es] un Plan Hidrológico aprobado por el Parlamento español y puesto en marcha por un gobierno, el del Partido Popular, que además de ser consciente del problema ha propuesto una solución adecuada y ajustada a la realidad». Acto seguido, hace una finta, elude añadir sustancia a dicho eslogan y se acoge a sagrado en textos escritos por individuos de su cuerda ideológica: «Considero que una lectura atenta de tales documentos ofrece las respuestas que [usted] exige a este quijote medioambiental». Sin saberlo, de manera incomprensible en un político de tan larga experiencia, Blasco ha caído en la ingenua trampa que se le tendió y se ha tomado en serio la ironía de creerse quijote, una chaqueta más de las muchas que tiene en su extenso guardarropa, la que luce cuando arremete con su lanza neoliberal –provocadora de entuertos ecológicos y esbirra fiel del capitalismo más depredador– contra los molinos de viento de la izquierda, sus antiguos compañeros de viaje.

La apoteosis: «Pero además, y aunque no sea mi general actuar, le rogaría que actuase como ciudadano responsable y si considera que ha habido un incumplimiento de la ley de incompatibilidades traspase el umbral de la columna y acuda a la esfera correspondiente».

Qué curioso, todo se contagia. Blasco cierra la regañina con el tic crispado de su jefazo Aznar y, antes de despedirse, se saca de la manga admoniciones y amenazas veladas. Traducimos: actúe usted como ciudadano responsable (pues al poner en duda lo que digo es usted un irresponsable) y, si ve que hemos hecho algo ilícito al nombrar Secretario de Estado de Aguas e impulsor del Plan Hidrológico Nacional al director de los servicios jurídicos de la compañía hidroeléctrica Iberdrola –la gran beneficiaria del trasvase del Ebro–, reclame al maestro armero y aparezca por el juzgado de guardia, que allí lo esperamos con nuestros imparcialísimos fiscales Fungairiño y Cardenal, los mismos que se opusieron al enjuiciamiento del general Pinochet.

He aquí un ejemplo paradigmático del estilo de la pepería, que bajo la apariencia de un debate entre caballeros, termina por dejar las cosas claras cuando el viejo talante derechoso se desborda y sale a la luz.Por último, hombre docto entre sus pares, a nuestro tribuno le encanta buscar apoyos ajenos para echar balones fuera. Cita, pues, unas palabras de Josep Ramoneda: «La cultura política es una cultura del prejuicio. Los buenos y los malos están previamente establecidos.»

Puestos a citar también, ya que es algo muy vistoso como traca final, nosotros preferimos a don Francisco de Quevedo: «No he de callar por más que con el dedo / ya tocando la boca ya la frente / silencio avises o amenaces miedo». 

Pedro Prieto es colaborador habitual de «El Inconformista Digital» en temas de energía y coeditor del sitio web «Crisis Energética» (www.crisisenergetica.org).

Manuel Talens es escritor (www.manueltalens.com).

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