Como
Jesús Gil inmortalizó el GIL; al igual que John
Fitzerald Kennedy pasó a la posteridad como JFK y
ahora Cristiano Ronaldo es CR9, la cada vez más
mitómana regidora popular de Marbella, Ángeles
Muñoz, quiere disponer de un acrónimo personal y
pasar a los anales de la historia como AM. Igual que
Ana Rosa Quintana tiene su revista con sus iniciales
AR, AM también tiene la suya en Marbella -no iba a
ser menos-, pero publicada con cargo al bolsillo
ciudadano. En una nueva exhibición de divismo, el
logo del nuevo boletín informativo de la primera
edil coincide con sus iniciales, aunque intenta
disimularlo con un textito casi diminuto en el que
apenas se lee “Avanza Marbella”
Pensará Muñoz que ella no va a ser menos que su
compañero Miguel Ángel Rodríguez, MAR,
y pensará también que el apodo TITI con
el que es conocida, no tiene el sello ni el
glamour de AM. Por ello se intuye que
quiere transmitir a todo el numeroso vecindario
su nuevo bautizo y que mejor idea que dar su
nombre a una publicación semanal municipal:
AM. Solo ha faltado que recordando a la
Pantoja -cada vez más “relacionada” con Marbella
y la corrupción- haber subtitulado la revista
con aquel famoso “Yo soy esa” que hizo
popular la tonadillera ex de Julián Muñoz.
“AM, Yo soy esa”, sería una completa
denominación para la revista.
Indignación política por los medios
públicos a su servicio
Pero hay quien no se toma tan en broma este
asunto en la oposición. IU de Marbella ha
mostrado su indignación por lo que considera el
último capítulo de la escalada propagandística
de la alcaldesa y su "utilización de los fondos
públicos y su cargo institucional con claros
fines personalistas y electorales. Recuerda IU
que tras la edición de diversas revistas
repletas de fotografías de la regidora y de su
reciente viaje a New York cargado de
controvertidas visitas promocionales, los
vecinos han asistido atónitos a la edición de
una revista generosamente editada a todo color
y que se ha buzoneado por todos los bloques de
vecinos con el título de ‘AM'. Una cabecera que
coincide con las iniciales de Ángeles Muñoz. Por
supuesto, igual que ocurre con el resto de
medios públicos municipales, está cerrada a la
participación de la oposición en un atentado al
pluralismo informativo y la libertad de
expresión.
Abanicos y calendarios con su firma y
cara
Hay numerosos antecedentes del dispendio
público para promocionar la imagen de la
alcaldesa y del culto que profesa a su imagen.
En la feria de Marbella se pagaron con dinero
del Ayuntamiento abanicos con la firma de la
alcaldesa, en año nuevo se repartieron
calendarios con su imagen y ahora una revista
con sus iniciales. La oposición reitera que todo
ello supone “una práctica de manipulación y
deslealtad en la comunicación institucional que
se costea con opacidad y a costa de los fondos
públicos, más propia del divismo de alguien del
espectáculo que de una personalidad
institucional".
Paralelismo con Jesús Gil
Con estas actitudes Muñoz confirma sus
paralelismos con el desaparecido Jesús Gil, que
denominó a su partido con las letras que
componen su apellido, el GIL. Ahora la alcaldesa
del PP se hace una revista a su medida y le pone
hasta sus iniciales por título
Media melena Imitando burdamente a la revista de Ana
Rosa Quintana, la alcaldesa en "su" publicación
también cuida en exceso las numerosas
fotografías donde ella aparece, trufadas de
noticias que hablan de su gestión municipal y la
del equipo de gobierno del PP. Hay similitud
hasta en el hecho de que ambas lucen media
melena y comparten la costumbre de copar minutos
en televisión (la alcaldesa en la local, Ana
Rosa en Telecinco) y espacio en sus revistas.
Solo el PP Se cuida tanto la imagen de la regidora
que sus editores hacen uso, quizás en exceso,
del Photoshop. En ninguna de las casi 40 páginas
en las que se amplifican y se enaltecen actos,
inauguraciones y gestiones municipales, se
explica que son obras y proyectos subvencionados
o realizados por la Junta de Andalucía o el
Gobierno central. Ante esto el secretario local
del PSOE y próximo candidato a la alcaldía, José
Bernal, ha replicado expresando que al menos
Muñoz «debería tener un mínimo de lealtad
institucional».
La alcaldesa
cambia las lindes de Marbella y convierte suelos de sus
familiares en urbanizables
Un nuevo escándalo urbanístico tiene
como epicentro a Marbella y no precisamente a un ex alcalde
del GIL. Las sombras planean ahora sobre la gestión de la
actual regidora, María Angeles Muñoz (PP), que ha cambiado
las lindes del municipio limítrofes con la localidad vecina
de Benahavís. En la zona, su familia tiene intereses
inmobiliarios que resultan claramente beneficiados al pasar
a ser urbanizables.
Todo ello, a
pesar de que el secretario municipal marbellí hizo constar que Muñoz es
«parte interesada».
Como socios
únicos de las sociedades españolas de los Broberg, propietarias de los
terrenos afectados, aparecen sociedades extranjeras, radicadas en paraísos
fiscales, según diversas fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO.
Vega del
Colorado S.A., constituida en octubre de 1990 y cuyo objeto social es la
«adquisición y desarrollo de una finca en Benahavís», tiene como
administrador único al marido de Muñoz, Lars Broberg y como apoderado a su
cuñado, Jim Broberg. El 25 de mayo de 2007 se inscribió como socio único de
Vega del Colorado la empresa extranjera Neknes Limited.
La otra
sociedad española, Los Naranjos Park S. L., tiene como administrador único a
Jim Broberg y como socio a la mercantil británica Knightsbridge Holdings
Overseas Homes Limited. El abogado Juan Luis Balmaseda, ex teniente de
alcalde del GIL en Marbella de 1991 a 1995, figura como apoderado solidario
de Los Naranjos Park y es socio de los Broberg, tal y como ellos mismos
publican en su página web.
Las
conexiones con Balmaseda se repiten al consultar la nota simple, del
Registro de la Propiedad, en la que figura la espectacular mansión donde la
regidora marbellí reside con su cónyuge. Y es que el inmueble, de 2.700
metros cuadrados de superficie, figura inscrito a nombre de Crasel
Panorámica S.L., cuyo administrador único es Balmaseda. A su vez, la empresa
extranjera Crasel Limited figura como socio único de Crasel Panorámica. La
más absoluta opacidad rodea a las sociedades interpuestas que figuran como
socios, o accionistas, de las empresas de los Broberg y Balmaseda.
La revista
Interviú publicó en diciembre de 2002 las vinculaciones de Balmaseda con
sociedades off shore en Gibraltar, así como que la delegación marbellí de
Balms Abogados, nombre comercial de la firma, había montado 130 sociedades
inmobiliarias en la calle Generalife de Aloha Pueblo, sede del despacho
marbellí.
Balms
Abogados, que tiene su sede central en Madrid, se dedica, entre otras cosas,
a colocar dinero procedente de Gibraltar en la Costa del Sol. Balmaseda está
asociado con el bufete gibraltareño Núñez & Co., que es su socio en el Peñón
y que también se anuncia en la página web de Balms.
El conocido
como caso deslindes, bautizado así por el PSOE de Marbella, arranca el 15 de
diciembre de 2008, cuando la alcaldesa, motu proprio, se reune con el
alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, también del PP, y acuerda iniciar
un expediente de deslinde.Tres días después, la alcaldesa lleva
personalmente a Pleno, como asunto urgente, el expediente de inicio de
deslinde. El acta de dicha sesión plenaria refleja que Muñoz se abstuvo en
la votación por ser «parte interesada», aspecto que no ha sido conocido
hasta hace varios días, porque la regidora nunca explicó los motivos por los
que se abstuvo, al contrario que el resto de ediles del PP.
Sin embargo,
acto seguido, en dicha acta se refleja un acuerdo en el que ella misma
figura al frente de una comisión municipal encargada de verificar los
deslindes, junto a otros ediles del equipo de gobierno.
El pasado
lunes, la portavoz municipal del PSOE, Susana Radío, anunció que su
formación impugna dicho expediente de deslinde y pedirá su anulación. Fue
más lejos porque acusó a la regidora de «favorecer presuntamente intereses
de empresas de su familia», en perjuicio de los intereses generales del
municipio, que pierde suelo.
Mientras, la
primera autoridad marbellí no ha participado en una sola comparecencia
pública en los últimos seis días, ni ha asistido a la Feria Internacional de
Turismo (Fitur). Una portavoz oficial del Consistorio dijo desconocer dónde
se encuentra. Desde el equipo de gobierno del PP la primera teniente de
alcalde, Francisca Caracuel, tacha de «falsas» las acusaciones del PSOE
sobre presunto beneficio de intereses personales.
El segundo
teniente de alcalde, Félix Romero, insiste en que «esos suelos»-los de la
familia de la alcaldesa y su casa- «no están afectados por los deslindes
porque siguen estando en Benahavís».
Los planos
consultados por este diario indican lo contrario de lo dicho por Romero.
Además, si los hechos son como el edil popular sostiene cabría preguntarse
por qué la alcaldesa se declara «parte interesada» para no votar en el
Pleno.
EL JUEZ OBLIGARÁ AL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
A ENTREGAR LOS CONTRATOS
CON EL EDIL DEL PP
El juzgado de lo
Contencioso
Administrativo número 3
de Málaga investigará la
adjudicación de dos
contratos de suministro
de materiales de
construcción a la
empresa del concejal
Antonio Espada, miembro
del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de
Marbella, gobernado por
el PP. En una
providencia, fechada el
16 de octubre, el juez
Carlos Javier Castillo
reclama al Consistorio
los expedientes de
contratación y les
informa de los plazos
para personarse en el
procedimiento.
El juzgado ha admitido a
trámite los dos recursos
interpuestos por el
grupo municipal
socialista, en la
oposición, pero todavía
tiene que estudiar la
suspensión cautelar de
los contratos. El
suministro fue
adjudicado en dos juntas
de gobierno local
celebradas el 3 de junio
y el 12 de agosto de
2008. Por estos
servicios, la empresa
Materiales de
Construcción La Juanita
S.L., propiedad al 50%
del edil Espada,
responsable del área de
Medio Ambiente,
percibirá 230.000
euros.
En sus recursos, los
socialistas argumentaron
que los contratos de
suministro de materiales
de construcción y
fundición eran "nulos de
pleno derecho" porque
incumplían la Ley de
Contratos del Sector
Público, que recoge que
una administración local
no puede contratar con
cargos electos que
posean más del 10% de
las acciones de la
empresa con la que se
contrata. "El proceso de
adjudicación vulnera la
ley y es manifiestamente
incompatible", asegura
Susana Radío, portavoz
del PSOE marbellí.
El PSOE marbellí también
solicitó información
sobre los expedientes de
contratación a La
Juanita S.L., ya que no
han podido obtener esta
información por vía
oficial. "Los tribunales
obligan al Ayuntamiento
a facilitar unos
expedientes que teníamos
derecho a conocer, como
miembros de la
oposición, pero que el
Partido Popular ha
ocultado hasta el
momento", explica Radío.
"Estamos convencidos de
que la justicia
confirmará nuestra
denuncia de que ha
existido
incompatibilidad por
parte de este concejal y
supuesto trato de
favor", añade.
La alcaldesa Ángeles
Muñoz defiende que las
contrataciones se han
hecho conforme a la ley.
Aun así, el consistorio
ha pedido públicamente a
la empresa La Juanita,
SL, que no vuelva a
presentarse a más
concursos públicos.
También solicitó al
interventor municipal
que actualizara el
informe sobre
compatibilidad para
contratar de cargos
electos y familiares
utilizado en la
adjudicación a Espada.
Antonio Espada no ve
incompatibilidad alguna
en la adjudicación de
este contrato. "Dejé de
ser administrador de la
empresa antes de ocupar
mi puesto como concejal
el año pasado. Sigo
siendo accionista, pero
ya no estoy al tanto del
día a día, y tampoco he
intervenido en la mesa
de contratación",
declaró Espada cuando la
adjudicación saltó a la
luz.
MARBELLA NIEGA HABER
ALTERADO EL INFORME DE
LA ADJUDICACIÓN
La alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz
(PP), niega que el
Ayuntamiento de la
localidad malagueña haya
alterado un informe del
secretario y el
viceinterventor
municipal para dar
validez jurídica a la
adjudicación de dos
contratos de suministro
de material de obra a
una empresa propiedad
del concejal de Medio
Ambiente, Antonio
Espada. EL PAÍS publicó
el pasado viernes una
información titulada
"Marbella altera un
informe para justificar
los contratos a su edil"
con pase a otra pieza
informativa titulada "El
consistorio ignora la
nueva ley para respaldar
los contratos de su
edil". En el artículo se
contaba que el informe
avalaba la
compatibilidad de los
ediles para contratar
con el Ayuntamiento si
no ejercían como
"Administrador o
Apoderado".
Precisamente, Espada es
apoderado de Materiales
de Construcción La
Juanita SL. El
secretario y el
viceinterventor, tras
recibir de este
periódico aviso de esta
circunstancia que
impedía a Espada
contratar, añadieron al
informe una diligencia a
pie de página para hacer
constar que la inclusión
del término apoderado se
debió a "un error", y
que la incompatibilidad
sólo afecta a los
administradores de las
empresas, condición a la
que renunció Espada al
entrar como edil.
En una carta remitida a
este periódico el mismo
viernes, la regidora
marbellí afirma que la
"inclusión [del término
apoderado] en el citado
informe se debió a un
simple error material,
que como tal únicamente
precisaba ser subsanado.
Por tanto, no ha
existido ninguna
alteración o
falseamiento, como
tendenciosamente expresa
el titular".
MARBELLA ALTERA UN
INFORME PARA JUSTIFICAR
LOS CONTRATOS A SU EDIL
El Ayuntamiento de
Marbella (Málaga)
intentó ayer zanjar la
polémica sobre la
adjudicación de dos
contratos valorados en
230.000 euros a la
empresa de su edil de
Medio Ambiente, Antonio
Espada, con dos medidas
contradictorias. Por un
lado presentó un informe
del secretario y el
viceinterventor
municipal que avala la
supuesta compatibilidad
del edil para contratar
con el Consistorio. Por
otro lado, "invitó" a la
empresa Materiales de
Construcción La Juanita
SL, propiedad al 50% de
Espada, a que no vuelva
a presentarse a los
concursos municipales,
pese a asegurar que no
existen reparos legales
para ello.
El Ayuntamiento ha
tardado tres días en
admitir, si bien
implícitamente, la
controversia de las
adjudicaciones. Fue la
primera teniente de
alcalde, María Francisca
Caracuel, quien
compareció de urgencia
para esgrimir un nuevo
informe que "ratifica la
legalidad" de las
adjudicaciones de los
contratos a la empresa
La Juanita. El
documento, sin embargo,
dice lo contrario: "No
podemos considerar
incompatible al concejal
que con independencia de
la participación que
ostente en una empresa,
no detente cargo de
administrador o
apoderado". Al recordar
este periódico al
Consistorio que Espada
es "apoderado", un
portavoz aseguró que
este término se incluyó
"por error" y se
corregirá el informe.El
nuevo informe del
Ayuntamiento de
Marbella, gobernado por
la popular Ángeles
Muñoz, para respaldar la
adjudicación de los dos
contratos de suministro
de materiales de
construcción a la
empresa del concejal
Antonio Espada viene
firmado por el
secretario y el
viceinterventor
municipal, y amplía otro
dictamen del 13 de junio
de 2007 que no tenía en
cuenta la Ley de
Contratos del Sector
Público, ya que ésta no
entró en vigor hasta el
pasado 30 de abril.
En esta ocasión, los dos
habilitados nacionales
se limitan a citar
textualmente el artículo
49 de la nueva
normativa, sobre la
prohibición de contratar
de los cargos electos de
la administración, y
sostienen que este
epígrafe es "similar" al
artículo 20 de la
derogada Ley de
Contratos de las
Administraciones
Públicas. Sin embargo,
entre ambos artículos
hay, al menos, una
diferencia que los
habilitados obvian.
La nueva normativa
prohíbe contratar con el
sector público a "las
personas jurídicas
(empresas) en cuyo
capital participen, en
los términos y cuantías
establecidos por la
legislación, el personal
y los altos cargos de
cualquier administración
pública, así como los
cargos electos". El
artículo 20 de la ley
derogada no hacía
referencia alguna a la
participación
accionarial de los
concejales en las
empresas contratistas.
En el documento, la
intervención cita además
cinco casos en los que
"diversos órganos de
asesoramiento y consulta
se han pronunciado sobre
esta materia". Todos
ellos son anteriores al
30 de abril, fecha de
entrada en vigor de la
nueva normativa.
Este periódico ha tenido
acceso a un informe del
Consejo Jurídico
Consultivo de la
Comunidad Valenciana que
sí encuentra
incompatible que un
concejal del
Ayuntamiento de Santa
Pola propietario del 20%
de las acciones de una
empresa consiga un
contrato municipal como
los que había logrado
antes de ser edil, un
caso muy similar al de
Espada. "En la nueva
ordenación existe una
prohibición de contratar
con la corporación local
de aquellas sociedades
en las que participe un
concejal en cuantía
superior a un 10% y por
lo tanto existe
incompatibilidad del
concejal o prohibición
de contratar para la
empresa al ser dicho
concejal propietario de
más del 20% de sus
acciones", recoge el
dictamen, publicado el
22 de noviembre de 2007
y que tiene en cuenta la
nueva legislación a
pesar de que aún no
había entrado en vigor.
El órgano consultivo de
la Administración
valenciana (equivalente
al Consejo Consultivo
andaluz o al Consejo de
Estado a escala
nacional) emitió su
resolución a petición
del alcalde de Santa
Pola. El Consejo estima
que la nueva ley llena
el vacío legal que
originó la derogación en
1995 del artículo 5 del
Reglamento de
Contratación del las
Corporaciones locales de
1953, la única norma que
regulaba las
incompatibilidades para
los miembros de
ayuntamientos de forma
explícita.
El dictamen generó un
intenso debate hasta el
punto que uno de los
consejeros emitió un
voto particular en el
que concluía: "No es
necesario esperar a la
total aplicabilidad de
la Ley de Contratos de
2007 para apreciar la
incompatibilidad
cuestionada", dijo.
"Cabe concluir la
incompatibilidad en todo
momento histórico, desde
1953, al menos, hasta
hoy, del concejal que
ostenta más del 10% de
las participaciones en
empresas o sociedades
que pretendan ser
contratistas,
arrendatarias, etc, con
el Ayuntamiento al que
el concejal pertenece",
añadió. Espada sigue
siendo apoderado y
mantiene el 50% de las
acciones de La Juanita
SL.
Marbella adjudica a un
concejal un contrato
municipal de 190.000
euros
El edil de Medio
Ambiente posee el 50% de
la empresa que ganó el
concurso
El Ayuntamiento
de Marbella ha
adjudicado un
contrato de
compra de
materiales de
construcción
valorado en
190.000 euros a
la empresa
Materiales de
Construcción La
Juanita, SL,
propiedad al 50%
del concejal
Antonio Espada,
miembro del
equipo de
gobierno del PP
y encargado del
área de Medio
Ambiente. La
contratación se
aprobó el pasado
3 de junio en
una junta de
gobierno local
presidida por la
alcaldesa
Ángeles Muñoz.
En ella se dio
lectura a un
informe técnico
que proponía la
adjudicación del
suministro a la
empresa del
concejal por ser
la oferta "más
ventajosa para
llevar a cabo la
ejecución del
contrato".
"Mi
socio
no
tiene
la
culpa
de
que
yo
me
haya
dedicado
a la
política"
Antes de la
aprobación, la
alcaldesa
preguntó si se
planteaba
"alguna cuestión
legal"
relacionada con
la propuesta de
adjudicación. El
edil Félix
Romero, portavoz
del equipo de
gobierno,
aseguró que
"ninguna". Éste
presentó un
informe del vice
interventor
fechado el 13 de
junio de 2007
"relativo a la
incompatibilidad
de cargos
electos y
familiares" y
finalmente se
aprobó por
unanimidad. La
suma, destinada
a la compra de
materiales para
mantenimiento y
pequeñas obras,
se cargará al
presupuesto de
este año.
El edil de Medio
Ambiente Antonio
Espada no ve
incompatibilidad
alguna en la
adjudicación de
este contrato.
"Dejé de ser
administrador de
la empresa antes
de ocupar mi
puesto como
concejal el año
pasado. Sigo
siendo
accionista, pero
ya no estoy al
tanto del día a
día, y tampoco
he intervenido
en la mesa de
contratación",
dijo ayer
Espada. "Mi
socio no tiene
la culpa de que
yo me haya
dedicado a la
política y no le
van a castigar
por ello",
añadió.
Su empresa,
constituida en
1997, ha
suministrado en
otras ocasiones
al Ayuntamiento
marbellí. Según
Espada, todavía
le debe dinero
de facturas de
la época en la
que gobernaba el
Grupo
Independiente
Liberal (GIL).
Desde la
creación de
Materiales de
Construcción La
Juanita S.L., en
1997, Espada ha
sido su
secretario,
administrador y
apoderado, cargo
que ocupa desde
el 7 de junio de
2007.
El edil, con
dedicación
exclusiva,
asegura que
comentó su
"situación" en
el Ayuntamiento
antes de asumir
su acta de
concejal y que
nadie vio
impedimentos.
"Si fuera
ilegal, el
secretario o el
interventor
habrían dicho
que no procedía
adjudicar el
contrato", dijo.
El Ayuntamiento
sacó la
contratación del
suministro de
material de
construcción a
concurso
público. Además
de la empresa
Materiales de
Construcción La
Juanita
concurrió al
contrato la
sociedad
Materiales de
Construcción
José Rosa. Las
dos ofertas
fueron sometidas
a criterios de
evaluación, como
la cuantía de la
oferta económica
o el plazo de
entrega. La
empresa de la
que es socio el
edil del PP
obtuvo 76 puntos
frente a los
73,96 de su
contrincante
porque hizo un
presupuesto
6.000 euros más
barato. Ofreció
174.000 (190.000
con el IVA)
frente a los
180.000 de
Materiales de
Construcción
José Rosa.
La junta de
gobierno local
le dio el visto
bueno a la
adjudicación
después de
analizar estos
criterios de
valoración y de
oír el parecer
del jefe adjunto
del servicio
técnico
municipal de
obras Angel Maté
Mateos, al que
la mesa de
contratación
encargó un
informe. En la
junta de
gobierno también
designaron al
técnico
coordinador del
suministro y
representante
del Consistorio
en la
adjudicación.
No es la primera
vez que la
empresa
Materiales de
Construcción La
Juanita, salta a
los periódicos.
Su sede, una
nave situada al
norte de la
ciudad, es una
de las
construcciones
ilegales de
ciudad pendiente
de una orden de
derribo. La
empresa recibió
esta noticia
cuando gobernaba
en Marbella la
Comisión
Gestora, aunque
el responsable
de Urbanismo,
Rafael Duarte
(PSOE) consiguió
que se
paralizara la
demolición hasta
la aprobación
del Plan General
de Ordenación
Urbana de la
ciudad.
ANTE LA CRISIS, EL LÍDER DEL PP SE VA DE VACACIONES A
SUECIA
En plena crisis del sector turístico, uno de los más
importantes de nuestro país, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha
decidido desplazarse en vacaciones, y lo ha hecho bien lejos del país: el
presidente del PP ha empleado el verano en navegar por las costas de Suecia
acompañado del líder de los populares andaluces, Javier Arenas, y de la
alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su esposo. Como en otras ocasiones,
su familia no le ha acompañado.
Parece que Mariano Rajoy no contribuirá este verano a
levantar el sector turístico español: el líder de la oposición ha pasado sus
vacaciones en Suecia, haciendo caso omiso también de las posturas de
austeridad que han adoptado otros líderes políticos. El propio presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, descansó en el entorno del
Parque de Doñana, dentro de nuestras fronteras. A nivel internacional, el
dirigente británico conservador David Cameron, por ejemplo, no se atrevió a
sobrepasar las costas de su país, como muestra de esa austeridad contra la
crisis que afecta a toda Europa.
No así Rajoy, quien se embarcó el pasado 14 de agosto en el yate Angie Palma
de Mallorca, propiedad de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y de su
esposo. Éste, Lars Broberg, ejerció de anfitrión en su país natal, Suecia,
donde Rajoy y Arenas hicieron gala de su buena sintonía. Así lo ha publicado
el periodista y columnista de Diario de Mallorca y de El Confidencial Matías
Vallés, precisamente en el digital dirigido por Jesús Cacho. Según su
artículo, antes de incluir los paseos en yate en sus vacaciones, Rajoy solía
veranear en lujosos hoteles de Mallorca. Paradójicamente, dada la intensidad
con la que su partido defiende los valores de la familia tradicional, lo
hace lejos de los suyos. Allí se trasladó en solitario a principios de
julio, unos días antes del congreso del PP catalán, aprovechando que había
sido invitado a una boda.
Sin embargo, tampoco es la primera vez que Rajoy se embarca para descansar
en vacaciones: antes de ser elegido como sucesor de Aznar, el actual líder
de la oposición descansaba en Menorca a bordo de un yate hotelero de Barceló
en compañía del valenciano Jaume Matas.
Parece que incluso en tiempos de crisis hay quienes no sienten sus efectos.
Apretarse el cinturón e impulsar la industria del turismo nacional debe ser,
en vista de la actuación de Rajoy, tarea de otros, no de quienes aspiran a
gobernar el país.
(www.elplural.com, 27/08/2008)
Aifos realizó
regalos por más de 60.000 euros a políticos, jueces y
notarios de Andalucía
La
promotora inmobiliaria Aifos, una de las principales
empresas constructoras implicadas en el caso
Malaya, realizó en la navidad de 2004 regalos
valorados en más de 60.000 euros a políticos,
jueces, notarios y periodistas de los municipios
andaluces en los que tiene intereses urbanísticos.
Entre los obsequios figuran bolsos de la marca Loewe
de 630 euros, jamones de pata negra de 200 euros y
estancias para dos personas con derecho a spa
y masajes en el hotel de cinco estrellas Guadalpín,
en Marbella. La Policía cree que, con estos regalos,
Aifos buscaba "comprar la adhesión" de sus
destinatarios.
Un
informe policial de 205 páginas recogido en el
sumario del caso Malaya contra la corrupción
en Marbella detalla las dádivas de la empresa
malagueña a alcaldes, concejales de Urbanismo,
arquitectos municipales, jueces, empleados de banca
y otros beneficiarios, que los agentes del grupo de
blanqueo de capitales consideran "acciones de
creación de condiciones favorables" emprendidas por
el Grupo Aifos en los municipios en los que tienen
intereses urbanísticos. Esta empresa, una de las más
pujantes de la provincia de Málaga, obtuvo en el año
2006 unos beneficios de 288 millones de euros antes
de impuestos.
Según
los agentes, "Aifos viene desarrollando de forma
habitual una serie de prácticas que pudieran afectar
a la probidad exigible de las autoridades,
funcionarios y empleados públicos a las que se
dirigen". Estas prácticas se extienden a empleados
de empresas privadas de toda la Costa del Sol, lo
que, afirman los policías, es "moralmente
reprobable", pero no constituye una actividad
delictiva. El listado de regalos no indica si el
destinatario aceptó el obsequio o lo acabó
devolviendo al remitente. Los bolsos, cámaras de
fotos y cestas con alimentos entregadas en la
navidad de 2004 se complementan con invitaciones a
corridas de toros en la feria de Málaga, así como a
consumiciones, en algunos casos por valor de 300
euros en las casetas de la empresa en las ferias de
Málaga y Sevilla.
Cestas
de 300 euros
El
informe indica que los regalos de Aifos "se dirigen
especialmente hacia los entes locales donde la
empresa lleva a cabo sus promociones inmobiliarias y
negocios hoteleros". En esta lista de entrega de
objetos de valor económico destaca Marbella. La
principal beneficiaria fue la ex alcaldesa e
imputada por el caso Malaya, Marisol Yagüe, a
quien se obsequió con un bolso de Loewe de 630 euros
en atención a su categoría de VIP para Aifos. La
misma dádiva se entregó a la ex primera teniente de
alcalde Isabel García Marcos. El otro elemento
considerado VIP del Ayuntamiento de Marbella, el ex
asesor urbanístico Juan Antonio Roca, recibió una
cesta de navidad con champán francés Moët y
embutidos ibéricos valorada en 300 euros.
El
resto de los obsequiados de la corporación que
gobernó Marbella hasta la disolución del
Ayuntamiento en abril de 2006 recibió regalos de
menor cuantía pero también lujosos. Aifos
clasificaba a las personas a las que le interesaba
obsequiar en función de su importancia. Los que se
encontraban en escalones bajos del poder tenían una
estrella, los cuadros intermedios, dos estrellas,
las personas más cercanas a los dirigentes, tres
estrellas, y las personalidades más destacadas para
Aifos recibían la consideración de VIP. Así, Raquel
Escobar, ex jefa de la asesoría jurídica del área de
Urbanismo de Marbella, con tres estrellas, recibió
una maleta con ruedas de marca Tous, valorada en 239
euros, y Lucía Pérez, ex secretaria de Marisol
Yagüe, con dos estrellas, fue agraciada con un bolso
y un monedero de 72 euros. Sólo tenía dos estrellas.
Sin
embargo, los regalos de Aifos no se circunscribían a
la corrupta corporación marbellí, sino que se
extendían por todos los municipios de la Costa del
Sol y de Andalucía en los que la empresa trabajaba.
Los agentes de Blanqueo señalan al juez instructor
del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, que "en los
archivos de Aifos incautados aparecen como
destinatarios de las atenciones funcionarios,
empleados públicos y otras personas vinculadas a
algunas de las restantes administraciones públicas
no municipales.
El
principal beneficiario de los regalos de Aifos fue,
según la lista que maneja la Policía, Miguel Ángel
Plaza, arquitecto municipal de Rincón de la Victoria
(Málaga), una de las localidades en la que la
empresa tiene más urbanizaciones y en la que el
dueño de la compañía, Jesús Ruiz Casado,
comercializó viviendas sobre plano a pesar de no
contar con la obligatoria licencia de obras. Esta
actuación, anterior al caso Malaya, le costó
a Ruiz Casado y a su esposa, María Teresa Maldonado,
una imputación judicial por estafa.
Otro
municipio en el que Aifos dio muestras de
generosidad fue Mijas (Málaga). Allí, la arquitecta
jefe, Ana Mesa, recibió un jamón ibérico de 200
euros y una invitación VIP para dos personas en el
Hotel Guadalpín. Esta técnico municipal figura, al
igual que el aparejador Antonio Rojas, en el listado
de reparto de jamones del año 2003. En una agenda
incautada en la sede de Aifos había una anotación
sobre un regalo al alcalde de Mijas, Agustín Moreno
(PSOE), fechada en marzo de 2005.
En
Estepona, municipio limítrofe con Marbella, al igual
que Mijas, el alcalde Antonio Barrientos (PSOE), fue
destinatario de una caja con champán Moët y
embutidos ibéricos por valor de 300 euros y de una
invitación VIP para Guadalpín con circuito de
hidroterapia y masaje antiestrés. "La invitación
tenía forma de toalla, y la tiré directamente",
asegura Barrientos. Respecto a la cesta, el regidor,
afirmó que en navidades suele recibir "bastantes" y
que no se fijó en quién la mandó ni en su valor.
Otra
política que devolvió "inmediatamente" el bolso de
Loewe de 630 euros fue la actual viceconsejera de
Turismo de la Junta de Andalucía, Ana Gómez: "Nunca
admito regalos y todo lo que pasa de un cierto valor
lo devuelvo".
Notarios
y registradores
Una de
las listas de Aifos lleva la palabra "Jurídicos"
como encabezamiento. En ella, aparecen notarios,
oficiales de notaría, registradores de la propiedad
de Málaga, Mijas, Almería, Roquetas de Mar
(Almería), Madrid, Linares (Jaén) o La Carolina
(Jaén), a los que se ofrece trato de tres estrellas
en el Hotel Guadalpín. En esta lista figura, entre
otras personalidades jurídicas, el presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Joaquín García y
Bernaldo de Quirós, que fue el que cambió la
doctrina jurídica y permitió paralizar cautelarmente
obras ilegales en Marbella. Tres fuentes jurídicas
distintas aseguran que el magistrado "nunca" aceptó
la invitación. El propio Bernaldo de Quirós pidió
ayer que se compruebe este extremo y criticó que la
Policía haya enviado un informe sobre supuestos
cohechos sin comprobar si los destinatarios de los
regalos los aceptaron o los rechazaron.
Otra
forma de agasajo era invitar a políticos,
personalidades y periodistas a corridas de toros y a
las casetas de Aifos en las ferias de Málaga y
Sevilla, una práctica muy común entre las empresas
andaluzas. Fuentes de Aifos aseguraron ayer que con
estas invitaciones y regalos "no se busca comprar a
nadie y que son para personas con las que se trata
con frecuencia y existe una relación de cercanía o
amistad".www.elpais.es 12.07.07
Magistrados, notarios,
funcionarios y ediles recibieron regalos de la promotora Aifos
Jueces,
notarios, registradores, abogados, ediles y funcionarios
municipales de las provincias de Málaga, Almería, Jaén,
Granada, Alicante y Madrid figuran entre los destinatarios
de los regalos efectuados por la promotora Aifos, cuyos
directivos están imputados en el caso Malaya.
Según un informe
policial recogido en la parte del sumario sobre la que el
juez instructor ha levantado el secreto, en los archivos
informáticos incautados en las instalaciones de Aifos figura
una relación de las autoridades a las que ofreció dádivas,
bien de tipo material o de disfrute de servicios de
alojamiento, salud y belleza.
En varias hojas
aparecen registrados regalos para las Navidades del
2004/2005, en los que figura una amplia lista de personas
vinculadas al Ayuntamiento de Marbella, directivos de
entidades privadas, ediles de otros ayuntamientos malagueños
y funcionarios vinculados al ámbito judicial de varias
provincias.
La relación
contiene una docena de notarios, cuatro de ellos de Málaga,
dos de Almería, dos de Madrid, dos de Linares (Jaén), uno de
Granada y otro de Alicante. También figuran magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la
Audiencia Provincial de Málaga, dos abogados del Estado y
siete registradores de la Propiedad.
De éstos, dos
desempeñaban su actividad en Roquetas de Mar (Almería), uno
de Mijas y otro en Campillos (Málaga), uno en Linares y otro
en La Carolina (Jaén) y uno en Parla (Madrid). Además de los
funcionarios y ediles del Ayuntamiento de Marbella, la lista
de regalos de Aifos incluye a una docena de personas
vinculadas al Consistorio de Mijas, cinco relacionadas con
el Ayuntamiento de Estepona y una del Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria.
"Condiciones
favorables"
La Policía
mantiene en su informe que los regalos e invitaciones de
Aifos estarían destinados a crear "condiciones favorables a
sus intereses empresariales", y que debido al sector en el
que realiza su actividad se dirige "hacia los entes locales
donde lleva a cabo sus promociones inmobiliarias y negocios
hoteleros".
Añade que,
debido a la "ligitiosidad que viene afrontando últimamente"
aparecen como destinatarios de los regalos e invitaciones
personas vinculadas a las instancias judiciales. Además, no
cree que estos regalos o servicios sean "admisibles en
cuanto a que exceden a los usos habituales, tanto sociales
como de cortesía", por lo que mantiene que vulneran los
principios éticos y códigos de conducta.
En cuanto a las
invitaciones, consisten en alojamientos en el hotel de cinco
estrellas Guadalpín -que construyó y explota esta promotora-
y tratamientos de belleza, cuyo precio oscila entre los 130
y los 470 euros, y entre los destinatarios figuran muchos de
los que también están incluidos en la lista de regalos.
Éste informe
policial es uno de los que motivan, a propuesta de la
Fiscalía, la apertura de una pieza separada del caso
Malaya sobre lo relativo a los regalos efectuados por
los responsables de Aifos a autoridades y funcionarios
públicos de varias provincias no vinculados con el
Ayuntamiento de Marbella. www.elpais.es 11.07.07
Ángeles Muñoz, candidata del PP
recién elegida alcaldesa de Marbella, tiene en su equipo a personas con
intereses en el mercado inmobiliario. Pese a que Rajoy apostó por ella como la
única alcaldable sin procesos judiciales abiertos los que la rodean no parecen
tan impolutos como señalaba durante la campaña el líder de los populares. Sin ir
más lejos, la mano derecha de Muñoz y futura delegada del área de Seguridad del
Ayuntamiento marbellí, Francisca Caracuel, tiene sospechosos intereses
inmobiliarios.
La abogada Francisca Caracuel
(en la foto), hasta ahora portavoz del PP de Marbella y mano derecha de de la
recién elegida alcaldesa Ángeles Muñoz, ocupará con el nuevo Gobierno de la
ciudad la dirección de la delegación de Seguridad del municipio. Tal vez la de
Carcuel es otra de las caras, junto con la que será concejal de Urbanismo, Alba
Echevarría, que ponen bajo sospecha el equipo de Gobierno de Muñoz, la única
candidata limpia según Rajoy.
El bufete de Caracuel
Francisca Caracuel forma parte del bufete Caracuel Abogados, que ofrece una
amplia gama de servicios en el sector inmobiliaria, de inversiones y societario,
tal y como se indica en su página web.
Constructoras y empresas de inversiones
Pero el entramado de sociedades con que se relaciona el bufete Caracuel Abogados
es mucho mayor. Numerosas constructoras y empresas de inversiones se encuentran
relacionadas con la familia Caracuel, cuyos miembros son administradores y
socios de muchos de estos negocios.
Sede en las Islas Caimán
Uno de los más significativos es la constructora Old Tower Constructions
Marberlla, cuyo socio único, Kimko Verde, a través de una compleja trama de
subempresas, tiene su sede social en las Islas Caimán, un paraíso fiscal
perfecto para engrosar capitales y tramitar blanqueos de dinero.
Los hermanos Caracuel
El hermano de Francisca Caracuel, Antonio Caracuel García, tiene intereses en
otras empresas de cariz similar. Es apoderado, por ejemplo, de Kinderdijk
Investments, empresa holandesa especializada en desarrollo, ingeniería y
construcción a nivel internacional. Antonio Caracuel y la propia Francisca
Caracuel aparecen también como apoderados de Aretona Inversiones, una sociedad
dedicada a la promoción, construcción, compraventa y alquiler de terrenos y
viviendas. Y la futura delegada del área de Seguridad marbellí es también
administradora única de la sociedad de promoción inmobiliaria Escobar de
Gestiones 1998.
Intereses inmobiliarios
Sin duda, los intereses de la mano derecha de Ángeles Muñoz pasan por el sector
inmobiliario en una región de España en la que la corrupción urbanística ha
ensombrecido la gestión política en los últimos años. ¿Simple casualidad? Habrá
que esperar a ver su gestión al frente del área de Seguridad para saber hasta
qué punto sus intereses son meramente profesionales.
Pese a los numerosos
escándalos de corrupción en
Marbella, tras las
elecciones del 27-M el PP ha
conseguido la mayoría
absoluta en esta localidad,
y Ángeles Muñoz se
convertirá próximamente en
alcaldesa del municipio.
Rajoy avaló a la candidata
popular como la única
que no tenía ninguna cuenta
pendiente con la justicia.
Sin embargo, su equipo de
Gobierno tiene relaciones
con empresas y personas no
tan limpios como
postulaba el líder del
partido.
Aunque
Rajoy apostó por ella como
la única candidata marbellí
sin cuentas pendientes con
la justicia, el equipo de
Ángeles Muñoz podría no ser
tan impecable. Con el
mayor número de votos, Muñoz
se convertirá en la próxima
alcaldesa del Municipio, y
ya ha elegido a la abogada Alba
Echeverría (en la foto) como
futura concejala de
Urbanismo. Echeverría
domina, a buen seguro el
campo del urbanismo, puesto
que forma parte de la
empresa Puerta Vides, un
bufete de abogados
especializado en
asesoramiento inmobiliario y
servicios legales en este
campo.
Caleb Brett Ibérica
Hasta aquí, nada
cuestionable. Pero, ¿con
quién se relaciona la
empresa Puerta Vides? El
bufete comparte dependencias
con una de las oficinas de
Caleb Brett Ibérica, empresa
encargada de servicios de
inspección, certificación y
ensayo, en cuya presidencia
aparece aún Patricio
Satrústegui Aznar, cónsul de
Grecia en Bilbao, y magnate
de otras grandes empresas.
La familia de
Esperanza Aguirre
Además, entre los
administradores de Caleb
Brett Ibérica se encuentran
Santiago Gil de Biedma
Vega Seoane y Miguel Gil de
Biedma Rodríguez Salmones,
ambos familiares directos de
la presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
Los nombres de los Gil de
Biedma ya saltaron a la
noticia cuando se les
relacionó con la trama de
corrupción urbanística del
municipio madrileño de Tres
Cantos, tal y como denunció
elplural.com. En la
localidad hubo varios
escándalos relacionados con
la adjudicación irregular de
planes de urbanismo que
presuntamente habrían
beneficiado a la familia de
Aguirre.
La operación
Hidalgo
Otro de los personajes
sospechosos que comparte
ámbito de trabajo con la
futura concejal de Urbanismo
de Ángeles Muñoz es Mauricio
Pardo, notario detenido en
Marbella vinculado con una
operación de tráfico de
drogas y blanqueo de
capitales. Precisamente en
esta misma investigación
policial, conocida como
operación Hidalgo y
vinculada al caso Malaya,
se estudian diligencias
contra la empresa holandesas
Kite Overseas Holdings. Esta
empresa es, casualmente, la
única accionista de Caleb
Brett Ibérica.
www.elplural.com
02.06.07
El juez Torres pide
un informe sobre una
urbanización de un
cuñado de Ángeles
Muñoz
El juez
instructor
del caso
Malaya,
Miguel Ángel
Torres,
pidió el
verano
pasado que
se
investigara
una
documentación
del
Ayuntamiento
de Marbella
sobre la
urbanización
Aloha Park
S.L. y
recortes de
prensa que
relacionan a
la promoción
con la
candidata a
la alcaldía
de Marbella,
Ángeles
Muñoz, y su
marido, el
empresario
de origen
sueco Lars
Broberg. La
información
fue aportada
en julio de
2006 por el
ex jefe de
la Policía
Local,
Rafael del
Pozo,
imputado en
el caso, en
una
comparecencia
ante la
Unidad de
Delincuencia
Especializada
y Fiscal (UDEF),
en Madrid.
En el
escrito
policial se
indica que
Del Pozo
"comparece
voluntariamente"
y "aporta
una serie de
informaciones
que según
sus propias
manifestaciones,
pudieran ser
de
importancia
para la
investigación
Malaya o
para otras".
El ex jefe
de Policía
Local
mantiene que
fue citado y
que viajó
varias veces
a Madrid
para aportar
todo le
requirieron
sobre
diferentes
asuntos.
El primer
punto del
informe de
la UDEF
indica:
"Hace
entrega de
fotocopias
de
documentación
del
Ayuntamiento
de Marbella
sobre la
urbanización
Aloha Park
S.L. y de
prensa
relacionada
con esta
urbanización
y la edil
popular
Ángeles
Muñoz y su
marido, que
pudieran
estar
relacionados
con la
citada
información."
Las 54
viviendas de
la
urbanización
de lujo
Aloha Park
tienen un
precio de
salida de un
millón de
euros. Se
publicitan
en la
inmobiliaria
Wasa,
propiedad de
Lars y Jim
Broberg,
marido y
cuñado de la
candidata
del Partido
Popular. En
la página de
Internet de
Wasa,
aparece una
fotografía
de Jim
Broberg,
cuñado de
Ángeles
Muñoz, y un
pequeño
resumen
corporativo,
en el que
especifica
que los
hermanos
dirigen la
inmobiliaria
desde hace
20 años y
que Jim
Broberg es
el consejero
delegado del
proyecto
Aloha Park.
El texto,
redactado en
inglés,
añade que el
cuñado de
Muñoz es
tesorero de
la
asociación
de
promotores y
"fue
candidato
por el
Partido
Popular en
las
elecciones
de Marbella
de 1999".
El proyecto
básico de la
urbanización
Aloha Park
fue aprobado
por el
servicio
técnico de
obras y
urbanismo
del
Ayuntamiento
de Marbella
en abril de
2001. Casi
un año
después la
empresa
constructora
introdujo
unos
cambios,
como un
puente sobre
el viario
público, que
fue
declarado
ilegal y que
se ordenó
derribar
mediante un
decreto el
31 de mayo
de 2004.
Todavía
sigue en
pie.
La promotora
también
recibió una
multa de
142.000
euros por
talar sin
permiso "la
práctica
totalidad de
los pinos
existentes,
entre ellos
unos 14
ejemplares
de gran
porte, que
según el
proyecto
debían
conservarse".
Además de la
sanción, el
ingeniero
técnico
agrícola
pide en un
informe de
febrero de
2004 que la
empresa
reponga la
masa vegetal
perdida
"mediante la
plantación
de 1.185
unidades de
árboles",
algo que
todavía no
se ha hecho,
según
fuentes
consultadas.
La
urbanización,
en la que ya
residen
algunas
familias, ha
solicitado
en al menos
dos
ocasiones la
licencia de
primera
ocupación.
Según
fuentes
consultadas,
el promotor
recibió la
última
negativa en
febrero de
2004
argumentando
que seguían
sin
resolverse
los
incumplimientos
relativos a
la normativa
de
protección
del arbolado
y la
ocupación
del viario
público con
la
construcción
del puente.
Ángeles
Muñoz
mantuvo ayer
que su
pareja "no
tiene nada
que ver" con
la promoción
de lujo
Aloha Park,
situada en
el núcleo
marbellí de
Nueva
Andalucía.
Esté
periódico se
puso en
contacto
telefónico
con Lars
Broberg. El
empresario
colgó el
teléfono
cuando se le
preguntó por
la
investigación
judicial y
no volvió a
responder.
EL
PAÍS-
Marbella -
24/05/2007
Ángeles
Muñoz, la intachable candidata del PP de
Marbella
En el
Partido Popular presumen de que Ángeles Muñoz, su
candidata a la alcaldía de Marbella, es la única
alcaldable que se presenta sin ninguna sombra de
corrupción a las municipales del próximo domingo.
Sin embargo, su trabajo en la política convive
también con sus negocios personales. Su marido, el
sueco Lars Broberg, controla junto a sus hermanos un
entramado empresarial con varias sociedades
inmobiliarias y, desde el desembarco de Muñoz en
Marbella en 1998, su fortuna ha aumentado de manera
considerable.El
líder del PP, Mariano Rajoy, ha presumido de que
Ángeles Muñoz es la única candidata a la alcaldía de
Marbella que no ha sido condenada por los tribunales
y que no está imputada en casos de corrupción
urbanística. Sin embargo, la popular también
tiene intereses en el negocio inmobiliario. De
hecho, su marido es un magnate del sector, con
importantes negocios en Benahavís, una localidad
cercana a Marbella en la que Muñoz fue teniente
alcalde hasta 1997.
Ángeles Muñoz y Juan Antonio Roca
Como el resto de constructores marbellíes, los
intereses de Lars Broberg se encontraron con los de
Juan Antonio Roca. Según sostiene el matrimonio,
Roca pidió a Broberg una cantidad extra de dinero
negro para llevar a cabo un proyecto. El empresario
habría llamado a su esposa, y esta a Roca desde el
Congreso de los Diputados. Sin embargo, fue Roca
quien denunció a candidata popular. Ni ella
ni su marido denunciaron nunca por cohecho al ex
jefe de Urbanismo, pese a los supuestos chantajes
recibidos.
La inmobiliaria de Fernando del Valle
Un grupo de periodistas locales, muy críticos con la
candidata popular, realizó para la televisión
de internet
Información Reservada TVun
reportajeen el que se
señalan los intereses de Lars Broberg en Benahavís.
En este municipio, el marido de Muñoz es
administrador único de la empresa Vega Colorado, una
sociedad inmobiliaria fundada en 1990 por Fernando
del Valle, uno de los principales imputados en la
operación de lucha contra el blanqueo Ballena
Blanca, y que fue la primera pieza para destapar
los casos de corrupción en Marbella.
Relaciones con GIL
En esta misma localidad, en la que Muñoz fue
teniente alcalde entre 1995 y 1997, fue la encargada
de gestionar el primer gran pacto ente el PP y GIL:
a cambio del voto de este partido para dar al PP la
presidencia de la Diputación de Málaga en 1996, los
cuatro ediles populares de Benahavís debían
votar al concejal único de GIL para que Jesús Gil
pudiera hacerse con la presidencia de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental.
El mafioso Felice Cultrera
Estos hechos también fueron denunciados por un
reportaje de la revista Interviú. Tanto en el
reportaje televisivo como en la revista se señalan
también las relaciones familiares de Muñoz con
Felice Cultrera, empresario italiano casado con la
hermana de la candidata popular, y que está
considerado por la Fiscalía Anticorrupción como uno
de los capos de la mafia de Santapaola en España.
Cultrera creó, junto con su testaferro, la empresa
Fisher Island, hoy sin actividad, en la que
participó como socia su mujer, Ana Muñoz. Aún
después de romper su matrimonio, la hermana de la
alaldable continúa sus relaciones empresariales con
el capo de la mafia.
www.elplural.com
24.05.07
• Ángeles
Muñoz es la esperanza del PP en
Marbella. Desde sus filas la alaban
como la única candidata impoluta a
la alcaldía. Pero Muñoz proyecta
también sombras en la ciudad de las
grúas. La líder del PP marbellí
medió entre Roca y las empresas de
su pareja para la firma de un
convenio municipal.
08/05/06
Mariano Rajoy es un hombre parco
en elogios. Pero no le faltaron,
en su última visita a Marbella,
para el trabajo de Ángeles
Muñoz. La cabeza visible del
Partido Popular en la ciudad
tuvo el respaldo absoluto de su
jefe de filas. En su declaración
pública, Rajoy destacó que su
apuesta para las próximas
elecciones locales era la única
que no había sido condenada en
los juzgados: un síntoma de
pulcritud política. Pero Ángeles
Muñoz también tiene sus
intereses en Marbella. Y como
los de tantos otros, pasan de
lleno por el sector del ladrillo
y hacen parada y fonda en
Gibraltar.
Muñoz se ha distinguido por ser
un azote constante para el
gobierno de Marisol Yagüe,
encarcelada por las actuaciones
de la operación Malaya. Pero
desde su desembarco en Marbella,
en 1998, su trabajo político
cohabita con sus negocios
personales. La alcaldable del PP
está casada en segundas nupcias
con el empresario sueco Lars
Broberg, que controla junto a
sus hermanos el grupo Wasa, un
entramado empresarial que cuenta
con varias sociedades dedicadas
al negocio inmobiliario y que
opera de lleno en las
urbanizaciones de lujo de
Marbella. Lars Broberg ocupa
cargos en seis sociedades
distintas según el Registro
Mercantil español, y sus
empresas alcanzan un volumen de
negocio de varios millones de
euros anuales. El empresario
sueco alterna con su hermano Jim
los puestos de responsabilidad
en el grupo, que promueve y
vende viviendas de lujo en
urbanizaciones como Aloha Park.
Los hermanos Lars y Jim Emil
Broberg controlan la firma Vega
del Colorado SA, con un capital
suscrito superior a los tres
millones de euros. La firma fue
fundada para gestionar una
promoción de viviendas en el
término de Benahavís, localidad
malagueña donde Ángeles Muñoz
fue primera teniente de alcalde
en 1997.
Las empresas controladas por
Lars Broberg y el grupo Wasa
operan principalmente en
Marbella, pero no dejan allí
todos sus beneficios. El marido
de Ángeles Muñoz es
administrador único de Hacienda
Property SL, una sociedad creada
en junio de 1998 y que tiene
como único accionista a la
empresa Cutanga Limited,
registrada en el paraíso fiscal
de Gibraltar. “Compré esa
sociedad a un grupo inversor
británico, y ya no deriva en
Gibraltar”, asegura Lars Broberg
en una conversación mantenida
con interviú. Pero
esta afirmación no encuentra
refrendo en el Registro
Mercantil. En cualquier caso, el
marido de Ángeles Muñoz fue la
única persona con potestad y
firma de la sociedad
gibraltareña entre 1998 y 2003,
año en el que, según él,
adquirió la empresa. Hacienda
Property no tuvo actividad
comercial en 2004, y su volumen
de negocio en 2003 fue bastante
escaso. Además, los Broberg
controlan firmas como Swede Care
SL –dedicada al cuidado dental–
o Wasa Properties, con unos
ingresos de 690.000 euros en
2001 y afincada en un conocido
centro comercial de Nueva
Andalucía.
Roca y el dinero B
Tarde o temprano, los intereses
de todos los constructores
marbellíes pasaban por el
despacho de Juan Antonio Roca.
El gerente de Urbanismo del
consistorio, detenido como
máximo responsable de la trama
de corrupción desmontada en la
operación Malaya, negoció en
octubre de 2004 la firma de un
convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y la firma del
marido de Ángeles Muñoz. Según
fuentes municipales, el grupo
Wasa buscaba un acuerdo para
lograr vía libre a su proyecto
en la urbanización de lujo Aloha
Park. Según declaró Roca ante el
juez, Muñoz realizó varias
llamadas a su despacho desde el
Congreso de los Diputados para
mediar en los negocios
personales de su familia.
Muñoz negó ante la prensa las
acusaciones, sostenidas por
Carlos Fernández, responsable
del Partido Andalucista en la
ciudad, y acudió a los
tribunales para limpiar su
imagen. Pero la jugada le salió
mal, ya que Juan Antonio Roca,
poco amigo de los juzgados,
accedió esta vez a declarar y
corroboró la mediación
telefónica de Muñoz mientras
ejercía su labor de diputada. El
capo de la operación Malaya se
presentó en el juicio con sus
agendas personales, en las que
figuraba de forma minuciosa la
fecha de un encuentro entre Roca
y Jim Broberg, cuñado de la
alcaldable. Según Roca, la
negociación se produjo cinco
días después de las llamadas de
Muñoz a su despacho. Pero las
conversaciones no llegaron a
buen término, y el convenio
entre los Broberg y el
Ayuntamiento nunca se firmó.
“Roca quería la mitad del dinero
en A y la mitad en B –desvela
ahora Lars Broberg ante las
preguntas de esta revista– y,
como yo lo hago todo legal, las
negociaciones se rompieron”.
Claro que no todo fue legal:
Broberg pudo cortar sus
conversaciones con Roca, pero no
denunció que el gerente de
Urbanismo de Marbella pedía
dinero negro a los promotores,
según había podido conocer él
mismo. Este aspecto que ahora se
desvela ni siquiera fue relatado
por su mujer ante el juez, ni lo
denunció como cargo público del
Ayuntamiento.
Tras su llegada a Marbella desde
la sede central del PP en
Madrid,
Ángeles Muñoz ha sido un azote
constante para los restos del
GIL. Pero tras sus denuncias
públicas hay un amparo privado.
José Luis Troyano, alto
responsable del GIL y procesado
en varios delitos penales,
abandonó el gobierno del GIL en
2002 tras la llegada al poder de
Julián Muñoz. El ex responsable
gilista cambió de bando político
y engrosó en las últimas
elecciones las listas del
Partido Popular. Troyano ocupó
el puesto 26 en la candidatura
de Ángeles Muñoz. Numerosas
fuentes relacionadas con la
construcción ligan a Troyano
–arquitecto de profesión– con el
grupo empresarial Wasa, extremo
negado de forma rotunda por
ambas partes.
La alcaldable popular gestionó
además el primer gran pacto
entre PP y GIL en sus primeros
años de andadura política. A
cambio del voto del GIL para dar
al PP la presidencia de la
Diputación de Málaga en 1996,
los populares se comprometieron
a que sus cuatro ediles del
municipio de Benahavís votaran
al único concejal del GIL para
que le representara en la
Mancomunidad de Municipios de la
Costa
del Sol Occidental. El voto del
concejal facilitó que Jesús Gil
obtuviera la presidencia de este
órgano. En este acuerdo
participaron, según fuentes
relacionadas con aquel proceso,
los dirigentes del PP Javier
Arenas y Manuel Atencia, pero
Ángeles Muñoz, estrechamente
relacionada con Arenas, fue la
encargada de su ejecución
sobre
el terreno.
Las relaciones familiares de la
responsable del Partido Popular
llevan directamente hasta la
figura de Felice Cultrera. El
empresario italiano, casado con
una hermana de la portavoz
popular, fue considerado por la
Fiscalía Anticorrupción como el
primer eslabón de la mafia
italiana de Santapaola en
España. Cultrera, un acaudalado
hombre de negocios, desembarcó
en la Marbella de los ochenta
con una relación preferencial
con los hombres del GIL. La
fiscalía Anticorrupción le
implicó de lleno en las
instrucciones contra la familia
Ramírez, estrechamente
relacionada con judicatura
marbellí.
El empresario italiano fue
investigado por irregularidades
en casinos de juegos, estafa,
falsedad en títulos, chantaje y
blanqueo de dinero, pero
Cultrera negó siempre esas
acusaciones. Además fue el
director de la sociedad
gibraltareña Larashe Investment,
accionista a su vez de Menimar
SA, de la que era administrador
único Juan Ramírez, hermano de
la jueza Pilar Ramírez, ex
decana de Marbella. Juan Ramírez
creó con la mujer de Cultrera la
empresa Fisher Island SL, hoy
inoperante. Según ha podido
saber interviú,
una de sus empresas, Guerende
SL, está domiciliada en la
Avenida Ricardo Soriano, 66, de
Marbella. En la misma dirección
está inscrito uno de los coches
incautados a la alcaldesa de
Marbella, Marisol Yagüe, el día
de su reciente detención por la
operación Malaya.
Gil y
Gil, el difunto alcalde de Marbella, pidió el voto
para Aznar en 1996. “Los socialistas me han
perseguido como auténticos canallas”, argumentó el
jefe de la corrupción organizada. En 1995, un
pacto/pinza entre Gil y Gil y Javier Arenas
permitió que el PP controlara la Diputación de
Málaga y que el GIL presidiera la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental. Tras la
ruptura de 2000 –por razones electorales-, el PP se
ha venido negando reiteradamente a que el
Ayuntamiento marbellí fuera disuelto.
La primera gran expansión
del GIL (el partido de Gil y
Gil) obedeció a un
pacto/pinza entre el
difunto alcalde de Marbella
y el PP. Corría el año 1995
cuando el apoyo del partido
encabezado por José María
Aznar permitió a Jesús Gil
convertirse en presidente de
la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del
Sol Occidental. A cambio, el
GIL hizo posible con sus
votos que el PP mantuviera
el control de la Diputación
de Málaga. El presidente del
PP en Andalucía en aquella
época (también en ésta),
Javier Arenas fue uno de los
muñidores del pacto.
Públicamente pidió “respeto
hacia Gil porque representa
lo que han querido
libremente los ciudadanos en
Marbella y Estepona.”
Los Ángeles de San
Rafael
Esa Mancomunidad no era ni
una menudencia ni una
anécdota más o menos
irrelevante. Suponía para el
GIL su consolidación y su
anhelada implantación
urbanística en otros
territorios más allá de la
ciudad de Marbella. El
presupuesto de tal
Mancomunidad superaba los
50.000 millones de las
antiguas pesetas. Entonces
nadie –salvo los analfabetos
funcionales o los cínicos a
sueldo- ignoraba la
verdadera dimensión de un
simpático castizo
que a finales de los años
sesenta ya había sido
condenado a la cárcel por su
responsabilidad en el
caso de la urbanización Los
Ángeles de San Rafael.
Indultado por Franco
Gil fue el constructor de la
citada urbanización, uno de
cuyos edificios se vino
abajo por la deficiente
calidad de los materiales
empleados y se llevó por
delante a varias decenas de
personas que pagaron con su
vida la falta de escrúpulos
del promotor. Salió en
libertad gracias a un
indulto otorgado
significativamente por el
Jefe del Estado, el dictador
Francisco Franco. Cierto es
que Gil y Gil siempre le
agradeció tamaña
gentileza ensalzando y
recordando con devoción al
Caudillo en los
mítines de su peculiar
partido.
27 de febrero de
1996 ¿Pueden sorprender,
pues, las declaraciones de
Gil el día 27 de febrero de
1996 –a menos de un mes de
las elecciones generales-
pronunciándose de forma
inequívoca en favor uno de
los dos candidatos? “Voy a
votar al PP por conveniencia
y por convicción”, aseguró
el tristemente célebre
alcalde marbellí. Según la
versión de El País
(28-2-2006), Gil dijo
además: “Los socialistas me
han perseguido como
auténticos canallas y lo
tienen que pagar. Todo el
que se ha metido conmigo lo
ha pagado y ellos no pueden
ser menos”.
Inquietud en Génova
El idilio -a veces
clandestino, a veces a la
luz del día- entre el PP y
Gil se mantuvo durante
tiempo, aunque sufriera un
fortísimo trauma cuando el
alcalde de Marbella
pretendió no sólo conquistar
electoralmente Ceuta y
Melilla, sino presentar
candidaturas en el resto de
España y, de modo singular,
en Madrid. Inquietos en el
estado mayor de
Génova 13 ante la
posibilidad de que –en los
comicios generales de 2000-
el GIL sumara los
suficientes votos de la
extrema derecha como para
restarle la mayoría
necesaria a José María
Aznar, Gil y Gil fue objeto
de una implacable cacería
judicial y mediática.
Sobresalió en este menester
el diario El Mundo,
como lo hizo cuando el
objetivo a batir –por otras
razones- fue el flamante
presidente de Telefónica,
Juan Villalonga.
Pasado el susto En febrero de 2001,
pasado el susto y con la
mayoría absoluta en el
zurrón de Aznar, el grupo
municipal del PP en el
Ayuntamiento de Marbella se
negó a pedir –junto al PSOE,
PA e IU- la disolución del
Consistorio que seguía en
manos del GIL. Cinco años
antes de la iniciativa que
han puesto ahora en marcha
los Gobiernos andaluz y
español, la derecha volvió a
las andadas y echó un capote
a los gestores, y
beneficiarios principales,
de una corrupción
monumental.
Arenas defiende
Los mismo sucedió
el año 2003, cuando
socialistas e IU insistieron
en la conveniencia de
disolver el Ayuntamiento
marbellí, después de la
moción de censura contra el
alcalde Julián Muñoz y del
acceso al poder de la
alcaldesa Marisol Yagüe,
sucesora directa de los
intereses gilísticos,
recientemente detenida por
la policía y puesta a
disposición judicial. El PP
cerró filas y de nuevo
favoreció objetivamente los
intereses de los corruptos.
Otra vez avaló el respaldo a
los gilistas Javier
Arenas, a la sazón
vicepresidente del Gobierno
y ministro de la
Presidencia. Arenas –según
la agencia EFE-
“
afirmó hoy que los primeros
informes de los que dispone
el Ejecutivo sobre la
situación del Ayuntamiento
de Marbella no muestran que
se den los supuestos legales
que permitan disolver esa
corporación municipal ”.
Arenas lo dijo en el
Congreso de los Diputados,
interpelado por José Luis
Centella, diputado de IU.
Golpecitos en la
espalda Arenas se acogió
dialécticamente, también en
esta ocasión, al paraguas
protector de
Euskadi. Concluyó su
intervención recordando que
hay otros “escándalos
políticos”, como el del
Parlamento vasco pagando a
Batasuna con los votos de
los tres partidos del
Gobierno vasco (PNV, EA e IU).
Ciertamente, en Marbella ni
ETA ni Batasuna controlaban
el Ayuntamiento. Lo hacían,
y lo han seguido haciendo
hasta hoy, una banda
organizada de ladrones y
mafiosos. Con el PP dándoles
golpecitos en la espalda o,
simplemente, mirando hacia
otro lado.
Salvador
Guerrero, el abogado propuesto por el PP para gestionar el área de Hacienda
en la comisión que dirigirá Marbella hasta las próximas elecciones
municipales, es el defensor de uno de los imputados en la trama de
corrupción destapada en la ciudad. Según informa la cadena SER, Guerrero
representa a José Jaén, ex concejal de Cultura de la localidad, imputado en
la trama descubierta el pasado mes por la Operación Malaya. Guerrero
ha afirmado que dejará su nuevo cargo si existe incompatibilidad con esta
actividad como letrado.
Guerrero ha
reconocido que no ha "buscado este puesto", sino que le "han buscado" a él y
lo ha aceptado. Por esta razón ha asegurado que no piensa "cambiar de
amistades, de forma de vida, de clientes ni de despacho". "Si es tan
incompatible que tengo que dejar algo, dejaré esto", en alusión a la
gestora.
Según ha
reconocido él mismo, Guerrero también asumió la defensa del secretario del
Ayuntamiento del Marbella, detenido en relación con la trama urbanística de
esta localidad malagueña. Hoy debe reunirse la gestora de Marbella para
elegir a su presidente, cargo para el que el PSOE ha propuesto al abogado
Diego Martín. El PP se ha desmarcado del consenso entre socialistas, IU y
Partido Andalucista, y ha anunciado que se abstendrá en la votación.
El Partido
Popular ha salido hoy en defensa del abogado que ha elegido pra dirigir el
área de Hacienda, señalando su "prestigio totalmente reconocido". Por esta
razón, Ángeles Muñoz, dirigente local del PP en Marbella,no cree que haya
inguna incompatibilidad pues el despacho de Guerrero "tiene 20 o 25 abogados
trabajando y, a partir de ahí, los abogados se suelen dedicar a representar
a personas para defenderlas".
José Jaén,
concejal de Cultura en el equipo de gobierno presidido por Marisol Yagüe,
quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros imputado por los presuntos
delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para
alterar el precio de las cosas.
Abstención
del PP
En cuanto al
futuro presidente de la gestora que regirá el Ayuntamiento de Marbella, los
dirigentes provinciales del PSOE, IU y PA han pedido sin éxito al PP que
reconsidere su postura de abstenerse en la votación y que apoye al candidato
a ese puesto, Diego Martín, propuesto por los socialistas. Los responsables
de estas tres fuerzas políticas han confirmado que los vocales propuestos
por estos partidos respaldarán a Martín para presidir este órgano, de forma
que previsiblemente saldrá elegido por los votos de 10 de los 16 vocales y
tres de las cuatro formaciones políticas que propusieron a los integrantes
de la gestora. Si el PP cambia su postura, Martín podría ser elegido mañana
mismo.
El PSOE vincula al PP de Madrid
con la trama de Marbella
El anterior
presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), impuso una multa de 6.000
euros en 2003 a los propietarios de la finca por la construcción del coso
ilegal y la obligación de restituir la finca a su estado original. Según los
socialistas, el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha ejecutado la orden.
Porta reclamó ayer a Aguirre que explique "de forma inmediata, clara y
creíble" las razones.
También acusó
al PP de Madrid de haber organizado varias capeas en el recinto taurino.
Según Porta, es la misma finca en la que la policía se incautó de dinero,
ordenadores y documentación relacionada con los casos de corrupción de
Marbella.
Un portavoz
de la Comunidad explicó que la Administración competente para demoler una
obra ilegal es el Ayuntamiento. Sólo en el caso de que no lo haga, la
obligación pasa a la Comunidad. Según estas fuentes, los propietarios de la
finca trataron de legalizar la situación del tentadero, por lo que el
Ayuntamiento abrió un procedimiento urbanístico que aún está abierto. La
Comunidad niega trato de favor y asegura que ha multado en seis sanciones a
los propietarios en esta legislatura.
La finca
lleva el nombre de El Pajar Blanco y tiene una extensión de 300 hectáreas,
que albergan una yeguada con 30 caballos y una ganadería con 100 toros de
lidia. La casa dispone de una bodega de 800 metros cuadrados, con salón,
capilla y un escenario. Según la cadena SER, el PP ha celebrado en la finca
al menos dos capeas. Una en marzo de 2004 y otra en abril de 2003,
organizada por el Ayuntamiento de Moralzarzal.
Libertad para un testaferro
Por otro
lado, el último detenido en la Operación Malaya, que quedó el martes en
libertad, es el empresario madrileño Julio Blasco-Bazo Garrido,
administrador de la empresa Compañía Inmobiliaria Masdevallia, y presunto
testaferro del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Blasco-Bazo
está imputado por blanqueo de capitales.
Blasco-Bazo
es además propietario del 5% de la mercantil One Properties, una de las
empresas intervenidas en la operación. Esta compañía vendía los pisos de
Nueva Ribera Beach, una urbanización del municipio murciano de Los
Alcázares. Desde el inicio de la Operación Malaya, la compañía Masdevallia
ha protagonizado numerosos cambios. El pasado 31 de marzo, la empresa
protagonizó una ampliación de capital de 302.004 euros, para tres días
después reducirlo a 299.004 euros.
