www.losgenoveses.net : La noticia del día 12.07.10

LA NOTICIA DEL DÍA

PARTIDO POPULAR DE LA C. VALENCIANA : UN PARTIDO DE JUZGADO DE GUARDIA

El PP de la Comunidad Valenciana, que dirige Francisco Camps, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La reciente imputación del presidente del PP de Alicante y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a los funcionarios ha terminado por convertir los problemas con la justicia en el elemento que unifica al PP de la Comunidad Valenciana.

Todo un quebradero de cabeza para el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que tiene a los principales dirigentes del partido en esta autonomía implicados en distintos sumarios judiciales por corrupción. Algunos de ellos tan adelantados, que es muy probable que el próximo otoño varios altos cargos del PP valenciano se sienten en el banquillo de los acusados en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.

La lista de notables con problemas judiciales la encabeza el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados -y valorados en varios miles de euros- de la trama corrupta Gürtel. Camps está imputado en la misma causa junto al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Todos ellos por haber recibido ropa regalada por Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market y representante de la trama corrupta en Valencia.

Una lista a la que, presumiblemente, se añadirán otros nombres de cargos aforados del entorno de Camps tras la decisión del magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, de inhibirse en la mayor parte de las cuestiones del caso Gürtel que afectan a la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de hasta siete delitos, incluida la financiación irregular y el delito electoral, en el auto de inhibición a favor del TSJ de Valencia, donde menciona los nombres del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; del vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra, y de la tesorera del partido, Yolanda García, entre otros.

La lista de imputados la completa el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, que lleva en esa situación desde diciembre de 2003 y que está a punto de sentarse en el banquillo como autor de varios supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Un Carlos Fabra que tiene entre su gente de confianza a otro imputado, el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, pendiente de que se fije la fecha para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación medioambiental por el que la fiscalía solicita siete años de prisión.

Este elevado número de altos cargos imputados en casos de corrupción, en un partido que gobierna con amplias mayorías absolutas las principales instituciones valencianas desde hace 15 años, es lo que ha llevado a Camps a convencerse de que existe "una causa general" contra el PP en la Comunidad Valenciana orquestada por el Gobierno socialista.

Sin embargo, las causas judiciales que han derivado en las distintas imputaciones a políticos del PP tienen su origen en hechos y momentos diferentes. La imputación de Fabra parte de una denuncia en 2003 del empresario Vicente Vilar, que era amigo personal del presidente del PP de Castellón. La detención de Ripoll tiene su origen en las grabaciones incautadas, tras las elecciones de 2007, a Ángel Fenoll, un empresario vinculado al PP y dedicado a la recogida y tratamiento de las basuras en la comarca de la Vega Baja.

Mientras que la imputación a Camps y a su círculo de confianza en el Gobierno valenciano y en la dirección regional parte de la abundante documentación incautada durante las pesquisas del caso Gürtel, que se inician a partir de la denuncia de un concejal popular de Madrid y que ponen al descubierto los numerosos negocios que realizó Orange Market y otras empresas de la trama, a partir de 2005, con la Generalitat y el PP valenciano.

(www.elpais.com, 12/07/10)

TRAS LA SENDA DE CARLOS FABRA

Lo único que comparten todos los casos en la Comunidad Valenciana es la doctrina Fabra. O dicho de otra manera, la negativa a asumir responsabilidades políticas hasta que exista una sentencia firme. En enero de 2007, el presidente de la Diputación de Castellón, que ya llevaba imputado tres años, marcó la línea que iba a seguir y que, al final, ha mantenido todo el PP de la comunidad, haciendo caso omiso del propio código ético del partido. El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación por prevaricación al hacer caso omiso a las denuncias de unos vecinos por el ruido procedente de una industria. Pese a que la condena procedía del Supremo, el PP de Castellón insistió en que no presentara la dimisión e incluso rechazó su renuncia.

No fue hasta 50 días después de que se hiciera pública la condena cuando Vilanova logró que el partido aceptara su renuncia, tras anunciar su firme intención de no repetir como candidato aun en el caso de que lograra el indulto. Con Carlos Fabra, presidente del PP provincial, como firme defensor de la "honradez" de Vilanova, los populares de Castellón marcaron la línea que, años después, sigue el PP valenciano. La imputación dejó de ser motivo de expulsión del partido y ni siquiera las sentencias eran causa de expediente aunque los fallos procedieran del Supremo. "La sentencia no es firme hasta el último estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo.

Tras esta polémica, el presidente de la Diputación de Castellón, imputado por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, se ha mantenido en su cargo, siempre apoyado por su partido. Meses después de la condena a Vilanova y tras el triunfo electoral de 2007, el presidente del PP de Castellón dijo sentirse "absuelto por el pueblo". Desde entonces, no han cesado las muestras de apoyo. En julio de 2008, cuando Fabra ya había sido objeto de una denuncia por fraude fiscal, el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, se refirió a él como un "ciudadano ejemplar". Un año después, cuando ya había estallado el caso Gürtel, Carlos Fabra insistió en el respaldo del PP nacional. "A Francisco Camps, Rajoy le ha dado su apoyo por activa y por pasiva y a mí también", declaró. "Yo no tenía que decirle a mi madre todos los días te quiero mucho más que ayer pero menos que mañana, porque mi madre sabía que la quería más que a nada en el mundo, y lo sabía sin que yo se lo dijera", añadió a modo de explicación. Y, claro, las palabras de ánimo, alivio y apoyo, recibieron en más de una ocasión la respuesta del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que pasó a ser un imputado más, ubicándose así en el mismo escalón que Fabra, a quien ha llegado a dirigirse alabando la "enorme suerte" que tiene tanto él como la provincia de Castellón de tener a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia.

(www.elpais.com, 12/07/10)

LA PAELLA POLÍTICO-JUDICIAL

"Es verdad que tú has ordenado detener al presidente de la Diputación de Alicante?", preguntó por teléfono alguien desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "No, eso no es verdad", contestó rápidamente el juez Carlos San Martín, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Orihuela. "Entonces, dilo. Explica que no es verdad y el gabinete de comunicación del TSJ se encargará de difundir la nota", dijeron al otro lado del auricular.

Fue así que, "a instancias" del juez San Martín, el TSJCV difundió no una sino dos notas tras la operación judicial de entrada y registro en el caso Brugal. Como quiera que hubo insinuaciones en varios medios de que detrás de esas dos notas estaba el presidente del TSJCV, a quien el president Francisco Camps considera "más que amigo", el propio Juan Luis de la Rúa, a través del ex conseller de Justicia valenciano y actual vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, solicitó a la comisión de comunicación, el pasado jueves, que se aclarase públicamente que las notas del TSJCV fueron emitidas "a instancias" del juez San Martín.

La realidad: era cierto que el juez San Martín no había ordenado detener a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. Pero esta respuesta era una verdad parcial, y por tanto, inveraz. Porque el juez había dictado el 1 de julio un auto, bajo el secreto de las actuaciones, en el que ordenaba varias entradas y registros. Y en ese auto, el magistrado señalaba que en caso de proceder la policía a practicar detenciones, "se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vaya a practicar la diligencia".

El juez, pues, autorizaba esa detención por una sencilla razón: las entradas y registros se realizan en presencia de las personas objeto de tal actuación judicial. Pero el juez, ante la pregunta del TSJCV, reaccionó con enfado. Y este enfado fue objeto del montaje que ya estaba en marcha por parte del PP desde horas antes de la operación, avisado como estaba por el ministro del Interior en un pretendido gesto de fair play. La conducta del juez, asimismo, estaba espoleada por su escrupuloso sentido del secreto sumarial, que había sido vulnerado por la policía que, contra las admoniciones previas del magistrado, hizo públicos los delitos que motivaban las entradas, registros y detenciones.

Pero esto no es todo. El juez San Martín tiene claro, según fuentes jurídicas, que se va a inhibir en esta causa, excepto en aquellos presuntos delitos que afectan al Ayuntamiento de Orihuela. Por tanto, tampoco tenía el magistrado interés en asumir un protagonismo excesivo como el derivado de la detención del presidente de la Diputación de Alicante, habida cuenta de que esta parte del sumario será instruida por otro juez próximamente.

Aunque es incontestable, pues, que el juez San Martín autorizó las detenciones en su auto del 1 de julio, el PP no ha abandonado su montaje. Tampoco lo hizo cuando a primeros de junio se confirmó que el Supremo no había adoptado ninguna resolución que supusiera un "giro copernicano" en el caso Gürtel, algo anunciado por Trillo y por el cual se sentaría presuntamente en el banquillo a dos fiscales Anticorrupción.

"La realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ninguna otra parte. Lo que sea que el partido afirme que es verdad, es la verdad. Si así fuere, al controlar las mentes de los seres humanos, el partido controla la verdad", escribe George Orwell en 1984. El PP controla, en cierto modo, la verdad cuando consigue que varios medios de comunicación titulen que el juez ha desautorizado a la fiscalía por no haber puesto una fianza el día en que el presidente de la Diputación de Alicante es imputado por cohecho, fraude y tráfico de influencias. Son meras formalidades ¡Toma castaña!.

(www.publico.es, 12/07/10)

COMUNITAT VALENCIANA: EL AGUJERO NEGRO DEL PP

"No se puede esperar mucho para tomar medidas. Si hay problemas o manzanas podridas habrá que quitarlas cuanto antes". Cuando el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, pronunciaba estas palabras el pasado octubre no supo calibrar el riesgo. Acababa de levantarse parcialmente el secreto del caso Gürtel. El PP valenciano, con Francisco Camps a la cabeza, estaba en el punto de mira. Y con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con varias causas judiciales pendientes con la justicia, Ripollpodía presumir de llevar las riendas de una provincia limpia de escándalos. Un oasis en la Comunitat Valenciana.

Pero nueve meses después de instar a su formación a deshacerse de las "manzanas podridas", su imputación esta semana por cinco delitos de corrupción han convertido Alicante en uno más de los dolores de cabeza de Mariano Rajoy. Ya no hay hueco en la región que no esté pendiente de las decisiones judiciales.

"En la Comunitat, estamos ante un escándalo global", dice un dirigente

"El mapa de la corrupción en la Comunitat abarca a toda la Comunitat", resume un dirigente conservador. Que completa: "Si en algún momento tuvimos la esperanza de que hubiese una parte más o menos limpia, ya nos hemos dado cuenta de que no. Estamos ante un problema conjunto. Algo inédito".

En la última semana, la necesidad de una regeneración en las filas del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha sido uno de los temas más presentes en las conversaciones de los integrantes de la formación conservadora. Una demanda que, no obstante, pocos confían que llegue a buen puerto. "Rajoy es de los que suelen dejar que las cosas se pudran, que se resuelvan por sí solas", señala un dirigente regional.

A continuación, se repasan las claves de una de las regiones que el PP cree "talismán" a la hora de aupar a Mariano Rajoy a la Moncloa.

1. La regeneración. ¿Es posible un nuevo PP?

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, está imputado por cohecho impropio y puede ser encausado por otros delitos, entre ellos prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal. Además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por 2,5 millones de euros en dinero negro y aceptó que la trama endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. La situación no es mejor en Castellón, donde Carlos Frabra, presidente de la Diputación, está imputado por cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública.

El mapa acaba por completarse en Alicante. Esta misma semana, el presidente de la Diputación ha sido imputado por cohecho, fraude , tráfico de influencias, actuaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos.

Ante este panorama, son cada vez más la voces que animan al líder del PP a "poner patas arriba" el PPCV. Ya sea a través de una gestora o de la convocatoria de un congreso extraordinario. En la dirección nacional del PP, de momento, rechazan estas opciones.

Uno de los principales problemas de Rajoy a la hora de poner orden en la Comunitat es el de que se le acuse de emplear una doble vara de medir. ¿Por qué si no hizo nada contra Fabra y después contra Camps debe actuar ahora contra Ripoll?, resume un diputado conservador. Quizá por ello, el argumentario de la dirección nacional del partido pasa por llamar a la prudencia hasta que hablen los tribunales.

"La regeneración del PPCV es tan importante como el comer", resume un veterano dirigente conservador, que, no obstante, se muestra convencido de que Rajoy "no va a hacer nada". Otro se muestra más optimista y asegura que, "aunque tarde, Rajoy no va a tener más remedio que llevar nuevos aires al PPCV". Quienes opinan en este sentido recalcan que el principal problema del presidente del PP no va a ser el de hacer un "relevo ordenado", sino el de arriesgarse a apostar por un nuevo equipo que no sea heredero de Camps, Fabra y Ripoll.

En este sentido, recuerdan que puede darse un escenario similar al del PP de Balears. Pese al objetivo de su recién elegido presidente, José Ramón Bauzá, de no mirar al pasado, su nueva ejecutiva arrancó con tres imputados en diferentes escándalos originados en la etapa de Jaume Matas. "Los recambios son muy difíciles. ¿Cómo te garantizas que cambiando las caras vas a conseguir un partido nuevo?", se pregunta un diputado.

Como telón de fondo de todo este escenario está, según coinciden varias fuentes en el PP, el "estilo Rajoy". A saber: "Dejar que los asuntos se pudran por sí solos, que sean los acontecimientos o los propios implicados los que pongan las cosas en su sitio".

2. El panorama. Generalitat paralizada

Otra de las preocupaciones más extendidas en el PP es la imagen de parálisis de la Generalitat Valenciana que se transmite al resto de España. "El presidente Camps y su equipo están convencidos de que este partido lo van a ganar. Pero es un error. Están dejando pasar el tiempo a ver si las piezas del puzle encajan por sí solas y han otorgado un segundo plano a los asuntos públicos. Pero se equivocan", considera un parlamentario.

Otro añade que la Comunitat Valenciana "tiene de los peores datos económicos de España, pero tanto lío interno ha hecho al president olvidarse de que está ahí para solucionar los problemas de los ciudadanos".

Paralelo a este debate surge el del hecho que el PP esté convencido de que en esta comunidad ganan de calle pase lo que pase.

No obstante, hay en el partido quien pone énfasis en el error del planteamiento anterior. "Puede ser cierto que estos escándalos afectan poco a la intención de voto, pero no quita que sea un problema muy grave puesto que los votos no son la razón de ser de los partidos políticos".

3. Territorio vedado. Rajoy evita Valencia

Pese a la resistencia del líder del PP a tomar medidas contra los dirigentes valencianos imputados en escándalos de corrupción, Rajoy lleva ya casi cuatro meses huyendo de una foto con Francisco Camps. Tampoco la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, ha pisado la región.

Frente a la Comunitat Valenciana, Rajoy ha optado por multiplicar sus apariciones en Castilla-La Mancha, Andalucía o Galicia, donde ayer acudió a la presentación de Telmo Martín como candidato de Pontevedra a las municipales sin hacer una sola mención al último caso de corrupción que ha salpicado a su partido en Alicante.

Al contrario de lo que ocurrió hace un año, en esta ocasión Rajoy ha preferido no celebrar en Valencia el aniversario del XVI congreso nacional del PP del año 2008 en el que resultó reelegido presidente de los conservadores. Una cita en la que el apoyo que le brindó Francisco Camps fue indispensable y que Rajoy supo agradecerle eligiendo Valencia como escenario de su reelección

Para muchos en el PP este es un panorama "insostenible" al que Rajoy tendrá que hacer frente. El problema es acertar cuándo.

"En julio parece que ya no va a ocurrir nada nuevo. Luego llegarán las vacaciones y a la vuelta, en septiembre, habrá que empezar a ver candidatos", resume un miembro del comité ejecutivo nacional del partido. "Los plazos está muy ajustados".

El pasado lunes, Rajoy respondió a estas presiones asegurando, ante la junta directiva nacional que no hay fecha concreta para la designación de candidatos a las autonómicas. "El problema es que en diciembre ya tendrá que haberse decidido porque por estas fechas ya debería estar escogido hasta el último candidato a alcalde del pueblo más remoto".

4. La conspiración. Unanimidad en el PP

Pese a que la opinión más extendida en el PP es que la situación en el feudo de Francisco Camps es insostenible, también existe unanimidad a la hora de apuntar a la existencia de una "conspiración" contra el partido dirigida desde el Ministerio del Interior.

"Huele mal que una semana antes del debate sobre el estado de la nación se detenga de una forma tan rara a un alto dirigente del partido", explica un dirigente próximo a Francisco Camps.

Mientras, en el entorno de Ripoll critican la "desmesura" de la actuación policial, algo que creen que ha quedado demostrado con las "acusaciones genéricas" que se han hecho contra él

En los dos últimos días, destacados dirigentes del PP se han lamentado de que desde el PSOE se exija a Rajoy contundencia cuando los socialistas tampoco han tomado ninguna medida contra Trinidad Rollán. La número dos de los socialistas madrileños ha sido imputada por un delito de prevaricación administrativa, por el que la fiscalía exige una pena de ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Aunque en el PP están convencidos de que existe una "elección temporal" de estas últimas detenciones, no son pocos los que sostienen que la formación está dando una imagen "lamentable" en la Comunitat Valenciana. "Sí, resulta quizá sospechoso que sea precisamente ahora cuando Ripoll es detenido. Pero no hay que olvidar que hay una imputación de un juez y que los jueces son independientes", destaca una diputada.

La misma fuente pone sobre la mesa la posibilidad de que el caso Brugal salpique a más miembros del PP. "Existen tres años de conversaciones telefónicas intervenidas. ¿Llegarán aquí los tentáculos de la Gürtel?", se pregunta.

(www.publico.es, 12/07/10)

VOLVER