1. RAJOY: "ESTO ES LA INQUISICIÓN, EL GOBIERNO ESTÁ PERSIGUIENDO AL PP"

El tono del rifirrafe que mantienen PP y PSOE en los últimos días está adquiriendo tal seriedad que, Mariano Rajoy se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y comparecer ante la prensa, actividad que no es precisamente una de sus favoritas. Esforzándose para que un gesto serio acompañase a la dureza de sus palabras, dijo desde Pontevedra: "Esto es una inquisición. El Gobierno persigue a los miembros del PP, lo que genera muchas dudas y muy poca confianza en las instituciones". En este contexto, se empeñó en recalcar que, a estas alturas, ya no confía en el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni en el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por considerarlos las cabezas pensantes de la supuesta conspiración que los socialistas estarían perpetrando contra los populares.

En cualquier caso, el líder de la oposición responsabilizó directamente al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber auspiciado investigaciones y recursos de la fiscalía, detenciones humillantes y hasta pinchazos telefónicos para "atacar" a los conservadores. "Puede que él no se haya enterado de todo esto porque está en un palacete de Patrimonio en Lanzarote", ironizó Rajoy. En realidad, con este comentario jocoso trataba de devolvérsela a Zapatero y a los socialistas quien, en estos días, le han reprochado que se quedara "en el chiringuito" mientras el PP arremetía contra las instituciones del Estado.

No obstante, el mayor interés de Rajoy era denunciar los modos utilizados en Palma para detener a algunos de sus cargos en el marco de la operación Espada (ligada a un posible delito de malversación de fondos públicos), así como la filtración de sumarios o actuaciones judiciales relacionados con el caso Gürtel. La trama de corrupción está otra vez de actualidad después de que un juez de Madrid reclamara a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) documentación sobre la época en que la alcaldesa Rita Barberá dirigía la organización y su secretario general, Álvaro de la Cruz, firmaba suculentos contratos con la red corrupta.

Para Rajoy, resulta obvio que los socialistas están detrás de todos estos asuntos, como deja en evidencia, a su entender, que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciara la semana pasada, desde Costa Rica, que la fiscalía iba a recurrir el archivo del caso Camps, adelantándose en el tiempo al propio fiscal general. Con estas tesis bajo el brazo y nuevas referencias a los métodos propios "de la inquisición", exigió la comparecencia de Rubalcaba, de De la Vega y del fiscal Conde-Pumpido en las Cortes para que expliquen todo lo sucedido.

Dicho esto, tuvo que hablar –aunque no por propia iniciativa– de las declaraciones de su número dos, María Dolores de Cospedal, sobre los supuestos pinchazos telefónicos que sufren en su partido. Respaldó tan grave denuncia y no descartó llevar el asunto a los tribunales, aunque lo dejó en un "ya veremos". "¿Cree usted que su teléfono esté pinchado?", le planteó un periodista. "No me preocuparía lo más mínimo. No tengo nada que ocultar. Me preocupa como ciudadano", remachó. Eso sí, avisó de que el PP seguirá defendiéndose.

(www.elperiodico.com, 16/08/09)

2. RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y BARBERÁ COMO CANDIDATOS PESE AL 'CASO GÜRTEL'

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, confirmó a Francisco Camps y a Rita Barberá como candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, a pesar de la implicación del presidente de la Generalitat valenciana en el caso Gürtel, que también ha salpicado a la alcaldesa de Valencia.

Según Rajoy, "en Valencia la gente está con el PP y con el señor Camps", porque "saben que han sido objeto de un ataque profundamente injusto". "Celebro que los tribunales le hayan dado la razón", zanjó. El líder popular obvia así que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que exoneró a Camps de cohecho pasivo está recurrida ante el Tribunal Supremo; y también ignora que el auto del Tribunal Superior no da a Camps "la razón" en todo, porque confirma que el presidente valenciano recibió trajes gratis de la trama Gürtel, cosa que Camps negó.

Rita Barberá no está imputada en el caso, aunque se vio salpicada por unas grabaciones en las que Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que hace años que regala bolsos a la alcaldesa de Valencia. Por otro lado, el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, está investigando los contratos firmados por la trama corrupta con la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la presidía Barberá. El PP mantendrá una reunión en septiembre con presidentes provinciales y regionales para empezar a preparar las elecciones municipales y autonómicas de 2011. La intención de Rajoy es "llevar a los mejores", pero consideró que "es pronto" aún para hablar de candidatos. Sin embargo, al ser preguntado por si Camps y Barberá repetirán, exclamó: "¡Desde luego que sí! No tengo la más mínima duda".

En su opinión, "son muchos más los españoles que apoyarían al PP si hubiera unas elecciones generales que la última vez". Respecto a si cree que José Luis Rodríguez Zapatero agotará la legislatura, Rajoy respondió que el presidente "siempre hará lo que le convenga a él" y recordó que tras el verano se van a debatir los Presupuestos Generales del Estado. "Es algo notable que a estas alturas no sepamos si los va a pactar con partidos de la derecha o de la izquierda", subrayó. "A él le vale cualquier cosa", dijo, porque en España "se gobierna a impulsos, las decisiones se toman en el día y no hay un camino definido".

Según el líder del PP, el cordón sanitario que estableció el PSOE contra su partido ha quedado "roto" por las "propias necesidades del PSOE". Y cree que los populares han demostrado "a lo largo de la legislatura que tienen capacidad de pactar con fuerzas políticas y al mismo tiempo capacidad para defender sus posiciones". Por el contrario, añadió Rajoy, "el que se ha quedado en muchas ocasiones solo en esta legislatura es el Gobierno, porque ha sido incapaz de pactar y lo ha hecho muy mal". "Mi partido puede acordar temas que beneficien al conjunto de los españoles con cualquiera", concluyó.

(www.elpais.com, 24/08/09)

3. EL PP PRENDE LA MECHA DE LA CRISPACIÓN

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia.

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha a Camps durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, , Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla.

(www.elpais.com, 09/08/09)

4. COSPEDAL ASEGURA QUE EL GOBIERNO HA ORDENADO ESPIAR A DIRIGENTES DEL PP

La secretaria general del primer partido de la oposición acusó sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora María Dolores de Cospedal aseguró, en una entrevista con la agencia Efe desde su lugar de vacaciones en Marbella, que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales", según el teletipo de la agencia. Cospedal se reafirmaba en sus palabras del miércoles, en las que acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Semejante acusación la hizo en un comunicado grabado en vídeo y nadie pudo preguntarle a qué se refería. se explayó.

Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado". No dijo quiénes.

Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio del Interior, María Dolores de Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI". Ni durante la entrevista, ni después, a lo largo del día, Cospedal explicó a qué se refería por lo que varios dirigentes socialistas exigieron que presente una denuncia por estos hechos o se retracte.

El departamento de prensa del PP explicó que esa denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.

La denuncia, que el PP volvió a distribuir a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refiere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores. Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso decirlo así.

En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.

Las denuncias de Cospedal son el último derrape en la estrategia del PP, liderada por Trillo, de poner todo el acento en las informaciones periodísticas sobre la corrupción en su partido para eludir el fondo del asunto. Llegan, además, en un momento de supuesto relajo de la tensión en torno a la corrupción, tras el archivo de la causa contra Camps, el lunes. La interpretación sui géneris del delito de cohecho que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana será recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el PSOE valenciano al Tribunal Supremo, que puede reabrir la causa en unos meses si no está de acuerdo con la decisión.

(www.elpais.com, 07/08/09)

5. EL ESTADO SEGÚN COSPEDAL

María Dolores de Cospedal es la secretaria general del PP, senadora y ex alto cargo del Ministerio del Interior. En una entrevista acusó al Gobierno de espiar a la oposición. Además, dijo esto:

- "Vamos a seguir denunciando la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir a la oposición".

- "Vamos a seguir denunciando las filtraciones que se están produciendo de actuaciones realizadas por la Policía Judicial, bien por los mandos políticos del Ministerio del Interior bien por la Fiscalía".

- "Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que nos consta que se están produciendo de manera ilegal".

- "El partido socialista está intentando corromper a las instituciones de la democracia".

- España es un "Estado policial" en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia".

- El Gobierno "persigue a la oposición", como en "un sistema antidemocrático".

- "Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia, en grave riesgo a las instituciones de la democracia".

- El PSOE y el Gobierno "intentan corromper las instituciones".

(www.elpais.com, 07/08/09)

6. LA DEFENSA MÁS MENDAZ

Federico Trillo, ex ministro de Defensa y ahora coordinador de Justicia del PP, volvió a desplegar un abanico de argumentos donde abundaban las falsedades e inexactitudes. Su defensa mendaz intentaba desacreditar a quienes trabajan para aclarar las corruptelas que implican a dirigentes de su partido.

Trillo tiene su propia tesis sobre la investigación abierta por corrupción: "Se utiliza el aparato coactivo del Estado de una forma desproporcionada y sectaria contra el PP: la policía judicial, la Fiscalía Anticorrupción y algún juez que se apunta a un bombardeo, como fue inicialmente el juez Garzón o como podría ser ahora el juez de Palma de Mallorca", declaró en Onda Cero.

Y sostiene esa tesis pese a que los indicios sobre las tropelías cometidas por una red empresarial corrupta afín al PP han sido corroboradas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y pese a que el caso mantiene a más de 100 personas imputadas, una decena de ellas, cargos públicos del PP, entre los que se encuentran el tesorero nacional, varios diputados y varios alcaldes.

Para probar sus acusaciones, que se han situado por méritos propios entre las más graves conocidas en democracia, Trillo deslizó , sin ofrecer ni una sola prueba solvente, algunos de los supuestos indicios de esos delitos mayúsculos que el PP imputa a todos los poderes del Estado.

El ex ministro asegura que tiene una grabación de la conversación que mantuvieron a primeros de marzo de este año un inspector de policía y Francisco Camps. Eso, según Trillo, es una prueba de escucha ilegal aunque no supo o no quiso decir quién había grabado la conversación y se limitó a sugerir que no fue el presidente valenciano porque "es un manazas". "Le llamó a Camps] un inspector de la UDEF a las diez y media de la noche, cuando las notificaciones judiciales jamás se hacen por vía telefónica y jamás por la policía. Y Camps le dijo: '¿Por qué me llama?' '¿Cómo tiene mi número?'. El inspector le respondió que era el responsable del caso y Camps le contestó: '¿Pero qué caso?'. Porque todo esto era al comenzar el caso Gürtel".

Según Trillo, el presidente valenciano no sabía nada. O tal vez se hizo el tonto, porque cuando recibió esa llamada (marzo de 2009), el caso Gürtel llevaba un mes en la vida pública y Camps conocía todos los detalles de su implicación desde, al menos, el 19 de febrero de 2009, cuando EL PAÍS reveló que la fiscalía le implicaba en la trama. Ese día, el presidente valenciano compareció ante la prensa para leer una declaración institucional. E incluso algunas semanas antes había llamado insistentemente por teléfono al sastre de Forever Young, José Tomás, para recabar información sobre las preguntas que le hacían los fiscales sobre el regalo de trajes. Así que cuando recibió la llamada del policía a las diez y media de la noche pidiéndole un número de fax para notificarle un auto judicial, Camps sabía de sobra de qué le estaban hablando. Trillo intentó colar que su compañero lo ignoraba todo.

El PP ya había denunciado el asunto de la llamada policial el 12 de marzo ante el Consejo General del Poder Judicial. Entonces pidió Trillo que sancionaran al juez Garzón por la instrucción del caso. En esa queja incluían la llamada policial a Camps y otra parecida al ex vicepresidente valenciano Victor Campos. La denuncia del PP fue archivada. "A un presunto implicado", contó Trillo, "se le graba una conversación telefónica en 2006 que emite la Cadena SER mientras el sumario del caso Gürtel se inicia en agosto de 2008. Clara, manifiesta y rotundamente: escucha ilegal sin autorización judicial".

El ex ministro evita explicar, porque lo debe de saber dado que es el hombre del PP que ha leído todos los documentos judiciales sobre este asunto, que esa grabación es una de las muchas que hizo el ex concejal del PP José Luis Peñas cuando colaboraba con Francisco Correa, jefe de la trama corrupta. Las grabaciones de Peña, que se iniciaron el 7 de febrero de 2006 y concluyeron el 10 de octubre de 2007, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, que investigó la veracidad de las mismas antes de actuar contra la red de corrupción vinculada al PP.

Trillo explicó una versión muy peculiar de otros hechos: "Cuando Rita Barberá interpone querella criminal contra EL PAÍS y el PP la acoge en su denuncia, en ese momento dejan de hablar de los bolsos de Louis Vuitton que supuestamente le regaló uno de los jefes de la trama corrupta] y ahora [EL PAÍS] se refiere a facturas durante su etapa de presidenta de la FEMP. Lo que quiere ver el juez es la capacidad de contratación que tenía el secretario general [de la FEMP], el señor De la Cruz, porque su nombre aparece en la caja B de la Gürtel con una cantidad equivalente a un millón de las antiguas pesetas. Ahora [en EL PAÍS] lo repescan con motivo de la transferencia de un papel entre dos organismos oficiales". La "transferencia" de un papel entre dos organismos oficiales es en realidad la reclamación del juez que lleva el caso en Madrid a la FEMP de todos los contratos adjudicados durante el mandato de Barberá a 11 empresas de la red corrupta. En la caja B no se atribuye el cobro de "un millón de pesetas" a De la Cruz, sino de 30.000 euros (cinco millones de pesetas). De la Cruz no era el secretario general de la FEMP por oposición sino el hombre de confianza de Barberá en ese organismo, con capacidad para adjudicar a dedo cientos de miles de euros, que beneficiaron casualmente a Correa. EL PAÍS no repesca nada. Es el juez que investiga la trama vinculada al PP quien pide esa documentación.

(www.elpais.com, 12/08/09)

7. ARENAS ELEVA AÚN MÁS LA OFENSIVA DEL PP Y SITÚA A ESPAÑA EN UNA DICTADURA

La estrategia sigue siendo la misma: sin presentar una sola prueba, el PP ha vuelto a acusar al Gobierno de practicar una persecución contra los conservadores cuyo punto de máxima relevancia son las denuncias de espionaje ilegal realizadas a algunos líderes de su partido. Las pautas a seguir son tan similares que incluso este miércoles han repetido el formato de enviar un vídeo en el que un máximo dirigente del partido expresa su opinión sin periodistas que puedan preguntar. Ya lo hizo Maria Dolores de Cospedal y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras el archivo de su causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia. Ahora le ha tocado el turno a Javier Arenas, vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP.En su discurso insiste en que el PP está siendo espiado. Aunque añade un matiz cualitativo: "Sólo en los países no democráticos, en las dictaduras, se persigue a la oposición con fiscales y policías", denuncia.

A juicio del PP, España atraviesa "un clima político absolutamente irrespirable" al que se responsabiliza al presidente del Gobierno: "El máximo responsable es Rodríguez Zapatero", sostiene Arenas en el corte de vídeo. Su persecución a los conservadores, prosigue, atenta "contra el espíritu de la Transición". En su opinión, se trata de una situación que no se había producido en los últimos treinta años, "ni con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con Felipe González ni Aznar".

Si era el Gobierno, a través del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien razonaba que las acusaciones del PP respondían a una "estrategia de comunicación" para no hablar de los casos de corrupción que afectan a sus filas, ahora es el principal partido de la oposición quien utiliza ese mismo argumento contra el partido de Rodríguez Zapatero. Según el PP, el Gobierno trata así de "ocultar su gravísima incapacidad a la hora de afrontar la crisis económica y el brutal incremento del paro en España".

(www.publico.12/08/09)

8. LOS POPULARES ELUDEN PROBAR EL ESPIONAJE PERO RETAN AL GOBIERNO A DESMENTIRLO

El PP exige que el Gobierno demuestre en el Parlamento, con taquígrafos y con pruebas, que no se han producido escuchas ilegales a sus dirigentes. Estos hechos fueron denunciados por María Dolores de Cospedal en la playa, con una grabadora y sin pruebas.

Partidos, jueces, fiscales y policías de todas las sensibilidades han exigido al PP que denuncie estos hechos en un juzgado y presentando todas las pruebas que tenga. Pero los populares han decidido invertir la carga de la prueba sobre el Gobierno. "Que el Gobierno demuestre que no es así", inquirió Cristóbal Montoro, que atendió a la prensa en la sede central del PP. Los populares tratan de obviar la evidencia de que, una semana después de denunciar públicamente que el Gobierno espía a sus dirigentes, no han aportado nada que respalde esas acusaciones, calificadas por el ministro del Interior como "de las más graves que se pueden hacer en democracia".

Para los populares, "el problema se ha cerrado a raíz de las declaraciones de De la Vega [anunciando apresuradamente el recurso de la fiscalía al archivo del caso Camps]", no a raíz de las declaraciones de Cospedal. Mientras De la Vega ha explicado sus palabras, Cospedal no ha interrumpido sus vacaciones para decir sobre qué base "le consta" que dirigentes de su partido han sido espiados por orden del Gobierno. Dirigentes como Mariano Rajoy y Javier Arenas, han dicho avalar las acusaciones, pero los días pasan sin que parezca urgente demostrarlas.

Es el Gobierno, dijo Montoro, el que debe "clarificar la situación en nuestro país" a través de las comparecencias parlamentarias de De la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño. El portavoz de economía del PP dejó claro que su partido quiere que "primero" se hagan esos debates públicos "porque somos políticos y los políticos están para debatir", y luego las actuaciones judiciales. ¿Y las pruebas? "A partir de ahí, estamos haciendo nuestras pesquisas y ya veremos".

El argumento choca con la secuencia seguida por Federico Trillo, que en la denuncia presentada el 24 de julio por hechos relacionados (aunque se quedaba muy lejos de denunciar espionaje ilegal ordenado por el Gobierno) pedía que el secretario de Estado de Seguridad declarara ante un juez. Ese día, el PP registró varias peticiones de comparecencia en el Congreso. Entre ellas no estaban ni Camacho ni el ministro.

(www.elpais.com, 14/08/09)

9. MATO: "ZAPATERO ES LA PERSONA MÁS DICTATORIAL DEL MUNDO"

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, sostuvo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo", que considera que "lo que él no manda no puede existir". Estas palabras siguen a las del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, que el dijo que España sufría una dictadura. "Solamente en las dictaduras, en los regímenes no democráticos se persigue a la oposición con policías y fiscales", dijo.

Para Mato, un ejemplo de esta actitud del jefe del Ejecutivo son las acusaciones que esta semana se hicieron desde el PSC acerca de reuniones secretas entre dirigentes de CiU y del PP. En una entrevista, la responsable conservadora confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Son encuentros habituales en democracia, pero algunos se creen que la democracia sólo funciona cuando estás en el Gobierno y para los que están en el Gobierno", explicó. En cambio, dijo, el PP considera que "la democracia vale para todos y el diálogo entre grupos parlamentarios es una de las cuestiones fundamentales y esencial de la democracia".

En su opinión, no es "infrecuente" ni "anormal" que el PP mantenga contactos con otras formaciones políticas, más aún teniendo en cuenta que "muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal" y "ya no confían en Zapatero".

Especialmente, aseguró, "algunos grupos que le apoyan o que le han apoyado al principio de la legislatura" y que ahora "saben que es una carga pesada llevar a Zapatero detrás y por tanto le están dando la espalda"

A su juicio, Zapatero "utiliza todo con fines partidistas y tiene que darse cuenta de que es el presidente del Gobierno de todos los españoles, no solamente de su partido". "Por tanto -subrayó-, como presidente de su partido puede tener los contactos que quiera para que su partido vaya bien, pero como presidente del Gobierno tiene que tener contactos para que España vaya bien".

Para la ex eurodiputada, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder y parece que tiene un poder absoluto sobre todo".

Mato expresó su deseo de que haya "algún cambio de actitud" por parte del PSOE y de su secretario general, ya que, aunque no puede afirmar que su situación en el Parlamento, sumada a la crisis y el paro que sufre el país, le lleve a no poder agotar la legislatura, sí tiene claro que "con esta situación los que no aguantan toda la legislatura son los españoles".

Además, advirtió de que los indicadores económicos de "todos los países coinciden en que la situación está empezando a mejorar y en que España va a quedar más atrás que el resto de países".

(www.elpais.com, 14/08/09)

10. EL PP ESTIMA QUE SUS DENUNCIAS SIN PRUEBAS CALAN EN LA SOCIEDAD

Sea quien sea el dirigente popular que salga a la palestra en estos días de verano, el tema estrella de su intervención será el supuesto espionaje y la hipotética persecución que dicen sufrir los cargos de su partido. Y resultará inútil exigir pruebas para poder confirmar tan grave denuncia, ya que los conservadores dan por hecho que no son necesarias para que la opinión pública crea en su palabra. O sea, que para el equipo que dirige Mariano Rajoy es cuestión de fe –que no de explicaciones y argumentos– que los ciudadanos asuman que el Gobierno socialista ha puesto en marcha un proceso "inquisitorial" contra el PP.

Eso es al menos lo que se deduce de las declaraciones que hizo, ante la prensa, la vicesecretaria de los populares, Ana Mato, que sin moverse un milímetro del argumentario de su organización habló de "cruzadas", "filtraciones" y "pinchazos" telefónicos, esquivando las preguntas más incómodas y mostrándose segura de que su tesis es ampliamente compartida. "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP", proclamó, añadiendo que el responsable de la misma no es otro que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que , a juicio de los conservadores, estaría buscando "tapar la falta de confianza y pérdida de credibilidad" que sufre su Gabinete a raíz de la crisis económica.

Por más que lo intentaron los periodistas, no hubo manera de que Mato abandonara el confuso mensaje oficial: subrayó de forma machacona que hay una persecución contra los populares, que es el Ejecutivo el que tiene que explicarse y que es la Fiscalía General del Estado la que debería abrir una investigación sobre las filtraciones del caso Gürtel, ya que "los ciudadanos no se merecen un Gobierno que se dedica a perseguir a la oposición". ¿Y el PP? ¿Y las pruebas sobre las escuchas telefónicas? ¿Y la lista de cargos espiados? Según la dirigente popular, no es el momento de dar nombres ni de exhibir pruebas. Es más, aseveró que su teoría ha calado en la sociedad a base de golpe de declaraciones y gracias a la denuncia que, el pasado 25 de julio, ya presentaron en un juzgado de Madrid por un supuesto delito continuado de revelación de secretos e interceptación ilegal de las comunicaciones. Y si en dicha denuncia no se incluían nombres de dirigentes espiados y mucho menos pruebas es porque, según Mato, su carácter es "genérico" y constituye solo el primer paso de la estrategia que quiere plantear su partido en los tribunales, sin excluir el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A lo largo de la rueda de prensa se le preguntó a Mato por qué su partido aceptó trabajos de la trama corrupta sin factura, tal y como publicó el periódico El País. Ella evitó la respuesta directa y se limitó a responder que "las cuentas y la financiación del PP son absolutamente claras y transparentes" porque, a diferencia del PSOE, en su partido no se ha dado un caso Filesa. Vano resultó el intento de que entrase en el fondo del asunto o detallase el modo en que su partido factura a terceros.

(www.elperiodico.com, 17/08/09)

11. EL PP AMENAZA CON ENTURBIAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

El PP insiste: el Gobierno de Zapatero utiliza todos los instrumentos del Estado para llevar a cabo una "cruzada de persecución" contra ellos, que incluye las escuchas ilegales a dirigentes populares, una acusación de la que este partido sigue sin aportar pruebas que sustenten una denuncia ante los tribunales. Los populares continúan con su estrategia para intentar convertir la investigación de la trama corrupta vinculada a su partido con un caso de persecución política. El guión lo ejecutó la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Ahora amenazan con llevar esa supuesta persecución, que Mato calificó de "cruzada", a las instituciones europeas y, más concretamente al Parlamento Europeo.

Si el PP lo hiciera finalmente, la tramitación de su denuncia coincidiría con el inicio el 1 de enero de la presidencia española de la UE. Es decir, España presidiría la UE con el Parlamento Europeo indagando si hay una persecución ilegal contra el principal partido de la oposición y si, por tanto, el Gobierno conculca derechos fundamentales. La amenaza la hizo Ana Mato y el Comité de Dirección del partido, que se reúne presidido por Mariano Rajoy, decidirá si sigue adelante.

Fuentes de la dirección del PP aseguran que se estudia aprovechar la mayoría que los conservadores tienen en la Eurocámara para propiciar una declaración contra el Gobierno español o, en el caso más extremo, una comisión de investigación. Aseguran que hay un precedente de declaración institucional contra un Gobierno de Austria por un acuerdo con la ultraderecha.

Esa denuncia, en todo caso, se referiría a la actuación de la Fiscalía, incluyendo la investigación sobre Francisco Camps y de otros casos como los de Canarias y Baleares que, según el PP, han supuesto persecuciones a miembros de su partido que finalmente han sido sobreseídas. Inicialmente no estaba previsto que se incluyeran las supuestas escuchas ilegales que denunció la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

De hecho, varios dirigentes del PP han asegurado a este periódico que se sorprendieron cuando oyeron a Cospedal hacer una denuncia pública sobre esas supuestas escuchas. En ninguna reunión del partido se tomó la decisión de hacer esa acusación, aunque sí se había hablado de los supuestos pinchazos en comentarios informales entre ellos. Admiten que no disponen de pruebas para presentar ninguna denuncia, más allá de referencias o informaciones que han recibido sobre esas supuestas escuchas desde la Fiscalía o la policía.

Habían decidido explotar la estrategia de la persecución, pero en ningún caso tenían previsto incluir las supuestas escuchas hasta que no las mencionó públicamente su número dos. No obstante, la cúpula del partido mantiene la denuncia pública, aunque Mato, a falta de pruebas, las redujo a una cuestión de fe: "Todo el mundo en España sabe que hay una persecución contra el PP"; "los ciudadanos saben perfectamente que el PP está sufriendo escuchas telefónicas". "No puedo dar nombres", añadió la dirigente del PP, al admitir que tampoco puede aportar pruebas.

Al ser preguntada sobre la información publicada en este periódico sobre los pagos de la trama corrupta por servicios al PP sin facturas, Mato se limitó a criticar las filtraciones y a asegurar que las cuentas del partido han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas.

(www.elpais.com, 18/08/09)

12. RAJOY DESCARTA SUSPENDER DE MILITANCIA A BÁRCENAS Y MERINO

Luis Bárcenas y Jesús Merino han abandonado sus cargos pero no han renunciado a sus escaños parlamentarios, ni a sus carnés de militantes del PP. Nada apunta a que lo vayan a hacer y mucho menos a que Mariano Rajoy se lo vaya a exigir. Aunque respiran aliviados, son varios los dirigentes del PP a los que les gustaría que se hubiese ido un paso más allá. Algunos recuerdan como en mayo se suspendió cautelarmente de militancia a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco por su imputación en el caso Gürtel y consideran que sería adecuado "marcar también las distancias" con el tesorero y el diputado conservador.

Hace unos días se le preguntó a Esperanza Aguirre si pensaba que a ambos se les tenía que echar del partido cuando fueran imputados formalmente. La presidenta de la Comunidad, recordando a los suyos que, a pesar de todo, siguen manteniendo sus actas en la Asamblea regional, dijo que desconocía si Bárcenas y Merino lo habían pedido de forma voluntaria. ¿Pero es que acaso ahora la salida de un imputado depende de él? ¿Qué dicen los Estatutos del PP?. En el reglamento del partido conservador, desde luego, no existe una cláusula que hable de la suspensión voluntaria. "Es el último invento", se queja un diputado descontento por la marcha de los acontecimientos.

Las reglas del PP son polémicas. Primero no se incluye la imputación entre las causas para perder la condición de afiliado. Y, segundo, en ellas se señala que sólo se procederá a la suspensión automática por "condena firme en un procedimiento penal", para lo que pueden pasar varios años.

Pero, Rajoy podría mover ficha si así lo deseara. Dentro de la normativa interna se establece que "por razones de urgencia" el líder del PP y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías tienen potestad para suspender de forma provisional a un imputado. En el PP hay quien le reclama que adopte el artículo 16.7 que recomienda que cuando se tenga conocimiento de "la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran el honor o la imagen del PP" se proceda a "designar un instructor" para que haga un informe.

Son muchos los dirigentes del PP convencidos de que Rajoy no va utilizar ninguna de estas dos herramientas y le reprochan que salga por "la vía de en medio". Consideran que el líder del PP se ha ido de vacaciones pensando que ya está el tema resuelto y temen que la situación no cambie nada a la vuelta. Al contrario, algunos piensan que se puede agravar y que la imagen de Bárcenas y Merino, compatibilizando los juzgados con el Parlamento, les perjudique enormemente.

Por eso mismo, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional cree que deberían haber dicho adiós a sus actas, renunciando a ser aforados. Para Merino no era ningún problema. De hecho en su día le confesó a sus amigos que él estaba dispuesto a dejarlo todo. Era preferible porque, de ese modo, su causa podría pasar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y él tendría posibilidades de recurrir a otra instancia. Finalmente no lo ha hecho. Algunos opinan que con ese gesto habría puesto en evidencia a Bárcenas. Con los dos sentados en el Parlamento, Rajoy seguirá siendo objeto de críticas. Y frente a los que opinan que habría que "desentenderse definitivamente de ellos", están los que saben que eso no va a ocurrir por la sencilla razón de que el jefe de la oposición ha empeñado su palabra en ellos. Rajoy ha proclamado su inocencia durante todo este tiempo.

"A Merino le sustituirán en septiembre. Pero echar a Bárcenas sería absurdo e incoherente con la reserva de su puesto de trabajo. En ese sentido, Rajoy se ha atado de pies y manos", explica un diputado. También piensa que Rajoy está arriesgando mucho y que si la historia se complica, como todo apunta, se la podría jugar de cara a las generales. "Si no sale bien, la principal víctima es él", incide.

Algunos se quejan de cómo se ha resuelto toda esta situación. "Este tema se ha llevado entre cuatro personas de la cúpula. Rajoy se ha encerrado en una torre del castillo y nos dicen a los demás que salgamos a pelear a ciegas", lamenta un miembro del Comité Ejecutivo Nacional augurando una grave fractura interna. Además, se sigue denunciando que existe una doble vara de medir y muchos reclaman un "criterio único". Tarde. Como con cada caso han aplicado un sistema distinto, ahora la dirección del PP está en un callejón sin salida. La prueba es que hace unos días el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aprovechando la presentación de la denuncia por filtraciones, insistía en que la doctrina de su partido era que cuando alguien fuera imputado se le debía expulsar. Pero esta teoría se aplicaría a todos salvo al presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps y a su mano derecha, Ricardo Costa.

Los conservadores buscan excusas. Así Trillo reconocía que habían sido llamados a declarar como imputados pero sostenía que se trataba de "un enredo legal" y se apoyaba en que no existía "un auto de imputación formal de ninguno de los dos". Hay quien concluye que el PP, que tanto criticó la corrupción del PSOE, no sabe reaccionar cuando les afecta.

(www.publico.es, 01/08/09)

13. "CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"

Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.

Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de euros en pagos a diferentes políticos.

Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.

- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis Bárcenas".

- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue el acta.

- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".

- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para que se le entregara a este señor".

- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.

- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".

- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de su cargo y sigue de concejal.

- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.

(www.elpais.com, 06/08/09)

14. EL TSJM CONFIRMA EL AUTO DE PRISIÓN DE CORREA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la puesta en libertad de Francisco Correa, principal imputado en el 'caso Gürtel', al desestimar el recurso de apelación presentado por el abogado de la defensa, José Antonio Choclán, contra el auto de prisión que acordó mantenerlo en la prisión de Soto del Real, donde ingresó el pasado 12 de febrero, según han informado fuentes jurídicas.

La sala Civil y Penal del TSJM ha celebrado esta mañana la vista de ese recurso, durante la que el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha pedido su puesta en libertad al considerar que los siete meses que lleva en prisión son "suficientes".

En la vista, las representantes de la Fiscalía Anticorrupción se opusieron a que Correa abandonara la cárcel por el riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas. La Sala convocó esta vistilla después de que anulara el último auto de prisión dictado por no convocarse precisamente esta vista previa por un error de forma. El ingreso en prisión de Correa, acordado el pasado mes de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón , fue confirmado por el instructor del "caso Gürtel" en el TSJM, Antonio Pedreira, cuando se hizo cargo de la causa.

Antes de celebrarse la vista, Choclán ha dicho a los periodistas que "son muchas las razones", como los problemas de salud que supuestamente sufre Correa -depresión y claustrofobia- y sus circunstancias familiares, para que su cliente salga de prisión. Pedreira justificó su decisión de mantener en la cárcel a Correa para asegurar la investigación y evitar la "destrucción de evidencias", al tiempo que estimó que había indicios bastantes para afirmar "de forma contundente" que existe riesgo objetivo y real de sustracción a la Justicia por parte del imputado.

La celebración de la vista fue decidida por el TSJM después de que la sala de lo civil y penal anulara la resolución dictada por la sala de vacaciones de este tribunal en la que desestimaba el recurso presentado por la defensa de Correa contra la decisión de Pedreira de mantenerlo en prisión sin haber celebrado una vista. El abogado de Correa, al que se imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, presentó entonces un incidente de nulidad contra ese auto y solicitó que se celebrara una vista previa con las partes antes de tomar una decisión.

(www.publico.es, 29/08/09)

15. HACIENDA DESTAPA CONTRATOS ILEGALES DE GOBIERNOS DEL PP CON LA TRAMA GÜRTEL

Las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción un exhaustivo informe sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras".

Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos [de la red de empresas de Francisco Correa]".

La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.

No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.

La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".

Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:

1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.

2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.

3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.

De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.

(www.elpais.com, 31/08/09)

16. EL PP HA UTILIZADO TODO TIPO DE ARTIMAÑAS PARA APARTAR A LOS JUECES FAVORABLES A LA CARTA CATALANA

El PP sabe mucho de complots. Desde el 31 de julio del 2006, día en que recurrió el Estatut ante el Constitucional, ha seguido una estrategia destinada a dinamitar el alto tribunal. El partido de Mariano Rajoy ha empleado todo tipo de artimañas para eliminar a los magistrados favorables a la Carta catalana y ganar en los tribunales lo que perdió en el Parlamento.

Federico Trillo dirige esta maquiavélica estrategia. Su primera actuación sorprendió a propios y extraños. El PP recusó al magistrado Pablo Pérez Tremps por haber escrito, antes de llegar al tribunal, un artículo sobre el Estatut. El pleno del Constitucional le expulsó de las deliberaciones por seis votos a cinco.

Por ello, el partido de Rajoy continuó con esta estrategia y recusó después a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. La Generalitat replicó con la recusación de uno de los hombres fuertes del PP en esta sede, Roberto García Calvo. Ambas propuestas fueron rechazadas.

Los conservadores lejos de retractarse, volvieron a la carga y, con la excusa de la reforma de la ley del Constitucional, que permitía la ampliación del mandato de Casas hasta su cese como magistrada, lanzó una triple recusación contra jueces progresistas. El Gobierno contratacó y recusó a dos conservadores. El PP perdió, otra vez. Estos incidentes procesales, como les llaman en el alto tribunal, impidieron al Constitucional ponerse manos a la obra sobre el Estatut hasta el 17 de diciembre del 2007.

Para entonces, el alto tribunal estaba ya herido. Los jueces progresistas pedían sentido de la responsabilidad al PP, mientras los conservadores seguían en sus trece. El repentino fallecimiento de García-Calvo tranquilizó temporalmente los ánimos. Ahora, la batalla se ha recrudecido ante el inminente fallo del Estatut. No importa que este tribunal esté en funciones desde hace casi dos años ni que esté en juego el diseño del mapa autonómico. Lo importante para el PP es ganar, aunque sea como Atila.

(www.elperiodico.com, 19/08/09)

17. RAJOY TACHA DE EXCESIVA LA CESIÓN DE IMPUESTOS A LAS COMUNIDADES

Después de 30 años en los que la atención ha estado centrada en "un proceso de transferencias estatales" a las comunidades, ha llegado la hora de pasar a "un proceso de cooperación". Al menos eso es lo que piensa el presidente del PP, Mariano Rajoy, para quien el nuevo modelo de financiación recoge "traspasos exagerados de impuestos" a las autonomías y va a dejar al Estado "disminuido".

"Hay temas importantes –incendios, gripe A, unidad de mercado...–en los que no puede actuar cada uno a su libre albedrío", y menos, recordó, cuando el Estado asume "el 20% del gasto público". Por ello abogó por poner en marcha "instrumentos de cooperación" en el marco de un "acuerdo nacional" entre PSOE y PP abierto también a otras fuerzas políticas.

/ El líder de los conservadores criticó asimismo la falta de concreción del nuevo sistema e incluso insinuó que hay presidentes autonómicos que "están engañado" a sus ciudadanos dando "cifras que no se corresponden con la realidad". A Rajoy no le salen las cuentas: si se suman las cantidades difundidas, afirmó, los 11.500 millones adicionales que aporta el Ejecutivo se quedan cortos. "La mejor forma de acabar con las dudas es que el Gobierno diga la verdad. Llevamos mes y medio esperando", apostilló.
Y si el modelo es "un mar de dudas", en sus propias palabras, ¿por qué las autonomías del PP se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? "En el Congreso velamos por el interés general de los españoles y mantenemos una posición contraria. Y luego las comunidades defienden sus intereses como mejor les parece", añadió.

(www.elperiodico.copm, 22/08/09)

18. EL JUEZ DA CARPETAZO DE NUEVO A LA TEORÍA CONSPIRATIVA Y RECHAZA REABRIR EL 11-M

Intentar reabrir el sumario del 11-M -juzgado y sentenciado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo- para volver a analizar el explosivo que estalló en los trenes causando la muerte de 191 personas y miles de heridos supone "una petición extemporánea y redundante" que no pretende aportar "ningún extremo novedoso" a la causa. Es la respuesta del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a la petición de dos víctimas del atentado vinculadas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (patrocinada por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre), el último intento de resucitar la teoría de la conspiración.

El escrito, presentado el pasado 9 de marzo en el juzgado de Velasco a título particular por Gabriel Moris -ex vicepresidente de la AVT- y firmado por los abogados de ese colectivo, Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, acusaba a la policía de haber ocultado o no haber facilitado a la Audiencia Nacional la tierra encontrada en los cráteres generados por las explosiones para determinar la composición del explosivo utilizado. A esa petición se opuso el fiscal, alegando que ya existía sentencia firme sobre el asunto, y otro grupo de víctimas, que razonó que el único objeto de ese escrito era "aparecer en los medios de comunicación".

El juez niega la mayor y recuerda que en el sumario de los atentados existen varios análisis de los explosivos y que los que se practicaron inmediatamente después de los ataques "tuvieron en cuenta las muestras de campo recogidas para sustentarlos", es decir, que sí se analizaron los restos encontrados en los lugares de las explosiones, contrariamente a lo que aseguraban los abogados de la AVT.

Velasco denuncia después la estrategia de los autores del escrito. Les advierte en su resolución de que "no se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar [a unos resultados] que por fin satisfagan los intereses de alguna de las partes", una vez que esos hechos ya están juzgados y existe sentencia firme sobre ellos "por mucha que sea la insatisfacción e impotencia" que el análisis de los explosivos realizado durante la investigación judicial y la vista les haya generado.

El magistrado recuerda, además, que tanto la AVT como la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M "tuvieron su oportunidad", ya caducada, de "discutir" el resultado de esos análisis en varios momentos del proceso y no lo hicieron. Y detalla esos momentos y el modo en que lo pudieron hacer: "En la instrucción, pidiendo o aportando su propia prueba pericial de parte"; en la prueba pericial anticipada que acordó la Sala de lo Penal justo antes de iniciar el juicio o durante el juicio oral.

"Nos hallamos ante una petición extemporánea y redundante que por lo tanto no supone el análisis de ningún extremo novedoso en la causa, sino la valoración aislada" de una de las pruebas ya practicadas a lo largo del proceso, asegura Velasco, que recuerda que esa prueba fue "tolerada por las partes sin recurrirla". El análisis del explosivo, por tanto, debido a que ya fue valorado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo, es "cosa juzgada", según el juez.

Es la segunda vez que el Juzgado que actualmente dirige Eloy Velasco tiene que rechazar la reapertura del caso solicitada por partidarios de la teoría de la conspiración. El pasado 27 de noviembre, su antecesor en el cargo, Pablo Ruz, denegó la pretensión de la AVT de que la policía hiciera estallar bombas en vagones de las mismas características de los de los trenes atacados el 11-M para determinar si el explosivo utilizado era Goma 2 ECO, Goma 2 EC o Titadine, como sostienen los conspiranoicos. Ruz consideró esas diligencias "inútiles, dilatorias y perjudiciales para los fines de la instrucción", además de "manifiestamente impertinentes".

(www.elpais.com, 26/08/09)

19. MICHAVILA Y EL DIRECTOR DE SU BUFETE DE ABOGADOS DEJAN EL CONGRESO

El polémico despacho de abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila abandonará el Congreso. El hasta ahora diputado del PP anunció su intención de abandonar su escaño por Valencia, y el director del bufete, Alberto Dorrego, ha solicitado una excedencia indefinida de su puesto de letrado de las Cortes.

La actividad del despacho Eius salió a relucir de forma colateral como consecuencia del caso Correa. Este periódico reveló que el bufete fue contratado reiteradamente por ayuntamientos y comunidades del PP que se han visto salpicados por este caso. Especialmente, el bufete fue contratado en multitud de ocasiones por los ayuntamientos de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, dirigidos entonces por los populares Arturo Panero y Jesús Sepúlveda, imputados en el caso Gürtel.

Además, EL PAÍS publicó contratos de Eius con la Comunidad Valenciana para la elaboración de normativas. El despacho asesoraba luego a empresas que concurrían a concursos regulados en esas leyes autonómicas. Por ejemplo, uno sobre televisión digital. La ley impide que los letrados de las Cortes y los diputados contraten con las administraciones públicas y, por eso, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, abrió una investigación contra Dorrego. También fue investigado otro letrado de las Cortes que trabaja en ese despacho, Andrés Jiménez, pero su caso era menos claro porque no firmaba los contratos.

Contra Michavila -cuya hermana Ana es jefa de Gabinete de Francisco Camps- no hubo ninguna actuación porque él tampoco firmaba. La posible sanción a Dorrego no superaría los cuatro meses de empleo y sueldo y el Congreso tendría que recabar oficialmente documentación de esas administraciones. Finalmente, se optó por forzar la petición de excedencia voluntaria e indefinida del letrado, tras archivar la investigación.

La petición tiene efectos desde el 31 de julio y sólo falta el trámite de formalización en la Mesa del Congreso la próxima semana. Coincidiendo con el inicio de esa excedencia del jefe del bufete, Michavila ha anunciado que abandona también el Congreso, aunque seguirá formando parte del Comité Ejecutivo del PP. Michavila es uno de los diputados con mayor actividad privada al margen de la Cámara. Obtuvo autorización para ejercer como abogado, actuar como representante de artistas, dirigir una empresa de gestión de grandes patrimonios y presidir una fundación solidaria y sin ánimo de lucro.

Recientemente comunicó a Mariano Rajoy y la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría su intención de dejar el escaño, y ha remitido una carta a José Bono, presidente del Congreso, en la que da los motivos: "Razones personales y familiares que a buen seguro tú entenderás bien". La portavoz del PP expresó a este periódico su reconocimiento al trabajo de Michavila en la Cámara.

(www.elpais.com, 29/08/09)

20. AZNAR PREDICA MODERAR LOS SALARIOS PARA LOS OTROS, MIENTRAS SU SUELDO SUBE

El ex presidente del Gobierno José María Aznar cobrará un 4,3% más por su puesto como consejero en el grupo de comunicación News Corporation. El magnate Rubert Murdoch ha decidido aumentarle el sueldo a 146.161 dólares, algo más de 100.000 euros. Cuando el ex presidente Aznar entró a formar parte como consejero de News Corporation, en 2006, era el miembro peor pagado del consejo. Actualmente, sin embargo, es el quinto de los 12 asesores no ejecutivos que mejor retribución ha obtenido: 100.000 dólares en efectivo (frente a los 90.000 del año anterior) y otros 46.161 a través de acciones, según consta en la SEC, supervisor bursátil de Estados Unidos.

El magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, sin embargo, ha decidido bajarse a sí mismo el sueldo un 40%, cobrará 18 millones de dólares (12,5 millones de euros), frente a los 30,1 millones de 2008. La subida a Aznar, quien, por cierto, en muchas ocasiones ha expresado la necesidad de moderar los salarios en tiempos de crisis, según relata El País, sorprende todavía más si se tienen en cuenta los últimos resultados empresariales del del imperio mediático News Corp, propietario de medios como The Wall Street Journal o The Times y televisiones como Fox News.

La compañía anunció en su último ejercicio fiscal 3.400 millones de dólares en pérdidas (2.370 millones de euros), frente a los 5.400 millones de beneficio neto de un año atrás. Sus acciones, aunque en la última semana han subido el 5% hasta los 10,9 dólares (7,6 euros), perdieron en 12 meses el 39% de su valor. Por eso en las últimas semanas el magnate ha vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de rentabilizar algunos de sus medios online cobrando el acceso.

Aunque el ex presidente español lleva sólo tres años formando parte de News Corp, la relación que le une al australiano Murdoch es anterior y quedó evidenciado, tal y como recuerda El País, en su presencia en la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag. En lo que respecta al ámbito laboral, desde 2004 el grupo mediático pagaba 10.000 euros mensuales a Aznar, por "servicios de asesoría en relación con su estrategia corporativa global", que el ex mandatario cobraba a través de su sociedad limitada Famaztell, (acrónimo de Familia Aznar Botella), creada para gestionar negocios propios, como los derechos de sus libros.

(www.elplural.com, 22/08/09)

21. GALICIA. FEIJÓO ADMITE QUE EXISTE "DESASOSIEGO" EN EL PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió que existe "desasosiego" en algunos dirigentes del PP y lo atribuyó a "una preocupación racional" por las supuestas escuchas ilegales que han denunciado varios miembros de su partido.

En la rueda de prensa posterior al primer Consello de la Xunta tras las vacaciones estivales, justificó este "sosiego" y "preocupaión" en la evidencia de ciertos "hechos", tales como "detenciones televisadas" y "partes de sumarios secretos que se publican".

Sobre ambas cuestiones se preguntó "quién avisa a los medios de comunicación", "quién publica lo que no se puede publicar" y "por qué la vicepresidenta da instrucciones al Ministerio fiscal para recurrir una sentencia que afecta a un dirigente del PP" -el presidente valenciano, Francisco Camps-.

De hecho, Feijóo opinó que el Gobierno central "debería responder" a las acusaciones y denuncias de dirigentes populares sobre supuestas escuchas ilegales, porque, a su juicio, "lo importante es lo que crean los ciudadanos".

En este sentido, se refirió a la 'Operación Muralla' -que supuso la detención de una decena de personas vinculadas con la Diputación de Lugo y que está atascada en los juzgados tras dos años- que supuso, para el PP, la pérdida de la institución provincial. "¿Dónde está ahora?", inquirió, tras evidenciar que la investigación se activó "antes de las municipales".

(www.publico.es, 27/08/09)

22. GALICIA. FEIJÓO RELEVA A CAMPS COMO PREFERIDO DE RAJOY

Los casos de corrupción han causado daños internos en el PP que se traducirán en cambios de poder, según fuentes del partido. Por ejemplo, el presidente valenciano, Francisco Camps, seguirá protegido por Rajoy y volverá a ser candidato en 2011, pero ha perdido la condición de principal barón regional y futuro delfín del líder del PP.

En ese delfinato será sustituido por Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, según la previsión de dirigentes del PP. Ese cambio introduce reequilibrios de poder porque Javier Arenas, hombre fuerte del partido en la sombra, es el principal valedor de Camps, mientras que Feijóo es un marianista genuino y protagonista de una de las victorias electorales más sonadas del PP, que ha permitido a Rajoy mantener el liderazgo. Además, representa una renovación y un cambio generacional, puesto que no se le identifica con la etapa de Aznar. Y Feijóo es el único del PP que gobierna una comunidad de las llamadas históricas. Todos en el partido saben que es, con toda seguridad, el líder regional más próximo en lo personal a Rajoy. Su ascenso coincide con los problemas de Camps y Aguirre

(www.elpais.com, 30/08/09)

23. GALICIA. UNA DIRECTORA DE TRABALLO EMPLEÓ EN UN BAR Y EN CASA A UNA COCINERA SIN CONTRATO

Trabajaba como empleada de hogar en casa de María Díaz López, directora general de Formación y Colocación de la Xunta, y completaba su jornada como ayudante de cocina en el restaurante familiar del alto cargo de Traballo. Todo durante seis meses, sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol acaba de condenar por despido improcedente a la número tres de la Consellería de Traballo, María Díaz López, responsable, según el fallo, de haber despedido a la mujer que trabajaba en la cocina del bar de su familia, en la estación de autobuses de Ferrol. El falló condena subsidiariamente a Díaz López por haber sido ella quien comunicó el despido y por "crear confusión jurídica y material en dos relaciones laborales", la que empleaba a la trabajadora en el bar y como asistenta en el domicilio particular de la directora general de la Xunta.El Juzgado de lo Social número " de Ferrol obliga a la sociedad civil Delmiro Díaz Rodríguez y otro, del padre y del hermano de la directora xeral de Traballo, María Díaz López, a pagar el salario de tramitación, 1.500 euros, y a indemnizar o readmitir en su puesto a la trabajadora despedida. El juez considera el despido como improcedente y condena de forma subsidiaria al alto cargo de la Xunta.

"La solidaridad", dice el fallo, "implica a la empresa y a las tres personas físicas [la directora de Colocación y Formación del Gobierno gallego, su padre y su hermano], "por crear confusión jurídica y material entre dos relaciones laborales". Para ninguno de los empleos, ni como ayudante de cocina en el bar, ni como asistenta en casa de María Díaz López, fue dada de alta la trabajadora en la Seguridad Social. El auto considera probado que, pese a no figurar en la sociedad, fue la ahora directora general, quien "despidió materialmente" a la empleada del bar. El juzgado envía la sentencia a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo.

(www.elpais.com, 13/08/09)

24. GALICIA. EL ALCALDE DE O PINO CARGA A LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA OBRAS QUE DEBÍA EJECUTAR FADESA

El alcalde popular de O Pino, Manuel Taboada Vigo, y sus siete concejales han propiciado que sea la Diputación de A Coruña la que financie parte de los proyectos de depuración y saneamiento del municipio en los que Fadesa se comprometió a invertir 1,6 millones de euros cuando resultó adjudicataria del polígono industrial que promueve en el ayuntamiento coruñés.

La Junta de Gobierno local adjudicó los trabajos el pasado mes de junio a una empresa con cargo a la partida de 319.954 euros del plan que la Diputación de A Coruña -que preside el socialista Salvador Fernández Moreda- dedica a cooperación con los municipios. Según reza en la documentación que Taboada envío al organismo provincial para justificar la ayuda, el Ayuntamiento de O Pino pretende sufragar con ese dinero "el saneamiento en la parroquia de Pereira y el abastecimiento de agua a los núcleos de Budiño, Castrofeito, Ferreiros, Gonzar, San Miguel de Cerceda y otros". Sólo para el saneamiento de Pereira, una zona rural de este ayuntamiento próximo a Santiago, el alcalde solicitó y obtuvo fondos públicos por 129.056 euros.

Lo hizo, a pesar de que ese y otros proyectos los debía acometer la promotora Fadesa en virtud del contrato que firmó con el Ayuntamiento. Así consta en la oferta que la constructora presentó a Taboada ya en el año 2004 para hacerse con la concesión del polémico parque empresarial -de un millón de metros cuadrados- que la Xunta mantiene paralizado tras detectar diversas irregularidades administrativas. En la "oferta-propuesta de mejoras al concurso de ejecución del suelo urbanizable en O Pino", Fadesa prometió ejecutar en las parroquias de Castrofeito y Pereira "la red general de suministro de agua potable, la red general de saneamiento gracias a la ampliación de la estación depuradora" que dará servicio a las naves que se instalen en el parque empresarial.

El presupuesto de la inmobiliaria estimaba en 1.617.064 euros el coste de las obras. Detallaba el diámetro de las tuberías a colocar, el número de pozos necesarios, el tamaño de las zanjas y la distancia de las zonas de servidumbre con respecto al río. Todo - escribía aquel informe de Fadesa- para subsanar las faltas en Pereira y Castrofeito, "que carecen de una adecuada infraestructura de servicios urbanos".

La oposición en el ayuntamiento se teme que se trate de un nuevo servicio del alcalde a Fadesa y así lo ha denunciado en sucesivos plenos. Taboada, que gobierna con una amplísima mayoría de ocho concejales frente a los dos del PSOE y un único edil del Bloque, ha hecho caso omiso de las críticas y ha tirado hacia adelante. Se limita a repetir que Fadesa licitará la estación depuradora, olvidando el compromiso escrito de la promotora -incursa en un proceso de ley concursal (antes suspensión de pagos)- de acometer también los colectores y las canalizaciones para llevar los servicios prometidos hace ahora cinco años a esas dos parroquias de O Pino.

(www.elpais.com, 10/08/09)

25. ANDALUCÍA. DIMITEN DOS EDILES DEL PP DE MANILVA POR DISCREPANCIAS

El laberinto político de Manilva (Málaga, 13.258 habitantes censados) se complica aún más. Tras el cambio en la composición del equipo de gobierno, con el pacto entre IU y PSOE y la salida de la formación personalista ASM, de Emilio López Berenguer, le llegó el sobresalto al PP. Las concejales María del Carmen Ferriz y Francisca María Tomé presentaron su dimisión como ediles populares y reclamaron su paso al grupo de concejales no adscritos.

Las dimisionarias justificaron esta decisión por "la imposibilidad" de desarrollar su labor y "las discrepancias" con los objetivos del partido. De esta forma, el PP se queda con tan sólo dos ediles, Francisco Miguel Alvarez, portavoz, y Lorenzo Guerra, que además es presidente del PP en Manilva.

En el escrito presentado en el registro municipal las concejalas afirman que su paso responde "a un ejercicio de coherencia con nuestros electores y a la decepción por la línea marcada por el PP en Manilva", y afirman que no se sienten representadas por el partido.

La Corporación municipal de Manilva la integran 17 ediles, de los que 12 se encuentran en la oposición y cinco en el gobierno. Tras romper con la Agrupación Socialista Manilveña (ASM) de Berenguer, la alcaldesa Antonia Muñoz, de IU, cuenta, además de sus cinco ediles, con el apoyo en los plenos de los cuatro concejales del PSOE. De momento, estos concejales no tienen previsto entrar en el equipo de gobierno. Aunque, en Manilva, nada es definitivo.

(www.elpais.com, 22/08/09)

26. ANDALUCÍA. EL ALCALDE DE SIERRA DE YEGUAS PIDE, TRAS LA MOCIÓN DE CENSURA, QUE EL PP LO REHABILITE

El todavía alcalde de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, pidió a su partido, el PP, que lo rehabilitara como militante tras conocerse la moción de censura que probablemente lo desbancará como regidor, el próximo día 3. Sánchez Lavado fue suspendido provisionalmente de militancia en julio de 2008 después de que la concejal del PP Josefa Torres lo denunciara por violación y acoso sexual, denuncia que ha sido archivada en primera instancia. El pasado viernes, Torres firmó la moción de censura junto a los ediles del Partido Andalucista y del PSOE y adujo motivos tanto políticos como personales para dar su apoyo. Según Sánchez Lavado, con la presentación de esta iniciativa "se demuestra quién miente en este asunto".

"Esta moción no se sostiene salvo si se piensa que en su trasfondo relucen intereses oscuros", afirma el aún regidor en un comunicado. Sánchez Lavado recordó que "hace escasamente un mes, Torres señaló que no apoyaba la moción por el bien de su pueblo".

Sánchez Lavado, que tras conocerse el escándalo se mantuvo en el sillón de alcalde pese a que su partido le pidió que dimitiera, asegura que "todos han mentido en esta historia y el pueblo les pasará factura en las próximas elecciones" de junio de 2011.

La denuncia de Josefa Torres, que el pasado viernes admitió que en el apoyo a la moción pesaron las cuestiones personales, sigue viva. Aunque el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera la archivó al no ver consistente como prueba una grabación aportada por la edil en la que un hombre le gritaba obscenidades, ella recurrió el sobreseimiento y asegura que la voz es la de Sánchez Lavado. El regidor, que admitió que ambos fueron amantes durante siete años, siempre lo ha negado.

Sánchez Lavado rechaza que la situación del municipio sea "ingobernable" como aseguran los firmantes de la moción, y tuvo un recuerdo para el andalucista Salvador Ortiz, quien seguramente lo sustituirá: "No veo lógico que una persona investigada por la fiscalía pueda convertirse en el defensor de los intereses del pueblo". El alcalde afirmó que medita "dejar la política". "No soy como mis rivales, que no son serios ni creíbles y mienten", dijo.

(www.elpais.com, 26/08/09)

27. COMUNIDAD DE MADRID. HISTORIA DE UN DESENCUENTRO

La tarde del 7 de julio de 2002, José María Aznar invitó a Alberto Ruiz-Gallardón al palacio de La Moncloa. Iba a pedirle que fuera su candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones del año siguiente. El entonces presidente de la Comunidad y valor en alza del PP, aunque no fuera lo que hubiera preferido, aceptó. A continuación, Aznar le requirió también un nombre capaz de aspirar al puesto que él dejaba vacante en el gabinete regional. Esa tarde, hace sólo siete años, un Gallardón de 43, que ya tomaba medidas a las estancias de La Moncloa, le contestó al líder del partido que la mejor persona para sucederle era Esperanza Aguirre. Quizá el pecado original.

La comunicación entre las dos grandes administraciones de la región que ambos dirigen, fuera de lo meramente institucional u oficial, no existe. Cero. Hace siete meses, el Ayuntamiento tuvo constancia a través de las informaciones publicadas en un diariode que el vicealcalde, Manuel Cobo, había sido espiado por funcionarios de la Comunidad de Madrid. El caso está en los tribunales y se han cortado los pocos lazos que quedaban. Cobo arremetió duramente contra el secretario general del PP en la región y consejero de Interior, Francisco Granados, a quien acusó de ocultar información sobre el espionaje. La relación es mala a todos los niveles. "Ha llegado a un punto de no retorno. Ya no es posible arreglarlo", apunta un edil. Y la trinchera va desde diputados a concejales (estos divididos entre aguirristas y gallardonistas), pasando por los altos cargos, hasta los respectivos gabinetes de prensa. Y en esa lucha, la traición se paga carísima.

Pero al precipicio se llegó a empujones. Conflictos de todos los colores que, pese a afectar a miembros del mismo partido, se han dirimido siempre en los medios de comunicación antes que en los despachos. Y eso, en parte, lo han pagado los ciudadanos. Las obras del Paseo del Prado paralizadas, la cuarta entidad financiera de España contra las cuerdas y con un presidente interino, el metro de la capital a punto de salirse del Consorcio Regional, la privatización del agua a las puertas del juzgado... La última: la paralización de las obras de Serrano, con su cartel municipal inculpando a la Comunidad. Sus peleas, su enquistada relación, afectan a seis millones de ciudadanos. ¿Por qué tanta distancia?

Aguirre y Gallardón comenzaron casi al mismo tiempo (1983) su carrera en el Ayuntamiento de Madrid. Pero pensaban distinto, venían de casas diferentes. Él, fundador de Alianza Popular. Ella, procedente de la insignificante Unión Liberal. Eran jóvenes, inexpertos y ambos han asegurado siempre que mantenían una buena relación. Los caminos se separaron y cada uno colmó temporalmente su ambición con los cargos obtenidos. Gallardón mediante las urnas (dos veces presidente de la Comunidad con mayoría absoluta) y ella por su consideración dentro del partido y su relación con José María Aznar (ministra de Cultura y presidenta del Senado). Eran poderosos y no se molestaban. El futuro les pertenecía.

Y lo disfrutaron hasta que pudieron. "Tienen una ambición distinta. Ella va a por todo, pero disfruta de lo que tiene cuando no consigue algo. Él nunca será del todo feliz. Siempre está pensando en lo que viene después", explica un concejal que ha trabajado con ambos.

El primer cisma llegó la tarde del 28 de junio de 2003. Ese día, el tránsfuga Eduardo Tamayo subió dos veces a la tribuna de la Asamblea para explicar su sospechosa abstención y la de María Teresa Sáez. Para dar cuenta en el corazón parlamentario de Madrid de la oscura traición que, meses más tarde, iba a permitir gobernar a Esperanza Aguirre. Las dos veces se levantaron en pleno los diputados del PSOE. Y en las dos se marchó también de la sala Gallardón. "Eso, obviamente, le sentó como un tiro a la presidenta. Que la dejara ahí sola con los tránsfugas... No fue nada cortés", explica un colaborador de Aguirre. Todas las fuentes consultadas señalan ese día como el origen del desencuentro.

"Ese sapo se lo tragó Esperanza", recuerda una diputada. Pero no ayudó a digerirlo que Gallardón, a quien el entorno de ella acusó de conocer de antemano el tamayazo, conservase la presidencia de la Comunidad mientras se celebraban las siguientes elecciones. Durante ese tiempo, y avalado por un informe jurídico que él mismo encargó, fue presidente y alcalde de Madrid. Ella ya no se fiaba de él. Un sentimiento que sus colaboradores definen como "el principal motivo del deterioro de la relación". En la segunda campaña, Aguirre prescindió de su anterior director, Miguel Ángel Villanueva (actual concejal de Economía), que a su vez había sido consejero de Gallardón y que siempre le fue cercano. Se empezaba a tensar la cuerda. Y más cuando ella consolidó su liderazgo.

El 6 de octubre de 2004, Gallardón, Aguirre, y sus respectivos escuderos, Manuel Cobo e Ignacio González, quedaban para cenar en el Asador Frontón III, junto a Cibeles. Ella aspiraba a la presidencia del partido en Madrid. Estaba creciendo, se veía con fuerzas y quería más. Gallardón empezaba a oler la amenaza y reclamó una lista de consenso en la que, como mínimo, Cobo tenía que ser el secretario general. O eso, o al día siguiente lo presentaba como candidato a la presidencia. "No acepto chantajes", anunció Aguirre, que pagó la cuenta y se fue a las 23.30. La cena acabó "como el rosario de la aurora", según una de las personas que esperaba noticias fuera. Y, desde entonces, nunca más, ni una sola vez, se han vuelto a sentar en una mesa para tratar de solucionar un problema.

Y así se desató la guerra. Gallardón, quizá sin darse cuenta, lanzó a su hombre de confianza contra el aparato del partido. Alguien calibró mal las fuerzas que tenían. "También hay que tener en cuenta que ella jugaba con una baraja trucada. El secretario general del PP era Acebes, y él se posicionó abiertamente a su favor. Rajoy, claro, lo consintió", explica un miembro de la dirección del PP regional.

Una semana después llegó la constatación de que se había subestimado a Aguirre. El miércoles 13, reunidos en una sala de Génova, 330 miembros del PP regional podían exponer sus preferencias para evitar un congreso fratricida y humillante para alguna de las partes. Sólo ocho defendieron la candidatura de Cobo. "Durante su etapa de presidente, Gallardón había despreciado al partido. Llegaba a los pueblos y todas las atenciones se las llevaba el alcalde del PSOE. A veces ni llamaba al portavoz del PP de ese municipio. Él es así. Todos le admiran. Pero nadie le tiene cariño", recuerda uno de aquellos portavoces, presente en la reunión.

La noche fue dantesca. Humillante. Algunos asistentes recuerdan a Gallardón desencajado. "Nadie se privó de hablar", recuerda un asistente. Aguirre había empezado a marcar el terreno y a devolverle los desaires. "Por supuesto que ella se ha sentido menospreciada por él muchas veces", explica una colaboradora cercana de la presidenta. "Pero esto ya lo hacía Gallardón con Manzano. El problema es que Aguirre no se deja pisotear", insiste. En ese Congreso lo demostró arrasando.

A partir de ahí, se sucedieron los conflictos. En parte, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid reduciría su presencia casi a la de una diputación provincial si no podía meter baza en el Ayuntamiento. Y en gran medida, porque cada vez que han tenido la oportunidad de ponerse la zancadilla lo han hecho sin dudarlo. Tanto que Esperanza Aguirre se despachó a gusto en su biografía autorizada.

Pero el duelo con navaja, el que desequilibraría la balanza, llegó la noche del martes 15 de enero de 2008 en la sede de Génova. Ese día, Aguirre logró que Rajoy dejara fuera de las listas para la candidatura del Congreso a su adversario. Para ello lanzó el increíble órdago de que renunciaba a la presidencia de la Comunidad para ir también en las listas. Gallardón anunció esa misma noche que dejaba la política. "Aquello fue una emboscada preparada por su partido, por el partido que fundó. El golpe más duro de su carrera", explica un colaborador del alcalde. Y el mazazo se lo asestó Aguirre.

"El que les habla ha sido derrotado", admitió el alcalde la mañana siguiente. Nunca lo había dicho tan claro. Jamás se había escenificado tan bien con palabras que aquello era una guerra. Y que esa batalla, otra vez, la había perdido. Y aunque luego se echó para atrás, amagó con dejarlo todo. El alcalde siempre dice que no guarda rencor a nadie por la sangrienta refriega.

(www.elpais.com, 03/08/09)

28. COMUNIDAD DE MADRID. CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desplegado en los últimos seis meses todo tipo de maniobras para ocultar lo que parte de la cúpula nacional del PP, los dirigentes de este partido, Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; e IU y PSOE, consideran un delito especialmente grave en democracia: el espionaje al adversario político con fondos públicos y utilizando para ello a empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid.

Para ocultar lo ocurrido, desde Aguirre hasta su vicepresidente, Ignacio González, pasando por el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados; el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, o el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, no dudaron en mentir en sede parlamentaria, en obstaculizar la investigación negando documentación relevante al Parlamento autónomo y en bloquear la comparecencia de los espiados. Además, Aguirre y los suyos acusaron a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje, que tildaron de falsos. La presidenta llegó a presentar una querella, que obligó a firmar a todos los consejeros, contra este diario.

La investigación judicial ha revelado ahora que al menos tres asesores de Seguridad, todos ellos guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior, Francisco Granados, con un sueldo que duplica al de los agentes autonómicos, siguieron a Prada. Y lo hicieron de la mañana a la noche, tanto cuando acudía a actos como consejero como cuando salía a cenar o a tomar una copa con amigos o familiares.

Llegados a este punto, y sin posibilidad de negar las evidencias que suministran los datos facilitados por Telefónica, el Gobierno de Aguirre empezó a airear una excusa cuando conoció el informe policial de los teléfonos móviles. Los asesores de Granados, según la nueva teoría, hacían "contravigilancias", no espionaje, a Prada.

Ningún manual de contravigilancias incluye las prácticas que, según la investigación, llevaron a cabo los tres ex guardias civiles. No se informó de la contravigilancia ni a Prada ni a sus escoltas, con lo que se ponía en riesgo la vida de espías y espiados. La contravigilancia no se hacía para averiguar si alguien seguía al consejero o amenazaba su integridad física, sino que era un seguimiento al milímetro de todos los pasos que daba el consejero. Sólo importaba el consejero, no lo que lo rodeaba.

Lo que sigue resume las claves de la investigación y detalla la estrategia desplegada por el Gobierno de Aguirre para evitar que el escándalo salpique a algunos de sus miembros.

- La batalla por el poder dentro del PP. Los "objetivos" de los seguimientos pagados con dinero público, Prada y Cobo, tenían un común denominador: ambos se oponían a la estrategia de Aguirre y su equipo contra el liderazgo de Mariano Rajoy tras la derrota de las elecciones generales de marzo de 2008. El vicealcalde de Madrid remaba contra el intento de Aguirre para destronar a Rajoy. Prada había pasado de ser un hombre de confianza de la presidenta -le nombró vicepresidente aunque poco a poco le fue quitando competencias- a defender la línea política marcada por Rajoy.

- Seguimientos al minuto. Los seguimientos, encargados según los tres ex guardias civiles por Sergio Gamón, ex marido de la secretaria de Esperanza Aguirre, fueron reflejados en partes escritos con una redacción muy pobre y un contenido aparentemente irrelevante.

Los partes del espionaje incluyen, sin embargo, detalles sobre las personas que acompañan a Prada que revelan un interés especial por saber con quién se veía el consejero. El informe de la policía sobre los posicionamientos de los teléfonos de los espías revela un trabajo en equipo. Los ex guardias civiles hacían llamadas de teléfono pocos minutos antes o después, a veces sólo segundos, de las incidencias que se reflejan en los partes, y desde lugares, según los postes teléfonicos que recogieron las llamadas, que nunca distaban más de 500 metros del sitio donde en ese momento se encontraba Prada. Ninguna "contravigilancia" policial se hubiera fijado en detalles referidos a las personas que acompañaban a Prada, a su mujer, a su hija o a las maletas que sacaba de su casa para salir de viaje, ni hubiera perseguido al objetivo por la ciudad.

Los ex guardias civiles aseguran que no confeccionaron los partes, donde hay algunas palabras y números de matrícula manuscritos. Dos peritos calígrafos, que trabajan en relevantes casos de la Audiencia Nacional, elaboraron un informe para EL PAÍS donde atribuían esa letra a José Manuel Pinto, técnico auxiliar de la Comunidad que dependía de Gamón y no tenía asignadas funciones específicas. Otro informe encargado por el Gobierno regional a un perito, ex edil socialista, descartó que la letra fuera de Pinto. Entre las funciones del agente Pinto, según explicó por escrito el consejero de Interior al fiscal de Madrid, estaba la "toma de datos y mecanización de los mismos".

El supuesto "montaje" de los partes, sería imposible sin tener la información suministrada por los guardias civiles desde sus teléfonos cuando seguían a Prada. Los partes coinciden casi al milímetro con la actividad de los móviles de los ex guardias civiles que trabajaban como asesores de Granados.

- ¿Quién lo ordenó? Los tres ex guardias civiles descubiertos por sus móviles en la persecución a Prada, aseguraron a la policía que dependían del consejero Granados, quien los contrató como asesores. Uno de los ex guardias civiles llegó a decir que era "su jefe directo", y que sólo se "coordinaban" con Sergio Gamón. El consejero Granados declaró a este periódico que nunca daba órdenes a los ex guardias civiles sino que era Gamón quien lo hacía. Por su parte, Gamón aseguró a la policía que estos tres ex guardias civiles eran asesores de Granados y que, a veces, trabajaban en tareas de seguridad junto al resto de personal de su departamento. Pero aclaró que, a diferencia de ese personal de su departamento, estos asesores no dependían de él.

- "Contravigilancia". En los seis meses que han pasado desde que EL PAÍS destapó la red de espionaje, ningún dirigente autonómico, hasta el pasado miércoles, había declarado que los agentes bajo sospecha hacían contravigilancia a Prada. En marzo pasado, el consejero Granados elucubraba con la posibilidad de que pudiera tratarse de contravigilancia porque Prada la pidió cuando le robaron en su casa. Prada lo niega: "Nunca me han robado en mi casa. Nunca pedí contravigilancia a nadie de la Comunidad porque, entre otras cosas, yo ya tenía contravigilancia puesta por Interior debido a que mi nombre apareció en unos papeles incautados a ETA".

Hay múltiples testimonios de los ex guardias civiles y agentes autonómicos de Seguridad, tanto en sede parlamentaria como en sede policial, que descartan que entre sus funciones estuvieran las contravigilancias a consejeros. Baste la explicación de Miguel Castaño, subdirector general: "Si un consejero hace un viaje a no sé dónde, a la dirección no nos mandan nada". ¿Por qué? "Porque la seguridad del consejero, vicepresidente o presidenta depende del Cuerpo Nacional de Policía".

Por cierto, tras el espionaje que sufrió Prada, su carrera política terminó en la Comunidad de Madrid. Aguirre le destituyó como consejero unas semanas después.

(www.elpais.com, 03/08/09)

29. COMUNIDAD DE MADRID. LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES ASESORES DE UN HOMBRE DE AGUIRRE

El operativo del supuesto espionaje a cargos del PP madrileño por parte de responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados en septiembre de 2007 como asesores por el consejero de Interior, Francisco Granados; y tres ex policías nacionales, contratados en la misma época por quien era director general de Seguridad, Sergio Gamón, hombre de confianza de la presidenta autonómica. Gamón dirigió el operativo, según la declaración de los imputados ante la juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.

Los tres ex guardias civiles, imputados por malversación en relación con el seguimiento que hicieron al dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos públicos como en su vida privada-, aseguraron a la juez que investiga el caso que esa operación "la ordenó Gamón" y que para llevarla a cabo les acompañaron tres ex policías nacionales. "A veces lo hacíamos tres, otras cuatro... Éramos seis", contaron los agentes. Los ex policías, investigados como sospechosos del espionaje, aún no han sido imputados.

Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de Justicia. Fue destituido unas semanas después de que terminaran los seguimientos, tras el congreso nacional del PP en el que apoyó a Mariano Rajoy y se alejó definitivamente de Aguirre.

La declaración de más de dos horas que los tres asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, configura un extraño operativo diseñado por Gamón entre marzo y mayo, según reconoció uno de los agentes. La misión consistía, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" -labores de protección extra a un cargo público- de la que no tenían constancia ni el vigilado (Prada, que no las pidió) ni su escolta. Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer contravigilancias (sólo puede realizarlas el Ministerio del Interior).

Los posicionamientos de los teléfonos móviles de los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes escritos de los seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber hecho, acreditan que el supuesto espionaje se hizo al menos 12 días de mayo desde el mediodía hasta, en ocasiones, la medianoche. Pese a que la Dirección General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes con plaza por oposición, muchos de ellos con 20 años de experiencia, sólo hicieron el seguimiento a Prada los seis asesores fichados a dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.

Durante su comparecencia, la juez leyó a los agentes la declaración que habían efectuado ante la policía en marzo y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la investigación de los posicionamientos de sus móviles ha probado ahora que los tres ex guardias civiles habían seguido por las calles de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.

Cuando la juez les preguntó por qué habían negado estos hechos ante la policía, dos de ellos intentaron explicarse sin mucho éxito. Hasta que la juez les habló de una cuestión de "concepto". Supuestamente negaron los hechos porque les preguntaron por seguimientos y ellos hicieron, según admitieron ante la juez, "contravigilancias". Quien primero utilizó esa palabra fue la propia juez. Los interrogados dieron por buena la palabra y se aferraron a ella. Cuando se les preguntó por el motivo de que hicieran contravigilancias en la sede de la Consejería de Justicia, custodiada por guardias civiles, uno de los imputados contestó simplemente que se ponían a "100, 200 metros o 400 metros".

Los asesores de Granados aseguraron que hacían contravigilancias a otros miembros del Gobierno. Primero citaron a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Luego ampliaron la lista a Juan José Güemes, Gador Ongil y Javier Fernández Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos públicos con grandes aglomeraciones para evitar altercados, y citaron expresamente la inauguración de hospitales. Los seguimientos a Prada por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos celebrados en pueblos minúsculos, sin aglomeraciones ni posibilidades de altercados. En la capital, le seguían en sus encuentros públicos y también en los privados, que no figuraban en ninguna agenda.

Los tres guardias civiles insistieron durante las dos horas de declaración en tres ideas que pueden encauzar la investigación: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Quién dirigía el operativo era Sergio Gamón. Granados no nos dio ninguna orden".

Sergio Gamón, policía nacional, llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien se lo impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada. Sólo un día después de que Aguirre destituyera a Prada, Gamón se fue a un edificio de la Consejería de Justicia con tres de sus hombres de confianza; ese día desapareció un ordenador de un directivo de Prada. El episodio quedó en nada porque se habían borrado las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero, cuando se conocieron los hechos, Granados destituyó a Gamón. Sin embargo, por indicación de Aguirre tuvo que recolocarlo dándole un puesto de director de Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que no hacía prácticamente nada.

(www.elpais.com, 16/08/09)

30. COMUNIDAD DE MADRID. EL VICEALCALDE DE MADRID SEÑALA A "RESPONSABLES INDIRECTOS" DEL ESPIONAJE

"Éste es un tema muy serio. Está en conocimiento de quien debe, de la Administración de Justicia, y tengo toda la confianza en que los responsables directos e indirectos del espionaje tengan al final la responsabilidad que les corresponde", afirmó el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón. Se refería al presunto espionaje sufrido por él y por el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada -ambos, dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre- el año pasado, y que según publicó EL PAÍS este domingo fue supuestamente realizado por un equipo de seis agentes a sueldo del Gobierno regional.

Por su parte, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid calificó de "muy grave" la "confirmación del espionaje a cargos del PP por parte de asesores de [el consejero Francisco] Granados" y exigió a Esperanza Aguirre "que asuma su responsabilidad política". La portavoz socialista, Maru Menéndez, volvió a denunciar el "cierre en falso" de la comisión parlamentaria sobre el espionaje.

(www.elpais.com, 18/08/09)

31. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no comparecerá en la Asamblea para explicar el espionaje político a cargos del PP en la región. Entre ellos el sufrido por el ex consejero regional, Alfredo Prada, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, semanas antes del congreso nacional del PP en Valencia, cuando Aguirre meditaba enfrentarse a Rajoy.

La Mesa de la Asamblea, órgano que trata las cuestiones reglamentarias de la Cámara, no admitió a trámite la solicitud de la oposición (PSOE e IU) para que comparezca Aguirre. El argumento esgrimido por Cristina Cifuentes (PP), vicepresidenta de la Asamblea, es que "no hay un procedimiento habilitado en el reglamento que posibilite las comparecencias de la presidenta. Sí está previsto que se puedan realizar preguntas en el pleno", zanjó la diputada popular.

Lo que sí prosperó fue la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien dirige el departamento donde supuestamente se realizaron los seguimientos. Para eso se reúne la diputación permanente de la Asamblea, principal órgano representativo entre periodos parlamentarios, que debatirá si es oportuno la comparecencia de Granados.

Se ha publicado recientemente que los tres agentes imputados en el espionaje político, pertenecientes a la consejería que dirige Granados, han implicado a otros tres ex policías nacionales a sueldo de la Comunidad. Además, todos estos agentes eran colaboradores de Sergio Gamón, el principal asesor en temas de seguridad de la presidenta regional. "Son hechos gravísimos. La artimaña que esgrimen para que no comparezca Aguirre es una excusa", lanzó la portavoz socialista, Maru Menéndez.

El bloqueo a la comparecencia de Aguirre provocó gran malestar en la oposición. Menéndez, acusó a la presidenta regional de "no ser capaz de dar la cara ante los representantes de los ciudadanos".

Por otra parte, la diputación permanente de la Asamblea también debatirá sobre la comparecencia de la consejera de Educación, Lucía Figar, para que valore los resultados de las pruebas de conocimientos a alumnos de sexto de primaria y de tercero de secundaria.

(www.elpais.com, 27/08/09)

32. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE INSINÚA QUE SE TRATÓ MEJOR A DE JUANA QUE A LOS MIEMBROS DEL PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que la "escandalosa detención mediática" de miembros del Partido Popular de Baleares implicados en el caso Palma Arena es "lo más grave" ocurrido este mes de agosto.

"Esposados por la mano derecha, cosa que yo no he visto hacer jamás ni a los terroristas más peligrosos. Por supuesto, no a De Juana Chaos, que estaba siendo magníficamente tratado, como todo el mundo sabe y teniendo bis a bis con su novia", destacó Aguirre en su primera comparecencia tras la pausa estiva.

"Esposados por la mano derecha unos señores que yo no sé si habrán cometido algún delito o falta, pero la fianza que les han puesto es de 5.000 euros, por lo que no debe de ser tan grave", destacó.

Así, Aguirre consideró "gravísima la utilización de las instituciones para degradar al Partido Popular en favor del Partido Socialista".

Del mismo modo tildó también de "gravísimas" las declaraciones de la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández De la Vega, desde Costa Rica, "anunciando en nombre de la Fiscalía General del Estado que no está de acuerdo con el archivo del caso Camps por el TSJV y que la Fiscalía va a recurrir". "Actuando de portavoz de la Fiscalía. Esto es una vergüenza porque no se pueden utilizar las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía, en favor de los intereses del Gobierno", sentenció la presidenta madrileña.

Aguirre, ha asegurado que avala todo lo dicho por los máximos dirigentes del PP sobre las supuestas escuchas que están padeciendo algunos de sus miembros, al tiempo que se preguntó quién realiza estas grabaciones, quién las filtra a los medios de comunicación y por qué no aparecen en los sumarios judiciales en el caso de que sean autorizadas.

Aguirre, que compareció en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones estivales, denunció que "todos los días" aparecen en la prensa las escuchas que se hacen "siempre a los miembros del PP o a personas relacionadas con el partido".

"Me remito a lo que han dicho los máximos dirigentes nacionales de mi partido. Ahora bien, todos los días aparecen transcripciones de conversaciones que son escuchas. ¿Quién hace esas escuchas? ¿Se hacen por orden judicial? ¿Están autorizadas? ¿Por qué si es así no están en el sumario? ¿Quién las quita del sumario? ¿Quién permite que se hagan? ¿Quién las filtras? Eso es lo que yo tengo que decir sobre este tema", dijo la dirigente regional.

Las palabras de la presidenta madrileña llegan después de que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, denunciara que algunos miembros del PP están sufriendo escuchas ilegales, una afirmación que se ha convertido en el culebrón del verano entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Al ser preguntada por si no cree que lo pertinente en estas situaciones es acudir a los tribunales, Aguirre no se quiso pronunciar sobre el caso de las escuchas a los populares en concreto, pero subrayó que en el particular de Baleares, en el se recogieron algunas grabaciones de conversaciones relacionados con el caso del velódromo Palma Arena, habría que interponer denuncia.

"Desde luego, creo que en el caso de Baleares, por ejemplo, que lo considero una utilización de las instituciones en contra del PP, hay que acudir a los tribunales. No tengo ninguna duda", insistió.

(www.publico.es, 27/08/09)

33. COMUNIDAD DE MADRID. EL EQUIPO DE AGUIRRE INSISTE EN NEGAR EL ESPIONAJE EN MADRID PESE AL INFORME POLICIAL

A pesar de que tres empleados de la Consejería de Interior madrileña han admitido ahora ante una juez -hace meses lo negaron- que realizaron seguimientos al ex consejero Alfredo Prada (según ellos, no para espiarlo sino para protegerlo); a pesar de que la policía afirma que esos tres empleados "son los autores de los partes de seguimiento" que este periódico publicó y el PP dio por falsos; y a pesar de que el posicionamiento de los móviles de esos tres empleados revela que siguieron como lapas a Prada en mayo e 2008, en actos públicos y privados, el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, David Pérez, sostuvo: "La justicia determinará, pero nada en la investigación judicial en curso revela más que una correcta actuación de la Comunidad de Madrid".

Con esa tesis, el PP denegó la comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, que PSOE e IU pedían por considerar probado que el "espionaje" a dirigentes del PP críticos con Esperanza Aguirre existió.

"Ha quedado acreditado que Prada fue seguido; que Sergio Gamón [ex director de Seguridad] mintió en la comisión de investigación cuando negó haber ordenado 'ningún tipo de seguimiento'; y que Granados mintió también o es un incapaz", dijo Inés Sabanés (IU) antes de pedir la dimisión de la propia Aguirre. Sabanés subrayó que la teoría "inventada" ahora por el PP -que a Prada sólo se le siguió para protegerle con contravigilancia- "agrava la situación", porque esa contravigilancia habría vulnerado todos los protocolos de seguridad (no se avisó a Prada ni a su escolta).

Maru Menéndez (PSOE) recordó que "mentir en una comisión de investigación es delito" y reprochó al PP: "Ustedes, a nivel nacional, hablan de supuestas escuchas sin aportar una sola prueba. Sin embargo, en Madrid, con todos los datos que ya conocemos, no asumen su responsabilidad".

(www.elpais.com, 28/08/09)

34. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS ADJUDICA UN GRAN CONTRATO DE SEGURIDAD

El consejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha dejado para agosto, en plenas vacaciones, la adjudicación de un importante contrato de seguridad privada para la vigilancia de sedes de los juzgados de Madrid. El valor total ronda los 12 millones de euros.

El concurso ha generado polémica en el sector de las compañías de seguridad porque la empresa adjudicataria debería haber empezado a prestar sus servicios ya el pasado 1 de julio, cuando vencía el actual convenio que asumía la empresa Esabe Vigilancia. Pese a ello, el concurso sólo se convocó cuatro días antes, el 26 de junio, en un proceso reconvertido a partir de ese momento en una carrera a toda velocidad: con procedimiento de urgencia para poder adjudicar el contrato en agosto.

Se abrieron los sobres con las propuestas presentadas por las nueve empresas que optaban a los cuatro lotes en que se ha desmenuzado el concurso y la gran beneficiada se apuntó a priori tres de los cuatro lotes en liza es EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales Cadierna, que a su vez es director general de Segur Ibérica. El otro lote lo ha ganado Integral Madrileña.

Fuentes próximas a Granados subrayaron que el concurso aún no se ha fallado formalmente y que la adjudicación es provisional. La consejería está a la espera del informe técnico para rematar la adjudicación, ya en pleno agosto.

José Luis Novales, ex inspector jefe en la Comisaría de Seguridad Ciudadana y ex responsable de seguridad de Telefónica, ya ganó la convocatoria impulsada por Granados en 2008 para la seguridad de las sedes de Presidencia, vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno y consejería de Presidencia e Interior, en la Puerta del Sol. En aquella ocasión Novales representaba sin embargo a Segur Ibérica.

La rapidez con la que se ha desarrollado el proceso convocado de urgencia, que ni siquiera ha dado tiempo a publicar anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, la división de un contrato antes único en cuatro lotes y la coincidencia de su fallo con el verano pese a que el concurso debería haberse iniciado en abril o mayo han provocado todo tipo de suspicacias en el sector.

El tramo final de este concurso de seguridad coincide con la declaración ante los tribunales de los tres asesores de seguridad de Granados imputados por espiar a políticos del propio PP. El número tres del Gobierno regional y secretario general de su partido en Madrid está siendo cuestionado por varios de los espiados, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que le ha acusado públicamente de ocultar información.

La presión es tal que la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, tuvo que salir públicamente a defender a su portavoz y descartar su cese. De ahí que la convocatoria del concurso para la seguridad en los juzgados por la vía de urgencia, y su fallo en pleno agosto, haya sido interprestado como una muestra de debilidad.

La elección, aún pendiente de ratificar, de EAS Tecno System para tres de los cuatro lotes ofertados y 9,3 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2010, ha sido recibida como una bomba en el sector. En el pliego de condiciones se establecía como criterio único de adjudicación el precio gana la oferta más barata, con una única limitación: que la empresa adjudicataria tenga una cifra de negocio global media de al menos ocho millones de euros en los últimos tres ejercicios.

En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, EAS Tecno System se sitúa en otro nivel, mucho más modesto: declara ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio presentado.

(www.publico.es, 02/08/09)

35. COMUNIDAD DE MADRID. LA POLICÍA BUSCA EN BOADILLA DOCUMENTOS DEL EX ALCALDE

El juez del Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, envió a la policía al Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte para recabar información sobre las declaraciones de intereses hechas por el ex alcalde del PP de esta localidad, Arturo González Panero, y el consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de este Ayuntamiento, Tomás Martín Morales.

El juez, quien tras tomar declaración como imputado al ex alcalde le impuso una fianza de 1,8 millones de euros el pasado 9 de junio, quiere conocer la declaración de intereses que prestó en su día González Panero y contrastarla con el patrimonio que tiene ahora. Y lo mismo desea sobre Tomás Martín.

La fianza que el juez impuso al ex alcalde González Panero, uno de los cuatro regidores de grandes municipios de Madrid a los que el PP forzó a dimitir tras saltar su supuesta implicación en el caso Gürtel, es la mayor de las fijadas hasta el momento. Los investigadores, a juzgar por la fianza, creen que González Panero es el cargo público que más dinero recibió en comisiones de la trama que dirigía Francisco Correa, en prisión. Es la quinta vez que agentes policiales se presentan en el Ayuntamiento de Boadilla, epicentro del caso Gürtel, en busca de información.

(www.elpais.com, 14/08/09)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. UN TRIBUNAL DIVIDIDO SALVA A CAMPS

Francisco Camps aceptó regalos de la trama corrupta vinculada al PP dirigida por el empresario Francisco Correa, en prisión. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no lo discute, pese a que el presidente valenciano lo ha negado reiteradamente. Pero archiva la causa abierta por supuesto delito de cohecho. En un auto, considera que no existe relación entre los regalos y las funciones que los cuatro imputados desempeñaban porque no se puede probar la causa que llevó a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, a pagar los trajes a los políticos. Esa sociedad obtuvo adjudicaciones por más de siete millones de la Generalitat valenciana, hizo regalos por miles de euros a decenas de altos cargos y pagó trajes a Camps; al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; al ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Pero el tribunal legitima la recepción de los regalos porque entiende que no tenían por objeto provocar un acto injusto. La resolución, que dividió a los tres integrantes de la Sala, ya que se produjo un voto particular, será recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía y por el PSPV-PSOE, que ejerce de acusación popular. Los magistrados Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, ponente del auto que cerró el caso en Valencia, defienden una interpretación del artículo 426 del Código Penal en la que la recepción de los regalos es delito siempre que exista "causalidad". Es decir, siempre que el funcionario o cargo público que los reciba tenga posibilidad de intervenir en beneficio de quien realiza la dádiva. En eso se amparan para exculparles.

En sentido contrario, el magistrado Juan Montero, con su voto particular, discrepa sustancialmente y expresa sus dudas de que en efecto los hechos no sean delito. Montero, juez elegido en la década de los noventa a propuesta del PP por las Cortes valencianas, "por seguridad jurídica", hubiera continuado el procedimiento. Sólo en una cosa coinciden los tres: en que la causa debe archivarse para Ricardo Costa porque su condición de diputado autonómico, y no de miembro del Gobierno valenciano, le alejaba de la posibilidad de favorecer a los empresarios corruptos.

La resolución, que se conoció poco después del mediodía de , tuvo respuesta casi inmediata. Mariano Rajoy, presidente del PP, aprovechó un acto en Galicia para felicitar a Camps y afirmar que el archivo "supone que ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios". Camps, tras reunirse con Costa y varios miembros del Consell en el Palau de la Generalitat y comer con ellos en un céntrico hotel, envió a media tarde un comunicado y una grabación institucional, en la que manifestó su respeto a la decisión judicial y su agradecimiento "a todas las personas que durante todos estos meses han estado a mi lado".

El tribunal valenciano cerró la parte de la investigación que iniciara el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en 2008 y que fue remitida al tribunal autonómico el pasado 5 de marzo. El 21 de abril, la sala de lo Civil y Penal que archivó, asumió la competencia para investigar un supuesto delito de cohecho sólo respecto de los cuatro imputados. A pesar de sucesivos intentos de las acusaciones, no quiso mover esos límites. Esa estrechez condicionó también la investigación de José Flors, el juez instructor de la causa, que concluyó en que apreciaba indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.

El TSJCV respondió precisamente a los recursos de apelación que los imputados presentaron al auto que dictó Flors el 6 de julio. En él, Flors defendió la continuidad del procedimiento por existir indicios racionales suficientes para seguir investigando. No admitió nuevos imputados, transformó la causa en procedimiento de jurado y rechazó casi todas las diligencias que se plantearon. Los imputados, en respuesta, acudieron a la Sala que, pese a ratificar toda la instrucción de Flors en lo que se refiere a los hechos, les dio la razón al no apreciar delito.

Era común a los cuatro imputados un argumento: los regalos no existieron. La sala lo desestima. A Camps le responde: "El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado". A Ricardo Costa le responde: "El motivo del recurso, relativo a la no acreditación de los hechos imputados, debe desestimarse". Eso sí, le admite, por verosímil, que en la primera compra que hizo pagara a Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, en la creencia de que lo hacía a la tienda. A Víctor Campos le contesta que "el motivo de impugnación relativo a la falta de acreditación de los hechos imputados" debe ser desestimado y en idénticos términos responde a Rafael Betoret. Es decir, la sala asume como ciertos los indicios aportados por el juez Flors para mantener la imputación y proseguir la investigación.

En los cuatro recursos se repetía el argumento de que, en el caso de haberse producido los regalos, no serían delito porque se habrían realizado y recibido por la relación de todos ellos con el PP, no por su condición de funcionarios públicos. Y es justo aquí donde De la Rúa y Ceres (a este último el Tribunal Supremo le tumbó el nombramiento por falta de motivación, aunque posteriormente fue repescado) hacen una interpretación que les permite archivar la causa. A partir de la definición del cohecho pasivo impropio -"la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente"-, interpretan que para que el delito se dé es imprescindible "una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función de la autoridad o el funcionario".

Y, a continuación, el tribunal excluye de la relación de "causalidad" a Ricardo Costa porque "no ha desempeñado cargo alguno dentro del esquema de organización del Gobierno de la Generalitat valenciana", ya que es desde 1995 diputado de las Cortes valencianas. En su caso, los tres jueces de la Sala defienden que las dádivas se habrían producido en relación con el PP.

Para los otros tres imputados, sin embargo, De la Rúa y Ceres mantienen que los regalos, "con independencia de otras consideraciones éticas", no tienen necesariamente que haberse realizado en relación "a su calidad de autoridad o funcionario público". El criterio de los dos magistrados, frente al del instructor Flors, que por serlo no puede formar parte de la sala que resuelve los recursos de apelación, y de Montero, se impone. El Supremo tendrá en breve la palabra.

(www.elpais.com, 04/08/09)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ SEÑALADO POR CAMPS COMO MÁS QUE AMIGO LE SALVÓ DEL BANQUILLO

Tienen en común sus posiciones conservadoras. Pero no por eso estuvieron de acuerdo. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y de la propia Sala de lo Civil y Penal, se alineó con José Francisco Ceres, un magistrado de accidentado nombramiento (fue desestimado por el Supremo y posteriormente objeto de una repesca no exenta de críticas) frente a Juan Montero, catedrático que ha compartido con el instructor de la causa, José Flors, muchas publicaciones de análisis de leyes. La Sala de lo Civil y Penal tenía en sus manos el futuro de Francisco Camps, el presidente valenciano, y Montero, que acabaría redactando un voto particular, no estuvo dispuesto a aceptar cualquier argumentación para archivar el caso.

El primer día de deliberación, el martes 28, ya quedó clara la intención de cerrar el caso. Pero el jueves, la insuficiente argumentación del ponente, Ceres, abrió una brecha con Montero que resultó insalvable. Más aún después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inhibía en favor del de Valencia para que incorporara a la causa al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y a dos de sus hombres, Álvaro Pérez y Pablo Crespo.

La trama habría pagado los trajes que recibieron el presidente Francisco Camps; el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de la consejería de Turismo, Rafael Betoret, los cuatro imputados, pero también otros 14 cargos del Gobierno autonómico recibieron regalos, como revelaba un documento que adjuntó el tribunal madrileño, que advertía que quedaba documentación por analizar que pudiera tener relación con el caso. Montero asumió una posición de prudencia y planteó que, ante la duda de si los hechos fueron o no delito, lo mejor era llegar hasta el final y que el valor de las pruebas decidiera. Su voto no era decisivo.

De la Rúa, especialmente, y Ceres, que en el auto recurre incluso al derecho alemán para vestir la interpretación del artículo 426 sobre el cohecho pasivo impropio, no se movieron de su intención de cerrar el caso. Y eso a pesar de que la discusión fue tensa y dura.

La intervención del presidente del TSJ, a quien Camps llamó "más que amigo", salvó a los imputados de ir a juicio. De la Rúa estaba en la deliberación porque el otro miembro de la sala, el magistrado Juan Climent, se encontraba de vacaciones. Eso hizo que sí interviniera, aunque el presidente no suele participar en los llamados trámites intermedios de las causas como son los recursos.

(www.elpais.com, 05/08/09)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS AGUJEROS JURÍDICOS DEL AUTO DE DE LA RÚA

Resulta evidente que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, quería que su amigo Francisco Camps disfrutase de unas tranquilas y felices vacaciones". Es la conclusión que el prestigioso penalista José Mariano Benítez de Lugo alcanza tras el archivo dictado por el TSJCV de la imputación del presidente valenciano y de otros miembros de la Generalitat valenciana por su implicación en la trama Gürtel. Todos ellos recibieron trajes regalados por los jefes de la red corrupta.

Benítez de Lugo es uno de los tres expertos que, a propuesta de Público, han analizado el auto de De la Rúa y, en concreto, los posibles agujeros jurídicos de su dictamen. Las principales conclusiones alcanzadas por los tres juristas consultados son estas:

1. Sobreseimiento libre. El caso no podrá reabrirse

El artículo 637.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que el sobreseimiento de un caso sólo cabe cuando el hecho "no resulte acreditado o cuando la persona acusada nunca pudo haber intervenido en él". Pero, a juicio de Benítez de Lugo, "han sido acreditados los hechos punibles sobre los que se basaba la acusación". En este caso, que Camps había recibido trajes como regalos por parte de la trama. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, recuerda que el Tribunal valenciano acepta la tesis de la "no tipicidad", es decir, la de que los hechos no son constitutivos de ningún delito tipificado en el Código Penal. Sin embargo, el cohecho y, por lo tanto, que una autoridad o funcionario público acepte o solicite una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto, sí que se tipifica como delito en la legislación.

2.Inhibición del juez. De la Rúa era amigo de Camps

Camps aseguró en público que era amigo del presidente del tribunal valenciano, que en ningún momento negó esa "íntima relación", tal y como la calificó el propio dirigente valenciano. Desde entonces, políticos, expertos juristas y medios de comunicación cuestionaron que el magistrado se pudiera mantener al frente del caso. "Lo más prudente hubiera sido que De la Rúa se abstuviera", apunta Francisco Balaguer, catedrático de Constitucional de la Universidad de Granada. Y es que, a su juicio, "al no abstenerse, la decisión judicial pierde fuerza de convicción". Para Gómez, en cambio, "es importante señalar, jurídicamente, que el magistrado no estaba obligado a inhibirse", y que "las partes personadas en la acusación", como el PSOE valenciano, "podían haber pedido su recusación".

3.Jurisprudencia a medida. Referencias al Supremo

Para justificar que Camps no incurrió en un delito de cohecho y que no hubo una relación causal entre los regalos recibidos por el presidente valenciano por parte de la trama corrupta y su condición de cargo público, el tribunal citó la jurisprudencia contenida en varios autos y sentencias dictados por el Tribunal Supremo entre los años 1993 y 2009 sobre cohecho impropio. Sobre la elección de estas sentencias, Benítez de Lugo advierte de que "si a la por desgracia no poco frecuente disparidad de criterios en nuestra jurisprudencia, se le une el propósito de bucear selectiva y sesgadamente párrafos de algunas sentencias del Tribunal Supremo, se puede llegar a resultados tan sorprendentes como el del auto de De la Rúa". La interpretación del TSJCV de las mencionadas resoluciones del Alto Tribunal tampoco es compartida por Balaguer. "La resolución no se corresponde con la doctrina del Tribunal Supremo y establece unas condiciones que resultan incoherentes con el tipo penal aplicable", apunta.

4. Voto discrepante. Dos a favor y uno en contra

Juan Montero Aroca, magistrado del TSJCV, emitió el único voto en contra del archivo de la causa contra Camps, por no estar convencido de que los hechos "no sean constitutivos de delito". De la Rúa y José Francisco Ceres votaron, en cambio, a favor del sobreseimiento. Yolanda Gómez recuerda que ese voto discrepante "no tiene relevancia procesal" pero sí "importancia interpretativa" para la futura actuación del Tribunal Supremo, una vez que la Fiscalía General del Estado y el PSOE valenciano interpongan el recurso contra la resolución del TSJCV, tal y como han anunciado. Benítez de Lugo critica a Montero "por su laconismo", pero coincide con él en que la resolución de sobreseimiento "es prematura". En opinión de Balaguer, el voto discrepante "es importante, porque aporta un criterio que se corresponde, en mayor medida que el de la mayoría, con la doctrina del Supremo".

5. Pruebas ignoradas. Una práctica habitual

El penalista José Mariano Benítez de Lugo recuerda que en el auto se echa en falta la alusión a la prueba de la intervención de Camps en la trama corrupta, cuando "existen fuertes indicios, grabaciones telefónicas, sobre todo". Que los jueces escojan, a menudo, "las probanzas que apoyan sus pre-juicios" es, sin embargo, "una práctica no por habitual menos cuestionable", según el experto jurista. Gómez cree que el error es del instructor, que "no fundamentó la relación de causalidad" entre los regalos y el hecho de que fueran dirigidos a cargos públicos.

(www.publico.es, 23/08/09)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS CAMBIA EL GOBIERNO Y PREMIA A LOS CONSEJEROS MÁS FIELES DURANTE EL 'CASO GÜRTEL'

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, reordenó su Gobierno tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de archivar la causa -ahora recurrida ante el Supremo- por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama corrupta de empresas del caso Gürtel.

Aunque no entra ni sale ningún consejero, Camps reordena su gobierno para premiar a quienes se han mostrado más fieles y desplazar a quienes no han cubierto las expectativas durante la gestión de los escándalos relacionados con el proceso judicial.

La principal consecuencia es el relevo del portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y de la consejera de Turismo, Ángelica Such, cuyo departamento mantuvo la adjudicación a Orange Market -la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes- del contrato para el diseño y montaje del pabellón institucional de la Generalitat en Fitur.

Rambla, aunque sigue de vicepresidente primero, pierde la portavocía -que pasa a la titular de Justicia Paula Sánchez de León- y la Consejería de Presidencia. A cambio se le da Industria y Comercio. Such deja la Consejería de Turismo para ocuparse de Bienestar Social.

Quienes se ven recompensados con la reordenación del Gobierno son los otros dos vicepresidentes. Gerardo Camps, vicepresidente económico, asume todas las competencias sobre los grandes proyectos y se sitúa en la práctica -aunque no orgánicamente- por encima de Vicente Rambla, de quien dependerá presupuestariamente.

Juan Cotino, que junto a Gerardo Camps ha sido el principal puntal del presidente valenciano en los últimos meses, logra salir de la Consejería de Bienestar Social, cuya gestión se halla muy deteriorada. Cotino mantiene la vicepresidencia tercera pero desde la Consejería de Agua, Medio Ambiente y Territorio, que estaba vacante desde el repentino fallecimiento de José Ramón García Antón, el pasado 11 de agosto.

Francisco Camps negó que la decisión del TSJ de archivar el supuesto delito de cohecho -por trajes pagados por la trama de empresas que dirigía Francisco Correa- hubiese influido en la reorganización de su Gobierno. Sin embargo, reconoció que se había hablado de adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana. "Descarto avanzar las elecciones. Me eligieron para cuatro años", sentenció.

(www.elpais.com, 28/08/09)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. CATORCE ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT TOCADOS POR LA TRAMA GÜRTEL EN VALENCIA

Catorce altos cargos del PP y la Generalitat valencianos han sido agregados a la lista de implicados en la trama de corrupción del caso Gürtel, en la que está incluido el nombre de Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Corts, y ex consejera de Turismo. El magistrado del Tribunal Superior de Madrid que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido a José Flors, su homólogo en Valencia, un listado con los nombres de otros 14 cargos del PP y del Consell que habrían recibido diversos regalos de Navidad, enviados por Orange Market y su gerente Alvaro Pérez (El Bigotes).

La documentación enviada por Pedreira a Flors contiene la relación de nombres que fue sustraída de un archivo intervenido en la sede social de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa. El nombre de Alvaro Pérez aparecía encabezando el documento, que lleva el nombre de: "Acto: regalos Navidad. Lugar: Valencia", según El Mundo.

Los políticos valencianos presuntamente señalados por el informe judicial son Juan Cotino, consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Gobierno de Camps, quien habría sido obsequiado con un chaquetón de unos 300 euros. También aparece en la lista el nombre de Cristina, identificada como gerente del PP regional, para quien se encargó un monedero de 260 euros.

Beatriz Sánchez, ex jefa del gabinete del vicepresidente Campos, habría recibido un bolso por valor de 270 euros, mientras la jefe del gabinete del presidente Francisco Camps, un portafolios de 220 euros. La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, quien fuera secretaria general del PP valenciano, se habría llevado un pañuelo de 140 euros.

Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica habría aceptado por parte de la trama corrupta un bolso de 290 euros; y Nuria Romeral, jefe de prensa de Camps y secretaria autonómica de Comunicación, un portadocumentos de 230 euros.

El ex consejero de Cultura y actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora se habría beneficiado de una corbata de 452 euros; mientras el concejal Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, de unos gemelos de 100 euros. El mismo regalo habría llegado a las manos de David Serra, ex secretario autonómico de Deportes y actual número tres del PP valenciano; de Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas; César Sánchez, ex asesor de Camps y ahora diputado autonómico; José Marí, ex jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat, también parlamentario en las Corts.

Además de esos 14 altos cargos, en la lista de implicados aparecen los nombres del ex vicepresidente Víctor Campos y del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ya están imputados por haber recibido trajes y otras prendas de vestir supuestamente pagadas por la empresa de la trama corrupta en Valencia, Orange Market. De acuerdo con ese listado, con fecha de diciembre-enero, y en el que no se precisa el año, Campos habría aceptado una corbata de 115 euros y Costa, una maleta de unos 1.100 euros.

Las familias del ex vicepresidente Campos y de Camps también aparecen en la lista como beneficiarias de regalos navideños. Las esposas de ambos habrían recibido un bolso por valor de 780 euros. Bajo la rúbrica "Hijos de Francisco Camps" se describe el obsequio "Aibo + maleta (Aibo, amigo en japonés, es un robot mascota con forma de perro, que es uno de los juguetes más sofisticados del mercado y tiene un coste de 1.800 euros.

(www.elplural.com, 01/08/09)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL BIGOTES PRESUMÍA DE HACER REGALOS A CAMBIO DE CONTRATOS

Orange Market, la empresa de la trama corrupta vinculada a gobiernos del Partido Popular que operaba en la Comunidad Valenciana, logró durante todos sus años de existencia el contrato para montar el pabellón de la Generalitat valenciana en el certamen de la feria de turismo Fitur, en Madrid. La Consejería de Turismo de la Comunidad Valenciana gestionaba este concurso y Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, lo ganó todas las veces que se presentó, la primera en el año 2005. La empresa ligada a la trama corrupta incluso tiene la adjudicación para la feria de este año.

En una conversación grabada por orden judicial, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, presunto responsable del entramado encabezado por Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, llamaba al contable de Orange Market, Cándido Herrero, para contarle lo que está haciendo. "Voy a comprar un reloj a la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior, que se portó bien conmigo".

La anterior consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas, el Parlamento autónomo de esa comunidad. Martínez no atendió la llamada de este periódico. La adjudicación del diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur a favor de Orange Market provocó en su día la denuncia de los socialistas valencianos, que sugirieron un amaño en la misma.

El regalo de relojes de lujo era práctica habitual entre los directivos del entramado de empresas. Francisco Correa, el principal implicado y máximo responsable, llegó a entregar a Pío García Escudero, portavoz del PP en el Senado, una caja con un reloj de lujo dentro. García Escudero aseguró a este periódico que devolvió con su chófer el regalo a la sede central de la red empresarial que dirigía Francisco Correa.

Álvaro Pérez también contó al contable de Orange Market que había regalado bolsos muy caros a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pese a que esta no les daba nada pero tampoco les hacía nada.

(www.elpais.com, 02/08/09)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO DETECTÓ ANOMALÍAS EN LA ADJUDICACIÓN DE FITUR

Diez de las 14 consejerías de Francisco Camps contrataron con la rama valenciana de la red empresarial dirigida por Francisco Correa. De hecho, por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) han desfilado para declarar 35 altos cargos nombrados por el presidente del Gobierno valenciano, imputado por cohecho impropio por aceptar trajes regalados por la red de Correa.

Sin embargo, de los más de 7 millones de euros captados de la administración valenciana por Álvaro Pérez, El Bigotes, a través de Orange Market (la filial valenciana de la trama), la inmensa mayoría, más de 5,5 millones de euros, proviene de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

Ya en 2005, Orange Market ganó el concurso por 1,32 millones de euros para instalar el pabellón de Fitur cuando la consejera de Turismo era Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes, y su jefe de gabinete era Rafael Betoret, imputado junto a Camps, Ricardo Costa, secretario general del PP, y Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. Ahí comenzó el despegue de Orange Market, que también instaló los pabellones de 2006 y 2007, ambos bajo responsabilidad de Martínez, y de 2008 y 2009, ya con Angélica Such como consejera, tras el paso de su antecesora a la presidencia de las Cortes.

También ha trascendido, entre otras irregularidades, que en 2005 Orange Market facturó, además del pabellón del Fitur, otros 140.000 euros por un almuerzo para el Ejecutivo valenciano el Día de la Comunidad. A esa comida asistieron 800 personas; El Bigotes cobró el menú a 200 euros el cubierto.

Estas adjudicaciones no sólo han sido cuestionadas por la oposición. Hasta la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) ha expuesto sus críticas. El informe de 2006 de ese órgano fiscalizador revela varias irregularidades en los contratos de Turismo con Orange Market, como adjudicar el pabellón de Fitur en un único contrato. "Al existir en este tipo de contratos prestaciones de servicios de distinta índole derivadas unas del arrendamiento de bienes (suministro) y otras del diseño, montaje y desmontaje de los mismos (servicio), cada una de ellas debe estar definida con independencia de las demás", argumentó ese organismo.

Asimismo, se destacan irregularidades en la tramitación de los expedientes, que deben contar con un informe de propuesta del servicio que pretende la contratación (iniciación del expediente) y otro de la presidenta de la agencia (resolución). Pero la Agencia Valenciana de Turismo resume en un único acto los dos documentos exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). Además, en una durísima crítica, la sindicatura señala que "la fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía", porque la valoración de la oferta "no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100).

Como los informes de la Sindicatura no son exhaustivos, ya que hace un muestreo sólo de parte de los contratos de cada organismo auditado, en informes de otros años se repiten las críticas a la AVT sin hacer referencia expresa a los contratos con Orange Market. Una empresa que, por otra parte, ha incumplido, al menos durante tres comicios, su obligación de declarar ante la sindicatura los contratos facturados por gastos electorales con el PP.

Suchs se ha negado reiteradamente a facilitar los contratos de su departamento con la empresa investigada. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, han derribado todas las iniciativas que pretendían dar luz a los expedientes. La respuesta ha sido muchas veces la misma: Orange Market es una persona jurídica no relevante.

(www.elpais.com, 02/08/09)

43. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FEMP HALLA UN MILLÓN DE EUROS EN FACTURAS SIN CONTRATO DE LA 'TRAMA GÜRTEL' DE LA PRESIDENCIA DE RITA BARBERÁ

Más de un millón de euros en facturas sin contrato y sin expediente de tramitación. Es lo que los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han encontrado en sus archivos y es lo que enviaron al juez Antonio Pedreira, que había reclamado todos los contratos firmados por la FEMP con 11 empresas de la trama Gürtel entre 2000 y 2004, cuando la Federación estaba presidida por Rita Barberá, del PP. Al juez sólo le llegarán las facturas, porque los contratos no aparecen por ningún lado. O nunca existieron o han sido destruidos.

Eso, aparentemente, no es ilegal -la Federación de Municipios no es un organismo público sino una asociación- pero sí extraño: "Aquí tenemos contratos de adjudicaciones a otras muchas empresas, y justo los relacionados con estas empresas no aparecen", subrayó un portavoz de la asociación que agrupa al 90% de los 8.000 ayuntamientos españoles. Este portavoz confirmó que sólo se han hallado facturas de dos de las 11 empresas por las que se interesó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -Special Events y Pasadena Viajes- y que el monto total de las adjudicaciones a esas dos empresas supera el millón de euros.

Además, la Federación -ahora dirigida por el socialista Pedro Castro- quiso dejar claro en un comunicado que, "una vez revisadas todas las actas de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal correspondientes a dicho periodo [2000-2004], no se refleja en las mismas ni información ni acuerdo alguno en relación a dichas contrataciones". Es decir, que los órganos de la FEMP en los que están representados alcaldes de los distintos partidos no supervisaron ni tuvieron conocimiento de esas adjudicaciones a Special Events y Pasadena, dos de las empresas de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa y que salpica a varios gobiernos locales y autonómicos del PP.

La investigación del juez Antonio Pedreira ha alcanzado a la FEMP porque el que fuera secretario general de la Federación con Rita Barberá de presidenta, Álvaro de la Cruz, es una de las personas que aparece como beneficiaria de supuestos sobornos en la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama Gürtel. Allí figura un apunte según el cual De la Cruz recibió 30.000 euros, y el juez trata de averiguar si cobró el dinero a cambio de favorecer a las empresas de Correa. El secretario general de la FEMP era el encargado de formalizar los contratos.

Del total de facturas enviadas al Tribunal Superior de Madrid, las dos principales son las correspondientes a la organización de las asambleas generales de la FEMP de 1999 y 2003, encargadas por De la Cruz a Special Events. La de 1999 -que se pagó probablemente al año siguiente y por eso se ha incluido en el dossier- costó 230.000 euros; la de 2003, más del doble: 570.000 euros. En las dos ocasiones la adjudicación fue a dedo; la FEMP, como asociación privada -aunque financiada con aportaciones de los ayuntamientos, por tanto, con dinero público- no estaba obligada a sacar los contratos a concurso.

El resto de las facturas enviadas al juez Pedreira corresponden a decenas de viajes encargados a Pasadena, otra de las empresas de la trama.

(www.elpais.com, 15/08/09)

44. COMUNIDAD VALENCIANA. 600.000 EUROS SIN FACTURAS POR SERVICIOS AL PP

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, mantiene una vía abierta sobre una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros.

En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa.

Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar.

El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:

- "Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".

- "Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".

- "Hoja número 3: recibos".

- "Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

La investigación interpreta que estos documentos "hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró "entregas con recibo" por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas:

"A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones".

"Con el fin de concretar la posible emisión de facturas falsas por dichas sociedades", señalan los documentos de la investigación, "habría que analizar la documentación recogida en los registros practicados por si entre la misma se encuentran dichas facturas". Hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta.

La trama llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave. Esta hoja, incorporada al sumario, fue hallada en la caja de seguridad de Pontevedra e incluye el detalle de los pagos e ingresos del entramado empresarial que dirigía Correa.

(www.elpais.com, 17/08/09)

45. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS APARTA AL DIRECTOR DE LA TELEVISIÓN VALENCIANA QUE RECIBIÓ ROPA DE EL BIGOTES

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), decidió prescindir de Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y amigo íntimo del responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Aunque Pedro García nunca llegó a figurar como imputado sí fue mencionado en la investigación del caso Gürtel instruida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En uno de los autos, García -responsable de la televisión pública Canal 9 en los últimos seis años- aparecía como receptor de ropa pagada por la red de empresas de Francisco Correa. Además, en el material requisado en el yate Parapipi, propiedad de uno de los cabecillas de la trama, aparece un apunte de 3.550 euros en prendas para García.

García, que aparece también en conversaciones grabadas por orden judicial, llegó incluso a sustituir a Francisco Correa, tras la detención de éste, como padrino de una hija de Pérez. El Gobierno valenciano presentó el descarte del responsable de Canal 9 -objeto de gruesas críticas por el tratamiento informativo del caso Gürtel- como una decisión personal. En su lugar ha nombrado al periodista José López Jaraba, durante años vinculado a Abc.

Sin embargo, el cese se produce sólo un día después de que Camps reordenase su Ejecutivo y destituyese como portavoz a Vicente Rambla, que ha sido hasta ahora el responsable de defender al Gobierno valenciano de los escándalos del caso Gürtel (y que sigue siendo vicepresidente y consejero). Rambla dijo que los miembros del Consejo se sienten "claramente perseguidos" y "vigilados" y aseguró que el Gobierno valenciano tiene "datos objetivos que pueden confirmar la existencia de escuchas".

(www.elpais.com, 29/08/09)

46. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS RIPOLLISTAS LLEVAN AL JUEZ AL ALCALDE DEL PP DE CASTALLA

La batalla entre los dos bandos enfrentados del PP en Alicante ha abierto un nuevo frente en Castalla, en este caso por el control de la dirección local de la organización. Un grupo de militantes populares liderados por el ex alcalde y actual presidente local, Juan Rico Rico, todos del sector ripollista, presentó el lunes una querella en el juzgado de instrucción de Ibi contra el alcalde campista José Luis Prats por presunto delito de cohecho y otro de apropiación indebida.

Los querellantes acusan al alcalde de "otorgar licencias de obras en la urbanización Castalla internacional a cambio de cientos de filiaciones" al PP de vecinos de esta urbanización, con el objetivo de alzarse con el poder en las elecciones de la asamblea local del PP. El escrito de la denuncia, recoge, además, que "extrañamente" y coincidiendo "con estas filiaciones, todas las semanas se otorgan varias licencias de obras a vecinos de esta urbanización".

Y sobre el presunto delito de apropiación indebida, la querella explica que el alcalde no entregó a la asamblea local la cuota de afiliación de diez euros que los nuevos miembros del PP obligatoriamente deben pagar. La cuantía que se le acusa de haberse apropiado supera los 2.000 euros.

Pese a los hechos, el vicesecretario de Organización del PP en la Comunidad Valenciana, David Serra, esgrimió que su formación política "no se ha querellado contra el alcalde de Castalla" y que la denuncia contra este último ha sido presentada "por cinco personas a nivel particular". Serra matizó que "se da la circunstancia" de que los querellantes "son militantes populares" y ha manifestado "el respeto total y absoluto del partido a todos sus alcaldes".

(www.elpais.com, 20/08/09)

47. COMUNIDAD VALENCIANA. UN SINDICATO DENUNCIA 70 CONTRATOS "A DEDO" DE RIPOLL

La Diputación de Alicante ha formalizado 70 contratos de verano "a dedo", según denunció STAS-IV. El sindicato explicó que ha denunciado en un escrito a José Joaquín Ripoll, presidente de la institución, la "ausencia de rigor en el cumplimiento de la legalidad" en la contratación del 40% de los trabajadores que este año realizarán las sustituciones de verano.

El STAS recuerda que la Mesa de Contratación acordó el 19 de junio la cifra de personal necesario para cubrir las vacaciones y los criterios de selección. En total, 159 puestos en los que se priorizaría que los aspirantes hayan superado pruebas selectivas sin lograr la plaza en las categorías profesionales requeridas, que hayan trabajado en la Diputación y se les hubiera terminado el contrato o que hubieran trabajado otros veranos, por ejemplo. Pero el sindicato recuerda que tras un seguimiento de los contratos (170) no se han cumplido los acuerdos y que la Gerencia de Recursos Humanos ha realizado 70 contratos "a dedo" sin cumplir los requisitos

(www.elpais.com, 09/08/09)

48. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA EX CONCEJAL ACUSA A LA ALCALDESA DE IBI DE TOLERAR PAGOS IRREGULARES

La ex concejal del PP de Hacienda en el Ayuntamiento de Ibi Felicidad Peñalver explicó a la titular del juzgado numero 2 de Ibi, que investiga la supuesta malversación de caudales públicos para el pago de viajes, ropa y comida con cargo a la recaudación del polideportivo municipal, que en "reiteradas ocasiones" advirtió a la alcaldesa, Mayte Parra, del PP, de las irregularidades que había detectado en las cuentas municipales. Estas vinculan a la ex concejal de Deportes Ana Sarabia con el pago de viajes a la nieve y al Camino de Santiago, facturas de comida y ropa, de la caja de polideportivo municipal donde se ingresaban las aportaciones de los socios.

Peñalver explicó a la juez que ella comenzó a darse cuenta de los descuadres que acarreaban los pagos de estas facturas para asuntos particulares cuando solicitó a Ana Sarabia a finales de 2007 la documentación para elaborar los presupuestos municipales de 2008. Peñalver, nombrada concejal de Hacienda en julio de 2007, aseguró que tras reclamar sin éxito los informes necesarios a Sarabia comunicó los hechos a Parra. Y aseguró que desde entonces comenzó la desconfianza entre ellos, que acabó en enero de 2009 con la expulsión de Peñalver del grupo del PP y su destitución como edil de Hacienda. Parra esgrimió pérdida de confianza en Peñalver.

Un mes más tarde saltó a la luz el supuesto pago irregular de facturas con cargo a la caja de polideportivo y de los que supuestamente se beneficiaron la alcaldesa y la ex concejal de Deportes y sus familiares. La publicación de varios extractos de estas facturas, con los nombres de ambas, desencadenó en febrero la renuncia voluntaria de Sarabia a su cargo. Alegó que podía defenderse mejor si dejaba la concejalía. Hace un mes compareció como imputada ante la juez y reconoció que no había pagado los viajes de su bolsillo al ser titular de Deportes, pero aseguró, sin demostrarlo, que la alcaldesa y su marido habían pagado sus viajes.

El interventor y el gerente del polideportivo atribuyeron a Sarabia un "descuadre" de 20.000 euros por el posible pago de facturas para asuntos particulares.

(www.elpais.com, 11/08/09)

49. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS JUECES MANTIENEN ACTIVOS 12 DE LOS 15 SUMARIOS DEL 'CASOORIHUELA'

Los juzgados de Orihuela mantienen activos 12 de los 15 sumarios abiertos por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de la ciudad, durante el mandato del ex alcalde José Manuel Medina, del PP. El dato está recogido en un informe remitido al consistorio por la defensa de Medina. El documento fue elaborado a petición expresa de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, del PP.

Las diligencias que se siguen en las oficinas judiciales se derivan del desglose de la denuncia general presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en marzo de 2006. Tres años y cuatro meses después, los jueces han archivado tres sumarios. Dos de las denuncias archivadas definitivamente son las relativas a concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales y supuestas irregularidades en la contratación del asesor de personal. La tercera se refería al sobrecoste de 5 millones de euros en la reforma de la glorieta de Gabriel Miró.

En este periodo ha habido un cuarto archivo, el relativo a las subvenciones del consistorio a la entidad Moros y Cristianos. La Audiencia tildó el sobreseimiento de "precipitado" y ordenó seguir la investigación.

Los jueces también han archivado el sumario principal contra el ex regidor Medina por los supuestos delitos de cohecho, prevariación y contra la ordenación del territorio. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, mantiene que Medina usó bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas. El juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de la denuncia al entender que no hay indicios de delito. No obstante, el fiscal ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante. Para el acusador público, Medina incurrió en cohecho.

El alto tribunal aún no ha resuelto la apelación de Anticorrupción.El informe de la defensa del ex alcalde popular de Orihuela José Manuel Medina sobre el estado de tramitación de las diligencias incoadas a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción resalta un denominador común: la ausencia de imputados formales y también que prácticamente los jueces no han llamado a ningún funcionario o concejal del consistorio en calidad de testigo. La advertencia de esta parte es real dado el cansino ritmo de la instrucción de las distintas causas, prácticamente estancada en la fase preliminar de recabar pruebas documentales. No obstante, el fiscal anticorrupción, en su denuncia, puntualizó que los responsables penales últimos de las irregularidades eran los encargados de los distintos negociados municipales investigados.

El sumario cuya instrucción ha avanzado más en estos tres años es el que investiga la supuesta emisión de tres facturas falsas (por un total de 36.000 euros) emitidas por el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Ramón Martínez Franco, en relación con la ejecución de unos vuelos fotogramétricos para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los trabajos fueron realizados por la mercantil Arquitectura, SL, propiedad de Santiago Rubio Moreda, yerno del secretario municipal. Ambos han declarado ya como imputados. El magistrado, el titular del Juzgado número 2, ha dictado ya el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El paso aboca a los dos imputados a las puertas de juicio oral, si no prospera el recurso que han presentado ante la Audiencia.

Del resto de sumario, al margen de la causa principal contra el ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, uno de los más destacados es el que investiga un supuesto pago ilegal de un extra de 180.000 euros por parte del Ayuntamiento a los trabajadores de la contrata de la basura, la mercantil Necso, además de la supuesta existencia de facturas falsas por importe total de 240.000 euros por trabajos no realizados. En este sumario ha declarado recientemente, en calidad de testigo, el ex gerente de la empresa Necso José Luis Pérez Maeso.

Otro sumario que permanece activo indaga supuestas irregularidades en la organización de conciertos municipales entre 1999-2003. Según el ex interventor de la corporación, no se ingresaron en la caja municipal las recaudaciones de los eventos. En ese periodo la concejal responsable del departamento era la actual alcaldesa, Mónica Lorente

(www.elpais.com, 13/08/09)

50. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CGPJ INVESTIGA EL PARÓN DEL CASO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA

El estancamiento que sufre desde hace casi cuatro años el caso del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, y que debe aclarar una plusvalía de 5,2 millones logrados con la compraventa de una finca rústica en Almoradí ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Unidad Inspectora del CGPJ ha ordenado la incoación de diligencias informativas sobre la situación en la que está el proceso judicial, según explicaron Los Verdes. La decisión fue tomada a mediados del pasado mes de julio.

El alcalde compró a la promotora Edén del Mar una finca de 18 hectáreas de suelo rústico en 2000 por 180.000 euros y dos años más tarde se la vendió a la misma firma por 5,4 millones. El caso se instruye en el juzgado número 4 de Torrevieja, pero apenas ha avanzado desde 2005. Ese año, declaró Hernández Mateo como imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El alcalde defendió en su declaración la legalidad del proceso realizado y vinculó la plusvalía lograda con la compraventa al "auge urbanístico" que se vivía en aquellos momentos y al que La Vega Baja no era ni mucho menos ajena.

La causa está pendiente del traslado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado de Hernández Mateo, diputado autonómico desde 2007. A finales del año pasado a la Fiscalía Anticorrupción exigió practicar todas las pruebas pendientes antes de elaborar los informes para remitir todas las diligencias al TSJ. Las pruebas se referían a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja realizó a la promotora Edén del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde. También a un informe pericial sobre los movimientos en las cuentas de Hernández Mateo.

Los Verdes se dirigieron el pasado mes de marzo al CGPJ para denunciar la "paralización que sufre" este procedimiento judicial Alertan, además, del "peligro" de que determinados delitos por los que el alcalde y diputado está imputado puedan prescribir, "al igual que ocurriría con los presuntos delitos fiscales que pudieran haberse cometido".

(www.elpais.com, 11/08/09)

51. CASTILLA Y LEÓN. LA TRAMA SOLAR VUELVE A APUNTAR A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Los intereses de la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Carmen Luis Heras, en el sector fotovoltaico, y su presunta implicación en el caso de los parques solares son cada vez más evidentes. La delegación territorial de la Junta en Zamora adjudicó, en febrero de 2008, la concesión para instalar una planta fotovoltaica a la empresa de un socio de Heras en la entidad Salamanca Zamora Mercados 21. La conexión a la red eléctrica de esa instalación le fue concedida a la empresa de la propia vicepresidenta.

La número dos de las Cortes regionales es fundadora y accionista de El Plantío 2000, empresa constituida el 30 de octubre de 2000 por la propia vicepresidenta y su marido Antonio Castro Fito. Según la escritura que figura en el registro mercantil de Zamora, el objeto social de la empresa incluye la realización de proyectos de cualquier tipo de obras e instalaciones.

Tal y como se detalla en los documentos a los que tuvo acceso este diario, El Plantío 2000 solicitó el acceso a la Red de Distribución eléctrica para una planta de producción de energía fotovoltaica en las parcelas 59 y 60 del polígono 1 de Fresno de la Ribera (Zamora), permiso que le fue concedido por la empresa Iberdrola el 21 de enero de 2008. Pero la explotación de esas parcelas fue finalmente adjudicada a la empresa Las Culcas 2007, cuyo administrador único es Marcial Rodríguez San Gregorio. La concesión figura en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora del miércoles 27 de febrero de 2007.

La adjudicataria es la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y la concesión la firma el entonces jefe del servicio territorial, José Bahamonde Salazar, que fue apartado de su cargo, en agosto de 2008, tras verse también implicado en la concesión irregular de licencias de parques solares en su propio beneficio.

Público tuvo acceso a una copia de la declaración de la renta de Carmen Luis Heras del ejercicio de 2004. En la misma, figura que la vicepresidenta de las Cortes participa en la empresa Salamanca Zamora Mercados 21, cuyo administrador único es el propio Marcial Rodríguez San Gregorio, con acciones por valor de 186.825 euros.

El pasado 15 de junio este diario desveló, además, que El Plantío 2000 la empresa de la vicepresidenta gestionó la conexión a la red eléctrica de al menos otras 25 parques solares en Fresno de la Ribera que también fueron adjudicados por la Junta a empresas de Rodríguez San Gregorio. Público intentó sin éxito contactar con Heras para que explicara su versión. "Se ha ido de vacaciones y se ha olvidado el móvil", explicó un compañero que respondió a su número.

(www.publico.es, 10/08/09)

52. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL ACUSA AL GOBIERNO DE USAR A PERIODISTAS COMO "FRANCOTIRADORES" CONTRA EL PP

El presidente de Murcia, el popular Ramón Luis Valcárcel, acusó al Gobierno de querer "manipular a la Justicia" y afirmó que la "persecución al PP" llevó en su día en la región de Murcia a "tomar literalmente un pueblo", en referencia a los municipios de Totana, Librilla y Torre Pacheco. Sin citar al Ejecutivo pero con alusiones implícitas, Valcárcel arremetió contra la "parafernalia mediática" que acompaña a las detenciones de cargos del PP, y añadió que en Murcia esos arrestos se produjeron con la presencia, "como si fueran francotiradores", de medios de comunicación "avisados la noche antes".

El presidente se refería a las detenciones que llevaron a cabo Guardia Civil y Policía Nacional en Totana, Librilla y Torre Pacheco, donde fueron arrestados y encarcelados sus respectivos alcaldes y algunos ediles por su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

"Luego todo ha quedado en libertad sin cargos, en libertad con pequeños carguitos y sin fianza alguna...", añadió Valcárcel, a pesar de que sobre el alcalde de Totana, José Martínez Andreo -que pasó dos meses en prisión-, sobre el ex alcalde y diputado autonómico Juan Morales y sobre otros 10 imputados pesan delitos como malversación, prevaricación, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, infidelidad en custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, y su edil de Urbanismo, Pedro Martínez, encarcelados más de un mes, están acusados de cohecho, prevaricación y negociación prohibida. "Claro que respeto a la Justicia, yo soy muy respetuoso con ella, pero no con quien quiere manipularla", concluyó Valcárcel.

Por otra parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sostuvo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser "la persona del talante" a convertirse en "la persona más dictatorial del mundo". Un ejemplo, según Mato, son las acusaciones que esta semana hizo el PSC acerca de supuestas reuniones secretas entre CiU y PP. Confirmó que el PP está teniendo "contactos" con diferentes partidos, pero lo enmarcó en la absoluta normalidad de las relaciones parlamentarias.

"Muchos grupos parlamentarios saben que la situación económica está mal y ya no confían en Zapatero", dijo Mato. Según ella, Zapatero "confunde lo propio con lo de todos" y ahora "se ha apropiado del poder".

(www.elpais.com, 15/08/09)

53. REGIÓN DE MURCIA. VEINTISÉIS AYUNTAMIENTOS MURCIANOS MANTIENEN EN SUS PUESTOS A ALCALDES Y ALTOS CARGOS PENDIENTES DE JUICIO

Dice el refranero popular que "la manzana podrida pierde a su compañía", y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos, a falta de sentencias.

La oposición ha acusado a Valcárcel de "no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido" y que "no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho". El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí], reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que "les habían producido pingües beneficios".

Las empresas de la familia

En el listado presentado por la oposición socialista aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En "10 J. M. Gunter", fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en "Ancara-9, S.L", inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en "Guayaquil Import", la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías "Meroño y Cruz", "Habvit Viviendas", "Secruz 3", "Faromar Urbanizaciones", "Faromur Promociones", e "Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro" son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.

Peñalver, el jefe de Urbanismo

La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía "controlar toda la actividad urbanística de la región", desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido.

Los Peñalver, "los naranjitos"

Fiscalía apunta en su informe que "tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban", según el diario La Verdad.

Veintiséis de cuarenta y cinco

Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.

"Los excesos… y comilonas" en Villanueva

En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), "ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)", según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.

Caso Totem, ¿caso Murcia?

Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.

El apoyo al alcalde corrupto

La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos.

Urbanismo especulativo y riqueza

Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. "Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones". Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, "que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones", de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujante.

(www.elplural.com, 24/08/09)

54. ISLAS BALEARES. DETENIDOS EN PALMA EL PORTAVOZ DEL PP Y DOS CARGOS DE MATAS

El martes por la noche, el pabellón deportivo multiusos Palma Arena acogió uno de los conciertos del verano en Mallorca: la primera actuación de Plácido Domingo en la isla. La semana que viene será Leonard Cohen quien desgranará su repertorio en este velódromo inaugurado hace dos años y medio y adaptado para albergar todo tipo de eventos. Seguramente ni el tenor madrileño ni el cantautor canadiense sospechaban que detrás de la construcción de esta infraestructura se esconde presuntamente la enésima trama de corrupción que salpica al último gobierno autonómico del PP, encabezado por Jaume Matas. Hay cinco detenidos, entre ellos el portavoz popular en la capital y un ex director general.

El caso Palma Arena pasó con estrépito de las dependencias de la Fiscalía Anticorrupción a las calles de la ciudad. Se había puesto en marcha la Operación Espada. Desde primera hora una dotación del Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía registró despachos, incautó documentación y detuvo a cinco personas. Tres de ellas habían ocupado cargos de responsabilidad durante el mandato de Matas: son el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma y ex edil de Deportes, Rafael Durán; el ex director general de Deportes y campeón olímpico de vela en los Juegos de Atlanta'96, José Luis, Pepote, Ballester; y el ex gerente del consorcio para la construcción del Palma Arena, Jorge Moisés.

Hay, además, otros dos arrestados: el publicista Miguel Romero, dueño de la agencia Nimbus Comunicación -y organizador de algunas campañas electorales del PP-, y una persona relacionado con las empresas que construyeron el velódromo. Éste, con capacidad para 7.000 personas, cuenta con una pista de 250 metros pero no ha sido homologado por la Unión Ciclista Internacional por diversas irregularidades.

La investigación de las cuentas de este macroproyecto de la era Matas arrancó en 2007, 10 días después de que echara a andar el nuevo Gobierno dirigido por el socialista Francesc Antich. Los constructores del Palma Arena reclamaron entonces al recién estrenado Ejecutivo una deuda de 45 millones de euros por las obras del recinto. Atónitos, los servicios jurídicos de la comunidad descubrieron que el complejo deportivo, presupuestado inicialmente en 47 millones, había costado en realidad más del doble.

Antich llegó a asegurar que el 90% de los gastos extra no estaba amparado en el expediente oficial, ya que se había realizado "sin licitar". El caso pasó a manos de la fiscalía, que lleva meses investigando el agujero por el que se escurrieron más de 40 millones de las arcas públicas.

A los detenidos se les imputan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Una de las hipótesis de los investigadores apunta a una posible financiación irregular del PP.

Por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, y a instancias del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la policía arrestó al publicista Miguel Romero en la sede de su agencia, Nimbus Comunicación, que fue registrada de arriba abajo. Se buscaban indicios de un presunto sobreprecio de las facturas que esta empresa emitió por sus servicios de promoción en el Palma Arena. Horas después, los agentes irrumpieron en la sede del PP en Palma para llevarse a comisaría al portavoz municipal del partido, Rafael Durán, que fue concejal de Deportes en la anterior legislatura y presidente del consorcio para la construcción del velódromo. También fue arrestado el que fuera gerente de esta entidad, Jorge Moisés, antiguo jefe de prensa del PP en el consistorio palmesano.

Tras varios intentos infructuosos de localizarlo, la policía detuvo a José Luis Pepote Ballester, todo un mito en el mundo de la vela -fue medalla de Oro en Atlanta'96- y director general de Deportes con Jaume Matas. Meses atrás también fueron a declarar como imputados los hermanos García Ruiz, los arquitectos que percibieron 8,9 millones por culminar la obra iniciada por el ingeniero Ralph Schürmann.

Por la tarde continuaron las inspecciones y comenzaron los interrogatorios policiales. Y llegaron las primeras reacciones políticas a un escándalo largamente anunciado. A las puertas del Palma Arena, el actual responsable de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, aseguró que no tenía notificación oficial de la operación en marcha, pero admitió que su departamento ha colaborado estrechamente con Anticorrupción, remitiéndole, entre otros documentos, las facturas sospechosas.

En rueda de prensa, el portavoz del PP balear, Carlos Simarro, exigió que "se respete la presunción de inocencia de todas las personas implicadas". El PP mantendrá en el cargo de portavoz al detenido Rafael Durán.

Los arrestados

- Rafael Duran, portavoz del PP en Palma. Concejal de Deportes de Palma entre 2003 y 2007 con Catalina Cirer (PP) de alcaldesa. Presidió el consorcio constructor del pabellón Palma Arena. En la oposición, dirige el comité de renovación interna del PP en la capital balear.

- José Luis 'Pepote' Ballester, ex director general de Deportes. Campeón olímpico de vela en Atlanta'96. Muy cercano al círculo personal de Matas, pero sin vínculos directos con el PP, fue nombrado director general de Deportes en julio de 2003. Impulsó junto a Iñaki Urdangarín el patrocinio público del equipo ciclista Illes Balears (2004).

- Jorge Moisés, ex gerente del consorcio Palma Arena. Ex jefe de prensa del Ayuntamiento de Palma con el PP y con responsabilidades en el área de comunicación en la Consejería de Interior en la última legislatura de Matas, que lo nombró gerente del consorcio constructor del Palma Arena.

- Miguel Romero, publicista. Máximo accionista de Nimbus Comunicación, que promocionó eventos en el Palma Arena. Nimbus, para la que han trabajado hasta tres ex jefes de prensa de Matas, gestionó las campañas del PP balear en los últimos comicios locales y autonómicos.

(www.elpais.com, 06/08/09)

55. ISLAS BALEARES. LOS DETENIDOS DICEN QUE EL PALMA ARENA SE HIZO CON PRISAS

No hubo corrupción, sino "presiones, prisas" y "un mal proyecto inicial", lo que se tradujo en que el velódromo Palma Arena costara casi el triple de lo presupuestado: de 41 millones a 110. Los cinco detenidos por presunta malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental, respondieron a las preguntas del juez.

Entre los imputados hay cuatro ex cargos del PP de la era Matas: Rafael Duran, ex concejal municipal de Deportes y número uno del PP en Palma; José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes; Antoni Palerm, constructor y ex responsable de Deportes del Consell de Mallorca; y Jorge Moisés, ex gerente del velódromo y ex jefe de prensa del PP en el Ayuntamiento. Todos han pasado ya a disposición judicial menos Palerm, que fue puesto en libertad con cargos tras admitir que se aprovechó de su puesto para vender material de su empresa constructora por valor de unos 630.000 euros.

El primero en declarar fue Miguel Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus Comunicación, con conexiones con el PP (para ella trabajaron hasta tres ex jefes de prensa de Matas). La policía halló en las oficinas de esta empresa indicios de facturas infladas por servicios de promoción al Palma Arena. A Romero se le preguntó si, tras este sobreprecio, se ocultó una posible financiación irregular del PP. El publicista admitió que en algunos casos cobró el doble de lo normal por los servicios debido a "las urgencias y particularidades del encargo", pero negó tajantemente el cobro de comisiones y el vínculo con el PP.

La tesis de los fiscales es que, a cambio de este contrato, que reportó unos 500.000 euros a Nimbus, la agencia habría organizado gratuitamente parte de la última campaña electoral de Matas, en 2007. Romero se acogió a lo que parece ser una estrategia común de todos los imputados: culpar del agujero millonario a "las deficiencias del proyecto original", que habrían derivado en "continuas modificaciones sobre la marcha" y acabaron disparando los costes.

En la misma línea se situó Jorge Moisés, el segundo interrogado del día. Éste señaló "olvidos injustificables" en los planos iniciales del ingeniero alemán Ralph Schürmann, una celebridad mundial en el diseño y construcción de velódromos. En su currículo cuenta, entre otras obras, con la pista olímpica de Pekín, pero los implicados le acusan de "vivir de su prestigio" y de que "su proyecto no fue serio ni solvente". Faltaban, presuntamente, partidas económicas esenciales para la ejecución.

Schürmann, que fue apartado de la construcción y declaró como testigo en diciembre de 2008, denunció "presiones para inflar partidas y fichar a colaboradores".

(www.elpais.com, 09/08/09)

56. ISLAS BALEARES. LOS ESCÁNDALOS POR LA GESTIÓN DE MATAS ATENAZAN AL PP DE BALEARES

Tres antiguos cargos del entorno del ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) han coincidido esta semana en los calabozos de la comisaría de Palma. Están detenidos por supuesta corrupción en el caso Palma Arena, el más reciente episodio negro que mancha a Matas y a su partido.

El enésimo escándalo en Baleares estalló tras un año de rastreo del juez José Castro y de los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, que indagan el supuesto despilfarro de millones de euros por desvíos a particulares, con sospechas de financiación electoral del PP, en la construcción del macrovelódromo Palma Arena. El edificio casi triplicó su coste: de 41 a 110 millones.

Matas se acostumbró a las pirámides, a los proyectos superlativos. Proyectó una ópera de Calatrava sobre el agua en la bahía de Palma; adjudicó un enorme palacio de congresos -sin solar- que ganó la hotelera Barceló para la que él trabajó al dejar la política. Impulsó un centro diseñado por Moneo en el pueblo de Pollença. Compró carísimas casas señoriales para la comunidad y una para vivir él. Hizo deprisa el metro de Palma, que se inundó en 2007, y un macrohospital sin amparo urbanístico legal. Las autovías de Ibiza están repletas de deficiencias.

Presidente por accidente en 1996 -tras la dimisión forzada por corrupción de su protector Gabriel Cañellas-, Matas fue después ministro de José María Aznar y de nuevo presidente autonómico. Derrotado en 2007, se marchó a EE UU sin dar explicaciones ni respaldar a sus cargos que, ya en la oposición, con bajo la lupa judicial.

El rastro de las obras de Matas llega a las mesas de fiscales y jueces, con casos de corrupción que se destapan. Dos fiscales de Palma sostienen, además, que en el incremento de la fortuna personal del ex ministro y ex presidente hay un cohecho impropio, una actitud supuestamente delictiva. El tribunal balear de cuentas y las auditorias de los interventores del Gobierno activaron en 2007 las alarmas de riesgo. Tras las denuncias, la Agencia Tributaria, la Policía y la Guardia Civil, por orden judicial y de Anticorrupción, han analizado miles de documentos oficiales y verificado cuentas bancarias y bienes inmobiliarios.

Los muchos casos Matas no quedan en agua de borrajas. En menos de tres años ya se han dictado tres sentencias condenatorias, dos con penas de cárcel. Él no da la cara y nadie la da por él. La supuesta corrupción emborrona su hiperactiva actuación y atenaza al PP de Baleares. Dos ex consejeros de Matas están imputados en sendos casos abiertos, y otros tres, aludidos por un arrepentido. Casi dos decenas de altos cargos políticos y de empresas públicas de Baleares, Palma y Mallorca han pasado por los calabozos.

Durante años, las salas judiciales investigarán y dictarán sentencias sobre la cadena de escándalos aflorados. El caso Palma Arena ha saltado esta semana. Pero hay más, e implican a multitud de cargos. Son éstos:

- 'Caso Andratx'. Sesenta causas distintas por corrupción urbanística -licencias ilegales, sobornos, tráfico de influencias- en este ayuntamiento mallorquín. El ex alcalde Eugenio Hidalgo, expulsado del PP tras ser detenido, cuenta con dos condenas de cárcel de cuatro años. El ex director general de Ordenación y cerebro de Urbanismo, Jaume Massot, ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel.

- 'Caso Rodrigo de Santos'. Director de la campaña electoral de Matas en 2003, ex número dos del Ayuntamiento de Palma con el PP. Detenido y encarcelado durante meses, está pendiente de un juicio por malversación de caudales por gastar 50.800 euros con la visa del Ayuntamiento en clubes de alterne gay. Tiene otra causa por prevaricación y cohecho, y está pendiente de juicio por supuesto abusos sexuales a menores, con petición fiscal de 24 años de cárcel.

- 'Caso Consorcio Desarrollo Económico'. Tras este caso de supuesta malversación, cohecho, falsedad documental, fraude a Hacienda y prevaricación, se investiga también una posible financiación electoral del PP. Está imputado el ex consejero de Industria y ex líder del partido en Ibiza y Formentera y diputado José Juan Cardona. El director general de Promoción Industrial, Kurt J. Viaene, estuvo 120 días en la cárcel. Antonia Ordinas, ex gerente del consorcio y presunta jefa de la trama, colaboró con la juez tras destaparse una apropiación de dinero público de tres millones. José Manuel Alcaraz, ex jefe del gabinete del consejero Cardona, ex director de campaña electoral del PP de Ibiza, fue elegido presidente del PP de Formentera tras ser implicado. Felipe Ferré, ex edil del PP y empresario, también colabora con la justicia y realizó nuevas confesiones que involucran a dos ex consejeros. Jaime Gil Cuenca, ex director general con Matas y edil de Porreres, está imputado por pago de comisiones.

- 'Caso Turismo Joven'. Malversación de caudales, falsedad, prevaricación y cobro de comisiones en el consorcio público de turismo. Están implicados Juan Francisco Gosálvez, ex gerente; Francisco Gálvez, ex director general de Juventud; y Damià Amengual, gerente de Turismo Joven y concejal.

- 'Caso Rabasco-LlucTomàs'. El alcalde de Llocmajor, aupado por Matas, tuvo que dimitir al ser condenado a tres años de cárcel por malversación y falsedad.

- 'Caso Bitel-dos'. Falsedad documental, cohecho, prevaricación, malversación de caudales y fraude. Matas nombró director gerente de la empresa pública tecnológica Bitel a Damià Vidal, que fue el perito judicial que le ayudó a salir indemne de un caso de presunto espionaje electrónico. Vidal gastó 200.000 euros de fondos de la compañía, contrató a empresas pantallas de amigos, fue detenido y en libertad asumió la apropiación.

- 'Caso Ibatur'. Instituto Balear de Turismo. Apropiación de al menos 80.000 euros con facturas falsas por parte del funcionario asesor jurídico del organismo y militante del PP, Miguel Ángel Bonet, detenido.

- 'Caso Funeraria'. Imputación por malversación y apropiación indebida contra la ex presidente de la Empresa Funeraria Municipal de Palma y edil del PP Marina Sans por usar 7.000 euros en billetes privados. El gerente, Óscar Collado, fue detenido y encarcelado durante días por desvío de fondos, cobro de comisiones por obras, ventas de tumbas y tráfico con el monopolio de ataúdes. Su hijo Pablo Collado, ex alto cargo con Matas, está imputado en la trama Gürtel.

- 'Caso IB3 TV'. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Matas fue sobornado por la productora de José Luis Moreno, y las causas del sobrecoste de hasta el 70% en los gastos de producción de la televisión autonómica.

- 'Caso Plan Territorial de Mallorca'. Supuesto tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Imputado el ex consejero Jaume Font, portavoz del PP en el Consell de Mallorca. Imputado Juan Antonio Ramonell, ex alcalde de Montuiri, del PP.

- 'Caso Plan Territorial de Ibiza'. La Fiscalía imputó inicialmente por tráfico de influencias y prevaricación a la empresaria Stella Matutes, que era consejera insular, y a los ex diputados Antoni Marí y Joan Marí.

- 'Caso Ses Rates Ciutadella'. Corrupción en el segundo municipio de Menorca, en la compra venta de un solar público.

- 'Caso Huerta'. Supuesta trama de corrupción urbanística organizada por el arquitecto del municipio de Sant Josep de Ibiza, Antonio Huerta. En instrucción.

(www.elpais.com, 09/08/09)

57. ISLAS BALEARES. EL PP PASÓ AL GOBIERNO BALEAR FACTURAS DE UN MITIN DE RAJOY EN EL PALMA ARENA

Más de 12.000 personas, militantes o simpatizantes del PP, llenaron el recién estrenado velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 para asistir a un mitin de Mariano Rajoy y Jaume Matas. El Gobierno de Baleares estaba en juego y no se reparó en gastos. Meses después, cuando el nuevo Ejecutivo del socialista Francesc Antich empezaba a caminar, se encontró con dos facturas por un total de 2.076 euros a cargo de las arcas públicas, por los servicios que una empresa de seguridad llevó a cabo esa noche en el multitudinario mitin del PP. El encargo lo había realizado el entonces tesorero del partido, y cuñado de Matas, Fernando Areal.

La Fundació Illesport, la entidad dependiente de la Consejería de Deportes que gestionaba las actividades en el velódromo, abonó los más de 2.000 euros. El PP rectificó y achacó lo sucedido a "un error" de la empresa de seguridad, que había facturado "donde no debía". El partido explicó que, al alquilar el Palma Arena, se contrataron también una serie de servicios incluidos, entre los que debería haber estado el de seguridad. En la Fundació Illesport, no obstante, tan sólo quedó registrada la reserva del recinto.

Los fiscales han documentado que, en las mismas fechas, Areal habría efectuado pagos de hasta 70.000 euros a la agencia de publicidad Nimbus, que gestionó parte de la campaña electoral del PP en 2007 y cuyo director, Miguel Romero, está actualmente imputado en el caso Palma Arena junto a tres ex cargos de la era Matas. Nimbus, para la que han trabajado diversos ex responsables de prensa del PP, se adjudicó por entonces contratos públicos de más de un millón de euros.

Otros gastos poco transparentes han llamado la atención en la auditoría realizada para aclarar las cuentas del Palma Arena. Entre ellos, un pago de más de 37.500 euros que la Fundació Illesport se facturó a sí misma bajo el concepto de invitaciones para el partido de tenis bautizado como La batalla de las superficies, que enfrentó a Rafael Nadal y Roger Federer sobre una pista mixta de hierba y tierra batida.

El evento se celebró el 2 de mayo de 2007, poco antes de las elecciones. En la factura no se especificó ni el número de entradas ni la persona responsable de distribuirlas. De los 6.800 espectadores que acudieron al partido de exhibición, unos 1.200 lo hicieron como invitados. El acontecimiento promocional, que se concibió para que se pudiera autofinanciar, registró unas pérdidas de 851.000 euros.

(www.elpais.com, 12/08/09)

58. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA A OTROS CINCO EX ALTOS CARGOS DE MATAS

El juez cerca al entorno del ex presidente balear Jaume Matas. Anoche, la declaración del ex gerente de la Fundación Illefport -entidad que asignaba los fondos públicos del velódromo Palma Arena- desencadenó en 14 nuevas imputaciones, entre ellas, las de otros cinco ex altos cargos del ex presidente balear. Uno de ellos es su ex jefe de comunicación, Joan Martorell, de su máxima confianza, y actualmente jefe de prensa del PP de Baleares. En total, el juez que lleva el caso Palma Arena por una obra que costó casi 110 millones, el doble de lo presupuestado, ha imputado a 32 personas, de las que 12 son ex altos cargos del Gobierno de Matas.

Además de Martorell, también resultaron imputados anoche otros cuatro ex altos cargos. Son Raimundo Alabern, ex director general de Ibatur, el instituto balear de turismo; Pedro Álvarez, ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y actual consejero del Consell de Mallorca; Antonio Amengual, ex secretario general de la Consejería de presidencia y deportes; y Javier Cases, ex secretario general de la Consejería de Turismo. Está previsto que no presten declaración antes de septiembre.

Un informe oficial incluido en el sumario revela que Matas se implicó en persona en la construcción del velódromo. , el ex director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, reconoció ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa de construcción al consorcio público responsable del recinto.

Durante el concurso para adjudicar las obras, que se anunció en noviembre de 2005, todas las constructoras candidatas coincidieron en que era imposible culminar el velódromo a principios de 2007, tal y como pretendía el Gobierno balear. No obstante, la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Melchor Mascaró y FCC aceptó el encargo tras la mediación directa de Matas. El informe "Situación de Obra y Valoración Económica del Palma Arena", elaborado por la dirección de la obra, indica que Matas llegó a un "compromiso personal" con responsables de FCC para que la empresa finalizase en poco más de un año, una construcción cuya duración habitual habría sido de dos años y medio.

Los hermanos arquitectos García-Ruiz, que heredaron el proyecto del alemán Ralph Schürmann por decisión de Matas y con un contrato de casi nueve millones de euros, realizaron entonces una nueva valoración de las obras. Estimaron que en el coste previsto inicialmente faltaban al menos 4,5 millones en concepto de unidades de obra, dos millones en forjados, 2,5 millones en suministros de agua y electricidad, tres millones por la urbanización del perímetro, 2,3 millones por los videomarcadores y 1,5 millones más en equipamientos. La declaración de los responsables de la UTE será clave para justificar el sobrecoste millonario del velódromo, que se construyó con prisas ante la inminencia de las elecciones autonómicas.

(www.elpais.com, 25/08/09)

59. ISLAS BALEARES. EL 'CASO PALMA ARENA' FUERZA A DIMITIR AL ÚNICO IMPUTADO DEL PP AÚN EN ACTIVO

El caso Palma Arena se cobró su primera dimisión, la del portavoz del PP en Palma, Rafael Durán, imputado en la causa por prevaricación, y el único que seguía ejerciendo un cargo público. Durán justificó su adiós porque considera que su labor de oposición se vería "lastrada" y "deslegitimada" por el hecho de estar personalmente imputado. Se va 15 días después de que la dirección del partido en Baleares lo ratificara en el cargo. La presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, defendió entonces la presunción de inocencia del detenido y arremetió contra lo que tildó de un arresto bajo "circunstancias irracionales".

Durán, el único imputado que en la actualidad desempeñaba un cargo público, dejará la portavocía municipal del PP el próximo 31 de octubre, coincidiendo con el congreso que ha de renovar la junta local del partido. "De no mediar un congreso en fecha tan próxima", explicó, "mi dimisión se produciría coincidiendo con el inicio del presente curso político, es decir, ya mismo". Su relevo no estaba previsto hasta 2011.

El número uno del PP en Palma fue detenido el 5 de agosto junto a otras cinco personas en la Operación Espada, por presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena. Entre 2006 y 2007 fue presidente del consorcio público para la edificación de este complejo deportivo, en calidad de concejal de Deportes del consistorio palmesano.

Tras su arresto, se negó a declarar ante los fiscales anticorrupción y presentó un recurso de habeas corpus para no agotar las 72 horas de detención obligatorias. La petición fue denegada y Durán permaneció en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional durante tres días, hasta que pasó a disposición judicial y prestó declaración ante el magistrado José Castro. Tras el interrogatorio, que se alargó durante casi cuatro horas, fue puesto en libertad bajo fianza de 15.000 euros. No fue el PP, sino un amigo de Durán, perteneciente a otro partido de Mallorca, quien abonó la cantidad.

Rafael Durán es un político de carrera. Cuando el juez José Castro le preguntó por su profesión, contestó "concejal de Palma". Cuando le repreguntó sobre su oficio o formación académica, Duran agregó que tenía "estudios de Derecho" pero tuvo que aclarar que "no aprobó ninguna asignatura". En su ascenso por el PP hay un hecho singular: fue chófer personal de Jaume Matas cuando éste hacía campaña por los barrios y pueblos de las islas.

La renuncia se produce prácticamente en vísperas de que comparezca el lunes en el juzgado, también en calidad de imputado, Fernando Areal, ex gerente del PP de Baleares y cuñado de Jaume Matas. El caso Palma Arena acumula ya 32 imputados, de los cuales 12 son ex cargos del PP.

El Bloc, formación integrante del Gobierno balear, pidió que el Ejecutivo se persone en el caso Palma Arena para que, una vez concluido el proceso judicial, pueda reclamar el dinero "estafado a los ciudadanos". Por su lado, el presidente autonómico, Francesc Antich, reclamó prudencia ante la posibilidad de que en los próximos días pueda ser citado para declarar ante el juez su antecesor, el popular Jaume Matas. "En estos momentos, lo mejor es dejar trabajar a la justicia" y dejar que la gente a la que se atribuyen hechos delictivos pueda defenderse.

(www.elpais.com, 28/08/09)

60. ISLAS BALEARES. UNA AGENCIA BAJO SOSPECHA INGRESÓ 2,1 MILLONES EN CONTRATOS DEL GOBIERNO DE MATAS

"Yo no he dado ni un duro al PP", se quejaba el publicista Miguel Romero en una conversación telefónica intervenida por la policía en noviembre de 2008. Hace dos semanas, Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus e imputado en el caso Palma Arena, reconoció a los fiscales el pago de comisiones "en mano" al gerente del velódromo, Jorge Moisés, a cambio de la adjudicación de diversos contratos.

Los investigadores sospechan que estas dádivas podrían ser sólo la punta del iceberg de un complejo entramado diseñado para lograr una auténtica catarata de suculentas adjudicaciones de las entidades públicas, entonces en manos del PP.

Nimbus tuvo un vínculo estrecho con el entorno de Jaume Matas: cuatro antiguos jefes de prensa del PP trabajaron en diferentes épocas para la empresa, que además organizó un gabinete de comunicación alternativo para Matas cuando éste fue ministro de Medio Ambiente, entre 2000 y 2003. En el registro de su sede se hallaron indicios de que el tesorero del PP y cuñado del ex presidente, Fernando Areal, pagó a la agencia cerca de 80.000 euros en dinero negro por la campaña autonómica del partido en 2007. Romero lo admitió ante el juez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre 2004 y 2007, Nimbus ingresó unos 2,1 millones de euros procedentes de las arcas públicas. Su director creó dos sociedades paralelas, con los nombres de Iberpacific y Promarca, para aglutinar el máximo número de ofertas. Según declaró el publicista, los responsables del Palma Arena "conocían que estas tres empresas estaban estrechamente ligadas entre sí", lo que no impidió que otorgaran a Promarca la organización de cuatro viajes a Barcelona, Valencia, Berlín y Burdeos (26.800 euros en total) para visitar velódromos y negociar con posibles proveedores. Iberpacific, por su parte, se benefició de otro jugoso contrato para la construcción de una maqueta del complejo deportivo. Romero subcontrató este encargo a una empresa alicantina, a la que instó a "engordar las facturas". El precio final de la maqueta fue de 66.120 euros.

El flujo de dinero público desde las instituciones hacia la red empresarial de Romero fue constante. Se han recopilado 55 contratos concedidos a Nimbus por parte de la Vicepresidencia del Ejecutivo autónomo, entonces dirigida por la actual presidenta del PP balear, Rosa Estaràs. El montante total ascendió a 678.579 euros.

Por su parte, la Consejería de Deportes adjudicó a la agencia otros 15 contratos por 125.150 euros. Los fiscales consideran que "muchas de estas adjudicaciones nada tenían que ver con el objeto social de una empresa de comunicación", y cita como ejemplos "el traslado y acondicionamiento de una caseta o la compra de cascos y chalecos de obra". En enero de 2007, el Gobierno balear pagó a Nimbus 845.549 euros por la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo en Pista que se celebró en el Palma Arena.

(www.elpais.com, 28/08/09)

61. ISLAS BALEARES. EL PP APOYA A SUS IMPUTADOS DE PALMA

"El PP exige explicaciones. Mariano Rajoy ha anunciado que el PP exigirá explicaciones por el trato que han recibido los militantes del PP detenidos en Baleares". A la hora en que Rafael Durán dimitía como portavoz municipal del PP en Palma, la web oficial del partido mantenía en su portada esa frase, junto a la imagen de Rajoy como prueba del apoyo que la dirección nacional ha dado a los imputados en el escándalo del Palma Arena. Pese al respaldo del PP, el único imputado en activo abandonó su cargo.

PP

Pocas veces un partido se vuelca con tanta intensidad en defensa de unos imputados por corrupción. Tanto que su detención fue criticada por el PP esta semana en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso y ya se ha anunciado que sus diputados preguntarán en el primer Pleno a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La crítica a las detenciones ha sido el caballo de batalla política del PP durante el verano, sin que conste ninguna referencia o rechazo a los hechos delictivos que se les imputa. El PP se centró sólo en la imagen de Rafael Durán y José Luis Ballesteros, ex director general de Deportes de Baleares, esposados, tras ser detenidos.

Desde que se produjo la detención, el pasado 8 de agosto, el PP ha hecho público un comunicado de rechazo y han hecho declaraciones similares Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Ana Mato, Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Trillo y Esperanza Aguirre, entre otros. El comunicado de la dirección del PP lamentaba el trato "desproporcionado y discriminatorio" dado "de nuevo" a sus militantes y criticaba el uso "partidista y sectario de los aparatos del poder público contra los militantes y dirigentes del PP".

"En consecuencia, nada explica la detención en este momento, tras un año de instrucción, y la forma de realizarla, claramente desproporcionada como evidencian las fianzas posteriormente impuestas de 15.000 euros", aseguraba. , ningún dirigente nacional del PP quiso pronunciarse sobre la dimisión de Durán.

Fuentes del partido expresaron su temor a que de la investigación pueda concluirse en los próximos días la imputación del ex presidente balear Jaume Matas. Rajoy utilizó este caso para asegurar ante que "el Fiscal procede con saña contra militantes del PP" y se preguntó "quién es el responsable del lamentable espectáculo que hemos visto todos los españoles en las televisiones, escuchado en la radio y leído en los diferentes medios de comunicación escritos y para explicar los ceses que se van a producir".

Los dirigentes populares se han referido a este sumario como muestra de la persecución de la Fiscalía y la Policía contra su partido. Por ejemplo, el responsable de Justicia e Interior, Federico Trillo, sugirió que el caso había sido abierto por motivos políticos e incluyó en sus ataques al juez del caso, José Castro. "Ha decretado esa absolutamente desproporcionada e ilegal detención".

Este caso estará incluido de forma destacada en el informe que el PP hará público la próxima semana para intentar probar la supuesta persecución judicial.

(www.elpais.com, 28/08/09)

62. ISLAS BALEARES. LA CONSTRUCTORA DEL PALMA ARENA FACTURÓ 13,6 MILLONES DE EUROS DE FORMA IRREGULAR

La investigación del caso Palma Arena, que suma ya 32 imputados -12 de los cuales son ex cargos del PP de Jaume Matas-, ha certificado la existencia de un agujero de 13.595.467 millones en las cuentas del velódromo. La Unión Temporal de Empresas (UTE) constructora del recinto -formada por FCC y Melchor Mascaró- habría facturado este dinero "de forma irregular" a las arcas públicas, según reveló un análisis técnico que se incluye en el sumario y que fue encargado por el juez instructor.

"Yo facturaba a quien me decían los arquitectos, es decir, al consorcio", declaró el jefe de la UTE, Miguel Ángel Rodríguez, quien dejó constancia de que "ya en marzo de 2006 se comprobó que la ejecución de la obra en los términos pactados [un presupuesto de 48 millones de euros] no era viable". Varios imputados coinciden en señalar que la obra se llevó a cabo "con prisas" o "bajo presión" de las "altas instancias". En enero de 2007, con el edificio a medio hacer, Matas se fotografió pedaleando por la pista de pino siberiano. El sobrecoste millonario se liquidó el 22 de mayo de ese año, a cinco días de las elecciones autonómicas, cuando la junta rectora del Palma Arena -con la presencia de cuatro cargos del PP- dio el visto bueno a la certificación de obra por 79,9 millones. Un peritaje posterior, encargado por el nuevo equipo de Gobierno del socialista Francesc Antich, constató un precio final de 110 millones.

Entre los 13,5 millones cuya facturación nunca debió correr a cargo del erario público se detectaron irregularidades de toda clase. La suma más cuantiosa, de más de 1.317.000 euros, corresponde a "partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas", como la preparación de un aparcamiento para la obra o el tensado de la estructura de malla, al que se dedicó 1,1 millones.

En la contabilidad se hallaron "partidas ya incluidas en otras partidas", como los más de 217.000 euros que se gastaron en el alquiler, montaje y desmontaje de una serie de puntales. Se emitieron asimismo dos facturas de 17.000 y 21.000 euros por conceptos aparentemente similares: los portes de los asientos abatibles y el montaje de los asientos. "El proveedor divide la factura como cree conveniente", justificó el jefe de la UTE. También hubo incrementos de precio por valor de más de 420.000 euros, que se consideran "injustificados".

Por otro lado, se abonaron casi 1.229.000 euros en servicios "no imputables al consorcio". Actuaciones que, por contrato, deberían haber sido asumidas bien por la propia constructora, bien por el estudio de arquitectos García-Ruiz, que dirigió el proceso de construcción. Destacan en esta remesa los 712.000 euros para la pista de ciclismo cuando ésta ya había sido instalada, o los 129.803 que costó un servicio de guardia jurado cuyo precio fue "un 400% superior" al de mercado. Finalmente, el informe pericial considera que tanto los gastos de agua como de electricidad deberían haber corrido a cuenta de la constructora. Ésta cobró a la administración más de 62.000 euros en grupos electrógenos y limpieza.

(www.elpais.com, 29/08/09)